{"id":100204,"date":"2026-06-25T20:16:20","date_gmt":"2026-06-25T20:16:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3856-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:16:20","modified_gmt":"2026-06-25T20:16:20","slug":"stc3856-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3856-2017\/","title":{"rendered":"STC3856-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3856-2017  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00051-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el primero de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia  del Tribunal Superior de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nathalia Andrea y Mar\u00eda Alejandra Trujillo Pelayo, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga;  tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Veintiocho Civil Municipal de la misma ciudad, a Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y al Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Las accionantes solicitan el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que consideran vulnerados por la autoridad accionada al haber revocado en segunda instancia el fallo de tutela dictado el 26 de octubre de 2016, que conced\u00eda el resguardo implorado en la acci\u00f3n constitucional que promovieron contra el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir y la Electrificadora de Santander S. A.  <\/span><\/p>\n

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Pretenden, en consecuencia, se deje sin efectos la mentada providencia de fecha 28 de noviembre de 2016, y se ordene a la oficina acusada, conceder la protecci\u00f3n de sus derechos reclamados. [Folio 3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Contaron las accionantes que su madre, falleci\u00f3 el 28 de marzo de 2016, \u00e9poca para la cual estaba vinculada laboralmente con la sociedad Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., quien adelant\u00f3 el procedimiento de reconocerlas como beneficiarias del pago de prestaciones que se le adeudaba a la se\u00f1ora Urania Pelayo Mart\u00ednez, con ocasi\u00f3n de su muerte.  <\/span><\/p>\n

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2. Relataron que la entidad empleadora no hizo entrega oportuna de la carta de retiro de cesant\u00edas con destino a Porvenir S. A., motivo por el cual, este fondo indic\u00f3 que no se cumpl\u00edan con los requisitos para proceder al pago.  <\/span><\/p>\n

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3. Ante la anterior situaci\u00f3n, radicaron, el 7 de septiembre de 2016, una petici\u00f3n en la empresa empleadora en la que solicitaban la expedici\u00f3n de la carta requerida para reclamar el pago, la que fue contestada de forma negativa.  <\/span><\/p>\n

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4. Las peticionarias, por considerar vulnerado su derecho de petici\u00f3n, interpusieron acci\u00f3n de tutela contra la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. y el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A.  <\/span><\/p>\n

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5. El 26 de octubre de 2016, el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bucaramanga concedi\u00f3 el resguardo deprecado y en ese sentido, orden\u00f3 a la empleadora a proferir un acto administrativo mediante el cual indique quienes son los beneficiarios de la cesant\u00eda de la causante \u2013madre de las promotoras del amparo-;  y al Fondo de cesant\u00edas, le orden\u00f3, que una vez cumplido lo anterior, proceda de conformidad, sin que medie ning\u00fan tipo de pronunciamiento administrativo.  <\/span><\/p>\n

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6. La accionada, Electrificadora de Santander S. A., impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, el 28 de noviembre de 2016, dict\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3 revocar el fallo de tutela de primer grado tras considerar que se hallaba frente a un hecho superado, por obrar respuesta entregada a las peticionarias, el 15 de septiembre de 2016;  en todo caso, de mantener el debate frente a la acreencia econ\u00f3mica, consign\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela se torna improcedente para atender su queja y por tanto, el asunto lo debe dirimir el juez natural bajo el tr\u00e1mite ordinario pertinente.   <\/span><\/p>\n

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8. En criterio de las promotoras del amparo, la autoridad acusada vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales al resolver la impugnaci\u00f3n contra el fallo de tutela de primera instancia, sin pronunciarse sobre la oposici\u00f3n que formularon contra la r\u00e9plica, pues sus pretensiones se orientaban adem\u00e1s, a lograr la protecci\u00f3n al debido proceso, relacionado con \u00abla negativa de las dos entidades accionadas a solucionar de fondo el pago, a las beneficiarias, de un derecho cierto y palmario como lo es las cesant\u00edas de la se\u00f1ora Urania Pelayo Mart\u00ednez (\u2026) se observa la incongruencia absoluta entre lo requerido y lo resuelto\u00bb.  [Folio 2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 24 de noviembre de 2015 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  [Folio 13, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, inform\u00f3 que la decisi\u00f3n que se cuestiona, cobro firmeza, motivo por el cual remiti\u00f3 el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n mediante oficio N\u00b0 3970 de 30 de noviembre de 2016. Alleg\u00f3 copia del fallo proferido por esa oficina para su valoraci\u00f3n.  [Folio 20, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Fondo de Pensiones Porvenir S.A., a trav\u00e9s de la Directora de litigios, arguy\u00f3 que no hubo legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto de esa entidad, pues es la empleadora la llamada a expedir y suministrar la carta  a las accionantes para el retiro de las cesant\u00edas, por lo que pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional. [Folios 25- 28, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Mientras tanto, Electrificadora de Santander S.A., por intermedio de apoderada judicial, aleg\u00f3 que la utilizaci\u00f3n de este mecanismo se torna improcedente contra un fallo de la misma naturaleza y de considerarlo pertinente, pueden controvertirlo mediante el recurso de revisi\u00f3n. [Folios 30- 42, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bucaramanga, hizo un breve recuento de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite tutelar, y puso a disposici\u00f3n de la Colegiatura, el fallo proferido por esa agencia judicial. [Folios 43- 55, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. Mediante sentencia de 1\u00b0 de febrero de 2017, el Tribunal Superior de Bucaramanga, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional demandada, por considerar que no es procedente la acci\u00f3n de tutela para atacar un fallo proferido en otra acci\u00f3n de igual \u00edndole, m\u00e1s a\u00fan cuando cuenta con la posibilidad de acudir a la Corte Constitucional para solicitar su revisi\u00f3n. [Folios 65- 68, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo con lo all\u00ed resuelto, la tutelante Mar\u00eda Alejandra Trujillo Pelayo la impugn\u00f3 bajo el argumento que el amparo denegado por el juzgado accionando, \u00abno puede verse sometido a la dif\u00edcil expectativa de revisi\u00f3n\u00bb, insisti\u00f3 en lo arg\u00fcido en su escrito introductor y critic\u00f3 la v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. [Folio 72- 82, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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2. De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso. (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00).  <\/span><\/p>\n

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No obstante, ante tal eventualidad el mecanismo de amparo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n constitucional.  En esa l\u00ednea de pensamiento se ha expresado en precedencia que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2026 Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01, 14 oct. 2004, rad. 1120, 8 mar. 2006, rad. 00263-00, y 7 mar. 2013, rad. 00122-01)  <\/span><\/p>\n

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3. En el asunto que es objeto de estudio, las accionantes pretenden controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, a trav\u00e9s del cual revoc\u00f3 el emitido por el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de la misma ciudad y, en su lugar, deneg\u00f3 el amparo reclamado por ellas, al estimar la carencia del objeto por hecho superado respecto del derecho de petici\u00f3n que alegaron vulnerado;  y, les indic\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n ordinaria es el escenario id\u00f3neo para ventilar asuntos de car\u00e1cter econ\u00f3mico.  <\/span><\/p>\n

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La precitada determinaci\u00f3n, que fue dictada por el a quo, fue remitida a la Corte Constitucional para que surtiera el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n, el pasado 30 de noviembre de 2016, sin que hasta el momento aquella haya decidido si fue seleccionado ese asunto o no.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, inviable se torna el an\u00e1lisis de fondo de la queja sometida a estudio, pues es absolutamente claro que la decisi\u00f3n objeto de controversia, valga precisar, la sentencia contentiva de la negativa de amparo dictada en segunda instancia, no ha sido evaluada por el funcionario competente a trav\u00e9s del instrumento jur\u00eddico dise\u00f1ado especialmente para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, como qued\u00f3 rese\u00f1ado en el ac\u00e1pite correspondiente de esta providencia, la Corte Constitucional no ha determinado si seleccionar\u00e1 o no la actuaci\u00f3n tutelar fallada por el despacho aqu\u00ed accionado, situaci\u00f3n que impide a esta Corporaci\u00f3n entrar a evaluar anticipadamente la legalidad o no de la decisi\u00f3n proferida en aquel asunto.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta, que las suplicantes est\u00e1n en la posibilidad de intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela; mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Sala:  <\/span><\/p>\n

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Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02041-01)  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, los argumentos que las querellantes esgrimen en esta solicitud de protecci\u00f3n, bien pueden ser discutidos en el procedimiento de revisi\u00f3n de la providencia cuestionada, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema la Corporaci\u00f3n ha explicado:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. (CSJ STC, 30 ag. 2012, rad. 00258-01, reiterada el 23 may. 2013, rad. 00145-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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