{"id":100207,"date":"2026-06-25T20:16:31","date_gmt":"2026-06-25T20:16:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3859-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:16:31","modified_gmt":"2026-06-25T20:16:31","slug":"stc3859-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3859-2017\/","title":{"rendered":"STC3859-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3859-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b066001-22-13-000-2017-00028-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental a \u00ablas garant\u00edas procesales\u00bb, que considera vulnerado por la autoridad judicial tutelada al no cumplir dentro de la acci\u00f3n popular N\u00b0 2015-00057 con lo ordenado en los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 y al terminar el proceso por desistimiento t\u00e1cito cuando se trata de una acci\u00f3n de raigambre constitucional y tramitaci\u00f3n preferente  y oficiosa.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que se revoque la decisi\u00f3n aludida;  y en consecuencia, se disponga continuar el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular dando aplicaci\u00f3n a la mentada ley.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Se tramita la Acci\u00f3n Popular promovida por Javier El\u00edas Id\u00e1rraga contra el Banco de Bogot\u00e1 conocida con el radicado N\u00b0 2015-00057 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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2. Mediante auto de 27 de septiembre de 2016, el Juzgado acusado requiri\u00f3 al accionante para procurara el aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, a trav\u00e9s de un medio de amplia circulaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. En providencia de 24 de noviembre de 2016, la oficina judicial accionada declar\u00f3 terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito al no cumplir el actor con la carga encomendada.  <\/span><\/p>\n

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4. El tutelante inconforme, interpuso el 28 de noviembre del mismo a\u00f1o, recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, pues en su sentir, dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico es inaplicable a la acci\u00f3n popular por su naturaleza constitucional.  <\/span><\/p>\n

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5. El 13 de enero de 2016, el juzgador decidi\u00f3 no reponer su actuaci\u00f3n y a su vez, declarar inadmisible el recurso vertical que formul\u00f3 de manera subsidiaria.  <\/span><\/p>\n

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6. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, las transgrede al declarar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito cuando esta sanci\u00f3n no aplica en la acci\u00f3n constitucional como la que promueve. [Folio 1, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 26 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 correr traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El juzgado accionado, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de copia electr\u00f3nica de las actuaciones cuestionadas. [Folio 7, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Alcald\u00eda de Pereira, por intermedio de apoderado judicial pidi\u00f3 ser desvinculada al tr\u00e1mite tutelar, por no tener injerencia alguna respecto del asunto que reprocha el actor. [Folios 16- 18, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Procuradora Regional de Risaralda, se mostr\u00f3 ajena a los hechos en los cuales el quejoso fundamenta su reclamo, puesto que est\u00e1 dirigido a controvertir \u00fanica y exclusivamente actuaciones del Juzgado accionado. [Folios 26- 27, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, el Banco de Bogot\u00e1 como sujeto pasivo de la relaci\u00f3n procesal, por conducto de su representante legal, solicit\u00f3 negar las s\u00faplicas incoadas por el actor porque la decisi\u00f3n de terminar el tr\u00e1mite constitucional por desistimiento t\u00e1cito no constituye en una v\u00eda de hecho pues tuvo respaldo legal y por tanto, el tutelante \u00abno puede utilizar la acci\u00f3n de tutela cada vez que un despacho judicial interprete o aplique una norma en un sentir diferente a sus pretensiones\u00bb. [Folios 24-37, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 8 de febrero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras concluir que la sanci\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso por no cumplir una carga procesal, no es constitutiva de una v\u00eda de hecho, toda vez que los argumentos por \u00e9l expuestos, tienen sustento en las particularidades f\u00e1cticas del caso y obedeci\u00f3 a un trabajo hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan la materia. [Folios 43- 45, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin exponer los motivos de su censura. [Folio 47, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, en punto de los argumentos expuestos en la tutela, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el accionante pretende desconocer el presupuesto de procedibilidad que viene de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, es claro que el reclamante solicita que por v\u00eda tutelar se revoque el auto que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito y se contin\u00fae el tr\u00e1mite mismo;  sin embargo, pasa por alto que nada le impide incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses a que hace alusi\u00f3n el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no le son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, atendiendo la naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n popular, se impide al juez de la causa aplicar consecuencias sancionatorias como la atr\u00e1s mencionada.  <\/span><\/p>\n

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De modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular, en tanto que como se expuso, por el hecho de declararse la terminaci\u00f3n del asunto, no se corre el riesgo de que operen fen\u00f3menos tales como la caducidad o la prescripci\u00f3n, lo que por contera, en ese evento ameritar\u00eda la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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3. Lo anterior se estima suficiente para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, pero por las razones aqu\u00ed expuestas.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes;  y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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