{"id":100208,"date":"2026-06-25T20:16:39","date_gmt":"2026-06-25T20:16:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3899-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:16:39","modified_gmt":"2026-06-25T20:16:39","slug":"stc3899-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3899-2017\/","title":{"rendered":"STC3899-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3899-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-21-000-2016-00141-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintisiete de enero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lu\u00eds Eduardo Arellano Jaramillo contra la Superintendencia de Sociedades; tramite al que se orden\u00f3 vincular a Lu\u00eds Enrique Laverde, Intendencias Regionales de Cali y a todos los acreedores de la Sociedad Probolsa S.A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por la Superintendencia accionada, por cuanto modific\u00f3, sin tener facultad para ello, el aval\u00fao del bien sometido a venta dentro de la liquidaci\u00f3n, sino que adem\u00e1s dej\u00f3 sin valor y efectos una providencia ya ejecutoriada, con la que desconoci\u00f3 que hab\u00eda autorizado la venta que luego reproch\u00f3 y, sin haberle iniciado un juicio de responsabilidad, lo sancion\u00f3, por una negligencia en el desarrollo de sus actividades, al pago de la diferencia entre valor del avalu\u00f3 y el precio de la venta, ordenando el descuento de sus honorarios y un que el realizara un pago por varios millones, lo que de suyo constituye una clara v\u00eda de hecho.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se declare que la citada entidad incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y procedimental, y en consecuencia, se deje sin efecto lo dispuesto en las referidas determinaciones, as\u00ed como que se realice una \u00abnueva adjudicaci\u00f3n de dineros disponiendo de mis honorarios y orden\u00e1ndome pagar $185.941.000 seg\u00fan lo definido en los autos a que se refiere el numeral anterior\u00bb, y se ordene \u00ab\u2026Se ordene SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, INTENDENCIA REGIONAL CALI, abstenerse de vulnerar por acci\u00f3n, omisi\u00f3n o extralimitaci\u00f3n los derechos fundamentales del suscrito\u2026Que se prevenga a la entidad demandada sobre las consecuencias que acarrea el desacato a las \u00f3rdenes  impartidas por un juez de tutela.\u00bb [Folios 17, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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2. El 14 de mayo de 2014, el liquidador de la empresa, Luis Eduardo Arellano Jaramillo, aqu\u00ed accionante, solicit\u00f3 dar inicio al procedimiento de adjudicaci\u00f3n adicional, a efectos de incluir de algunos bienes objeto de dicha acci\u00f3n que eran del patrimonio de la extinta sociedad y que se recuperaron a trav\u00e9s de una acci\u00f3n revocatoria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 10 de julio de 2014, se aport\u00f3 el aval\u00fao de los inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula Nos. 370-777058 y 370-777218 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, apartamento, dep\u00f3sito y garajes, el cual se calcul\u00f3 en la suma de $803\u2019400.000 por el perito designado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 25 de junio de 2015, el liquidador pidi\u00f3 autorizaci\u00f3n a la Superintendencia de Sociedades para vender tales inmuebles en la suma de $652\u2019000.000, seg\u00fan la propuesta que se alleg\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. A trav\u00e9s de Auto No. 620-002459 de 8 de julio de 2015, la Superintendencia de Sociedades autoriz\u00f3 dicha enajenaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la oferta presentada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En virtud de aquel negocio jur\u00eddico, los inmuebles se transfirieron al se\u00f1or Luis Enrique Laverde, actual propietario, seg\u00fan los certificados de tradici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 5 de octubre de 2015, estando ejecutoriada la providencia de autorizaci\u00f3n de venta y habi\u00e9ndose realizado la misma, el Gobernador del Departamento de Nari\u00f1o, present\u00f3 ante la Supersociedades escrito en el que afirma, que la venta de los inmuebles realizada por el actor se hizo por un valor inferior al aval\u00fao de los mismos, en consecuencia solicit\u00f3 se observara el contenido del art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006 que proh\u00edbe enajenar por una suma inferior al aval\u00fao, por lo que requiri\u00f3 se subsanaran las anteriores irregularidades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 21 de enero de 2016, el actor se pronunci\u00f3 frente al escrito del ente territorial citado, y se\u00f1al\u00f3 que la adjudicaci\u00f3n hab\u00eda tenido como causa acciones revocatorias iniciadas por el tutelante con el fin de que la mayor cantidad de acreedores recibieran el pago y que la venta de los inmuebles buscaba que los mismos pudieran obtener la satisfacci\u00f3n de su derecho de cr\u00e9dito en dinero efectivo, la cual fue aprobada por la Superintendencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. En prove\u00eddo 11 de abril de 2016, el juez del proceso de liquidaci\u00f3n, resolvi\u00f3 revocar parcial y oficiosamente, por inexistencia de motivaci\u00f3n el auto el de 25 de junio de 2015, que autoriz\u00f3 la  venta de los inmuebles, y en su consecuencia, dej\u00f3 sin efecto la expresi\u00f3n \u00aben los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la oferta presentada\u00bb y en su lugar, declar\u00f3 que la autorizaci\u00f3n de la venta la dio en t\u00e9rminos generales y abstractos, \u00absin que recayera sobre los t\u00e9rminos y condiciones particulares de un determinado negocio jur\u00eddico\u00bb;  de igual forma, objet\u00f3 la venta de los inmuebles realizada, porque afectaba el patrimonio de Probolsa S.A.; en tanto, que se hab\u00eda realizado por un valor menor al del aval\u00fao, y orden\u00f3 pro tanto, que de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.2.11.5.10 deducir de los honorarios del liquidador la suma de $230.128.000 advirtiendo que como los honorarios fijados eran insuficientes para cubrir dicha deducci\u00f3n quedaba un saldo insoluto de $185.941.000, la  cual dispuso, el liquidador deb\u00eda reintegrar al patrimonio de Probolsa S.A. dentro de los 30 d\u00edas a la ejecutoria del auto, y advirti\u00f3 que el incumplimiento de dichas ordenes le pod\u00eda acarrear las sanciones contenidas en el numeral 5 del art\u00edculo 5 de la Ley 1116 de 2006. [Folios Anexo No. 4, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10.         Para llegar al mencionado valor, el juzgador, indic\u00f3 que si bien la estimaci\u00f3n econ\u00f3mica de los inmuebles realizada por el perito y que se encontraba en el expediente ascend\u00eda a $803\u2019000.000, y preliminarmente, se establec\u00eda que exist\u00eda una diferencia de $151\u2019400.000, lo cierto es que de una revisi\u00f3n de dicho estudio se pod\u00eda advertir que s\u00f3lo hac\u00eda referencia al apartamento, en tanto que el avaluador omiti\u00f3 \u00abmultiplicar las \u00e1reas de las tres unidades restantes\u00bb esto es los dos parqueaderos y el deposito, lo que realizado por ese Despacho daba un mayor valor correspondiente a $882\u2019128.000, por lo que tambi\u00e9n modific\u00f3 el aval\u00fao aprobado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. Contra la anterior determinaci\u00f3n el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n para que se revocara lo decidido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. Mediante providnecia de 22 de agosto de 2016 el Superintendente confirm\u00f3 en su totalidad el auto recurrido para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su decisi\u00f3n. [Anexo 13, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. En auto de 20 de septiembre la accionada realiz\u00f3 una nueva adjudicaci\u00f3n entre los acreedores de los dineros producto de la venta de los inmuebles, deduciendo la totalidad de los honorarios del liquidador y advirti\u00f3 que la adjudicaci\u00f3n se realiza sin perjuicio de la obligaci\u00f3n en cabeza del liquidador de reintegrar $185.941.000 a m\u00e1s tardar el 27 de septiembre de ese a\u00f1o. [Anexo 14, c.1]  <\/span><\/p>\n

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14. En criterio del peticionario del amparo en el aludido tr\u00e1mite se han vulneraron los derechos fundamentales invocados, por cuanto: (i) modific\u00f3 arbitrariamente el aval\u00fao del bien sometido a venta dentro de la liquidaci\u00f3n, sin tener facultad para ello y con meras suposiciones; (ii) dej\u00f3 sin valor y efectos una providencia ya ejecutoriada, con la que desconoci\u00f3 que hab\u00eda autorizado la venta, que luego reproch\u00f3; y, (iii) sin haberle iniciado un juicio de responsabilidad, lo sancion\u00f3 al pago de la diferencia entre el precio de la venta y la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica de los bienes, que asciende a $230.128.000, por una presunta negligencia en el desarrollo de sus actividades, para lo cual orden\u00f3 el descuento de sus honorarios y que \u00e9l realizara el pago del saldo restante, lo que de suyo constituye una clara v\u00eda de hecho, en tanto que se desconoce lo previsto en el art\u00edculo 82, Ley 1116 de 2006.  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. En auto de 24 de octubre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se dispuso la notificaci\u00f3n de las autoridades accionadas y los vinculados para que ejercieran su defensa. [Folio 179, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Superintendencia de Sociedades, Intendencia Regional de Cali, solicit\u00f3 se denegaran las pretensiones, por cuanto a\u00fan estaba pendiente de resolverse un recurso interpuesto por el tutelante por hechos similares. As\u00ed mismo refiri\u00f3, que  se acreditaba ning\u00fan perjuicio irremediable, y que su determinaci\u00f3n de sancionar al liquidador obedec\u00eda a una debida aplicaci\u00f3n de la ley 1116 de 2006 y 2.2.2.11.5.10 y el Decreto 1074 de 2015.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Por su parte, el comprador de los bienes, indic\u00f3 que el actu\u00f3 de buena fe y en tal raz\u00f3n, inst\u00f3 para que se tutelaran sus derechos y  se mantuvieran lo efectos de los negocios jur\u00eddicos por el realizados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 27 de enero de 2017, luego de subsanar la nulidad decretada por esta Corporaci\u00f3n, el Tribunal Superior concedi\u00f3 el amparo y en consecuencia, orden\u00f3 al juez del concurso que dejara sin valor y efecto los ordinales d\u00e9cimo y und\u00e9cimo del auto de 11 de abril de 2016, en los cuales se sancionaba la liquidador al pago de la diferencian y se dispon\u00eda el descuentos de sus honorarios, as\u00ed como el pago por parte de \u00e9ste del saldo pendiente. [Folio 396, c.3]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme tanto el tutelante como la entidad accionada impugnaron la determinaci\u00f3n. El primero, con sustento en que si bien se hab\u00eda concedido el amparo, s\u00f3lo se dejaron sin valor y efecto algunos ordinales y no todas las determinaciones que le afectaban, como aquella que hab\u00eda ordenado adjudicar los dineros de sus honorarios y el presunto pago que \u00e9l deb\u00eda realizar, as\u00ed como se hab\u00eda denegado declarar el defecto f\u00e1ctico cuando el juzgador modific\u00f3 el aval\u00fao.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte la Superintendencia, se\u00f1al\u00f3 que las referidas ordenes de descontar los honorarios y disponer el pago del saldo que quedara de la diferencia entre el precio vendido y el avalu\u00f3 de los bienes, correspond\u00eda no a una aplicaci\u00f3n sancionatoria, como mal lo hab\u00eda interpretado el a-quo, quien se alej\u00f3 de toda razonabilidad, sino a una medida tendiente a proteger el patrimonio del deudor y la prenda general de los acreedores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que la primera instancia, lo que pretend\u00eda el Tribunal al conceder el amparo era \u00ababrogarse funciones de juez del concurso, con el fin de determinar la inexistencia de una utilizaci\u00f3n excesiva, desconociendo las facultades otorgadas\u00bb, es decir que la sentencia confund\u00eda distintas instituciones jur\u00eddicas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente asunto, como resultado del an\u00e1lisis de la providencia contra la que se dirigi\u00f3 el reclamo en tutela, esto es, la proferida por la Superintendencia el 11 de abril de 2016, en la que adem\u00e1s de dejar sin valor y efecto una providencia ya ejecutoriada, se modific\u00f3 el valor de un avalu\u00f3 y se orden\u00f3 el descuento de los honorarios del liquidador, as\u00ed como que \u00e9ste pagara una suma adicional, por haber vendido algunos inmuebles del deudor por un precio menor al que se hab\u00eda establecido como estimaci\u00f3n econ\u00f3mica del mismo, se advierte que la citada autoridad judicial quebrant\u00f3 el derecho al debido proceso del accionante, por lo que se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, como quiera que se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo y f\u00e1ctico por parte del Juzgador, al aplicar el art\u00edculo 2.2.2.11.5.10 a un caso no previsto por tal norma, as\u00ed como avaluar bienes sin tener la experticia y el conocimiento t\u00e9cnico para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, establece el art\u00edculo 5 de la Ley 1116 de 2006, como facultades y atribuciones del juez del concurso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Ordenar las medidas pertinentes a proteger, custodiar y recuperar los bienes que integran el activo patrimonial del deudor, incluyendo la revocatoria de los actos y\/o contratos efectuados en perjuicio de los acreedores  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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3. Objetar los nombramientos o contratos hechos por el liquidador, cuando afecten el patrimonio del deudor o los intereses de los acreedores.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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5. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos (200) salarios m\u00ednimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus \u00f3rdenes, la ley o los estatutos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que la Superintendencia, como juez del concurso, tiene la facultad de recuperar y proteger los bienes que integran el patrimonio del deudor. Sin embargo, tales prerrogativas deben obedecer al debido proceso y realizarse por los medios previstos para ello, pues tales poderes no pueden ser ejercidos de manera antojadiza y por cualquier medida que parecer del funcionario sea la adecuada para recobrar los activos, desconociendo derechos fundamentales de los intervinientes, incluyendo dentro de ellos al liquidador.  <\/span><\/p>\n

Sentado lo anterior, debe decirse que el art\u00edculo 2.2.2.11.5.10 del Decreto 1074 de 2015, establece que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La utilizaci\u00f3n excesiva de los recursos del deudor en insolvencia por parte del liquidador ser\u00e1 puesta en conocimiento del Juez del proceso de liquidaci\u00f3n judicial a fin de que este determine si el exceso ser\u00e1 deducido total o parcialmente de los honorarios del mencionado auxiliar y si adem\u00e1s de lo anterior, hay lugar a su remoci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los gastos generados con ocasi\u00f3n de contratos efectuados por el liquidador y objetados por el Juez del concurso en los t\u00e9rminos del numeral 3 del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1116 de 2006, se deducir\u00e1n de los honorarios fijados al liquidador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez el art\u00edculo precedente de dicha normatividad, indica que debe entenderse por gastos, e indica que es \u00abtoda erogaci\u00f3n que tenga relaci\u00f3n directa con el proceso de insolvencia y deba hacerse con ocasi\u00f3n de la observancia de las disposiciones legales tendientes a cumplir los fines del proceso y llevarlo a su finalizaci\u00f3n. Los gastos causados con ocasi\u00f3n del ejercicio de las funciones del promotor o liquidador ser\u00e1n a cargo del deudor, e independientes de la remuneraci\u00f3n de aquellos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Normas a partir de las cuales se deduce, que el descuento permitido sobre los honorarios del liquidador, al que \u00e9sta hace referencia, \u00fanicamente puede tener lugar cuando exista un exceso en las erogaciones, entendida dicha palabra en tenor literal de acuerdo a la Real Academia la Lengua, a la \u00abAcci\u00f3n y efecto de erogar\u00bb, la que a su vez, indica corresponde a, \u00ab1.tr. Distribuir, repartir bienes o caudales\u2026 2. tr. M\u00e9x. y Ven. Gastar el dinero\u00bb.    <\/span><\/p>\n

Sin embargo, en el caso no aparece que hayan tenido lugar los presupuestos de hecho establecidos por la norma, pues no se advierte que se haya dado una distribuci\u00f3n, repartici\u00f3n o un gasto de dinero por parte del liquidador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed, que seg\u00fan lo informado por el Gobernador y lo revisado por el juez del concurso, \u00e9ste vendi\u00f3 un inmueble del patrimonio del deudor por un valor menor al fijado en el aval\u00fao, contando para ello con autorizaci\u00f3n del Superintendente, circunstancias f\u00e1cticas que difieren de lo indicado por la norma, incluso en el auto ac\u00e1 censurado se  se\u00f1al\u00f3, \u00abel liquidador hizo ejercicio de su atribuci\u00f3n de venta de manera irregular y abiertamente contraria a derecho\u00bb, pero no mencion\u00f3 el exceso en erogaciones por parte de \u00e9ste.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, es claro que como el art\u00edculo permite el descuento de los valores gastados en exceso de la remuneraci\u00f3n que recibe el liquidador, independientemente de que tal facultad \u00e9ste o no dentro del r\u00e9gimen de insolvencia y que tenga una finalidad de proteger los activos del deudor, lo cierto es que tiene un car\u00e1cter sancionador para \u00e9ste, quien ver\u00e1 reducido su paga, y por tanto, deb\u00eda aplicarse de manera restrictiva, lo que no ocurri\u00f3 en el caso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En especial, cuando en \u00e9ste caso, se encuentra que si bien el liquidador falt\u00f3 a una prohibici\u00f3n dispuesta en la Ley 1116 de 2006, al vender  el predio por un menor precio al que correspond\u00eda, seg\u00fan da cuenta el intendente, lo cierto es que cont\u00f3 con la autorizaci\u00f3n de \u00e9ste, por lo que el juez del concurso tambi\u00e9n desconoci\u00f3 dicho r\u00e9gimen, sin que pueda excusar su actuaci\u00f3n en una indebida motivaci\u00f3n de su providencia y en que ya dejo sin valor y efecto esa expresi\u00f3n, porque lo cierto es que nadie puede excusar su propia culpa, y todos los jueces deben fundar adecuadamente su determinaciones y en este caso, con mayor raz\u00f3n, por cuanto era \u00e9l justamente quien debi\u00f3 revisar el cumplimiento de los requisitos legales.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

En ese orden, era necesaria la concesi\u00f3n del amparo, pero no s\u00f3lo para dejar sin valor y efecto los ordinales dispuestos por el Tribunal, sino todas aquellas decisiones que fueran consecuencia de estos, tales como la providencia por medio del cual se adjudic\u00f3 la remuneraci\u00f3n del tutelante, aspecto que ser\u00e1 objeto de modificaci\u00f3n por la Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por otra parte, respecto a la decisi\u00f3n del Superintendente en funciones jurisdiccionales, relacionada con la modificaci\u00f3n del aval\u00fao presentado por el perito en el proceso, contrario a lo resuelto por el Tribunal, esta Corporaci\u00f3n encuentra que se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, por cuanto se modific\u00f3 el contenido de una prueba de manera arbitraria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que, en la experticia que obra en el expediente se afirm\u00f3 por el perito, que dentro del valor de $803.000.000, estaban incluidos los garajes y el dep\u00f3sito. [Folio 86, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, el Intendente al resolver sobre cu\u00e1nto era la diferencia del aval\u00fao del bien y el precio por el que lo vendi\u00f3 el liquidador, se\u00f1al\u00f3 que tal dictamen no reflejaba el verdadero costo del apartamento, en tanto que \u00fanicamente se tuvo en cuenta el metraje del apartamento, esto es 309 MTS2. Por lo que ante la falta de claridad, resolvi\u00f3 que lo m\u00e1s adecuado era multiplicar la cabida de los garajes y el dep\u00f3sito por el costo que se\u00f1al\u00f3 el experto por metro cuadrado, 2\u2019600.000, y sumarlas al ya indicado por el perito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, encuentra el Despacho que tal actuaci\u00f3n, desconoci\u00f3 los derechos de las partes, esto es acreedores y deudor, as\u00ed como del referido liquidador, por cuanto, el juez ante la falta de claridad del dictamen, debi\u00f3 solicitar informaci\u00f3n del mismo, pero ninguna manera realizar operaciones sin tener certeza t\u00e9cnica que las mismas fueran posibles.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, por muy f\u00e1cil que parezca tal operaci\u00f3n, la misma desconoce, por ejemplo, que el valor del metro cuadrado de un apartamento, difiere del dep\u00f3sito y garajes, no s\u00f3lo por la naturaleza del mismo, sino tambi\u00e9n por las caracter\u00edsticas especiales de cada bien, lo que por supuesto supera el conocimiento jur\u00eddico del juez y debe ser valorado por un experto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En orden, no es que se reclame la actuaci\u00f3n del Superintendente de revisar la valoraci\u00f3n del bien, porque, contrario a lo expuesto por el tutelante, tal revisi\u00f3n es una de sus facultades para velar por el mantenimiento de los activos del patrimonio del deudor, pero s\u00ed es reprochable, que se haya modificado el aval\u00fao no con informaci\u00f3n verificada en el expediente, sino de supuestos, como entender que el metro cuadrado de todos los bienes ten\u00edan igual valor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que se deba conceder el amparo para que el Superintendente, verifique el valor de los inmuebles, a partir de datos t\u00e9cnicos adecuados, sin perjuicio de pueda solicitar aclaraci\u00f3n de la experticia ya presentada o que pueda a trav\u00e9s de otros profesionales, encontrar el verdadero valor del bien que fue enajenado, otorgando tambi\u00e9n el derecho de contradicci\u00f3n a los intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

4. Por las razones que se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado a prosperar, por lo que se confirmar\u00e1 parcialmente la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n que se ha revisado, en cuanto a  que tuvo probado el defecto sustantivo, pero adicionar\u00e1 la providencia del Tribunal, (i) en su numeral segundo para se\u00f1alar que tambi\u00e9n deben dejarse sin efectos todas las dem\u00e1s providencias que fueran consecuencia de los numerales referidos en tal determinaci\u00f3n y (i) para indicar que se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n por defecto f\u00e1ctico en cuanto a la modificaci\u00f3n del aval\u00fao y se ordenar\u00e1 a la Superintendencia, que verifique el valor de los inmuebles, a partir de datos t\u00e9cnicos adecuados, sin perjuicio de que pueda solicitar aclaraci\u00f3n de la experticia ya presentada o que a trav\u00e9s de otros profesionales encuentre el verdadero valor del bien que fue enajenado, otorgando tambi\u00e9n el derecho de contradicci\u00f3n a los intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la determinaci\u00f3n impugnada, en cuanto a que amparo el debido proceso por defecto sustantivo.  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral 1\u00ba del  fallo de 27 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali para indicar que se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n tambi\u00e9n por defecto f\u00e1ctico en cuanto a la modificaci\u00f3n del aval\u00fao.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: ADICIONAR el numeral 2\u00ba del  fallo de 27 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali, para ORDENAR, tambi\u00e9n a la Superintendencia de Sociedades, Intendente Regional Cali:  <\/span><\/p>\n

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1. DEJAR sin valor y efectos todas las dem\u00e1s providencias que fueran consecuencia de los numerales d\u00e9cimo y und\u00e9cimo del auto 620-000625 del 11 de abril de 2016.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ESTABLEZCA el valor real de los inmuebles enajenados a partir de datos t\u00e9cnicos adecuados, sin perjuicio de que pueda solicitar aclaraci\u00f3n de la experticia ya presentada en el tr\u00e1mite o que a trav\u00e9s de otros profesionales encuentre tales datos, otorgando tambi\u00e9n el derecho de contradicci\u00f3n a los intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado Ponente      STC3899-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-21-000-2016-00141-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100208","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100208","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100208"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100208\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100208"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}