{"id":100209,"date":"2026-06-25T20:16:43","date_gmt":"2026-06-25T20:16:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3900-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:16:43","modified_gmt":"2026-06-25T20:16:43","slug":"stc3900-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3900-2017\/","title":{"rendered":"STC3900-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3900-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00129-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21  ) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el nueve de febrero de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Noelia L\u00f3pez Mill\u00e1n, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de  Pereira y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al improbar el preacuerdo que suscribi\u00f3 con la Fiscal\u00eda 12 Seccional de Pereira, con desconocimiento de la normatividad y el precedente jurisprudencial que gobierna la materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende \u00abse revoquen las decisiones de primera y segunda instancia y en su lugar\u2026aprobar el preacuerdo presentado entre la Fiscal\u00eda y la Defensa\u00bb o subsidiariamente se declare \u00abla nulidad de todo lo actuado respecto del estudio del preacuerdo presentado, a fin de poder ejercer el derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. [Folios 12, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 20 de mayo de 2016, previa orden, se realiz\u00f3 allanamiento al inmueble ubicado en la Manzana 24 casa 21B del barrio Invasi\u00f3n Leningrado II, ciudadela Cuba de la ciudad de Pereira, al arribar al sitio, la polic\u00eda judicial observa como un sujeto del sexo masculino silba y grita hacia la vivienda por allanar, para alertar a los moradores.    <\/span><\/p>\n

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2. Procedimiento en el que fueron incautadas 630 papeletas de coca\u00edna y capturada la accionante.  <\/span><\/p>\n

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3. El 2 de mayo de 2016, se llev\u00f3 a cabo ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Quinch\u00eda Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, la audiencia preliminar en la que se \u00ablegalizaron la orden y diligencia de allanamiento y registro as\u00ed como la captura\u00bb, adem\u00e1s se realiz\u00f3 la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, contra la tutelante, por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, verbo rector \u00abconservar\u00bb; cargo frente al cual la procesada se declar\u00f3 inocente.  <\/span><\/p>\n

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5. El 2 de septiembre de 2016, se adelant\u00f3 audiencia para formalizar la inculpaci\u00f3n. En desarrollo de aquel acto procesal, la defensa de la imputada inform\u00f3 al Despacho que la imputada y la Fiscal\u00eda hab\u00edan llegado a un preacuerdo, el cual consist\u00eda en que ella aceptar\u00eda los cargos endilgados por el ente acusador y, a cambio, \u00e9ste degradar\u00eda el grado de participaci\u00f3n en la conducta, de autor a c\u00f3mplice, lo que dejar\u00eda su pena en 35 meses de prisi\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En la misma diligencia, el fallador de la causa improb\u00f3 la negociaci\u00f3n por considerar que la pena pactada tras el acuerdo, no se compadec\u00eda con la gravedad de los hechos que dieron lugar a la investigaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. Inconforme, la defensa, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. El 30 de septiembre de 2016, el Tribunal accionado, ratific\u00f3 la providencia cuestionada, pero con sustento en que el preacuerdo no respetaba el principio de legalidad y estricta tipicidad, en tanto la imputaci\u00f3n preacordada alteraba el n\u00facleo f\u00e1ctico de la imputaci\u00f3n, dado que de las circunstancias en las cuales fue capturada la procesada, no se extrae la coparticipaci\u00f3n criminal de otros sujetos y por ende, concluy\u00f3, el Fiscal Delegado para el caso, no estaba en posibilidad de ofrecer aquella degradaci\u00f3n punitiva.  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio de la peticionaria del amparo, las anteriores decisiones vulneraron sus garant\u00edas fundamentales porque las autoridades judiciales, desconocieron en sus providencias los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Penal sobre la obligatoriedad de los preacuerdos.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque el a-quo improb\u00f3 la negociaci\u00f3n, arguyendo, no la falta de legalidad, sino porque en su consideraci\u00f3n la pena era \u00ednfima frente al delito que ella hab\u00eda cometido, situaci\u00f3n que desborda, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, la facultad concedida al juez; y por su parte el Tribunal, confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto, con soporte en que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de la conducta investigada no se enmarcaba en la calidad de c\u00f3mplice que se le quer\u00eda dar a la quejosa, hechos que adem\u00e1s constitu\u00edan una revisi\u00f3n material del acuerdo, y que por lo dem\u00e1s eran totalmente nuevos y no fueron tenidos en cuenta por el juez, sobre los cuales no pudo ejercer contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. La tutela fue admitida el 31 de enero de 2017 y se orden\u00f3 enterar a los intervinientes para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 41, c. 1]    <\/span><\/p>\n

1. Dentro de la oportunidad procesal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, manifest\u00f3 que dicho juez colegiado decidi\u00f3 mantener la determinaci\u00f3n de no darle aprobaci\u00f3n a ese preacuerdo, por cuanto al revisar lo sucedido dentro del ese asunto \u00abse hizo evidente que la Fiscal\u00eda le estaba reconociendo a la se\u00f1ora Mar\u00eda Nohelia, a pesar de tener todas las pruebas necesarias para llevarla a juicio en calidad de autora, una degradaci\u00f3n punitiva a c\u00f3mplice, a cambio de su aceptaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, sin que se avizore que dentro de la actuaci\u00f3n hayan m\u00e1s personas involucradas o capturadas, adem\u00e1s teniendo en cuenta que fue detenida en flagrancia y que es reincidente en ese delito y que lo perpetr\u00f3 cuando se encontraba disfrutando del beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, circunstancias que a todas luces hacen evidente que de irse a juicio la pena a imponer ser\u00eda bastante alta\u00bb. [Folios 54 y 55, c.1]    <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la Fiscal Delegada Doce Seccional de Pereira, luego de hacer un recuento de lo sucedido en la actuaci\u00f3n penal, manifest\u00f3 que el preacuerdo fue respetuoso de los principios de legalidad y debido proceso, en cuanto a que en las circunstancias de tiempo modo y lugar, en que fue allanada la morada de la accionante, daba lugar a la certidumbre de la complicidad a que se degrad\u00f3 su conducta; adem\u00e1s, que era sabido que en la din\u00e1mica del tr\u00e1fico de estupefacientes, son innumerables las personas que participan en mayor o menor grado de ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Habi\u00e9ndose tasado la pena tambi\u00e9n dentro de los rangos previstos por el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 376 del C\u00f3digo Penal y 11 de la Ley 1453 de 2011, contentivo del tipo penal imputado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 9 de febrero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n concedi\u00f3 el amparo incoado, luego de concluir que es viable la intervenci\u00f3n del Juez constitucional para evitar someter a las partes a agotar las fases propias del juicio penal y prolongar hasta su finalizaci\u00f3n la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas cuya protecci\u00f3n se invoca, dada la postura de los falladores de instancia de imponer \u00ab\u2026su criterio sobre la facultad que tiene la Fiscal\u00eda de calificar la conducta punible para edificar los preacuerdos\u2026\u00bb, apart\u00e1ndose del principio de imparcialidad y de las normas y la jurisprudencia vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se\u00f1al\u00f3 el a-quo, al verificar la calificaci\u00f3n de la conducta punible hecha por el Fiscal, sobre la degradaci\u00f3n de autor a c\u00f3mplice, se apart\u00f3 de la filosof\u00eda que orienta el sistema procesal penal de 2004 e invadi\u00f3 el rol atribuido a \u00e9ste, debido a que desconoci\u00f3 que el preacuerdo es un acto de parte, y por tanto, se apart\u00f3 del principio de imparcialidad, para imponer su criterio en relaci\u00f3n con la imputaci\u00f3n jur\u00eddica que se formul\u00f3 en contra de la tutelante, acto, que, como la ha referido en m\u00faltiples y recientes pronunciamientos la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n, es exclusivo y excluyente del ente investigador, en otras palabras realizaron no un control de legalidad, sino material de la acusaci\u00f3n, para a su modo de ver corregirla de acuerdo con su particular visi\u00f3n del evento hist\u00f3rico, desbordando la din\u00e1mica del sistema.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte indic\u00f3, que tampoco pod\u00eda tenerse en cuenta, como lo hizo el Tribunal, el tipo de captura (flagrancia), para improbar el preacuerdo, por cuanto dicha postura fue recogida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en pleno,  en providencia de SP2168 -2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/span><\/p>\n


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        Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/span><\/p>\n


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        2. En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de decisiones proferidas por el a quo y su superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 el juzgador de la segunda instancia, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

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Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la autoridad de segunda instancia para confirmar la decisi\u00f3n mediante la cual se improb\u00f3 el preacuerdo que la accionante realiz\u00f3 con la Fiscal\u00eda, se encuentra que en la misma se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo, por desconocimiento, no s\u00f3lo de las normas relativas a dicha materia, art\u00edculos 348 y siguientes de la Ley 906 de 2004, sino tambi\u00e9n los precedentes judiciales que al respecto ha proferido la m\u00e1xima autoridad de la justicia penal ordinaria, donde se ha establecido que el control de legalidad atribuible al Juez del conocimiento, no puede confundirse con un control material para corregir, seg\u00fan el modo de ver del juzgador, la adecuaci\u00f3n correcta de la conducta punible.  <\/span><\/p>\n

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Y si bien es cierto que hace algunos a\u00f1os hab\u00eda discusi\u00f3n frente a las facultades del Juez en la audiencia de verificaci\u00f3n de preacuerdos o de allanamiento a cargos, lo cierto es que en reciente jurisprudencia la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dej\u00f3 claro que, tal como lo norma el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 351 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00ab\u2026[l]os preacuerdos celebrados entre Fiscal\u00eda y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garant\u00edas fundamentales.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en uno de sus m\u00e1s recientes pronunciamientos, el alto Tribunal reiter\u00f3 que el contenido de los preacuerdos es vinculante para el juez, a quien le est\u00e1 vedado intervenir para modificar o improbar ese tipo de negociaciones con fundamento en situaciones diversas a la vulneraci\u00f3n a garant\u00edas superiores:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026la doctrina de esta Corte ha sido persistente en indicar que la aceptaci\u00f3n de responsabilidad por parte del acusado mediante el allanamiento o cargos, o el acuerdo celebrado con la fiscal\u00eda con miras al proferimiento de un fallo anticipado, no s\u00f3lo son vinculantes para la fiscal\u00eda y el implicado. Tambi\u00e9n lo son para el juez, quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garant\u00edas fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los cauces de la legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario.\u00bb (CSJ SP931-2016)  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, en consonancia con lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 350 ej\u00fasdem:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026El juez de Conocimiento est\u00e1 obligado a aceptar el acuerdo presentado por la Fiscal\u00eda, salvo que este desconozca o quebrante las garant\u00edas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Acerca de esta \u00faltima circunstancia, para la Sala es claro que las garant\u00edas fundamentales a las cuales se refiere la norma para permitir la injerencia del juez, no pueden examinarse a la luz del criterio subjetivo o arbitrario del mismo y deben remitirse exclusivamente a hechos puntuales que demuestren violaciones objetivas y palpables necesitadas del remedio de la improbaci\u00f3n para resta\u00f1ar el da\u00f1o causado o evitar sus efectos delet\u00e9reos.  <\/span><\/p>\n

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En este sentido, a t\u00edtulo apenas ejemplificativo, la intervenci\u00f3n del juez, que opera excepcional\u00edsima, debe recabarse, se justifica en los caso en que se verifique alg\u00fan vicio en el consentimiento o afectaci\u00f3n del derecho de defensa, o cuando el Fiscal pasa por alto los l\u00edmites rese\u00f1ados en los puntos anteriores o los consignados en la ley \u2013 como en los casos en que se otorgan dos beneficios incompatibles o se accede a una rebaja superior a la permitida, o no se cumplen las exigencias punitivas para acceder a alg\u00fan subrogado. (C-1260-2005)  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que, contrario a lo aseverado por el Tribunal impugnante, los asuntos donde las Altas Corporaciones se han pronunciado frente a la fuerza vinculante de los preacuerdos para el Juez, est\u00e1n referidos, precisamente, a la imperatividad de respetar la autonom\u00eda e independencia que en esa materia tiene la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n como titular de la acusaci\u00f3n, as\u00ed como el principio de imparcialidad que debe orientar al funcionario cognoscente, cuyas facultades de verificaci\u00f3n est\u00e1n al control formal de la negociaci\u00f3n y a la observancia de garant\u00edas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido, con la sentencia SP2168-2016, dictada el pasado 24 de febrero de 2016, en Sala Plena por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, qued\u00f3 zanjada cualquier discusi\u00f3n acerca de la aplicabilidad de las consecuencias jur\u00eddicas de las negociaciones entre procesado y ente persecutor, cuando aquel fue capturado en situaci\u00f3n de flagrancia, como en el caso de la reclamante.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, se sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab. Lo que parece incomodar al Tribunal es que, no obstante la captura en flagrancia de los procesados, se haya preacordado degradar su forma de participaci\u00f3n y la consecuente imposici\u00f3n de una pena que conlleva una rebaja en monto superior al previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 301 de la Ley 906 de 2004, seg\u00fan la modificaci\u00f3n introducida por el 57 de la Ley 1453 de 2011.  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento es equivocado y si bien en algunas decisiones de tutela adoptadas por esta Corporaci\u00f3n1, se ha llegado a similar conclusi\u00f3n, consistente en que en casos de flagrancia la mengua a convenir no puede ser superior a la contemplada en la \u00faltima norma citada, es esta la oportunidad para hacer las precisiones correspondientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dentro de las modalidades de preacuerdo, contempladas en el Libro III, T\u00edtulo II, Cap\u00edtulo \u00danico del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2004, una es la que modula el delito imputado o por el cual se acusa, y otra la que ofrece al incriminado una rebaja de pena por aceptaci\u00f3n de responsabilidad en la conducta endilgada. Por consiguiente, si el pacto se hace sobre la base de la aceptaci\u00f3n de los cargos formulados en la imputaci\u00f3n y la negociaci\u00f3n se concreta en la cantidad de pena a imponer, habr\u00e1 de examinarse el momento en el que ese convenio tuvo lugar para efectos de hacer la rebaja de pena, ya sea conforme a los par\u00e1metros del primer inciso del art\u00edculo 351 o del 352 ibidem. En estos eventos, si la captura fue en flagrancia, es claro que la rebaja deber\u00e1 observar los l\u00edmites all\u00ed previstos, de cara a lo demarcado en el par\u00e1grafo del precepto 301 de la Ley 906 de 2004, con la modificaci\u00f3n del 57 de la Ley 1453 de 2011.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed se desprende con nitidez de la sentencia adoptada en sede de control abstracto por la Corte Constitucional CC C-645\/12, en la que se declar\u00f3 exequible el par\u00e1grafo del art\u00edculo 57 de la Ley indicada \u00aben el entendido de que la disminuci\u00f3n en una cuarta parte del beneficio punitivo all\u00ed consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible al sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, respetando los par\u00e1metros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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En las conclusiones de esa decisi\u00f3n, se consign\u00f3:  <\/span><\/p>\n

La Corte Constitucional entonces declarar\u00e1 exequible el par\u00e1grafo del art\u00edculo 57 de la Ley 1453 de 2011, mediante el cual fue modificado el art\u00edculo 301 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la disminuci\u00f3n del beneficio punitivo en una cuarta (1\/4) parte all\u00ed consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, respetando los par\u00e1metros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos donde se permite la discrecionalidad por parte de los operadores judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, es imperativo resaltar que la aplicaci\u00f3n en sentido amplio de la norma demandada, respete los par\u00e1metros originalmente establecidos en la Ley 906 de 2004, cuando la terminaci\u00f3n anticipada del proceso ocurra en una etapa distinta a la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, y reconozca el margen que le es propio tanto a la Fiscal\u00eda para poder negociar, como al juez para fijar discrecional pero razonadamente la pena acorde con la efectividad que para la investigaci\u00f3n y la econom\u00eda procesal brinde el imputado o acusado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cosa distinta ocurre si se hace una negociaci\u00f3n sobre los hechos o sus consecuencias, de modo que haya una degradaci\u00f3n en la tipicidad, como ser\u00eda, por ejemplo, eliminar alguna causal de agravaci\u00f3n, incluir un dispositivo amplificador o degradar su forma de participaci\u00f3n, toda vez que la consecuencia es imponer la pena que corresponda y tenerla como soporte para estudiar los subrogados y sustitutos. Ninguna remisi\u00f3n ha de hacerse a los montos de que hablan los c\u00e1nones 351 y 352 del estatuto procesal de 2004.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, hay que tener en cuenta que todo depender\u00e1 de lo que las partes acuerden, pues \u2013se insiste- una cosa es que convengan disminuci\u00f3n en la cantidad de pena imponible, caso en el cual queda indemne el grado de participaci\u00f3n imputado y no se podr\u00e1 pactar una disminuci\u00f3n distinta a la del par\u00e1grafo del art\u00edculo 301, en concordancia con los preceptos 351 y 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Y, otra desemejante es si, como acaeci\u00f3 en esta oportunidad, se hizo un negocio en punto de la tipicidad, degradando el t\u00edtulo de la participaci\u00f3n, en cuanto la pena ser\u00e1 la prevista para el c\u00f3mplice, con todas sus consecuencias, y ninguna injerencia tiene el l\u00edmite de rebaja por raz\u00f3n de la captura en flagrancia.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A partir de las anteriores rese\u00f1as jurisprudenciales, reiteradas desde entonces por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en los casos semejantes que han sido sometidos a su consideraci\u00f3n (CSJ SP 3081-2016, CSJ SP 7100-2016 y CSJ SP 747-2017), es claro que hubo un cambio de criterio en la materia que se examina, pues si bien hace algunos a\u00f1os no exist\u00eda consenso en torno a las facultades del juez para auscultar en los preacuerdos en referencia, hoy d\u00eda es claro que la m\u00e1xima autoridad de la justicia penal ordinaria despej\u00f3 cualquier duda al respecto, al precisar cu\u00e1l es el rol del juez frente a estos eventos, de cara a lo dispuesto por el legislador en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 351 de la Ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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En ese entendido, surge di\u00e1fano que los falladores accionados desconocieron la reciente l\u00ednea jurisprudencial trazada y aplicable al asunto, raz\u00f3n por la cual es claro que incurrieron en el defecto sustancial alegado por la tutelante y en esa medida indispensable se hac\u00eda acceder al amparo rogado, en defensa de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso y a la igualdad.  <\/span><\/p>\n

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4. Las razones expuestas son suficientes para confirmar integralmente la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 STP17226-2014, STP3646-2015 y STP10043-2015, radicados 76549, 78742 y 80476.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC3900-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00129-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21  ) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100209","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100209\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}