{"id":100213,"date":"2026-06-25T20:17:01","date_gmt":"2026-06-25T20:17:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3913-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:17:01","modified_gmt":"2026-06-25T20:17:01","slug":"stc3913-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3913-2017\/","title":{"rendered":"STC3913-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3913-2017  <\/span><\/p>\n

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         (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Maribel D\u00edaz Vargas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Eluin Guillermo Abreo Trivi\u00f1o, Ruth Elena Galvis Vergara y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario iniciado por el extinto Banco Ganadero respecto de Orlando Caycedo Anzola y Clara Esperanza Soler de Caycedo, asunto en el cual, la aqu\u00ed gestora es cesionaria del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. La promotora suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el 1\u00ba de marzo de 2011, el abogado de los ejecutados requiri\u00f3 la nulidad de lo actuado \u201c(\u2026) y solicit\u00f3 el beneficio de retracto en nombre de sus representados, apoy\u00e1ndose en el art\u00edculo 1971 del C.C. (\u2026)\u201d, pedimento resuelto el 7 de junio de 2012 por el Juzgado Doce Civil del Circuito, accediendo a la invalidez deprecada desde el 4 de agosto de 2004.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El 29 de abril de 2015, se reconoci\u00f3 a la tutelante como cesionaria de la obligaci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El asunto fue asumido por el Juez Cuarenta y Seis Civil del Circuito, en donde, el 26 de agosto de 2016, se emiti\u00f3 fallo declarando  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, so pretexto de que el apoderado de los demandados carec\u00eda de facultades para solicitar el beneficio de retracto y, por consecuencia, renunciar t\u00e1citamente a la prescripci\u00f3n, pues en su sentir, el togado no contaba con facultades para confesar y por consiguiente, no pod\u00eda realizar con validez dicho reconocimiento por no estar presentes los requisitos establecidos por el numeral primero del art\u00edculo 195 del C.P.C., el cual exige la capacidad de disposici\u00f3n del derecho en litigio en cabeza del confesante y el inciso final del art\u00edculo 70 que pr[o]scribe al apoderado realizar actos de disposici\u00f3n del derecho en litigio sin facultad expresa (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.5. La aqu\u00ed actora apel\u00f3 la providencia precedente, edificando su inconformidad en  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) que el apoderado de los demandados s\u00ed contaba con amplias facultades legales para solicitar el beneficio de retracto, pues a la luz del inciso segundo del art\u00edculo 70 del C.P.C.: \u201cel apoderado podr\u00e1 formular todas las pretensiones que estime convenientes para beneficio del poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cY, de otro lado, porque m\u00e1s all\u00e1 de las facultades legales, los ejecutados Orlando Caycedo Anzola y Clara Esperanza Soler de Caycedo hab\u00edan facultado a su apoderado para intentar hacer uso de ese y otros actos, al haber indicado en el poder que lo facultaban para ejercer todo acto jur\u00eddico que estime pertinente para la defensa de [sus] intereses (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.6. El remedio fue zanjado desfavorablemente por la Sala ahora acusada el 17 de enero de 2017, confirm\u00e1ndose lo resuelto por el a quo.  <\/span><\/p>\n

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2.7. En opini\u00f3n de la ac\u00e1 gestora, en la determinaci\u00f3n antelada se incurri\u00f3 en \u201cdefectos procedimental absoluto [y] sustantivo o material\u201d, por cuanto, el Colegiado \u201cdesbord\u00f3 el an\u00e1lisis de los argumentos expuestos como fundamento\u201d del recurso, en contrav\u00eda del canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual, para la quejosa, establece que si hay \u201c\u00fanico apelante\u201d, el juez ad quem podr\u00e1 \u201cpronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos\u201d por el recurrente.  <\/span><\/p>\n

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En concreto, asegura que el hoy accionado \u201c(\u2026) enfoc[\u00f3] su decisi\u00f3n sobre la viabilidad y alcance de la petici\u00f3n de beneficio de retracto y otros temas que nada ten\u00edan que ver con la alzada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, expone que \u201c(\u2026) en lo relativo al punto vertebral fundamento de la apelaci\u00f3n, esto es, lo atinente a la facultad amplia y expresa que otorgaron los demandados a su apoderado para elevar la petici\u00f3n de retracto, (\u2026) nada dijo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora invalidar el fallo proferido en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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La Sala convocada y el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de esta ciudad, en escritos separados, realzaron la legalidad de lo definido en ese asunto.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Maribel D\u00edaz Vargas critica la sentencia emitida por la Colegiatura acusada dentro del comentado subex\u00e1mine, arguyendo que se omiti\u00f3 definir de fondo \u201clos argumentos expuestos como fundamento\u201d de la apelaci\u00f3n, pues, en su lugar, \u201c(\u2026) enfoc[\u00f3] su decisi\u00f3n sobre la viabilidad y alcance de la petici\u00f3n de beneficio de retracto y otros temas que nada ten\u00edan que ver con la alzada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2. En la providencia censurada se consign\u00f3, como primera medida, que \u201c(\u2026) la competencia del Tribunal est\u00e1 circunscrita, \u00fanicamente, a los puntos que son materia de apelaci\u00f3n, (\u2026) sin perjuicio del an\u00e1lisis que corresponde efectuar, de manera oficiosa, de aquellos aspectos anejos a los presupuestos de la acci\u00f3n o relativos a las pretensiones impl\u00edcitas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, explic\u00f3 la Corporaci\u00f3n que en ese asunto se hab\u00eda presentado una \u201ccesi\u00f3n relativa a un cr\u00e9dito\u201d m\u00e1s no de \u201cderechos litigiosos\u201d, precisando que el mencionado \u201cbeneficio de retracto\u201d, alegado por la all\u00e1 recurrente, ahora actora, solamente operaba en el segundo de los casos descritos y, por ende, no era aplicable a ese juicio.  <\/span><\/p>\n

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En palabras del juzgador:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) La cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito implica la transferencia, a cualquier t\u00edtulo, de un derecho cierto, definido, al margen de la contenci\u00f3n que se haya generado por la resistencia del deudor; mientras que la de un derecho litigioso comporta la traslaci\u00f3n de la incertidumbre, de un alea, del resultado incierto de la litis. En rigor, en la transferencia de derechos litigiosos, ni siquiera puede afirmarse que exista un deudor, pues hasta tanto la sentencia no se emita, no hay definici\u00f3n de los roles que desempe\u00f1an tanto el actor como el demandado; contrario acontece con la cesi\u00f3n del derecho de cr\u00e9dito, pues, sin duda, all\u00ed hay un sujeto, definido e identificado, pendiente de honrar sus compromisos\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLa transferencia de un cr\u00e9dito, bajo la modalidad de cesi\u00f3n del mismo, lo que comporta es la transacci\u00f3n sobre una deuda y, por tanto, el cesionario adquiere un derecho de cr\u00e9dito y el deudor cedido no est\u00e1 expuesto a que sea compelido al pago de otra suma de dinero u obligaci\u00f3n frente a la cual asumi\u00f3 tal compromiso\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cEl beneficio de retracto es la prerrogativa que la ley brinda al litigante cedido para sustraerse del pleito dentro del cual est\u00e1 inmerso, cancelando lo que recibi\u00f3 el cedente por hacer dejaci\u00f3n de su posici\u00f3n de actor a favor del cesionario (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El se\u00f1alado derecho involucra una prohibici\u00f3n, se instituy\u00f3 con la finalidad primordial de evitar la especulaci\u00f3n o aprovechamiento de una situaci\u00f3n derivada del litigio. La facultad entregada al cedido para no reconocer sino lo que el cedente recibi\u00f3, m\u00e1s los intereses, es un mecanismo limitativo de los beneficios pretendidos por el cesionario y, as\u00ed evitar que adquiera un derecho desbordando unos par\u00e1metros racionales de ganancia, luego, su aplicaci\u00f3n es restrictiva o lo que es lo mismo, si no hay disposici\u00f3n expresa que regule los casos respecto de los cuales se aplica, no es posible hacerle generar efectos en torno de otras situaciones, pues s\u00f3lo est\u00e1 reservada para los eventos expl\u00edcitamente previstos en la normatividad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPrecisamente, dicha garant\u00eda, inmersa en el art\u00edculo 1971 del C.C., se incorpor\u00f3 en nuestra legislaci\u00f3n en el cap\u00edtulo correspondiente a la cesi\u00f3n de derechos litigiosos (cap\u00edtulo 3\u00ba), m\u00e1s no de cr\u00e9ditos personales (cap\u00edtulo 1\u00ba), sin que exista norma remisoria ni su par dentro del cap\u00edtulo anejo a la \u00faltima clase de cesi\u00f3n, luego, no puede, por extensi\u00f3n, hacerse operar frente a estas eventualidades\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPor \u00faltimo, oportuno resulta comentar que cuando opera la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito, el cedente resulta sustituido por el cesionario, es decir, los derechos de aqu\u00e9l quedan en cabeza de \u00e9ste \u00faltimo, surgiendo una subrogaci\u00f3n que, por mandato del art\u00edculo 1669 del C.C., deben tratarse una y otra (cesi\u00f3n y subrogaci\u00f3n), bajo similares regulaciones, entre las cuales no aparece el beneficio de retracto (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Con base en lo atr\u00e1s transcrito, concluy\u00f3 que en ese pleito no operaba el \u201cbeneficio de retracto\u201d, pues all\u00ed se hab\u00eda presentado una \u201ccesi\u00f3n referida a un cr\u00e9dito\u201d, por tanto, \u201c(\u2026) a\u00fan frente a la petici\u00f3n que sobre el particular realiz\u00f3 el procurador judicial de la parte demandada, resultaba inviable atribuirle los efectos pretendidos por el actor, es decir, la renuncia a la prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, esgrimi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]\u00ed hipot\u00e9ticamente se aceptase que el referido escrito, en principio, es id\u00f3neo para renunciar a la prescripci\u00f3n, dicho evento no surgi\u00f3, de todas maneras, en cuanto que el representante de los demandados fue enf\u00e1tico en precisar que \u201cla obligaci\u00f3n se encuentra prescrita y esta solicitud no constituye un reconocimiento de que dicha obligaci\u00f3n sea exigible en la actualidad\u201d (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho o atropello; el accionado efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a emitir la determinaci\u00f3n analizada en precedencia, y no es dable en esta acci\u00f3n reabrir un debate fenecido, por cuanto, no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario.  <\/span><\/p>\n

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Para la Corte no existe el desafuero achacado por la hoy actora al entutelado, pues su an\u00e1lisis se limit\u00f3 a rese\u00f1ar que, con independencia de la facultad que ten\u00eda el apoderado de los all\u00ed ejecutados para proponer el \u201cderecho de retracto\u201d, tal figura no aplicaba para ese asunto, por cuanto, la misma era propia de las cesiones de derechos litigiosos m\u00e1s no de las de cr\u00e9ditos, como la acontecida en ese sublite.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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4. Por lo discurrido, el amparo deprecado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Maribel D\u00edaz Vargas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Eluin Guillermo Abreo Trivi\u00f1o, Ruth Elena Galvis Vergara y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, con ocasi\u00f3n del ejecutivo hipotecario iniciado por el extinto Banco Ganadero respecto de Orlando Caycedo Anzola y Clara Esperanza Soler de Caycedo.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

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