{"id":100215,"date":"2026-06-25T20:17:22","date_gmt":"2026-06-25T20:17:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3915-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:17:22","modified_gmt":"2026-06-25T20:17:22","slug":"stc3915-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3915-2017\/","title":{"rendered":"STC3915-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3915-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00683-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la tutela impetrada por el Banco Comercial AV Villas S.A. frente al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, Adriana Largo Taborda y Liana A\u00edda Lizarazo Vaca, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n hipotecaria impulsada por el aqu\u00ed actor contra Libardo Sierra Mantilla y Jaime Alberto Montero Barriga.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La entidad actora reclama el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantados por las autoridades jurisdiccionales convocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de su reparo, afirma que dentro de la demanda propuesta en el juicio censurado expres\u00f3 haber impulsado otra ejecuci\u00f3n con igual prop\u00f3sito frente a los mismos demandados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dicho decurso concluy\u00f3 con auto de 18 de julio de 2006, donde se anul\u00f3 todo lo actuado a partir del 31 de diciembre de 1999, teniendo en consideraci\u00f3n la jurisprudencia de la Corte Constitucional; igualmente, se advirti\u00f3 que el acreedor pod\u00eda iniciar un nuevo coercitivo si hab\u00eda mora en el pago de la obligaci\u00f3n, porque \u00e9sta quedaba vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En su libelo tambi\u00e9n indic\u00f3 que con el fin de lograr la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito otorgado a los deudores en Upacs, adelant\u00f3 todas las gestiones posibles para ubicarlos y evaluar su situaci\u00f3n econ\u00f3mica; no obstante \u00e9stos fueron renuentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, expuso haber acudido ante la Superintendencia Financiera presentando una f\u00f3rmula para modificar las condiciones del pr\u00e9stamo, empero ese ente, el 28 de marzo de 2012, le comunic\u00f3 la imposibilidad de avalarla, por cuanto \u201c(\u2026) el proceso (\u2026) hab\u00eda culminado antes de que se produjese la sentencia de unificaci\u00f3n SU-813 de 2007 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Acota que el despacho accionado libr\u00f3 mandamiento compulsivo en su favor el 26 de junio de 2012.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que el 22 de marzo de 2013 el juez acusado tom\u00f3 nota del embargo de remanentes decretado en otro coercitivo instaurado contra los integrantes de la pasiva, medida ordenada por el Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asevera que Libardo Sierra Mantilla propuso excepciones de m\u00e9rito, entre \u00e9stas la denominada \u201c(\u2026)  mala aplicaci\u00f3n del alivio y prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d, mientras que Jaime Alberto Montero Barriga, notificado a trav\u00e9s de curador ad litem, aleg\u00f3 sus medios exceptivos extempor\u00e1neamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Expone que en fallo de 11 de diciembre de 2015 se declar\u00f3 probada la defensa rese\u00f1ada y terminado el litigio, adem\u00e1s, se dispuso el levantamiento de las cautelas practicadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esa decisi\u00f3n no se valor\u00f3 lo concerniente a la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, sino la ausencia de reestructuraci\u00f3n de \u00e9ste, cuesti\u00f3n no aducida por el extremo pasivo. A\u00f1ade que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n tampoco tuvo lugar porque la obligaci\u00f3n venci\u00f3 el 1\u00b0 de noviembre, la segunda demanda se instaur\u00f3 el 29 de mayo de 2012 y Sierra Mantilla fue notificado de \u00e9sta el 14 de diciembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que el a quo no tuvo en consideraci\u00f3n los esfuerzos se\u00f1alados para lograr la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y si ten\u00eda duda sobre ello, debi\u00f3 requerir a la ejecutante para establecer la gesti\u00f3n realizada con ese fin. Advierte que ese funcionario tambi\u00e9n desconoci\u00f3 la existencia del embargo de remanentes, aspecto del cual se extra\u00eda la falta de recursos econ\u00f3micos de los deudores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, exigi\u00f3 la aclaraci\u00f3n del antelado pronunciamiento, empero su pedimento fue negado el 7 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Apelada la sentencia comentada, el Tribunal, el 24 de octubre de 2016, se limit\u00f3 a modificar el numeral primero, donde se hab\u00eda acogido la defensa antes anotada, para negar las pretensiones del libelo y ratificar dicho pronunciamiento en lo restante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esa autoridad incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por cuanto cometi\u00f3 iguales errores a los del juzgador de primer grado; adem\u00e1s, cuestion\u00f3 la falta de prueba de las actuaciones desplegadas para surtir la reestructuraci\u00f3n echada de menos, cuando ello no lo prob\u00f3 el banco por ser intrascendente para la \u00e9poca de formulaci\u00f3n de la demanda, pues s\u00f3lo hasta \u201c(\u2026) mediados del a\u00f1o 2015 (\u2026)\u201d la jurisprudencia de las Altas Cortes comenz\u00f3 a exigir dicho requisito y empez\u00f3 a valorar el t\u00edtulo ejecutivo como uno \u201ccomplejo\u201d por tratarse de pr\u00e9stamos para vivienda otorgados en Upacs.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Reclama, en concreto, revocar el fallo dictado por el Colegiado atacado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)         El juzgado querellado se\u00f1al\u00f3 haber emitido sentencia en el caso confutado el 11 de diciembre de 2015, declarando fundadas las excepciones propuestas y terminado el litigio, decisi\u00f3n reformada parcialmente por su Superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        El Tribunal se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, por cuanto en la providencia proferida en segundo grado dentro del juicio acusado, \u201c(\u2026) se consignan los criterios jur\u00eddicos tenidos en cuenta para resolver la impugnaci\u00f3n, a los cuales respetuosamente [se] acog[e] con miras a que se analicen (\u2026) por [esta] (\u2026) Corporaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Revisada la determinaci\u00f3n de 24 de octubre de 2016, mediante la cual se zanj\u00f3 el debate aqu\u00ed planteado en sede de apelaci\u00f3n, se observa la lesi\u00f3n de las prerrogativas invocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Se destaca que en el numeral primero del pronunciamiento del a quo se acogieron las excepciones de \u201c(\u2026) mala aplicaci\u00f3n del alivio y prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d alegadas por Libardo Sierra Mantilla, orden\u00e1ndose, en consecuencia, en los dem\u00e1s numerales, la terminaci\u00f3n del compulsivo y el levantamiento de las cautelas. Esa decisi\u00f3n fue modificada por el Tribunal s\u00f3lo en cuanto al primer ac\u00e1pite,  \u201c(\u2026) el cual qued[\u00f3] del siguiente tenor: DENEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda por falta de exigibilidad del t\u00edtulo venero del recaudo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        El Colegiado denunciado incurri\u00f3 en la irregularidad enrostrada por falta de motivaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anunciado porque si bien al desatar la alzada contra el fallo del a quo se pronunci\u00f3 frente a cuestiones indispensables, tales como la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo y la necesidad de allegar, en casos como el confutado, la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cobrada, no esclareci\u00f3 lo relativo a la ausencia de \u201ccapacidad de pago\u201d de los demandados, circunstancia advertida por el apelante y fundada, particularmente, en la existencia de un embargo de remanentes reportado en el decurso desde el 2013.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se observa que al sustentarse el remedio vertical se acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]xiste proceso en curso contra los aqu\u00ed demandados, a saber a folio 164 y 166 del expediente obra oficio 1062 de fecha 21 de marzo de 2013 del Juzgado 30 Civil Municipal dentro del proceso ejecutivo singular de la Urbanizaci\u00f3n Villas de Aranjuez contra los se\u00f1ores Libardo Sierra Mantilla y Jaime Alberto Montero Barriga, as\u00ed mismo por auto de fecha 22 de mayo de 2013 este Despacho tiene en cuenta el embargo de remanentes comunicado mediante oficio No. 1062; as\u00ed las cosas se debe revocar la Sentencia de fecha 11 de diciembre de 2015 y en su lugar continuar con la ejecuci\u00f3n (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anotado, sobre la insuficiencia de medios econ\u00f3micos enrostrada a los deudores, el Tribunal se limit\u00f3 a exponer:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [F]rente al punto relativo a la falta de capacidad de pago que en sentir de la impugnante hace inviable la reestructuraci\u00f3n con fundamento en la sentencia SU-787 de 2012 o el hecho de si el deudor no se aven\u00eda a la reestructuraci\u00f3n para determinar si se cumpli\u00f3 o no con el pluricitado requerimiento, son cuestiones que ata\u00f1en a la estructura del t\u00edtulo, de manera que, se reitera una vez m\u00e1s, era forzoso acompa\u00f1ar toda la documentaci\u00f3n necesaria para de all\u00ed determinar si con ella se superaban los requerimientos sobre la materia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Ante la situaci\u00f3n descrita, es indispensable memorar que esta Corte en pret\u00e9ritas ocasiones, ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes (\u2026), por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento si resulta evidente la poca solvencia econ\u00f3mica de la obligada1 (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, accedi\u00f3 a la salvaguarda peticionada en un caso an\u00e1logo, acotando:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) El yerro del juzgador radica en que al estudiar el aspecto relacionado con la ausencia de reestructuraci\u00f3n de la deuda pas\u00f3 por alto los alegatos pilares de la apelaci\u00f3n incoada contra la terminaci\u00f3n del coercitivo, espec\u00edficamente, lo atinente con los embargos decretados por el Distrito de Barranquilla respecto del bien hipotecado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) El escenario planteado evidencia el menoscabo de la prerrogativa se\u00f1alada, por cuanto, le correspond\u00eda al Tribunal decidir la cuesti\u00f3n de cara a la realidad procesal de ese particular juicio. Por tanto, ha debido establecer si en verdad el predio estaba afectado por cuenta del coactivo adelantado por el citado ente territorial, y luego s\u00ed determinar la viabilidad o no de clausurar el asunto (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAhora, aun cuando en el ejecutivo analizado no se deprec\u00f3 una medida como [el embargo de remanentes] (\u2026), s\u00ed se tuvo noticia del embargo decretado por el Distrito de Barranquilla respecto del predio hipotecado, lo cual le impon\u00eda al juzgador establecer, en primer lugar, la vigencia de esa cautela y, en segundo t\u00e9rmino, la viabilidad de terminar o no el litigio por ausencia de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, teniendo de presente que lo pretendido cuando se finiquita por la se\u00f1alada causa es proteger el derecho a la vivienda digna de los deudores (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        As\u00ed las cosas, resulta evidente el quebranto de las prerrogativas procesales, no s\u00f3lo por omitirse la resoluci\u00f3n de aspectos esenciales de la apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado en el compulsivo denunciado, sino adem\u00e1s, por soslayarse el criterio de la Corte sobre la materia bajo su conocimiento.  <\/span><\/p>\n

Esto \u00faltimo resulta contrapuesto al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 7\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso y al texto 230 superior fundamental, ello relacionado con el desconocimiento de la jurisprudencia, para el caso concreto, de la doctrina probable o del precedente, si comprobado el fundamento f\u00e1ctico resulta pertinente su gobierno.      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        De acuerdo con lo discurrido, el auxilio deprecado ser\u00e1 concedido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO:        CONCEDER la tutela solicitada por el Banco Comercial AV Villas S.A. frente al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, Adriana Largo Taborda y Liana A\u00edda Lizarazo Vaca, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n hipotecaria impulsada por el aqu\u00ed actor contra Libardo Sierra Mantilla y Jaime Alberto Montero Barriga.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se le ordena a la Corporaci\u00f3n accionada que en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, previa recepci\u00f3n del expediente materia de queja, deje sin efecto la sentencia de 24 de octubre de 2016 y las decisiones que de ella dependan y proceda a resolver, nuevamente, la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo de primer grado, teniendo en cuenta los aspectos expuestos en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO:        Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CUARTO:        Por Secretar\u00eda, devu\u00e9lvase al despacho de origen el expediente suministrado para el estudio de la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2001.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 7 de abril de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-00601-00    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC en Sala de 7 de diciembre de 2016, exp. 11001-02-03-000-2016-03462-00      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA          STC3915-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00683-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Dec\u00eddese la tutela impetrada por el Banco Comercial AV Villas S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100215","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100215"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100215\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}