{"id":100217,"date":"2026-06-25T20:17:40","date_gmt":"2026-06-25T20:17:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3917-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:17:40","modified_gmt":"2026-06-25T20:17:40","slug":"stc3917-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3917-2017\/","title":{"rendered":"STC3917-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3917-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00680-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sara Jaramillo Parra contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00ab[r]evocar la sentencia (\u2026) de fecha 03 de febrero de 2017\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Diana Ivonne, Mar\u00eda Cristina, Juan Carlos y Jorge Humberto Ayala Boh\u00f3rquez promovieron proceso contra Sara Jaramillo Parra, en el que reclamaron se declarara \u00abque el contrato celebrado el 20 de febrero de 2009 entre el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Ayala Gonz\u00e1lez [padre de los demandantes] y la se\u00f1ora Sara Jaramillo Parra (\u2026), es absolutamente simulado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Mediante sentencia del 3 de marzo de 2016, el a quo accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandada, siendo confirmada por el Tribunal enjuiciado, a trav\u00e9s de providencia del 3 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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2. 3.        Indic\u00f3 la peticionaria que el estrado cuestionado incurri\u00f3 en \u00abinexplicables errores en la valoraci\u00f3n de las pruebas\u00bb, toda vez que las pruebas aportadas por los promotores del juicio declarativo nada \u00abinducen a la demostraci\u00f3n de convenio, pacto o contraescritura alguna oculta que se hubiere podido celebrar entre el padre de los demandantes y su esposa SARA JARAMILLO PARRA, que (\u2026) llevara a los falladores a la declaratoria de la simulaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Adicion\u00f3 que \u00abel error cometido (\u2026) en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio (\u2026), se manifiesta de manera clara (\u2026) de la lectura de la Certificaci\u00f3n expedida por la Compa\u00f1\u00eda Internacional de Financiamiento S. A., de la declaraci\u00f3n de renta de ADRIANA VELEZ JARAMILLO y de la Certificaci\u00f3n expedida por la misma compa\u00f1\u00eda antes citada y de la declaraci\u00f3n de renta de (\u2026) ADRIANA VELEZ JARAMILLO\u00bb, comoquiera que esos elementos de juicio daban cuenta de la capacidad de pago de la accionante y del pago del precio de la compraventa acusada de simulada.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 14 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, expres\u00f3 que se \u00abatempera a los argumentos esbozados en la decisi\u00f3n que en su momento se adopt\u00f3 en esta instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa misma ciudad, indic\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite impartido se ajust\u00f3 a la normatividad vigente y por tanto no se ha incurrido en actuaci\u00f3n alguno que configure violaci\u00f3n a los derechos fundamentales constitucionales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 3 de febrero de 2017, que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali el 3 de marzo de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales la pruebas aportadas por la gestora del amparo al proceso declarativo objeto de queja constitucional, no acreditaban el pago del precio de la compraventa tachada de simulada, ni tampoco la capacidad econ\u00f3mica de la compradora para el momento de la celebraci\u00f3n del tal acto jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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Para llegar a tal conclusi\u00f3n, resalt\u00f3 el Tribunal lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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i) La parte demandada se\u00f1ala que el documento denominado relaci\u00f3n de CDTS expedido por la Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Internacional, prueba que la demandada pag\u00f3 el precio de la compraventa acusada de ser simulada, mediante endoso del t\u00edtulo valor CDT No. 10015207 por valor de treinta millones de pesos ($30’000.000) a favor del vendedor Jos\u00e9 Vicente Ayala; no obstante, del an\u00e1lisis efectuado por la Sala a dicho documento, se tiene que el mismo no prueba el presunto endoso realizado por la demandada a favor del se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Ayala, pues de su lectura se encuentra que \u00e9ste, junto con la se\u00f1ora Sara Jaramillo figuran como \u00abcotitulares\u00bb y\/o beneficiarios de distintos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino por diferentes valores (folio 148), los cuales fueron endosados por el mismo Jos\u00e9 Vicente Ayala Gonz\u00e1lez a diferentes beneficiarios, conforme las instrucciones dadas por \u00e9ste a la entidad financiera en documento de fecha 19 de noviembre de 2012 que obra a folio 149 del cuaderno principal; en donde adem\u00e1s, no consta el endoso efectivo del CDT identificado con el No. 10015207 a favor del vendedor, y ninguno de los valores en \u00e9l relacionados, concuerdan con el se\u00f1alado por la demandada como valor del pago.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, se encuentra necesario se\u00f1alar que de conformidad con la normatividad de los dep\u00f3sitos a t\u00e9rmino fijo, contenida en el art\u00edculo 1394 del C\u00f3digo de Comercio, en concordancia con la Resoluci\u00f3n 10\/80 de la Junta Monetaria, los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino tienen la caracter\u00edstica de ser nominativos, de libre negociaci\u00f3n e irredimibles antes de su vencimiento.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed entonces, trat\u00e1ndose de su forma de negociaci\u00f3n, el art\u00edculo 648 ib\u00eddem, se\u00f1ala que ser\u00e1n \u00abnominativos\u00bb cuando \u00aben el o en la norma que rige su creaci\u00f3n se exigir\u00e1 la inscripci\u00f3n del tenedor en el registro que llevar\u00e1 el creador del t\u00edtulo. S\u00f3lo ser\u00e1 reconocido como tenedor leg\u00edtimo quien figure, a la vez, en el texto del documento y en el registro de \u00e9ste\u00bb. La transferencia por endoso le dar\u00e1 el derecho al adquiriente para obtener la inscripci\u00f3n que trata este art\u00edculo.  <\/span><\/p>\n

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3.3.2.2. En cuanto al documento aportado por la parte demandada para demostrar la capacidad de pago de la se\u00f1ora Sara Jaramillo al momento de celebrarse la compraventa objeto de estudio, a saber, certificaci\u00f3n de retenci\u00f3n en la fuente para el a\u00f1o gravable 2011 expedido por la Sociedad Internacional Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento S.A., el cual fue objeto de tacha por la parte demandante, la Sala advierte que si bien el mismo, da cuenta de la capacidad de pago que ten\u00eda la demandada respecto el capital representado en t\u00edtulos valores CDTS y cuentas de ahorros, el mismo corresponde a un a\u00f1o gravable posterior a la fecha en la cual se suscribi\u00f3 el negocio jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica No. 0419 del 20 de febrero de 2009, y no a aquel en el que se llev\u00f3 a cabo la negociaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.3.2.3. En este sentido, la Sala encuentra preciso se\u00f1alar que de los documentos aportados por la demandada como lo fue la certificaci\u00f3n expedida por la Financiera Internacional S.A. respecto de la apertura realizada de diferentes CDTs, por la se\u00f1ora Adriana V\u00e9lez Jaramillo, hija de la demanda[da], y su declaraci\u00f3n de renta, los mismos tampoco se tienen como pruebas de las cuales se pueda inferir que se realiz\u00f3 el respectivo pago, as\u00ed como que constituyan prueba fehaciente de que el dinero en ellos representado se haya entregado al vendedor, pues es claro que la se\u00f1ora Adriana V\u00e9lez Jaramillo no hace parte de la litis, y que dichos documentos prueban su capacidad econ\u00f3mica para el momento de la negociaci\u00f3n, pero no la de la demandada Sara Jaramillo.  <\/span><\/p>\n

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Igual situaci\u00f3n se deriva de la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Adriana V\u00e9lez Jaramillo, la cual analizada en conjunto con las dem\u00e1s pruebas aportadas por la parte demandada, permite concluir a la Sala que la afirmaci\u00f3n relacionada con el conocimiento que dice tener frente al pago que efectu\u00f3 la compradora (al ser ella beneficiarla y due\u00f1a del 50% del CDT por treinta millones de pesos y que asegura fue endosado a favor del vendedor Jos\u00e9 Vicente Ayala), constituye un indicio contingente leve, respecto la eventual capacidad de pago de la compradora, m\u00e1s no acredita el pago efectivo como elemento esencial del contrato de compraventa.  <\/span><\/p>\n

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Bajo las anteriores consideraciones es claro que contrario a lo expuesto por el apelante, tanto la capacidad econ\u00f3mica de la demandada como la realizaci\u00f3n del pago del precio no se encuentra debidamente acreditada; circunstancia que no solamente confirma la falta de esos presupuestos como indicios serios que desvirt\u00faen la simulaci\u00f3n alegada, sino que adem\u00e1s, tornan en innecesaria la consideraci\u00f3n del indicio relacionado con el denominado precio \u00abvil\u00bb del inmueble el cual, ante la falta de verificaci\u00f3n del pago, resulta improcedente.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal valor\u00f3 los medios de convicci\u00f3n recaudados en el proceso declarativo y concluy\u00f3 que los elementos de juicio aportados no demostraban el pago del precio de la compraventa cuestionada ni la capacidad econ\u00f3mica de la all\u00ed demandada, lo que se constitu\u00eda en un indicio de la existencia de la simulaci\u00f3n denunciada, en cuyo caso tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

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Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01)  <\/span><\/p>\n

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3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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