{"id":100226,"date":"2026-06-25T20:19:01","date_gmt":"2026-06-25T20:19:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3927-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:19:01","modified_gmt":"2026-06-25T20:19:01","slug":"stc3927-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3927-2017\/","title":{"rendered":"STC3927-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3927-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00106-01  <\/span><\/p>\n

    (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 9 de febrero de 2017, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerineldo Canisares respecto del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca, extensiva a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa capital, con ocasi\u00f3n de la causa seguida en contra del aqu\u00ed gestor por el delito de acceso sexual violento con menor de 14 a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad querellada.  <\/span><\/p>\n

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2. La causa petendi constitucional y las correspondientes actuaciones admiten el siguiente compendio:   <\/span><\/p>\n

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2.1. Dentro del juicio objeto de esta salvaguarda, se llev\u00f3 a cabo la audiencia preparatoria el 2 de noviembre de 2016, en cuyo decurso el tutelante requiri\u00f3 la pr\u00e1ctica de los elementos de convicci\u00f3n tendientes a demostrar su estrategia defensiva, lo cual fue resuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca, denegando parcialmente unos testimonios all\u00ed pedidos.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Censura los prove\u00eddos precedentes, arguyendo que los juzgadores est\u00e1n \u201c(\u2026) obstruy\u00e9ndole una garant\u00eda en la presentaci\u00f3n de las pruebas (\u2026)\u201d y limitando la posibilidad de acreditar su inocencia en ese juicio.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Refiere adem\u00e1s que el Procurador Judicial asignado a ese caso \u201c(\u2026) est\u00e1 evadiendo sus funciones, consistentes en brindar[le] una asesor\u00eda clara, oportuna y precisa (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora invalidar las determinaciones nugatorias de sus pedimentos probatorios.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los convocados  <\/span><\/p>\n

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a. La Sala Penal accionada, el Juzgado Segundo Penal del Circuito y la Fiscal\u00eda Quinta Seccional C.A.I.V.A.S., en escritos separados, deprecaron la denegaci\u00f3n del resguardo, realzando la legalidad de lo actuado (fls. 48, 49 a 65 vuelto y 66).  <\/span><\/p>\n

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b. El Procurador Judicial Penal II Ciento Ochenta y Dos aclar\u00f3 que \u201c(\u2026) no es parte en el proceso penal y cumple como interviniente las funciones especialmente fijadas en los arts. 109 a 112 del estatuto procesal, tampoco es asesor jur\u00eddico de ninguna de las partes y el accionante ha tenido defensa t\u00e9cnica activa durante todo el desarrollo del proceso (\u2026)\u201d (fl. 67).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l demandante equivoc\u00f3 la ruta para proponer su queja, cuando le corresponde ventilar su posici\u00f3n al interior del respectivo diligenciamiento y a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, incluso, contra la sentencia si a ello hubiese lugar, que no son otros que el de apelaci\u00f3n y, eventualmente, el extraordinario de casaci\u00f3n, lo cual per s\u00e9 torna improcedente el amparo solicitado (\u2026)\u201d (fls. 73 a 84).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor reiterando lo dicho en el escrito inicial (fls. 105 a 1194 a 987).    <\/span><\/p>\n

1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Gerineldo Canisares critica que en la comentada causa se haya negado el decreto de unas pruebas por \u00e9l pedidas en la audiencia preparatoria, las cuales estima indispensables para la prosperidad de su estrategia defensiva.  <\/span><\/p>\n

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2. Aun cuando se cuestionan dos prove\u00eddos, esta Corte analizar\u00e1 solamente el de segundo grado, adoptado por el Tribunal querellado el  13 de diciembre de 2016 (fls. 56 a 65 vuelto), por ser el que culmin\u00f3 el debate ahora reprochado.  <\/span><\/p>\n

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En el auto objetado se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida, luego de constatar que las s\u00faplicas probatorias carec\u00edan de los elementos indispensables para ser practicadas conforme lo regla el canon 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal1.  <\/span><\/p>\n

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Para arribar a tal conclusi\u00f3n, argument\u00f3, delanteramente, respecto a \u201cla solicitud del testimonio de la menor v\u00edctima N.G.L.C.\u201d que la misma  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) no satisface los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, ya decretada a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda, cuando la defensa simplemente argument\u00f3 que con ella pretende contradecir la versi\u00f3n suministrada por la madre de la menor, y que la solicita porque la contraparte puede en su interrogatorio no abordar los temas planteados por ella, limitando en esa forma su contrainterrogatorio. Al respecto, la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[2] tiene suficientemente decantado que la exigencia de conducencia, pertinencia y utilidad (\u2026) no se cumple en los eventos en que se aduce la necesidad de interrogar sobre t\u00f3picos no abordados por la contraparte, (\u2026) [pues ello] atenta contra los principios de econom\u00eda procesal, celeridad y eficiencia, cuando, sin que se conozca la pretensi\u00f3n espec\u00edfica u objeto concreto, y de manera farragosa e innecesaria, el juez de conocimiento permite que todos los testigos de una parte (\u2026) de nuevo sean llamados por la contraparte como sus testigos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Ata\u00f1edero a la deposici\u00f3n de \u201cNubia Marcela Neira Rodr\u00edguez, psic\u00f3loga forense especializada en criminal\u00edstica   perteneciente al grupo de investigaci\u00f3n defensorial\u201d, precis\u00f3 que al ser un \u201ctestigo de refutaci\u00f3n para controvertir los informes periciales realizados por los psic\u00f3logos forenses de la fiscal\u00eda\u201d, la audiencia preparatoria no \u201cera el momento procesal para solicitarla\u201d, por cuanto, deb\u00eda implorarse su introducci\u00f3n \u201cen el juicio oral\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, concerniente a las declaraciones de Ram\u00f3n L\u00f3pez, Jorge Eli\u00e9cer Montoya, Delfina Rizo y Luciano Vanegas con las cuales \u201c(\u2026) pretende la defensa demostrar que el acusado sosten\u00eda relaciones amorosas con otras mujeres, y que Herminia Casta\u00f1eda movida por los celos lo denunci\u00f3 falsamente (\u2026)\u201d, la Corporaci\u00f3n razon\u00f3 su improcedencia, aduciendo que las mismas  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) carecen de la debida argumentaci\u00f3n (\u2026) toda vez que no resulta \u00fatil ni pertinente la acreditaci\u00f3n de unos hechos referidos a la multiplicidad de relaciones amorosas del acusado, a los celos que esto pudo generar en la denunciante y si ese fue el motivo o no para que haya formulado la denuncia, cuando, conforme lo indicado en la acusaci\u00f3n, es la misma v\u00edctima quien lo se\u00f1ala como perpetrador de los actos atentatorios de su libertad sexual, es decir, como el presunto agresor. En consecuencia, el hecho de que el agresor haya tenido varias relaciones amorosas es asunto que no guarda relaci\u00f3n con los hechos que se investigan ni reporta beneficio alguno en su esclarecimiento (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho o atropello; el despacho tutelado efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a desestimar los requerimientos del ahora gestor. Lo realmente perseguido con este amparo es reabrir una etapa fenecida, pretensi\u00f3n sin asidero en esta sede constitucional, pues no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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4. Al margen de lo discurrido, refuerza la improcedencia del auxilio deprecado, por cuanto su car\u00e1cter eminentemente subsidiario limita su prosperidad s\u00f3lo a aquellos eventos en los cuales se est\u00e9 frente a una irregularidad superlativa y el actor no tenga a su alcance mecanismos para atacarla, o los actuales no sean eficaces.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, el querellante a\u00fan posee al interior de la causa subex\u00e1mine, instrumentos legales para salvaguardar sus garant\u00edas, si es que han resultado quebrantadas, por cuanto, ese asunto se halla en pleno curso, actualmente en la etapa de juicio; pudiendo, por tanto, en esa sede, impugnar las decisiones adversas, apelar la sentencia de primer grado de serle desfavorable e, incluso, censurar el eventual fallo dictado por el ad quem, mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.     <\/span><\/p>\n

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La existencia de herramientas judiciales propicias para obtener el resguardo de los derechos fundamentales, est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.   <\/span><\/p>\n

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En una acci\u00f3n similar esta Sala indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, si existe alg\u00fan reproche frente a la labor desempe\u00f1ada por el Procurador Judicial asignado a ese caso, o existe el inter\u00e9s de que ese funcionario efect\u00fae alguna actuaci\u00f3n en particular, es pertinente rese\u00f1ar, tales cuestiones debe el gestor ponerlas en conocimiento directamente de esa autoridad, a fin de obtener las explicaciones y respuestas pertinentes.  <\/span><\/p>\n

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6. Por los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado.    <\/span><\/p>\n

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1. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u201c(\u2026) Art. 357. Durante la audiencia el juez dar\u00e1 la palabra a la Fiscal\u00eda y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensi\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cEl juez decretar\u00e1 la pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusaci\u00f3n que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este c\u00f3digo (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2 Hace alusi\u00f3n a la sentencia dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 26 de octubre de 2007, rad. 27608.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ, sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01, reiterada en fallo de 28 de agosto de 2014, exp. 2014-01492-01.      <\/span><\/p>\n

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