{"id":100227,"date":"2026-06-25T20:19:06","date_gmt":"2026-06-25T20:19:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3932-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:19:06","modified_gmt":"2026-06-25T20:19:06","slug":"stc3932-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3932-2017\/","title":{"rendered":"STC3932-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3932-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-00067-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de febrero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Alcald\u00eda Municipal, la Defensor\u00eda del Pueblo de esa urbe, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Regional Risaralda y las partes e intervinientes en los procesos objeto de queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar i). \u00abconceder [sus] apelacion[es] frente a [los] auto[s] que rechaza[n] [sus] accion[es] popular[es] al ser de doble instancia\u2026\u00bb, y ii). \u00abse exija que el tutelado aporte la sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado\u2026\u00bb (folios 9 y 19, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. De lo que reposa al interior de los expedientes, se extrae que las quejas se sustentan, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Indic\u00f3 el accionante que instaur\u00f3 dos acciones populares contra la sociedad Audifarma S.A., bajo los radicados n\u00ba 2016-00654-00 y 2016-00655-00, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Se\u00f1al\u00f3 que el estrado judicial convocado rechaz\u00f3 sus demandas, exigi\u00e9ndole requisitos no contemplados en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Sostuvo que contra los prove\u00eddos que rechazaron sus libelos formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, los que fueron denegados \u00abolvidando que [las] accion[es] [son] de doble instancia\u00bb, acorde con lo resuelto en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado en el asunto con radicado \u00ab25000-23-24-000-2002-02188-01\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de las piezas procesales correspondientes a las acciones populares que originaron la queja constitucional (folios 24 a 36, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, sostuvo que lo ahora debatido es una \u00absituaci\u00f3n ajena a es[a] Agencia del Ministerio p\u00fablico, toda vez que [su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb (folio 37, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Alcald\u00eda de Pereira manifest\u00f3 que el resguardo carec\u00eda de argumentaci\u00f3n sobre la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por el actor; solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar, pues la censura se dirige a criticar actuaciones del juzgado de conocimiento (folios 47 a 50, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00ablos hechos en que se fundamentaron las acciones de tutela\u2026 no guardan relaci\u00f3n con lo efectivamente acaecido en los procesos en los que encuentra el actor lesionados sus derechos\u00bb, pues contra los autos que rechazaron sus acciones populares, el gestor no interpuso recurso alguno; de donde la salvaguarda se edific\u00f3 en situaciones inexistentes, por lo que no pod\u00eda prosperar (folios 53 a 55, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo sin expresar las razones de su inconformidad (folio 57, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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2.        No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        Descendiendo al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte que el Juzgado criticado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al rechazar las acciones populares bajo los radicados n\u00ba 2016-00654 y 2016-00655, incoadas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra Audifarma S.A., bajo el argumento de que no aport\u00f3 los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las sucursales demandadas, durante el t\u00e9rmino concedido para el efecto en los autos inadmisorios, desconoci\u00f3 de forma evidente las garant\u00edas procesales del quejoso (folio 26 y 32-reversos, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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En efecto, los requerimientos efectuados por el despacho donde le solicita al accionante acreditar el domicilio de la demandada \u00abcon el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal\u00bb, trasgreden los derechos del actor comoquiera que adiciona una exigencia no prevista en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998, pues dicho precepto s\u00f3lo establece que el demandante debe \u00abexponer la persona natural o jur\u00eddica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio\u00bb y \u00ablas direcciones para notificaciones\u00bb, mas no se\u00f1ala que se debe aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal para demostrar su domicilio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, resulta de singular trascendencia para este asunto, observar lo reglado en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que:  <\/span><\/p>\n

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La prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado s\u00f3lo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Luego, en casos como el aqu\u00ed cuestionado, donde las acciones populares se dirigen contra sociedades que deben registrarse en las bases de datos de las C\u00e1maras de Comercio, es patente que \u00e9stas a trav\u00e9s del Registro \u00danico Empresarial y Social – RUES son de p\u00fablico acceso, las cuales permiten consultar el domicilio de aqu\u00e9llas, subsumi\u00e9ndose la situaci\u00f3n aqu\u00ed auscultada en la contemplada en dicho aparte normativo, por lo que surge necesario se\u00f1alar que la Sala recoge la postura inserta en relaci\u00f3n con el tema, entre otros, en fallos STC2349-2017 y STC2405-2017, ambos de 22 de febrero de 2016, as\u00ed como todas las dem\u00e1s que le sean contrarias, acogiendo el criterio recientemente adoptado por esta Corte de cara a la interpretaci\u00f3n del contenido de la ley 590 de 2000, en concordancia con los art\u00edculos 15 y 172 del Decreto 19 de 2012, como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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En un caso de similares contornos, la Sala dijo que:  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, en relaci\u00f3n a las dem\u00e1s sociedades, que en su mayor\u00eda est\u00e1n inscritas en las C\u00e1maras de Comercio del pa\u00eds, que actualmente se agremian como CONFECAMARAS, entidad privada sin \u00e1nimo de lucro, que administra el Registro \u00danico Empresarial y Social RUES desarrollado en virtud de la ley 590 de 2000, en su calidad de particulares encargados de una funci\u00f3n administrativa p\u00fablica, tambi\u00e9n es posible tener acceso a esa informaci\u00f3n (STC2809-2017, 2 mar. 2017, rad. 2016-01279-01).  <\/span><\/p>\n

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En el mismo precedente se se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 el art\u00edculo 15 del Decreto 19 de 2012, aplicable a tal entidad, indica que: \u00abLas entidades p\u00fablicas y las privadas que cumplan funciones p\u00fablicas o presten servicios p\u00fablicos pueden conectarse gratuitamente a los registros p\u00fablicos que llevan las entidades encargadas de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de las personas jur\u00eddicas\u2026 en las condiciones y seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la informaci\u00f3n obviar\u00e1 la solicitud del certificado y servir\u00e1 de prueba bajo la anotaci\u00f3n del funcionario que efect\u00fae la consulta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que los despachos judiciales del pa\u00eds pueden solicitar a la entidad encargada de expedir los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal, se les permita conectarse, es decir acceder a esos registros, a fin de cumplir con su funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, caso en cu\u00e1l dicha entidad tendr\u00e1 que informarles de que forma podr\u00e1n ingresar  y cu\u00e1les ser\u00e1n  las seguridades requeridas para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a lo anterior, la referida norma en su art\u00edculo 172, indica que \u00aba partir de, para fines informativos, las C\u00e1maras de Comercio dar\u00e1n acceso gratuito, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web del RUES al menos a la siguientes i9nformaci\u00f3n b\u00e1sica de las personas incorporadas en su registro; C\u00e1mara de comercio donde se registra la persona, raz\u00f3n social, n\u00famero de identificaci\u00f3n tributaria, fecha de renovaci\u00f3n, fecha de matr\u00edcula, fecha de vigencia, tipo organizaci\u00f3n, categor\u00eda de la matr\u00edcula, estado de la matr\u00edcula, actividad econ\u00f3mica, establecimientos, agencias o sucursales, representantes legales principales y suplentes, y limitaciones de su capacidad de contratar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, que tambi\u00e9n puede[n] los despachos judiciales acudir a tal informaci\u00f3n, sin necesidad de solicitar el certificado correspondiente, sin perjuicio, de que como se se\u00f1al\u00f3 antes,  pidan a la entidad encargada de expedir los mismos, los dejen ingresar de manera gratuita a los registros p\u00fablicos…  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora bien frente a los otros supuestos de inadmisi\u00f3n, establecidos en autos de 1 de diciembre de 20162, referentes a i) no indicar cu\u00e1l era el derecho colectivo vulnerado y qui\u00e9nes se ver\u00edan perjudicados con ello, y ii) la presentaci\u00f3n de una prueba de los supuestos f\u00e1cticos que sustentan la pretensi\u00f3n; advierte la Corte que el Juzgado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con la primera exigencia, es evidente que el juzgador err\u00f3, pues revisado los escritos de la acciones populares, resulta palmario que el actor s\u00ed se\u00f1al\u00f3 los derechos colectivos conculcados, pues expuso como tales los contenidos en el \u00ab1 inciso m, d, l, del art\u00edculo 4 de la ley 472 de 1998\u00bb, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que la entidad accionada \u00abno cuenta en el inmueble[,]\u2026 con ba\u00f1o apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en lo que ata\u00f1e al segundo requerimiento mencionado, el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 no prev\u00e9 que con la demanda deba probarse el da\u00f1o alegado, pues para ello la acci\u00f3n popular cuenta con una etapa probatoria.  <\/span><\/p>\n

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5.        En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, pues no lucen razonables las determinaciones que rechazaron las acciones populares del quejoso, destacando que se exhortara a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que difunda la presente decisi\u00f3n e implemente los mecanismos necesarios a fin de instruir a los funcionarios judiciales respecto al uso y acceso a las bases de datos de las C\u00e1maras de Comercio para el cabal cumplimiento de sus funciones.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y, por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, en consecuencia: Ordena al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a que sea notificado de este fallo, reexamine las demandas que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra Audifarma S.A., bajo radicados nros.2016-00654 y 2016-00655, y les d\u00e9 el curso que corresponda, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed motivado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Exhortar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que difunda la presente decisi\u00f3n entre los diferentes funcionarios judiciales y adopte los mecanismos necesarios para instruir a los mismos respecto al uso y acceso a las bases de datos de las C\u00e1maras de Comercio, atendiendo la normatividad existente al respecto, acorde con lo consignado en la parte motiva de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 http:\/\/www.rues.org.co\/RUES_Web\/Consultas.    <\/span><\/p>\n

2 Folios 26 y 32 \u2013 reverso, cuaderno 1.      <\/span><\/p>\n

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