{"id":100230,"date":"2026-06-25T20:19:24","date_gmt":"2026-06-25T20:19:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3938-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:19:24","modified_gmt":"2026-06-25T20:19:24","slug":"stc3938-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3938-2017\/","title":{"rendered":"STC3938-2017"},"content":{"rendered":"

               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3938-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00068-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 17 de febrero de 2017, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Marco Andr\u00e9s S\u00e1nchez Molano contra el Juzgado Diecisiete de Familia y la Comisaria Once de Familia \u2013 Suba I, ambos de esta capital.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y petici\u00f3n, entre otras, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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En la Comisar\u00eda Once de Familia de Bogot\u00e1 \u2013 Suba I, Alexandra Neira Francesconi, exesposa del aqu\u00ed actor, tramit\u00f3 en contra de aqu\u00e9l,  la \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d  N\u00b0 585\/14, en la cual se impuso cautelas provisionales y preventivas, consistentes en \u201c(\u2026) conminar al presunto agresor para que cese y se abstenga de proferir amenazas y\/o agresiones, f\u00edsicas, verbales y\/o psicol\u00f3gicas (\u2026)\u201d a la denunciante.  <\/span><\/p>\n

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En ese pleito, la autoridad mencionada mediante auto de 20 de enero de 2016 declar\u00f3 por segunda vez el incumplimiento del mentado mecanismo de resguardo, imponi\u00e9ndole a Marco Andr\u00e9s S\u00e1nchez Molano, aqu\u00ed quejoso, arresto por 30 d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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Se duele el gestor porque el Juzgador tutelado, al desatar el grado de consulta de ese correctivo, no se pronunci\u00f3 sobre la \u201crecusaci\u00f3n\u201d elevada frente a la Comisaria accionada, a pesar de haber reiterado en varias ocasiones dicha solicitud.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene el actor, que en su contra tambi\u00e9n se tramita ante la misma Comisar\u00eda, la \u201cmedida de protecci\u00f3n\u201d a favor de sus hijas Mariana, Isabela y Miranda S\u00e1nchez Neira, proferida en la acci\u00f3n por violencia intrafamiliar  N\u00b0 655\/15.  <\/span><\/p>\n

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Arguye haber formulado una queja disciplinaria  frente a la referida funcionaria, raz\u00f3n por la cual le exigi\u00f3 declararse impedida para seguir conociendo de los asuntos atacados en este ruego.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar al Juzgado convocado \u201c(\u2026) decidir respecto de la [mentada] recusaci\u00f3n (\u2026)\u201d, y remitir al despacho competente la \u201csolicitud de impedimento\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Diecisiete de Familia de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que el tema de la recusaci\u00f3n fue debatido en sede de tutela por el Tribunal Superior de esta ciudad, quien consider\u00f3 improcedente invocar dicha figura jur\u00eddica en el decurso de un desacato (fls. 72 a 74).  <\/span><\/p>\n

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b. La Comisaria Once de Familia de esta capital, arguy\u00f3 que el quejoso incurri\u00f3 en temeridad con la presentaci\u00f3n de este resguardo, por cuanto, adelant\u00f3 con anterioridad una salvaguarda, similar involucrando las mismas partes y esgrimiendo hechos an\u00e1logos (fls. 63 a 69).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 el ruego al considerar razonable la actuaci\u00f3n del estrado judicial atacado, pues \u201c(\u2026) bien hizo la juzgadora en (\u2026) abstenerse de resolver la recusaci\u00f3n que plantea el actor, ello por improcedente, tal como se dijo (\u2026) en [la] tutela fallada en favor de la se\u00f1ora Neira Francesconi, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la funcionaria de la comisar\u00eda en ninguna manera ha manifestado impedimento alguno (\u2026)\u201d (fls. 91 a 109).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor repitiendo los argumentos del libelo genitor (fls. 132 a 138).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Previo a abordar el estudio de esta queja, analizar\u00e1 la Sala si con este nuevo auxilio el interesado incurri\u00f3 en la temeridad prevista en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, por cuanto se advierte que ya instaur\u00f3 una acci\u00f3n por la misma tramitaci\u00f3n ahora objetada.  <\/span><\/p>\n

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Corresponde advertir que mediante providencia STC2432-2017 de 23 de febrero de 2017, expediente N\u00b0 2016-00765-01, esta Colegiatura zanj\u00f3 en segunda instancia, un resguardo impetrado por el promotor contra las autoridades aqu\u00ed accionadas, pero por aspectos que difieren del actual ruego, pues en esa ocasi\u00f3n atac\u00f3 la orden de arresto proferida en su contra.  <\/span><\/p>\n

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De lo anterior, se vislumbra la ausencia de temeridad del gestor, pues la primera acci\u00f3n vers\u00f3 sobre un supuesto f\u00e1ctico diferente al ahora expuesto.  <\/span><\/p>\n

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2. El reclamante de este auxilio, concreta su ataque en dos aspectos que entiende soslayados por las autoridades convocadas: i) la falta de pronunciamiento del Juzgado Diecisiete de Familia de Bogot\u00e1 sobre la citada \u201crecusaci\u00f3n\u201d,  y ii) la inobservancia de la comisaria tutelada en no declararse impedida para seguir conociendo del desacato presentado en la acci\u00f3n por violencia intrafamiliar  N\u00b0 655\/15.  <\/span><\/p>\n

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3. Frente al primer reproche, se advierte el fracaso de la salvaguarda, por cuanto el despacho accionado en prove\u00eddo de 8 de febrero de 2017 explic\u00f3 las razones por las cuales el pedimento all\u00ed planteado no era procedente. Al respecto precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Finalmente, no es cierto que \u00e9ste Despacho no se haya pronunciado [sobre] la recusaci\u00f3n en la que est\u00e1 incursa (sic) la Dra. Mar\u00eda Patricia Pereira Mu\u00f1et\u00f3n, Comisaria Once de Familia Suba – I, como quiera que en prove\u00eddo de fecha 05 de diciembre de 2016 (\u2026) se orden\u00f3 al memorialista (Marco Andr\u00e9s S\u00e1nchez Molano), estarse a lo dispuesto por el H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala de Familia, en providencia proferida el 24 de octubre de 2016, mediante la cual se resolvi\u00f3 lo concerniente a la acci\u00f3n de tutela presentada por la se\u00f1ora Alexandra Neira Francesconi contra \u00e9ste Despacho Judicial,  (\u2026) prove\u00eddo en el cual [se] se\u00f1al\u00f3 que  (\u2026) el art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, dispone que son aplicables al procedimiento previsto en dicha ley, las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, Decreto que establece a su vez en el art\u00edculo 39 que [e]n ning\u00fan caso ser\u00e1 procedente la recusaci\u00f3n. El Juez deber\u00e1 declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del C\u00f3digo de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanci\u00f3n disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela deber\u00e1 adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso (\u2026)\u201d (fl.73).  <\/span><\/p>\n

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4. Aunque el gestor no comparta los argumentos  anteriores, ello no convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitirle el paso de esta particular justicia, pues es claro que la \u201crecusaci\u00f3n\u201d propuesta por el quejoso, fue ampliamente atendida por el funcionario querellado.  <\/span><\/p>\n

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5. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Frente a ese t\u00f3pico, esta Corte dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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6. Ahora bien, censura el actor que la comisaria Mar\u00eda Patricia Pereira Mu\u00f1et\u00f3n no se haya declarado impedida para seguir tramitando el desacato a la medida de protecci\u00f3n N\u00b0 655-2015 instaurada por la expareja del tutelante, pues considera que haber formulado una queja disciplinaria en contra de la prenombrada funcionaria, es causal para que aqu\u00e9lla se aparte del conocimiento de la mentada actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, recuerda esta Sala que los decursos administrativos adelantados por violencia intrafamiliar est\u00e1n reglados por la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000, el Decreto 652 de 2001 y la Ley 1257 de 2008, prescribiendo la primera, en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 18, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201cSer\u00e1n aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto n\u00famero 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, la regla 12 del citado Decreto 652 consagra:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n. De conformidad con el art\u00edculo 11 de la Ley 575 de 2000, el tr\u00e1mite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se realizar\u00e1, en lo no escrito con sujeci\u00f3n a las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en sus art\u00edculos 52 y siguientes del cap\u00edtulo V de sanciones (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, en cuanto a los incidentes de desacato, deber\u00e1 tenerse en consideraci\u00f3n lo reglado, entre otros, en los c\u00e1nones 392 y 523 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior quiere decir que al resultar inviable recusar a la autoridad cognoscente de dichos asuntos, y de configurarse una causal de impedimento de las contenidas en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal4, es el mismo funcionario el que debe manifestarla o, en su defecto, su Superior, a quien corresponde \u201c(\u2026) adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Bajo esa tesitura, en el caso subex\u00e1mine, no se advierte irregularidad alguna en la Comisaria tutelada, por seguir conociendo de la mentada medida de protecci\u00f3n radicada bajo el n\u00famero 655-2015, por cuanto la formulaci\u00f3n de una queja disciplinaria en su contra, no impone su apartamiento del referido tr\u00e1mite, pues tal aspecto no configura causal para ello, seg\u00fan se desprende de lo consagrado en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.  <\/span><\/p>\n

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7. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.    <\/span><\/p>\n

2 Recusaci\u00f3n. En ning\u00fan caso ser\u00e1 procedente la recusaci\u00f3n. El juez deber\u00e1 declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del C\u00f3digo de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanci\u00f3n disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnaci\u00f3n del fallo de tutela deber\u00e1 adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.    <\/span><\/p>\n

3 Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrir\u00e1 en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios m\u00ednimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere se\u00f1alado una consecuencia jur\u00eddica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.  <\/span><\/p>\n

La sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez mediante tr\u00e1mite incidental y ser\u00e1 consultada al superior jer\u00e1rquico quien decidir\u00e1 dentro de los tres d\u00edas siguientes si debe revocarse la sanci\u00f3n. La consulta se har\u00e1 en el efecto devolutivo.    <\/span><\/p>\n

4 Art\u00edculo 56. \u201c(\u2026) Causales de Impedimento. Son causales de impedimento: 1. Que el funcionario judicial, su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, o alg\u00fan pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga inter\u00e9s en la actuaci\u00f3n procesal. 2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del denunciante, de la v\u00edctima o del perjudicado, de su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente o alg\u00fan pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. 3. Que el funcionario judicial, o su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del apoderado o defensor de alguna de las partes. 4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opini\u00f3n sobre el asunto materia del proceso. 5. Que exista amistad \u00edntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, v\u00edctima o perjudicado y el funcionario judicial. 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisi\u00f3n se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dict\u00f3 la providencia a revisar. 7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada. 8. Que el fiscal haya dejado vencer el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 175 de este c\u00f3digo para formular acusaci\u00f3n o solicitar la preclusi\u00f3n ante el juez de conocimiento. 9. Que el funcionario judicial, su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, sea socio, en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada o en comandita simple o de hecho, de alguna de las partes, del denunciante, de la v\u00edctima o del perjudicado. 10. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguna de las partes, del denunciante, de la v\u00edctima o del perjudicado, o lo sea su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. 11. Que antes de formular la imputaci\u00f3n el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigaci\u00f3n penal, o disciplinaria en la que le hayan formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, proceder\u00e1 el impedimento cuando se vincule jur\u00eddicamente al funcionario judicial. 12. Que el juez haya intervenido como fiscal dentro de la actuaci\u00f3n. 13. Que el juez haya ejercido el control de garant\u00edas o conocido de la audiencia preliminar de reconsideraci\u00f3n, caso en el cual quedar\u00e1 impedido para conocer el juicio en su fondo. 14. Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusi\u00f3n formulada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la haya negado, caso en el cual quedar\u00e1 impedido para conocer el juicio en su fondo. 15. Que el juez o fiscal haya sido asistido judicialmente, durante los \u00faltimos tres (3) a\u00f1os, por un abogado que sea parte en el proceso (\u2026)\u201d      <\/span><\/p>\n

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               LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA     Magistrado ponente      STC3938-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00068-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100230","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100230"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100230\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}