{"id":100231,"date":"2026-06-25T20:19:28","date_gmt":"2026-06-25T20:19:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3942-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:19:28","modified_gmt":"2026-06-25T20:19:28","slug":"stc3942-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3942-2017\/","title":{"rendered":"STC3942-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3942-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-10-000-2017-00043-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1 D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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       Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 17 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Gabriel Rojas Cubides, quien act\u00faa en nombre propio y en el de sus hijas XXX y ZZZ1, en contra del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Oralidad de esa ciudad y la Comisar\u00eda de Familia de la Comuna Catorce Poblado, vincul\u00e1ndose a Carla Sol\u00f3rzano, la Defensor\u00eda de Familia y el Ministerio P\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- El gestor reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abprotecci\u00f3n integral a la familia\u00bb y \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro del tr\u00e1mite administrativo de violencia intrafamiliar que le promovi\u00f3 a Carla Cecilia Sol\u00f3rzano Chac\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       2.- Arguy\u00f3, como base de su protesto, cardinalmente, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.- El d\u00eda 6 de septiembre de 2013, ante la comisar\u00eda accionada, expuso que su exc\u00f3nyuge ejerci\u00f3 violencia en su persona y en la de su hija XXX. Por tanto, aquella apertur\u00f3 el asunto sub lite d\u00e1ndole el radicado 0027734-13-00, amonest\u00f3 a la all\u00ed demandada para que se abstuviese de proseguir con su conducta, dispuso la realizaci\u00f3n a ella de una valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica por parte del \u00abInstituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses\u00bb, y, exhort\u00f3 a ambos para que no discutan en presencie de las ni\u00f1as, realicen un curso pedag\u00f3gico para adquirir pautas de crianza ante la Defensorio del Pueblo y adelanten \u00abterapia familiar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.2.- Ulteriormente, tras ampliar su \u00abdenuncia\u00bb, adujo el soslayo por su exconsorte de la \u00abmedida provisional de protecci\u00f3n\u00bb ordenada a favor suyo y de sus hijas, arrimando acreditaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n que hizo ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el informe pericial al efecto expedido por el galeno legista, que le dictamin\u00f3 incapacidad provisional de 7 d\u00edas; asimismo, rebati\u00f3 los descargos de la madre de las ni\u00f1as y las pruebas que esta deprec\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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       2.3.- A secuela de otros plurales actos de agresi\u00f3n en su contra, inst\u00f3 que le otorgaran la \u00abcustodia\u00bb provisoria de las menores; empero, a ello no se accedi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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       2.4.- Acota que aparecieron extra\u00f1amente, el 28 de noviembre de 2013, tres documentos en el expediente. Un auto ordenando iniciar \u00abtr\u00e1mite por restablecimiento de derechos\u00bb, firmado por la comisaria de familia y su secretaria; una solicitud de restablecimiento de derechos de ZZZ \u00abcon radicado N\u00b0 002-0035921-13-00\u00bb, documento firmado por aquellas pero no por \u00e9l como solicitante; finalmente, el prove\u00eddo numerado 104 de 30 de noviembre de esa anualidad, que remite ciertas diligencias al Bienestar Familiar, el que fue rubricado un d\u00eda inh\u00e1bil por lo cual present\u00f3 quejas penales y disciplinarias.  <\/span><\/p>\n

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       2.5.-  Releva que \u00abel 31 de enero de 2014 [sic]\u00bb, inopinadamente, en el sub examine se le amonest\u00f3 y conmin\u00f3 para que se abstuviera de \u00abingresar a cualquier recinto donde se encuentre [\u2026] Carla Cecilia Sol\u00f3rzano Chac\u00f3n\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abproferir [sic] cualquier tipo de agresi\u00f3n\u00bb en contra de ella, am\u00e9n de disponerse que \u00e9l procediera al \u00abdesalojo inmediato de [su] vivienda familiar\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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       2.6.- Pese a que, asevera, las pruebas que pidi\u00f3 no se decretaron y que no prosper\u00f3 la nulidad que propuso, la comisar\u00eda de familia entutelada, una vez agotado el preceptivo rito que era menester, por Resoluci\u00f3n N\u00ba. 032 de 17 de marzo de 2015, lo declar\u00f3 responsable junto con su exesposa de violencia intrafamiliar.  <\/span><\/p>\n

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       2.7.- La c\u00e9lula judicial recriminada, previa apelaci\u00f3n que interpuso su contraparte, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n ut supra mediante sentencia de 23 de octubre del mismo a\u00f1o, todo lo cual afecta sus prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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       Ello, puesto que se hizo \u00abuso de las mismas pruebas de manera indiscriminada por lo que se deber\u00e1n separar los procesos en dos cuadernos distintos, porque son dos procesos diferentes y con procedimientos de diferente naturaleza y sobre los cuales no procede la acumulaci\u00f3n\u00bb, m\u00e1xime cuando no se tuvieron \u00aben cuenta las pruebas presentadas por las partes, los testimonios solicitados, as\u00ed como tambi\u00e9n se omiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de las pruebas que oportunamente fueron solicitadas por el suscrito\u00bb, esto por una parte. Y, por otra, comoquiera que \u00abdebi\u00f3 iniciarse un proceso por [L]ey 1098 del 2006, y no uno por [L]ey 294 de 1996[,] como erradamente se hizo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.8.- Alude que \u00abaunque la sentencia haya sido proferida el d\u00eda 23 de octubre de 2015\u00bb, \u00e9l no inobserv\u00f3 el postulado de la \u00abinmediatez\u00bb. Lo propio, por cuanto no tuvo ocasi\u00f3n de presentar antes el presente petitum de resguardo al verse afectado econ\u00f3micamente, entre otras cosas porque tuvo que cambiar de ciudad, lo que le impidi\u00f3 \u00abbuscar asesor\u00eda profesional\u00bb, aparte que no ten\u00eda modo de \u00abrealizar el pago de gastos como fotocopias del expediente [\u2026] y otros gastos que se derivan de esta acci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Del mismo modo, expresa que se vio \u00abafectado gravemente\u00bb en su \u00absalud psicol\u00f3gica\u00bb lo que le implic\u00f3 \u00abdesmotiv[aci\u00f3n] y llev\u00e1ndo[lo] a presentar serios cuadros de aislamiento y tristeza, lo que repercuti\u00f3 gravemente en el hecho de no haber tenido la capacidad motiva suficiente para tomar la determinaci\u00f3n de manera m\u00e1s oportuna e interponer el presente amparo constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Finalmente, precisa que como la decisi\u00f3n sigue produciendo sus efectos en el tiempo, la afectaci\u00f3n est\u00e1 latente.  <\/span><\/p>\n

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       3.- Deprec\u00f3 declarar \u00abla nulidad\u00bb, de un lado, del \u00abprocedimiento administrativo\u00bb adelantado por la comisar\u00eda encartada, y, de otro, de la sentencia ratificatoria emitida por el despacho enjuiciado el 23 de octubre de 2015; consecuentemente, que aquella proceda al \u00abrestablecimiento\u00bb de sus prerrogativas, \u00abincluido el uso y disfrute de [su] vivienda familiar [\u2026] propiedad de la sociedad conyugal\u00bb, ya que result\u00f3 desalojado sin estar \u00abprobado que [\u2026] realiz\u00f3 actos constitutivos de violencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       4.- El presente asunto se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite mediante determinaci\u00f3n de 7 de febrero de 2017 (fol. 489, cdno. 1), y fue resuelto por providencia del d\u00eda 17 del mismo mes y a\u00f1o (fls. 518 a 525, idem).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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          La comisar\u00eda querellada, a m\u00e1s de arrimar copia del proceso administrativo sub judice, realz\u00f3 la desatenci\u00f3n del principio de inmediatez; por dem\u00e1s, denot\u00f3 la ausencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales am\u00e9n que \u00ab[l]as ni\u00f1as no han sido entregadas a ning\u00fan hogar de paso o sustituto\u00bb (fls. 505 a 512, idem).  <\/span><\/p>\n

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            Carla Sol\u00f3rzano adujo, resumidamente, que \u00abahondando en la real situaci\u00f3n y en la verdad del caso\u00bb se impone la denegaci\u00f3n de la salvaguardia instada.  <\/span><\/p>\n

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       El Ministerio P\u00fablico realz\u00f3 la improcedencia del amparo, en breve, ya que no se atendi\u00f3 la \u00abinmediatez\u00bb (fls. 498 a 502).  <\/span><\/p>\n

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       Los dem\u00e1s, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El tribunal a quo deneg\u00f3 el amparo instado, al hallar desatendido el postulado de la inmediatez. Lo propio, entre otras reflexiones, al considerar que \u00abaun cuando el actor aduce el cumplimiento de requisito general de la inmediatez, sustent\u00e1ndose en una fuerza mayor [derivada de] su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, en el traslado que tuvo que hacer a otra ciudad y en su condici\u00f3n de salud mental, estas razones no justifican su inactividad en la interposici\u00f3n de la tutela, pues la informalidad de la acci\u00f3n, a la luz de lo contemplado en el art\u00edculo 14 del [D]ecreto 2591 de 1991, permite ante casos de urgencia que pueda ser presentada de manera verbal, es m\u00e1s, ninguna exigencia de copias del proceso en donde reposan las decisiones objeto de reproche, se debe hacer al actor; de ah\u00ed que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica no constituye un obst\u00e1culo para acudir al medio de protecci\u00f3n, como tampoco su traslado a otra ciudad, dado el acceso a la administraci\u00f3n de justicia se encuentra garantizado en todo el territorio nacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Agreg\u00f3, seguidamente, que emerge \u00abla ausencia de prueba de alg\u00fan padecimiento que le impidiera a hacer uso de la acci\u00f3n de tutela de manera directa o a trav\u00e9s de un apoderado, como lo hizo en el proceso administrativo y durante el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n que culmin\u00f3 con sentencia del 23 de octubre de 2015; sin olvidar que la medida de protecci\u00f3n de desalojo del inmueble, al que considera como \u201cpropiedad de la sociedad conyugal\u201d, se profiri\u00f3 hace m\u00e1s de dos a\u00f1os y para dicha \u00e9poca ya no compart\u00eda el mismo con Carla Cecilia Sol\u00f3rzano Chac\u00f3n y sus hijas, de manera que la alegada persistencia de vulneraci\u00f3n de derechos no puede ser de recibo\u00bb (fls. 518 a 525, idem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       La formul\u00f3 el promotor argumentando, en breve, que \u00aba pesar de que el hecho vulnerador sucedi\u00f3 hace 16 meses, a la fecha no ha cesado en sus efectos lesivos de las garant\u00edas fundamentales de las dos menores de edad y las m\u00edas, pues [s]e h[a] visto despojado injustamente de [su] \u00fanica vivienda y [su] n\u00facleo familiar se ha visto seriamente afectado pues desde hace varios meses, no t[iene] contacto con [sus] dos menores hijas, ni se [l]e ha permitido siquiera, saber en d\u00f3nde est\u00e1n estudiando y en qu\u00e9 condiciones se encuentran desde ese entonces y hasta la fecha, y segundo h[a] probado que [su] salud mental se ha visto seriamente afectada a ra\u00edz de las actuaciones contrarias a [D]erecho y notoriamente injustas desplegadas por la comisaria y por el juzgado [accionados], debido a que present[a] episodios depresivos, as\u00ed como miedo, temor, ansiedad, zozobra y angustia, los cuales [lo] llevaron a buscar ayuda psicol\u00f3gica y de la cual a\u00fan sig[ue] en tratamiento y en recuperaci\u00f3n\u00bb (fls. 531 y 532, idem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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       1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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       2.- Observada la censura planteada, resulta evidente que el reclamante se duele de que al interior del sub lite se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.-  Por parte de la comisar\u00eda de familia, por cuanto dict\u00f3 el auto N\u00ba. 006 de 31 de enero de 2013, disponiendo, entre otras cosas, el \u00abdesalojo inmediato de [su] vivienda familiar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.2.- El despacho entutelado, ya que supuestamente incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto f\u00e1ctico al dictar la sentencia de 23 de octubre de 2015, que ratific\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00ba. 032 de 17 de marzo de ese mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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       3.- Obran como acreditaciones aportadas que interesan al presente tr\u00e1mite, las siguientes:  <\/span><\/p>\n

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       3.1.- Prove\u00eddo N\u00ba. 006 de 31 de enero de 2013, a trav\u00e9s del cual la comisar\u00eda de familia encartada \u00abadmiti\u00f3 la solicitud de medida de protecci\u00f3n\u00bb presentada por Carla Cecilia Sol\u00f3rzano Chac\u00f3n y, por ende, conmin\u00f3 al petente abstenerse de ejecutar actos violentos contra aquella, no penetrar en cualesquiera lugares p\u00fablicos o privados donde ella estuviere, disponer que \u00e9l procediera al \u00abdesalojo inmediato\u00bb del inmueble ubicado en la carrera 43\u00aa N\u00ba. 12 A Sur -190 apto. 119 de Medell\u00edn, dado que \u00absu presencia constituye una amenaza seria para la salud, la integridad f\u00edsica y personal\u00bb de su exc\u00f3nyuge \u00aby dem\u00e1s integrantes del grupo familiar\u00bb (fls. 201 y 202, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.2.- Acta de 17 de marzo de 2015, contentiva de la Resoluci\u00f3n N\u00ba. 032, con que la aludida comisar\u00eda de familia declar\u00f3 responsables de los hechos de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb al peticionario y a su exesposa, adoptando las consecuentes \u00abmedidas de protecci\u00f3n definitivas\u00bb, tendientes a lograr, primordialmente, una \u00abestrategia de intervenci\u00f3n que les posibilite una comunicaci\u00f3n efectiva y asertiva con el fin de garantizar el derecho que tiene[n] sus hijas a disfrutar de una familia armoniosa, cari\u00f1osa y comprensiva y que el di\u00e1logo sea el referente fundamental para la resoluci\u00f3n de conflictos y desavenencias dentro de la familia\u00bb (fls. 350 a 363, idem).  <\/span><\/p>\n

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       3.3.- Sentencia confirmatoria dictada por el juzgado querellado, datada 23 de octubre de 2015 (fls. 384 a 392, idem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.4.- Fallo CSJ STC2463-2017, 23 feb. 2017, rad. 2016-00465-01, en que se decidi\u00f3 en segunda instancia la acci\u00f3n de tutela formulada por H\u00e9ctor Gabriel Rold\u00e1n Cubides, aqu\u00ed otra vez reclamante, en contra del Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Despacho Sexto de Familia de Oralidad de esa urbe, Carla Cecilia Sol\u00f3rzano Chac\u00f3n, el Defensor de Familia y el Ministerio P\u00fablico adscritos a la c\u00e9lula judicial convocada.  <\/span><\/p>\n

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       En tal se evidenci\u00f3 que en el juicio ejecutivo de alimentos de menores que a \u00e9l le fue instaurado por sus hijas XXX y ZZZ, a trav\u00e9s de su madre Carla Cecilia Sol\u00f3rzano Chac\u00f3n, actu\u00f3 continua e ininterrumpidamente desde que all\u00ed se libr\u00f3 mandamiento de pago el 5 de junio de 2015 y hasta que se emiti\u00f3 el fallo de 29 de febrero de 2016; e incluso, tambi\u00e9n particip\u00f3 activamente en otras tramitaciones administrativas y judiciales al efecto referidas en dicha providencia, comprendidas -cuando menos- a partir del d\u00eda 15 de enero de 2014 (fls. 3 a 7, cdno. de la Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.- Ata\u00f1edero con la censura enfilada tanto contra la comisar\u00eda de familia acusada, como en frente del despacho recriminado, habida cuenta que en el tr\u00e1mite administrativo de violencia intrafamiliar sub judice, en su orden, aquella emiti\u00f3 el auto N\u00ba. 006 de 31 de enero de 2013 y este el fallo ratificatorio de 23 de octubre de 2015, advierte la Corte que el otorgamiento del amparo rogado, seg\u00fan as\u00ed lo determin\u00f3 el tribunal a quo, es improcedente por cuanto se soslay\u00f3 el requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el amplio interregno verificado desde que cada una de esas determinaciones fueron dictadas, habida cuenta que la formulaci\u00f3n de resguardo fue promovida s\u00f3lo hasta el d\u00eda 6 de febrero de 2017 (fol. 487, cdno. 1), incuria que repudia el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Lo propio, sobre todo cuando las manifestaciones elevadas por el gestor, en aras de disculpar la demora desplegada, no son de recibo, seg\u00fan pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1.- Referente a que su condici\u00f3n \u00abecon\u00f3mica\u00bb le imposibilit\u00f3 \u00abbuscar asesor\u00eda profesional\u00bb, aparte que no ten\u00eda modo de \u00abrealizar el pago de gastos como fotocopias del expediente [\u2026] y otros gastos que se derivan de esta acci\u00f3n\u00bb, cumple se\u00f1alar que para la formulaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional es innecesario su ejercicio mediante \u00abderecho de postulaci\u00f3n\u00bb, esto es, que al efecto no se requiere la contrataci\u00f3n de un abogado conforme a lo estatuido por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, cual prescribe que \u00abtoda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, [\u2026] por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre\u00bb (se subline\u00f3), m\u00e1xime cuando no puede dejarse de ver que \u00abla redacci\u00f3n y formulaci\u00f3n de un amparo como el actual no conlleva, dada su informalidad, la inversi\u00f3n de mucho tiempo ni la necesidad de recopilar un sin n\u00famero de pruebas ni de contratar los servicios de un abogado, pues, para su incoaci\u00f3n solo es necesario mencionar las decisiones judiciales cuestionadas, las razones para ello y los funcionarios autores de las mismas\u00bb (se denot\u00f3; CSJ STC18589-2016, 19 dic. 2016, rad. 2016-03613-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Adem\u00e1s, cabe recordar que si el interesado no quiere formular la solicitud de protecci\u00f3n directamente, puede acudir a la ayuda de, verbigracia, la Defensor\u00eda del Pueblo conforme as\u00ed lo establece el canon 46 ejusdem,  mismo que positiv\u00f3: \u00ab[e]l Defensor del Pueblo podr\u00e1, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acci\u00f3n de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que est\u00e9 en situaci\u00f3n de desamparo e indefensi\u00f3n\u00bb (se resalt\u00f3), en tanto que conforme ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar esta Corporaci\u00f3n en asuntos que, mutatis mutandis, guardan simetr\u00eda con el presente asunto, entre otros en CSJ STC17357-2014, 18 dic. 2014, rad. 2014-02294-01, \u00abcabe denotar que en aras de su \u00edntegro resguardo, el tutelista, si lo estima del caso, bien puede acudir a la posibilidad de asistencia legal establecida para garantizar el \u201cderecho a la defensa\u201d de quienes no cuenten con \u201crecursos econ\u00f3micos\u201d para sufragar los honorarios de un abogado, para lo cual \u201cel Estado les brinda la posibilidad de solicitar a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n de un profesional que los represente sin contraprestaci\u00f3n alguna, [\u2026]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       De otra parte, ha de tenerse en cuenta asimismo que no existe prohibici\u00f3n legal para instaurar acciones de tutela si no se arriman las \u00abfotocopias del expediente\u00bb, comoquiera que el quejoso \u00abbien pod\u00eda pedir en el libelo genitor que los encartados aportaran el expediente correspondiente a fin de ser tenido como prueba\u00bb (CSJ STC14960-2016, 19 oct. 2016, rad. 2016-02906-00), ya que como la Sala adujo en punto de un caso an\u00e1logo, \u00ablos enjuiciantes soslayaron el requisito general de procedencia de la inmediatez, ya que, aun haci\u00e9ndose el respectivo conteo desde la data de correcci\u00f3n del fallo fustigado, que tiene fecha de 4 de septiembre de 2015, emerge que no se present\u00f3 la petici\u00f3n de salvaguardia dentro del plazo razonable de seis (6) meses a que alude la jurisprudencia, habida cuenta que la solicitud de auxilio fue promovida s\u00f3lo hasta el d\u00eda 14 de marzo de 2016, m\u00e1xime que la disculpa al efecto elevada en el sentido de que obr\u00f3 cierta tardanza en la \u201cexpedici\u00f3n de copias\u201d no es de recibo\u00bb (se denota; CSJ STC3930-2016, 1\u00ba abr. 2016, rad. 2016-00662-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

       Adicionalmente v\u00e9ase que el reclamante, contrario sensu a lo arg\u00fcido, seg\u00fan surge de lo expuesto en la sentencia CSJ STC2463-2017, s\u00ed actu\u00f3 ante sendos estrados judiciales y de la administraci\u00f3n en el interregno que va desde el 15 de enero de 2014 y hasta -al menos- el d\u00eda  29 de febrero de 2016 (ello sin tener en cuenta el ejercitamiento de la citada acci\u00f3n tutelar en que \u00e9l tambi\u00e9n actu\u00f3 personalmente y que culmin\u00f3 con sentencia de 23 de febrero de la anualidad que avanza), lapso que -en gran parte- comprende las fechas en que se profirieron el auto N\u00ba. 006 de 31 de enero de 2013 y el fallo de 23 de octubre de 2015 ahora cuestionados, de donde se desprende que el argumento dado por el censor en el sentido de que durante dicho per\u00edodo estaba imposibilitado por su estado de salud mental, por sustracci\u00f3n de materia, se desestructura de suyo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Al efecto, esta Corporaci\u00f3n en CSJ STC104-2017, 18 ene. 2017, rad. 2016-00562-02, al abordar un asunto de semejante tesitura, adujo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y si bien el actor pretende justificar la demora en la presentaci\u00f3n del amparo, manifestando que no lo hizo antes debido a quebrantos sufridos en su salud mental, los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario dan cuenta de que el quejoso inici\u00f3 incidente de desacato contra la juzgadora accionada ante el pronunciamiento de dicha sentencia, por cuanto estim\u00f3 que desatend\u00eda el fallo de tutela de 27 de octubre de 2014, emitido por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en otra acci\u00f3n del mismo linaje propuesta por el aqu\u00ed accionante; al tiempo se advierte que al interior del juicio ha venido interponiendo objeciones y recursos despu\u00e9s del pronunciamiento de la sentencia acusada, de suerte que no es de recibo la excusa planteada para disculpar la tardanza en el planteamiento de la acci\u00f3n tuitiva, pues la afecci\u00f3n s\u00edquica que aduce padecer no revisti\u00f3 tal entidad que le impidiera intervenir en las actuaciones se\u00f1aladas (se subraya).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.- Conforme a lo precedente surge que las contingentes disculpas que se quisieron hacer valer por el peticionario para que se pasara por alto la inobservancia del postulado de la inmediatez no se pueden atender satisfactoriamente, aparte que como ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar esta Corporaci\u00f3n al interior de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed analizado, \u00abno cualquier formulaci\u00f3n que eleven los quejosos puede tener la virtualidad de alterar el hito judicial a partir del cual se ha de realizar el c\u00f3mputo del preciso lapso que concierne con el postulado de que se viene tratando\u00bb (CSJ STC, 18 dic. 2014, rad. 02882-00), en tanto que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, tal \u00abse contabiliza desde la misma fecha en que se profiere la providencia cuestionada\u00bb (CSJ STC6447-2015, 26 may. 2015, rad. 00548-01), habida cuenta que, seg\u00fan ha sido puesto de presente, \u00abno se satisfizo el requisito de inmediatez, toda vez que  la acci\u00f3n se interpuso el 20 de junio de 2012, esto es, trascurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde cuando el Tribunal emiti\u00f3 la sentencia censurada -19 de marzo de 2010-, sin que sea excusa aceptable la esgrimida por el actor [\u2026], por cuanto el t\u00e9rmino se contabiliza es a partir de la providencia cuestionada [\u2026] y, no [de] otras peticiones que se eleven [\u2026], cuyo resultado, en asuntos como este, no podr\u00edan restarle eficacia al referido fallo\u00bb (den\u00f3tase; CSJ STC, 6 jul. 2012, rad. 01340-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.4.- Es por eso que el actor no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abno tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso\u00bb (CSJ STC, 25 mar. 2010, rad. 2010-00009-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.5.- Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta acci\u00f3n constitucional en que necesariamente ha de repararse, la jurisprudencia de la Sala puntualiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en la CSJ STC, 8 may. 2013, rad. 00148-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.6.-         Y es que, valga apuntarlo, si bien la jurisprudencia ha sido celosa en que las reclamaciones, in genere, se entablen dentro del aludido interregno a fin de que las decisiones no adolezcan de la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb que la sociedad espera -y reclama- de ellas, por lo que de ese modo se cierran puertas a solicitudes de amparo intempestivas, tal aserto cobra especial y significativa val\u00eda cuando se trata de eventos como el presente, en que est\u00e1n de por medio los intereses superiores de unas ni\u00f1as que, en \u00faltimas y justamente para su salvaguardia, fue que se adoptaron las providencias aqu\u00ed cuestionadas disponi\u00e9ndose al efecto por los funcionarios recriminados \u00abmedidas de protecci\u00f3n definitivas\u00bb cuya teleolog\u00eda es implementar una \u00abestrategia de intervenci\u00f3n que les posibilite una comunicaci\u00f3n efectiva y asertiva con el fin de garantizar el derecho que tiene[n] sus hijas a disfrutar de una familia armoniosa, cari\u00f1osa y comprensiva y que el di\u00e1logo sea el referente fundamental para la resoluci\u00f3n de conflictos y desavenencias dentro de la familia\u00bb, lo que solamente denota que una vez transcurrido el prudencial plazo arriba enunciado, deba quedar conjurada toda posibilidad de discusi\u00f3n en torno a las aludidas determinaciones otrora adoptadas por las autoridades de conocimiento, previa activaci\u00f3n del aparato estatal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.-  De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 En virtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7\u00ba de la Ley 1581 de 2012, se omiten los nombres de los menores de edad.      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC3942-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-10-000-2017-00043-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)                Bogot\u00e1 D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).               […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100231\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}