{"id":100234,"date":"2026-06-25T20:19:53","date_gmt":"2026-06-25T20:19:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3949-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:19:53","modified_gmt":"2026-06-25T20:19:53","slug":"stc3949-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3949-2017\/","title":{"rendered":"STC3949-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

                                STC3949-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00628-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sandra Elena L\u00f3pez Nope en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, Adriana Largo Taborda y Liana Aida Lizarazo Vaca, y el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta urbe.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.- La querellante depreca la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades recriminadas dentro del juicio ejecutivo mixto que Banco Coomeva S. A. le plante\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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       2.- Arguy\u00f3, como pilares de su reclamo, en compendio, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.1.- Suscribi\u00f3 a favor de la Cooperativa Coomeva Financiera 4 pagar\u00e9s, los cuales respald\u00f3 con garant\u00edas reales de hipoteca y prenda. Esta, por autorizaci\u00f3n otorgada por Resoluci\u00f3n 501 de 1\u00ba de abril de 2011 de la Superintendencia Financiera de Colombia, procedi\u00f3 a \u00abla cesi\u00f3n parcial de activos, pasivos y contratos por parte de coomeva cooperativa financiera (cedente) al banco coomeva s. a. (cesionario)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- Al ser formulado el libelo genitor que suscit\u00f3 el asunto sub lite, el despacho enjuiciado dict\u00f3 mandamiento de pago por auto de 16 de septiembre de 2011, \u00abcorregido\u00bb el 30 de abril de 2012.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.- Trabada la litis, propuso las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria de los t\u00edtulos valor base de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abinexigibilidad de los t\u00edtulos valor base de la acci\u00f3n por falta de notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n o endoso de los t\u00edtulos valores presentados ni cobro judicial a mi mandante por parte del cedente\u00bb, \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb y \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Parejamente, \u00absolicit[\u00f3] prueba pericial, la que fue objetada, y por dem\u00e1s qued[\u00f3] inconclusa\u00bb, acredit\u00e1ndose \u00abque la persona que realiza el endoso de los t\u00edtulos presentados al cobro no se encontraba legalmente autorizada pues, por medio de poder [\u2026] aportado como anexo del libelo demandatorio, por el actor, se otorga una facultada a directores regionales para endosar, reconociendo el contenido el suscriptor antes de ser expedido el Acto Administrativo Resoluci\u00f3n 501 del 1 de abril de 2011\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

       2.5.- Inconforme con esa resoluci\u00f3n, interpuso recurso vertical parcial, respecto de la demanda principal, ocurriendo que el tribunal cuestionado emiti\u00f3 la sentencia ratificatoria de 27 de julio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.6.- Tales pronunciamientos, asevera, albergan anomal\u00eda ya que dejaron de lado el material probatorio que daba cuenta de que la cesi\u00f3n realizada en punto de los instrumentos cartulares que soportaron el pretenso recaudo \u00abrequer\u00eda de autorizaci\u00f3n previa por parte de la Superfinanciera\u00bb, am\u00e9n que \u00abla persona que realiz\u00f3 la cesi\u00f3n y[\/]o endoso, de los t\u00edtulos presentados al cobro dentro de la presente acci\u00f3n ejecutiva mixta, no se encontraba facultada o autorizada de conformidad a lo establecido por la ley. Puesto que fue autorizada un d\u00eda antes de proferirse el acto administrativo, ([R]esoluci\u00f3n 501 de fecha 1 de abril de 2011 de la Superfinanciera). Que autorizaba la cesi\u00f3n parcial de los activos, pasivos y contratos de coomeva cooperativa financiera como cedente y banco coomeva s.a. \u201cbancoomeva\u201d como cesionario. Y hasta el d\u00eda de presentaci\u00f3n de esta demanda no fue ratificado el poder\u00bb, esto por un lado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y, por otro, confundieron la figura de la \u00abcesi\u00f3n de activos pese a que trae a colaci\u00f3n el concepto de la Superfinanciera, que por dem\u00e1s malinterpret\u00f3, aduciendo no cesi\u00f3n, sino endoso\u00bb, por lo que \u00abel endoso es inexistente, lo que degenera en la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, y de all\u00ed surge que la cadena de cesi\u00f3n o endosos que realice igualmente BANCOOMEVA, sean inexistentes a la luz del derecho y seg\u00fan el art. 68 en complemento con el art. 71 del Estatuto Org\u00e1nico Financiero, es ineficaz\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Solicita, conforme a lo relatado, que se ordene a la colegiatura encartada \u00abse sirva proferir [\u2026] el fallo que en [D]erecho corresponda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          El tribunal acusado adujo, en breve, que en la resoluci\u00f3n acusada \u00abse consignan los criterios jur\u00eddicos tenidos en cuenta para resolver\u00bb la alzada, \u00aba los cuales respetuosamente\u00bb se acoge.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       El despacho recriminado adujo que el expediente ya no reposa all\u00ed.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Observada la censura planteada, resulta evidente que la reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra la sentencia de segundo grado dictada dentro del sub examine, por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos sustantivo y f\u00e1ctico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- De acuerdo a las acreditaciones obrantes, entre ellas el expediente allegado en pr\u00e9stamo, se vislumbran las siguientes actuaciones que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala:  <\/span><\/p>\n

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       3.1.- Libelo demandatorio que origin\u00f3 el sub judice.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.2.- Sentencia estimatoria de 29 de enero de 2016, proferida por el juzgado acusado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.3.- Acta de audiencia de fallo datada 27 de julio siguiente, mediante la que la colegiatura enjuiciada confirm\u00f3 la providencia de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

       4.- Advierte la Corte que el otorgamiento del amparo rogado es improcedente, por cuanto se soslay\u00f3 el requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el amplio t\u00e9rmino verificado desde que el tribunal censurado dict\u00f3 al interior del juicio ejecutivo mixto materia de pronunciamiento la sentencia de segundo grado repudiada, datada 27 de julio de 2016, habida cuenta que la formulaci\u00f3n de resguardo fue promovida s\u00f3lo hasta el d\u00eda 8 de marzo del a\u00f1o que avanza, m\u00e1xime que no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora, incuria que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Cumple relevar, eso s\u00ed, que del acervo demostrativo obrante no surge que el sub examine sea un juicio en el cual se est\u00e9 cobrando un cr\u00e9dito regulado bajo los par\u00e1metros de la Ley 546 de 1999, esto es, que sea una obligaci\u00f3n adquirida para la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo, el cual atender\u00eda a otros par\u00e1metros jurisprudencialmente demarcados para predicar la mentada causa de improcedencia tutelar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1.- Es por eso que la actora no puede acudir a esta senda de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses jurisprudencialmente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la salvaguarda inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la premura que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.- Sobre el t\u00f3pico de la \u00abinmediatez\u00bb, la Corte ha sostenido que el \u00abplazo fijado como razonable\u00bb, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, \u00abes de seis meses, salvo que la demora sea justificada, evento en el cual se habilitar\u00eda su ejercicio, pero como en este caso se echa de menos explicaci\u00f3n alguna sobre el punto, inexorablemente debe desestimarse la protecci\u00f3n suplicada\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, rad. 00842-00. En el mismo sentido ver, entre otras providencias, CSJ STC, 16 feb. 2012, rad. 00006-01; 26 feb. 2013, rad. 2012-02139-01; 18 nov. 2014, rad. 02585-00; y, 7 may. 2015, rad. 00897-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.- En asuntos que guardan simetr\u00eda con el ahora auscultado, la Sala puso de presente lo siguiente.  <\/span><\/p>\n

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4.3.1.- En CSJ STC, 13 jun. 2011, rad. 2011-00560-01, aludi\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Est\u00e1n probados, con incidencia en el asunto que se estudia, los hechos que pasan a compendiarse:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.-) Que dentro del proceso ejecutivo mixto de Carmen Cecilia Cort\u00e9s Calixto frente a Luis Eduardo Casta\u00f1eda Escobar se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia, el 12 de junio de 2009, en la que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria en relaci\u00f3n con la letra de cambio\u201d y se desestimaron las de \u201cextinci\u00f3n de la hipoteca, carencia de t\u00edtulo\u2026, p\u00e9rdida de intereses\u2026\u201d y cobro de lo no debido, ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n por la suma de siete millones de pesos ($7.000.000).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.-) Que el apoderado de la parte demandada apel\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.-) Que el 9 de julio de 2010 se dict\u00f3 fallo de segunda instancia por parte del Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el que se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del inferior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d.-) Que esta tutela fue radicada en la secretar\u00eda del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 6 de mayo de este a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Se advierte la improcedencia de la protecci\u00f3n en consideraci\u00f3n a que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] El resguardo deprecado no cumple el requisito de inmediatez consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, toda vez que seg\u00fan consta en el expediente, la providencia de segunda instancia atacada es de 9 de julio del a\u00f1o pasado y la queja se interpuso el 6 de mayo de 2011, esto es, casi diez (10) meses despu\u00e9s del prove\u00eddo que reprocha, por lo que cuestionar lo all\u00ed plasmado deja sin soporte la acci\u00f3n, la cual fue creada con el prop\u00f3sito de alcanzar la protecci\u00f3n oportuna y sin tardanza de los \u201cderechos constitucionales fundamentales\u201d; aunado a lo anterior, es claro que no tiene premura quien voluntariamente deja pasar un largo per\u00edodo de tiempo antes de elevar reclamo, como el convocante, quien requiere protecci\u00f3n por hechos ocurridos en julio del a\u00f1o pasado, sin aducir alguna justificaci\u00f3n para su demora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha se\u00f1alado el t\u00e9rmino de seis (6) meses como razonable para activar este mecanismo excepcional, circunstancia que, desde luego, impide el examen a fondo de la demanda de la referencia (reli\u00e9vase).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.2.- En CSJ STC1272-2014, 10 feb. 2014, rad. 2013-02126-01, acot\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al interior del litigio ejecutivo mixto iniciado por el Fondo de Prestaciones Econ\u00f3micas, Cesant\u00edas y Pensiones \u00abFoncep\u00bb en contra de Javier Eduardo Guti\u00e9rrez D\u00edaz, radicado bajo el n\u00famero 2009-01307, el 15 de mayo de 2012 se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] El 18 de julio de 2012, el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 dej\u00f3 sin valor ni efecto la decisi\u00f3n en comento, \u00abpor cuanto no se efectu\u00f3 pronunciamiento alguno frente\u00bb a una petici\u00f3n de suspensi\u00f3n del proceso elevada por el demandado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026 N]o se satisface el requisito de la inmediatez, comoquiera que entre dicha decisi\u00f3n y la radicaci\u00f3n de la tutela, 28 de noviembre de 2013 (fl. 26, cdno. Tribunal), transcurri\u00f3 un lapso que supera con creces el de seis (6) meses fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional; sin que el actor hubiera alegado ni menos demostrado motivo alguno que justifique tan notoria tardanza (sublineado propio).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                      STC3949-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00628-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).                Dec\u00eddese la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100234","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100234"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100234\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}