{"id":100235,"date":"2026-06-25T20:20:13","date_gmt":"2026-06-25T20:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3952-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:20:13","modified_gmt":"2026-06-25T20:20:13","slug":"stc3952-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3952-2017\/","title":{"rendered":"STC3952-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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                                STC3952-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00634-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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       Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante abogado, por Mar\u00eda Daliris Giraldo Alzate en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, integrada por los magistrados Jos\u00e9 Hoover Cardona Montoya y Roberto Chaves Echeverry, el Juzgado Segundo Civil del Circuito y la Alcald\u00eda Municipal, ambos de esa urbe.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- La gestora depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la vivienda digna\u00bb y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por la colegiatura encartada dentro de la acci\u00f3n de cumplimiento que instaur\u00f3 el Conjunto Cerrado Arboletes versus las Secretar\u00edas de Planeaci\u00f3n y de Obras P\u00fablicas de la referida ciudad, tr\u00e1mite al cual ella fue vinculada por pasiva junto a Adonilson Julio De La Rosa, C\u00e9sar Augusto Ossa Meza, Doralice Ortiz Ortiz, Fredy Alexander Villa Carmona, H\u00e9ctor Jairo Nore\u00f1a Nore\u00f1a, Ivonne Castrill\u00f3n Torres, Mart\u00edn Alfredo Duarte Barco, Orlando Vivas Mu\u00f1oz, Rafael Enrique Coronel Hern\u00e1ndez, Ricardo Loaiza Ocampo, Mario Edilson Alzate Cano, V\u00edctor Ra\u00fal Ram\u00edrez Ceballos y Germ\u00e1n Andr\u00e9s Valencia Franco.  <\/span><\/p>\n

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       2.- Arguy\u00f3, como soporte de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.- Es propietaria del 50% de un inmueble en el conjunto residencial \u00abSanta Mar\u00eda del Camino\u00bb, el cual utiliza para su vivienda y la de su familia, predio que adquiri\u00f3 por compraventa de manos de Gustavo Casta\u00f1o Loaiza el 26 de junio de 2011, \u00abfecha en la que si bien a\u00fan no se hab\u00eda terminado el proceso constructivo de la vivienda, este se encontraba muy avanzado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- En 2014, la Inspecci\u00f3n de Control Urbano de la Alcald\u00eda de Manizales \u00abemiti\u00f3 un acto administrativo sancionatorio por infracci\u00f3n a la norma urban\u00edstica en contra del ingeniero Gustavo Casta\u00f1o Loaiza, de quien se dice desbord\u00f3 la licencia de construcci\u00f3n al no respetar ciertos requerimientos t\u00e9cnicos, de acuerdo a las normas urban\u00edsticas locales sobre retiros\u00bb, por lo que \u00ab[e]n virtud del procedimiento administrativo sancionatorio, la Inspecci\u00f3n de Control Urbano expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0. 016 de 2014, la que fuera confirmada mediante Resoluci\u00f3n N\u00ba. 31 de 2014, imponi\u00e9ndole una multa a [aquel] y adicionalmente se le ordena demoler las obras construidas\u00bb, tr\u00e1mite al cual \u00abnunca se le cit\u00f3 para notificarle la existencia del proceso contravencional, ni se le notific\u00f3 el acto sancionatorio con la orden de demolici\u00f3n, muy a pesar que se constitu\u00eda en un tercero interesado en las resultas del proceso\u00bb, en tanto que \u00abya llevaba m\u00e1s de un a\u00f1o ocupando el inmueble\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.- En 2016, con sustento en el art\u00edculo 116 de la Ley 338 de 1997, el Conjunto Cerrado Arboletes, que es colindante con \u00abla propiedad horizontal \u201cSanta Mar\u00eda del Camino\u201d, instaur\u00f3 [la] acci\u00f3n de cumplimiento [sub judice] tendiente a que la Alcald\u00eda de Manizales hiciera efectiva la Resoluci\u00f3n N\u00b0. 016 de 2014\u00bb. Tal tr\u00e1mite lo avoc\u00f3 el despacho acusado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.4.- La c\u00e9lula judicial recriminada, por decisi\u00f3n de 5 de octubre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, \u00aborden\u00f3 a la Alcald\u00eda de Manizales darle cumplimiento a la Resoluci\u00f3n N\u00b0. 016 de 2014 y por consiguiente demoler las obras ilegales, es decir, m\u00e1s del 50% de [su] casa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.5.- As\u00ed las cosas, apelada como fue, \u00ab[e]l d\u00eda 26 de enero de 2017[,] el tribunal [enjuiciado] confirm\u00f3 el fallo de primera instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

       Asimismo, que la \u00abdecisi\u00f3n adoptada por las autoridades tuteladas est\u00e1 privilegiando el cumplimiento de una norma en cuya vulneraci\u00f3n no se atacan intereses patrimoniales de ninguna persona, ni otro tipo de inter\u00e9s que deba ponerse por encima\u00bb de los ius invocados, siendo que si bien \u00abes posible que en la construcci\u00f3n de [su] vivienda [\u2026] se hayan desconocido claros y precisos mandatos urban\u00edsticos, irregularidad cuya subsanaci\u00f3n no persigui\u00f3 eficazmente la autoridad que lo pod\u00eda hacer, [\u2026] no es menos cierto que producto de esa omisi\u00f3n se est\u00e1 poniendo en riego derechos de mayor entidad, [\u2026] de personas que han sido v\u00edctimas de la indolencia estatal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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        3.- Solicita, conforme a lo relatado, se amparen sus prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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       El tribunal acusado adujo, en breve, que \u00abse respetaron las garant\u00edas legales y constitucionales en la acci\u00f3n de cumplimiento que se ataca\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       El despacho enjuiciado, resumidamente, dijo estarse \u00abal contenido de las providencias dictadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       La alcald\u00eda recriminada precis\u00f3, en suma, que se opone a la prosperidad del amparo rogado.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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          1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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       2.- Observada la censura planteada, resulta evidente que la reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra la sentencia ratificatoria de 26 de enero de 2017 dictada por la sala querellada dentro del sub lite, por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto material y desconocimiento del precedente.  <\/span><\/p>\n

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       3.- De acuerdo a las acreditaciones arrimadas, se vislumbran las siguientes actuaciones que ata\u00f1en con el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte:  <\/span><\/p>\n

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       3.1.- Sentencia estimatoria de 4 de octubre de 2016, emitida en primera instancia por la c\u00e9lula judicial encartada.  <\/span><\/p>\n

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       3.2.- Pronunciamiento de 13 de octubre posterior, mediante el cual el despacho accionado \u00abadicion\u00f3 el numeral tercero\u00bb de la decisi\u00f3n de marras.  <\/span><\/p>\n

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       3.3.- Acta de audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo datada 26 de enero de 2017, por la que la colegiatura enjuiciada confirm\u00f3 parcialmente la providencia de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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       3.4.- Disco compacto contentivo de la determinaci\u00f3n aludida en el numeral inmediatamente anterior.  <\/span><\/p>\n

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       3.5.- Providencia CSJ STC3224-2017, 9 mar. 2017, rad. 201-00531-00, emitida dentro de \u00abla acci\u00f3n de tutela interpuesta por Germ\u00e1n Andr\u00e9s Valencia Franco en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Emilio, Martina y Lorenzo Valencia Duran contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, la Alcald\u00eda y las Secretar\u00eda[s] de Planeaci\u00f3n y Obras P\u00fablicas de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de dicha urbe, as\u00ed como la parte activa y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       4.- Comoquiera que en fallo CSJ STC3224-2017, 9 mar. 2017, rad. 201-00531-00, dictado en la litis de amparo promovida por Germ\u00e1n Andr\u00e9s Valencia Franco, quien tambi\u00e9n fue vinculado por pasiva en la \u00abacci\u00f3n de cumplimiento\u00bb sub examine, se decidi\u00f3 acerca del mismo asunto que aqu\u00ed ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, a las motivaciones all\u00ed expuestas se remite la Corte en lo que concierne con este particular, dado que a uno y otro asunto tutelar se les imparte id\u00e9ntica soluci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       All\u00ed se dijo al respecto:  <\/span><\/p>\n

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[\u2026] 2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Germ\u00e1n Andr\u00e9s Valencia Franco en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Emilio, Martina y Lorenzo Valencia Duran, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues en lo que toca con el reproche endilgado contra las Resoluciones No. 16 y 31 de 7 de mayo y 7 de julio de 2014, por medio de las cuales la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Manizales dispuso, entre otros, \u00abIMPONER MULTA de CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($110.764.936.oo) (\u2026) al se\u00f1or GUSTAVO CASTA\u00d1O LOAIZA (\u2026), responsable de las obras sin SUJECION A LA LICENCIA en el (\u2026) CONJUNTO SANTA MARIA DEL CAMINO (TERCERA Y ULTIMA ETAPA)\u00bb, y, en caso de incumplir lo anterior, de un lado, \u00abORDENAR la suspensi\u00f3n de los servicios p\u00fablicos domiciliarios\u00bb, y de otro, \u00aba costa del interesado se llevar\u00e1 a cabo la demolici\u00f3n de las obras ejecutadas\u00bb; y, confirmar lo resuelto, respectivamente, se advierte que, a m\u00e1s que el aqu\u00ed interesado no las cuestion\u00f3 a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas pertinentes, el amparo invocado no cumple con el presupuesto de la inmediatez, si en cuenta se tiene que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 20 de febrero de la presente anualidad (fl. 27), esto es, dos a\u00f1os y casi siete meses despu\u00e9s de haberse emitido \u00e9stas, circunstancia que evidencia, entonces, la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a la tem\u00e1tica que se debate no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo sin que el accionante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las se\u00f1aladas resoluciones, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado requisito, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.   <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-00; citada entre otras en STC16688-2015, STC608-2016, STC1898-2016, STC2172-2016 y STC122-2017).  <\/span><\/p>\n

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\u00abAcerca de si se debieron especificar las obras que fueron ilegalmente construidas, con indicaci\u00f3n de las que se pueden adecuar a la ley urban\u00edstica; resulta pertinente acotar que este tema ha debido ventilarse por la v\u00eda gubernativa en el tr\u00e1mite del proceso sancionatorio, o demandarse ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, solicit\u00e1ndose por ende, de ser el caso, la suspensi\u00f3n de las resoluciones atacadas. Y ello en virtud de que la finalidad de la presente acci\u00f3n constitucional no es otra que dar cumplimiento o materializar lo contenido en el acto administrativo; no siendo dable en estos momentos discutir o revivir etapas preclu\u00eddas, pues se atentar\u00eda contra el principio de la preclusi\u00f3n o eventualidad de los actos procesales; fuera de que las resoluciones se encuentran debidamente ejecutoriadas y en firme desde el 17 de octubre de 2014, tal como lo afirm\u00f3 la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n. De manera que no son de recibo los argumentos expuestos como sustento de este reclamo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los argumentos expuestos con precedencia tambi\u00e9n sirven para controvertir la tesis de que la adquisici\u00f3n de las viviendas se realiz\u00f3 con desconocimiento de la actuaci\u00f3n administrativa que se adelantaba en contra del constructor del conjunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Referente a que las decisiones que se atacan no cobijan a la casa No 21 que hace parte de Santa Mar\u00eda del Camino, es pertinente resaltar que obra en el folio 30 del cuaderno 3 constancia de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Manizales, donde manifiesta que existe otro proceso administrativo, que se sit\u00faa en el expediente 119-2015, igualmente contra el se\u00f1or Gustavo Casta\u00f1o Loaiza; certificaci\u00f3n que cotejada con el resto del material probatorio arroja que se refiere a la casa n\u00ba 21 del Conjunto Santa Mar\u00eda del Camino, tr\u00e1mite en que apenas se est\u00e1n surtiendo las etapas procesales; por tanto, no existe una decisi\u00f3n de fondo.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior nos lleva a concluir que si bien la adecuaci\u00f3n a las normas a que se ha venido haciendo referencia fue ordenada a los linderos del Conjunto Residencial con ficha catastral N\u00ba 1-01-03-11-003-802 no existe en el momento un acto administrativo sancionatorio espec\u00edfico debidamente expedido y ejecutoriado pendiente de cumplimiento en relaci\u00f3n con la mencionada casa N\u00ba 21. Por lo tanto, esta propiedad deber\u00e1 ser excluida de la decisi\u00f3n adoptada por el fallador de primer nivel.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ha indicado el H. Consejo de Estado: \u201cRespecto de la acci\u00f3n de cumplimiento, es importante se\u00f1alar que en principio su ejercicio est\u00e1 en cabeza de cualquier persona; sin embargo, cuando se trata de la materializaci\u00f3n de derechos subjetivos, solo el afectado o el titular del derecho puede exigir su cumplimiento\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Todav\u00eda m\u00e1s, el da\u00f1o se ha seguido generando, como se anot\u00f3 en la resoluci\u00f3n No 31 de 2014, donde se dej\u00f3 constancia que no han cesado en el Conjunto Santa Mar\u00eda del Camino los procesos constructivos realizados con violaci\u00f3n de las normas urban\u00edsticas, al carecer de los permisos de las curadur\u00edas urbanas de esta Ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, tras verificarse el incumplimiento por parte del Condominio Santa Mar\u00eda del Camino en adecuar la construcci\u00f3n a las normas urban\u00edsticas, y no existiendo razones que lo justifiquen; se confirmar\u00e1 parcialmente la decisi\u00f3n de primer nivel; con excepci\u00f3n de lo referente a la casa No. 21, por las razones atr\u00e1s consignadas y se aclarar\u00e1 el sentido del fallo para indicar que el cumplimiento forzado de las resoluciones que dieron origen a la presente acci\u00f3n constitucional se refiere \u00fanicamente a las edificaciones que fueran expresamente se\u00f1aladas en el conjunto se\u00f1aladas en las Resoluciones 16 y 31 de 2014 de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal Local\u00bb (fl. 122).  <\/span><\/p>\n

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4. Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los Magistrados del Tribunal acusado hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, el ingeniero Gustavo Casta\u00f1o Loaiza, constructor del susodicho complejo habitacional, no solo dej\u00f3 de solicitar una nueva licencia de construcci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n no construy\u00f3 las edificaciones que levant\u00f3 conforme a las normas urban\u00edsticas que regulan ese tipo de obras, lo que indefectiblemente trajo como consecuencia, la correspondiente sanci\u00f3n y la instauraci\u00f3n de la rese\u00f1ada acci\u00f3n de cumplimiento por parte del conjunto residencial afectado, para que se diera cumplimiento a las memoradas resoluciones, lo cual, por simple l\u00f3gica, no pod\u00eda ser enervado con los argumentos esgrimidos por el actor con el recurso de apelaci\u00f3n, como bien lo explic\u00f3 la citada autoridad, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la decisi\u00f3n que se cuestiona, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC728-2016, STC1496-2016 y STC2343-2017).  <\/span><\/p>\n

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5. Con todo, cabe acotar, que el gestor y los dem\u00e1s afectados con las memoradas actuaciones, cuentan con las acciones civiles previstas en nuestro ordenamiento para demandar los perjuicios causados por el constructor del Conjunto Cerrado \u201cSanta Mar\u00eda del Camino\u201d de Manizales, con la omisi\u00f3n en la observancia de la rese\u00f1ada reglamentaci\u00f3n, as\u00ed como con la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, para reclamar la correspondiente indemnizaci\u00f3n por falla del servicio del Estado, en este caso, de las autoridades competentes que permitieron la ejecuci\u00f3n y la comercializaci\u00f3n de tales viviendas, de darse los presupuestos para ello, pues, sin restarle importancia a la situaci\u00f3n narrada por el peticionario en el escrito de tutela, lo cierto es que, necesariamente, debe darse cumplimiento a las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales acusadas, de ah\u00ed que no pueda ordenarse la suspensi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 174 del 31 de enero de 2017, \u201c[p]or la cual se adoptan medidas necesarias para el cumplimiento de una sentencia\u201d, la cual encuentra su fundamento en una orden proferida como consecuencia de un tr\u00e1mite judicial.  <\/span><\/p>\n

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       5.- As\u00ed las cosas, la exposici\u00f3n argumentativa ut supra sirve de plena apoyatura para sustentar la presente decisi\u00f3n (ya que tambi\u00e9n se enderez\u00f3 por los mismos hechos y pretensiones, se dirigi\u00f3 en contra de las mismas autoridades y recay\u00f3 el reparo en los mismos pronunciamientos enantes vistos), que no puede ser otra que no otorgar la protecci\u00f3n impetrada, como tambi\u00e9n all\u00ed se concluy\u00f3 hab\u00eda de hacerse.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                      STC3952-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00634-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)          Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).                Dec\u00eddese la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100235","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100235","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100235"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100235\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100235"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100235"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100235"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}