{"id":100238,"date":"2026-06-25T20:20:31","date_gmt":"2026-06-25T20:20:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3961-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:20:31","modified_gmt":"2026-06-25T20:20:31","slug":"stc3961-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3961-2017\/","title":{"rendered":"STC3961-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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STC3961-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00071-01  <\/span><\/p>\n

Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 17 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jisela del Pilar Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez, en representaci\u00f3n de los menores [XX, YY y ZZ]1  <\/span><\/p>\n

, frente al Juzgado Noveno de Familia de la misma ciudad, vincul\u00e1ndose a la Defensora de Familia y al Representante del Ministerio P\u00fablico adscritos a esa Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos  fundamentales  de  sus  representados al debido proceso, acceso  a   la  administraci\u00f3n  de   justicia  y   prevalencia  de   los  <\/span><\/p>\n

derechos de los menores, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. En juicio de divorcio se pact\u00f3 cuota alimentaria en favor de los menores [XX, YY y ZZ], la que posteriormente se aument\u00f3 ante el Estrado Sexto de Familia \u00abmediante sentencia de Octubre de 2013, en el radicado No. 2012-00514\u00bb. ((f. 8 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.2. El progenitor de estos, quien es pensionado de la ETB, present\u00f3 ante el despacho accionado proceso de reducci\u00f3n de la se\u00f1alada prestaci\u00f3n (radicado n.\u00b0 2006-1038), momento para el que, adem\u00e1s, \u00abse encontraba vinculado con la empresa LAVALIN ITANSUCA, para quien realizaba (y creemos realiza) labores como contratista\u00bb, el cual fue admitido a trav\u00e9s de auto de 21 de septiembre de 2016. [negrillas del texto, as\u00ed como las siguientes], (f. 8 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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2.3. Se  notific\u00f3  en nombre  de  sus  representados  el  19 de octubre siguiente y  present\u00f3 en t\u00e9rmino la respectiva contestaci\u00f3n del libelo,  y  con  el  objeto de acreditar la capacidad econ\u00f3mica del padre solicit\u00f3 \u00aboficiar a la empresa ITANSUCA S.A.S – SOCIEDAD FILIAL SNC LAVALIN,  para  que  allegue […] a  su  despacho  certificaci\u00f3n  detallada en la que conste  la totalidad de los contratos de trabajo,  prestaci\u00f3n  de  servicios, labor y\/u obra  contratada, que hayan suscrito con el demandante PEDRO JAVIER STEEVENS CRUZ, desde el a\u00f1o 2014 a la fecha. Requiriendo en forma especial,  que  se  expresen   las   vigencias  y  valores  devengados, bien  sea  por  salario  y\/u  honorarios,  de  la  totalidad  de  los  contratos  que se citen. Igualmente  en  forma  expresa  informen   si  el  <\/span><\/p>\n

demandante se encuentra actualmente vinculado o en proceso de vinculaci\u00f3n para alg\u00fan proyecto\u00bb. (ff. 8-9 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.4. Asimismo, al FOSYGA para que allegue \u00abcertificaci\u00f3n detallada\u00bb de las cotizaciones a seguridad social efectuadas por el demandante \u00abdesde el 2014 a la fecha, detallando si existiera dicha informaci\u00f3n, el empleador y el IBC de cada periodo\u00bb; a \u00abPOSITIVA – PAGADOR ETB, para que allegue a su despacho informe de los emolumentos recibidos por PEDRO JAVIER STEEVENS CRUZ, detallando n\u00famero de mesadas pensi\u00f3nales que se le pagan durante el a\u00f1o, valores de las mismas, bonificaciones y\/o beneficios que se le adjudiquen con ocasi\u00f3n de sus hijos, periodicidad y valor de los mismos, todo desde el 2014 a la fecha. Especialmente […] para que aclare los motivos por los cu\u00e1les se llevan a cabo DEVOLUCIONES DE APORTES A SALUD y PENSI\u00d3N, tal como lo reflejan los desprendibles allegados al expediente\u00bb; y a \u00abla DIAN, para que alleguen las declaraciones de renta presentadas por el demandante, causadas en las vigencias 2014 y 2015\u00bb, (f. 9 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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2.5. Mediante auto de 2 de diciembre pasado el despacho accionado deneg\u00f3 los oficios solicitados \u00aben atenci\u00f3n a lo dispuesto en el numeral 10 del art. 78 del C.G.P. en concordancia con el Art. 173, inciso segundo de la misma codificaci\u00f3n\u00bb; contra el que present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, aduciendo que \u00abconforme la Ley 1755 de 2015, Art. 24, existe \u00abinformaci\u00f3n y documentos reservados\u00bb, en virtud de los cuales dicha informaci\u00f3n: \u00abs\u00f3lo podr\u00e1 ser solicitada por el titular de la informaci\u00f3n, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa informaci\u00f3n\u00bb\u00bb. (ff. 9-10 ib.).  <\/span><\/p>\n

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2.6. Pese a acreditar \u00abla expresa negativa de ley a atender \u00e9stas solicitudes y en virtud de lo cual, se limita la oportunidad de la abogada de la pasiva a acceder  a  ella, sin mediaci\u00f3n judicial y  pese a que dichos documentos, son    pruebas    pertinente,    conducentes,   relevantes    y   \u00fatiles    para     la   <\/span><\/p>\n

causa, la juez mediante auto del treinta y uno de enero del a\u00f1o en curso, mantuvo su decisi\u00f3n [\u2026], dejando la causa sin fundamento probatorio para ACREDITAR LA CAPACIDAD ECON\u00d3MICA DEL DEMANDANTE y de dicha forma poder defender los intereses de los tres (3) menores que se ver\u00edan afectados con la aceptaci\u00f3n de las pretensiones de su progenitor\u00bb. (f. 10 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, que se revise \u00abla trascendencia que tiene para el proceso, la adquisici\u00f3n de las [se\u00f1aladas] pruebas documentales\u00bb y, que en consecuencia \u00abse le ordene al despacho modificar el auto recurrido en su momento, con el objeto de decretar las pruebas documentales solicitadas\u00bb. (ff. 12-13 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El secretario del Juzgado censurado alleg\u00f3 en calidad de pr\u00e9stamo el expediente de reducci\u00f3n de alimentos, seguido dentro del divorcio instaurado por Jisela del Pilar Rodr\u00edguez contra Pedro Javier Steevens Cruz, radicado 2006-01038 (f. 22 ib.).  <\/span><\/p>\n

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2. El Procurador 149 Judicial II de Familia se pronunci\u00f3, extempor\u00e1neamente, aduciendo que los documentos a que refieren las pruebas que le fueron negadas a la quejosa se encuentran expresamente contemplados en el art\u00edculo 24 de la Ley 1755  de  2015  como  reservados  y  que  la  informaci\u00f3n  al respecto s\u00f3lo podr\u00e1 ser solicitada por  el  titular  de  la  misma,  sus  <\/span><\/p>\n

apoderados, o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a ella, por lo cual solicit\u00f3 conceder el amparo constitucional (ff. 42-45 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo, por cuanto, no encontr\u00f3 en la decisi\u00f3n cuestionada \u00abyerro alguno\u00bb dado que \u00abel art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que el \u00abJuez se abstendr\u00e1 de ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petici\u00f3n no hubiese sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente\u00bb\u00bb, y en la contestaci\u00f3n de la demanda que se hizo en el proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria \u00abse solicit\u00f3 oficiar a varias entidades, entre ellas, ITANSUCA S.A.S., FOSYGA, DIAN y POSITIVA – PAGADOR ETB, seg\u00fan la accionante, con la finalidad de acreditar la capacidad econ\u00f3mica del se\u00f1or PEDRO JAVIER STEEVENS CRUZ, sin embargo, con los anexos de la contestaci\u00f3n no se acredit\u00f3 sumariamente que se [sic] hubieren solicitado la informaci\u00f3n a dichas entidades\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que si bien, la accionante aduce que \u00abbajo las restricciones de la Ley 1755 de 2015, se tratar\u00eda de informaci\u00f3n que s\u00f3lo puede pedir el titular, lo cierto, es que puede presentarse derechos de petici\u00f3n a terceros o entidades p\u00fablicas y particulares as\u00ed la respuesta no se demore con lo que se acreditar\u00eda el requisito de demostrar sumariamente que la prueba se solicit\u00f3; como no ocurri\u00f3 as\u00ed en este caso, ciertamente no se cumpli\u00f3 con la carga establecida de acreditar sumariamente que no se pudo obtener la informaci\u00f3n o que la solicit\u00f3 y no hab\u00eda obtenido respuesta, de modo que, t\u00e9cnicamente, la decisi\u00f3n cuestionada se tom\u00f3 al amparo de una norma de procedimiento que autoriza al Juez en ese sentido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A la par sostuvo que \u00ab[n]o obsta lo anterior para que el Juzgador, en aquellos asuntos en que se vean involucrados derechos fundamentales de sujetos de especial protecci\u00f3n, como son los ni\u00f1os y ni\u00f1as, con el fin de proteger sus derechos, ejerza las facultades oficiosas que le confieren los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta que, dicha facultad debe ser ejercida con el fin de llegar a la verdad material, recogiendo en ese sentido, la pedagog\u00eda que hace la H. Corte Suprema de Justicia\u00bb. [negrilla del texto], (ff. 33-40 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la representante de los menores haciendo \u00e9nfasis en el car\u00e1cter de reservados de los documentos a que refieren las pruebas que le fueron negadas, y solicita se tenga en cuenta la respuesta del Procurador 149 Judicial II de Familia, que se alleg\u00f3 con posterioridad a la sentencia.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, resalt\u00f3 que si bien el fallo \u00absugiere al despacho ordenar de oficio las pruebas con las cuales se puede complementar el acervo necesario para acreditar la capacidad econ\u00f3mica del alimentante y con ello llegar a la certeza necesaria para el fallo en lo que concierne a la disminuci\u00f3n de la cuota, tambi\u00e9n es claro que ello no ata a la juez de familia a proceder en ese tenor\u00bb. (ff. 58-61 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que la censora, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila su inconformismo contra las decisiones de 2 de diciembre de 2016 y 31 de enero del a\u00f1o en curso, por considerar que incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00absustantivo\u00bb, toda vez que neg\u00f3 las pruebas solicitadas por considerar que  previamente debi\u00f3 solicitarlas en ejercicio del derecho de petici\u00f3n a las respectivas entidades, con lo cual desconoci\u00f3 que los documentos a los que refieren los respectivos oficios se encuentran expresamente sometidos a reserva.  <\/span><\/p>\n

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3.- Del examen del expediente del juicio verbal sumario de reducci\u00f3n de cuota alimentaria, allegado en calidad de pr\u00e9stamo, observa la Corte, las siguientes pruebas relacionadas con la queja constitucional:  <\/span><\/p>\n

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a) Demanda formulada por el se\u00f1or Pedro Javier Steevens Cruz en la que solicita \u00ab[m]odificar la cuota alimentaria impuesta en fecha 10 de Octubre de 2013, mediante Sentencia de aumento de cuota de alimentos, radicado 2015-00514, del Juzgado Sexto de Familia y a [su cargo], en favor de sus menores hijos, representados por la se\u00f1ora Jisela del pilar Rodr\u00edguez, disminuyendo la misma en un porcentaje del 30% del valor de la mesada pensional que actualmente recibe\u00bb (ff. 26-29 cuad. 3).  <\/span><\/p>\n

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b) Auto admisorio proferido el 21 de septiembre de 2016 por el despacho acusado (f. 34 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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c) Escrito de contestaci\u00f3n del libelo y formulaci\u00f3n de las excepciones de \u00abtemeridad y mala fe\u00bb; \u00abinexistencia de las causales para reducir la cuota\u00bb, y, \u00abproporcionalidad del aporte\u00bb (ff. 74-83 ib.).  <\/span><\/p>\n

d) Auto de 2 de diciembre de 2016 que fija fecha para llevar a cabo \u00abaudiencia de que trata el art. 392 del C. G. P.\u00bb, decreta pruebas y no accede a \u00ablibrar los oficios solicitados por las partes en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el numeral 10 del art. 78 del C.G.P., en concordancia con el art\u00edculo 173, inciso segundo de la misma codificaci\u00f3n\u00bb  (f. 87 cuad. 3).  <\/span><\/p>\n

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e) Recurso de reposici\u00f3n presentado por la apoderada de los menores demandados (ff. 88-91 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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f) Prove\u00eddo de 331 de enero de 2017 que resuelve el medio horizontal, manteniendo la providencia impugnada. (ff. 92-93 ib.).  <\/span><\/p>\n

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g) Decisi\u00f3n de 1 de marzo del a\u00f1o en curso que se\u00f1ala como nueva fecha para llevar a cabo la se\u00f1alada \u00abaudiencia\u00bb, el 23 de mayo siguiente. (f. 110 ib.)  <\/span><\/p>\n

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4. Analizadas las providencias reprochadas, advierte la Sala que la solicitud de amparo constitucional debe prosperar, toda vez que efectivamente la autoridad judicial cuestionada incurri\u00f3 en un proceder que vulnera el derecho fundamental reclamado por la promotora, motivo por el que se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n tutelar discrepada seg\u00fan pasa a precisarse.  <\/span><\/p>\n

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demandante […], desde el a\u00f1o 2014 a la fecha. Requiriendo en forma especial, que se expresen las vigencias y valores devengados, bien sea por salario y\/u honorarios, de la totalidad de los contratos que se citen. Igualmente en forma expresa informen si el demandante se encuentra actualmente vinculado o en proceso de vinculaci\u00f3n para alg\u00fan proyecto\u00bb; ii) al FOSYGA para que allegue \u00abcertificaci\u00f3n detallada\u00bb de las cotizaciones a seguridad social efectuadas por el demandante \u00abdesde el 2014 a la fecha, detallando si existiera dicha informaci\u00f3n, el empleador y el IBC de cada periodo\u00bb; iii) a Positiva, como pagadora de la pensi\u00f3n  los pensionados de la ETB, \u00abpara que allegue a su despacho informe de los emolumentos recibidos por [el demandante] detallando n\u00famero de mesadas pensi\u00f3nales que se le pagan durante el a\u00f1o, valores de las mismas, bonificaciones y\/o beneficios que se le adjudiquen con ocasi\u00f3n de sus hijos, periodicidad y valor de los mismos, todo desde el 2014 a la fecha. Especialmente […] para que aclare los motivos por los cu\u00e1les se llevan a cabo DEVOLUCIONES DE APORTES A SALUD y PENSI\u00d3N, tal como lo reflejan los desprendibles allegados al expediente\u00bb; y iv) a la DIAN \u00abpara que alleguen las declaraciones de renta presentadas por el demandante, causadas en las vigencias 2014 y 2015\u00bb. [negrilla del texto].  <\/span><\/p>\n

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4.2.- Ahora bien, dispone el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el canon 1.\u00b0 de la ley 1755 de 2015 que \u00ab[s]olo tendr\u00e1n car\u00e1cter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica o la ley, y en especial: […] 3. Los que involucren derechos  a  la  privacidad  e  intimidad  de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral  y  los  expedientes  pensionales y dem\u00e1s registros de personal  que  obren  en  los archivos  de las instituciones p\u00fablicas o privadas, as\u00ed como  la  historia  cl\u00ednica\u00bb, y conforme a su par\u00e1grafo \u00fanico, \u00ab[p]ara efecto de la solicitud de informaci\u00f3n de car\u00e1cter reservado, enunciada en los numerales 3,  5,  6  y  7  solo  podr\u00e1  ser   solicitada  por   el titular de la informaci\u00f3n, por  sus  apoderados  o  por   personas   autorizadas  con facultad  <\/span><\/p>\n

expresa para acceder a esa informaci\u00f3n\u00bb; y, por su parte, el canon 283 del Estatuto Tributario establece que \u00ab[l]a informaci\u00f3n tributaria respecto de las bases gravables y la determinaci\u00f3n privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendr\u00e1 el car\u00e1cter de informaci\u00f3n reservada; por consiguiente, los funcionarios de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Nacionales<1> s\u00f3lo podr\u00e1n utilizarla para el control, recaudo, determinaci\u00f3n, discusi\u00f3n y administraci\u00f3n de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estad\u00edstica…\u00bb; de donde deviene que la informaci\u00f3n y documentos a los que hacen referencia las pruebas negadas, por tratarse precisamente de estos temas, tienen \u00abcar\u00e1cter reservado\u00bb, sin que la promotora del amparo estuviere facultada para solicitarlos directamente.  <\/span><\/p>\n

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4.3.- El despacho querellado, al desatar la reclamaci\u00f3n decidi\u00f3 no \u00abaccede a librar los oficios solicitados por las partes en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el numeral 10 del art. 78 del C. G.P., en concordancia con el art.- 173, inciso segundo de la misma codificaci\u00f3n\u00bb y, al pronunciarse frente al recurso de reposici\u00f3n que le interpuso el extremo demandado, estableci\u00f3 que \u00ab[s]eg\u00fan el art\u00edculo 168 del [C.G. del P.] el juez debe rechazar las pruebas il\u00edcitas por violatorias de derechos fundamentales, las notoriamente impertinentes o irrelevantes por no tener relaci\u00f3n con los hechos del proceso, las inconducentes por no ser id\u00f3neas para probar un determinado hecho y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles\u00bb y, que \u00ab[d]entro del ordenamiento procesal relacionado existen otras causales de rechazo entre ellas la del numeral 10 del art\u00edculo 78 consistente en que es un deber de las partes y sus apoderados abstenerse de solicitar la consecuci\u00f3n de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb, disposici\u00f3n que \u00abse complementa con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 173\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente  expuso  que  \u00aben el  nuevo ordenamiento procesal los  litigantes  tienen  la  carga  procesal de solicitar  el   material  probatorio que    <\/span><\/p>\n

requieren a trav\u00e9s del agotamiento de la figura jur\u00eddica del derecho de petici\u00f3n, el cual si no es contestado o por cualquier motivo no es atendido, abre paso al juez de acuerdo a sus poderes para requerir un pronunciamiento de dichas entidades, ello siempre y cuando se acredite al menos sumariamente que el interesado agot\u00f3 la solicitud de la prueba que pretende hacer valer en el proceso, pero de ninguna manera puede aceptarse con el argumento facilista que no le va a ser atendida su petici\u00f3n, pues lo que se pretende es el agotamiento de dicho pedimento para que el juez pueda efectuar los requerimientos a que haya lugar para lograr la prueba\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.4.- De manera que si la resoluci\u00f3n censurada se profiri\u00f3 en esos t\u00e9rminos, ese labor\u00edo, aparte de no haber explicitado con suficiencia las razones sustentatorias, se erigi\u00f3 en contraventor de lo preceptuado en los c\u00e1nones 78-10 y 173 del C. G. del P., toda vez que realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n excesiva y rigorista de tales normas, y desconoci\u00f3 lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 24 del C.P.A.C.A, sustituido por el precepto 1.\u00b0 de la Ley 1755 de 2015, y 583 del Estatuto Tributario,  evidenci\u00e1ndose que as\u00ed se soslay\u00f3 el imperioso deber de examinar esa particular tem\u00e1tica, esto es, determinar si a trav\u00e9s del derecho de petici\u00f3n la parte hubiera podido conseguir los documentos e informaci\u00f3n que le reclamaba, y que ten\u00eda \u00abcar\u00e1cter reservado\u00bb, para as\u00ed, dar aplicaci\u00f3n al postulado que le facultaba para abstenerse de ordenar la pr\u00e1ctica de tales medios de prueba, cual es deber al que est\u00e1 obligado todo funcionario judicial; dejaci\u00f3n que, it\u00e9rase, no es admisible en el ejercicio de administrar justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Claro, el despacho recriminado simplemente se limit\u00f3 a decir, sin mayor explicaci\u00f3n, como fundamento de su decisi\u00f3n, que la reclamante no hab\u00eda solicitado previamente a trav\u00e9s del derecho de petici\u00f3n la informaci\u00f3n objeto de la prueba; teor\u00eda que conllev\u00f3 a que la funcionaria censurada, no analizara los argumentos que la peticionaria expuso en el recurso para demostrar que no se encontraba autorizada para solicitar la se\u00f1alada informaci\u00f3n que estaba revestida de un \u00abcar\u00e1cter reservado\u00bb, sin que pueda desprenderse, como lo rese\u00f1\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, que \u00abpuede presentarse derechos de petici\u00f3n a terceros o entidades p\u00fablicas y particulares as\u00ed la respuesta no se demore con lo que se acreditar\u00eda el requisito de demostrar sumariamente que la prueba se solicit\u00f3\u00bb, y que lo decidido no impide que el juez \u00aben aquellos asuntos en que se vean involucrados derechos fundamentales de sujetos de especial protecci\u00f3n, como son los ni\u00f1os y ni\u00f1as, con el fin de proteger sus derechos ejerza las facultades oficiosas  que le confieren los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, pues si bien en principio son ciertas, para el caso tales premisas resultan contrarias a las disposiciones legales citadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La Sala al resolver un caso de similares aristas, al respecto expres\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[L]a exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo, sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, al estudiar casos similares, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) sufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales. As\u00ed, en la sentencia de 22 de mayo de 2003, expediente No. 2003-0526, se increp\u00f3 al Tribunal por no \u201cfundar sus decisiones en razones y argumentaciones jur\u00eddicas que con rotundidad y precisi\u00f3n\u2026\u201d; lo propio ocurri\u00f3 en el fallo de 31 de enero de 2005, expediente 2004-00604, en que se recrimin\u00f3 al ad quem por no expresar las \u201crazones puntuales\u201d equivalentes a una falta de motivaci\u00f3n; defecto que en el fallo de 7 de marzo de 2005 expediente 2004-00137, se describe como desatenci\u00f3n de \u201cla exigencia de motivar con precisi\u00f3n la providencia\u201d (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada, entre otras, en STC 29 de abr. 2015 rad. 2015-00153-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Del mismo modo, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[L]a carencia de sustentaci\u00f3n del juez [\u2026] ciertamente impide a las partes conocer los reales alcances del respectivo pronunciamiento y su grado de convicci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, (\u2026), se requiere de mayor carga argumentativa del operador judicial para respaldar las conclusiones sobre el punto en cuesti\u00f3n (CSJ STC, 10 Ago. 2011, Rad. 00168-02, reiterada en STC 29 de abr. 2015 rad. 2015-00153-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A m\u00e1s de ello, ha relevado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[L]a motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, \u201c\u2026la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n (CSJ STC, 5 Sep. 2013, Rad. 01254-01).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Lo anterior cobra mayor fuerza si en cuenta se tiene que los beneficiarios de la prestaci\u00f3n reclamada corresponden a menores de edad y, por ende, sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, lo que impone estudiar el caso con a\u00fan mayor rigurosidad, pues, como lo se\u00f1alan los art\u00edculos 44 y 13 de la Carta Pol\u00edtica \u00ab\u2026Los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y \u00abel Estado proteger\u00e1 especialmente a aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta\u00bb, en armon\u00eda con el canon 9\u00b0 de la Ley 1098 de 2006 que consagra que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dichos cardinales par\u00e1metros orientativos que rigen la materia objeto de estudio, han de ser perennemente atendidos cuando del pronunciamiento en torno a asuntos de la naturaleza de que aqu\u00ed se trata est\u00e1 de por medio, porque como se ve la normatividad, estructuralmente, tiende a la protecci\u00f3n de las prerrogativas de los ni\u00f1os y adolescentes, privilegio ante el cual debe mediar diligente atenci\u00f3n por parte de la administraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el principio del inter\u00e9s superior del menor ha se\u00f1alado la Corte Constitucional que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 44 introduce en nuestro ordenamiento constitucional el principio de inter\u00e9s supremo del menor, sobre el que esta Corporaci\u00f3n ha manifestado \u201c(…) se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato equivalente a esa prelaci\u00f3n, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por los aspectos f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral, no menos que la correcta evoluci\u00f3n de su personalidad.\u201d En consecuencia, las actuaciones de los particulares y funcionarios p\u00fablicos, cuando est\u00e9n involucrados menores de edad, deben ser orientadas siempre por el inter\u00e9s superior del menor. La incorporaci\u00f3n de este principio en el orden constitucional \u201c(…) no s\u00f3lo configura un \u00e9nfasis materializado para garantizar su eficacia sino tambi\u00e9n como parte de la estructura del sistema normativo, pues se incluye con un precepto \u201cen el punto m\u00e1s alto de la escala axiol\u00f3gica contenida en el texto constitucional\u201d que gu\u00eda la interpretaci\u00f3n y definici\u00f3n de otros derechos.\u201d (C. C. Sent. T-324-04).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

7.- En cuanto a la figura del  \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb que viene de tratarse, ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional que la misma:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[P]uede estructurarse (\u2026) cuando \u201c(\u2026) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: \u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho   procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en  <\/span><\/p>\n

exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. As\u00ed las cosas, esta Sala considera que la argumentaci\u00f3n al efecto expuesta en los autos materia de la dolencia constitucional, fue insuficiente, configur\u00e1ndose, entonces, el quebranto del derecho fundamental previsto por el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por \u00abexcesivo rigorismo\u00bb y una \u00abinadecuada o escasa motivaci\u00f3n en la decisi\u00f3n judicial\u00bb y, por consiguiente, como ya se hab\u00eda anunciado, se torna menester acceder a la protecci\u00f3n solicitada, circunstancia por la cual, en aras de salvaguardar las prerrogativas que resultan quebrantadas en eventos como este cuando la remoci\u00f3n de una aparente dificultad era f\u00e1cilmente superable, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n cuestionada y, en consecuencia, se invalidar\u00e1 la providencia de 2 de diciembre de 2016, as\u00ed como las dem\u00e1s eventualmente dictadas que se desprendan de aquella y, se le ordenar\u00e1 al juzgado enjuiciado que se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de pruebas que le formul\u00f3 la gestora, y sin que lo aqu\u00ed expresado comporte imposici\u00f3n alguna del sentido decisorio a adoptar sobre ese particular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha, contenido y procedencia preanotados y en su lugar, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de los gestores. En consecuencia, se deja sin valor ni efecto la providencia de 2 de diciembre de 2016, emitida por la C\u00e9lula Judicial Novena de Familia de Bogot\u00e1 y todas las actuaciones que de ella se desprendan, de acuerdo a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR a la funcionaria acusada que, dentro del t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de pruebas planteada por el extremo demandado, conforme a las consideraciones explicitadas. Rem\u00edtasele copia de este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: COMUNICAR telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 En virtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7 de la Ley 1581 de 2012, se omite el nombre de los menores.      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO      STC3961-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00071-01   Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 17 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100238","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100238"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100238\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}