{"id":100240,"date":"2026-06-25T20:20:56","date_gmt":"2026-06-25T20:20:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3969-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:20:56","modified_gmt":"2026-06-25T20:20:56","slug":"stc3969-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3969-2017\/","title":{"rendered":"STC3969-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3969-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00057-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de febrero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda de este municipio, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulneradas por el juzgado cuestionado.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a la sede judicial acusada admitir sus acciones populares 2016-00464 y 2016-00445, as\u00ed como revocar los autos en los que \u00ab…pretendi\u00f3 exigir requisitos inexistentes en el art. 18 [de la] Ley\u2026 472\/98\u2026\u00bb (folios 2 y 22, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Los hechos en que funda su ruego constitucional son los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Instaur\u00f3 dos acciones populares en contra del Banco Davivienda, sucursales carrera 8\u00aa # 11 – 59 y calle 80 # 100 – 52, ambas de Bogot\u00e1, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, bajo los radicados 2016-00464 y 2016-00445, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        El juzgado criticado, en autos del 13 de diciembre de 2016 inadmiti\u00f3 las referidas acciones populares, para que el gestor allegara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad demandada, indicara los derechos colectivos vulnerados y presentara prueba de los supuestos f\u00e1cticos en que fundaba su pretensi\u00f3n; decisiones que se mantuvieron el 18 de enero de 2017 al resolver la reposici\u00f3n propuesta por el tutelante, a la vez que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de los recursos de apelaci\u00f3n propuestos en forma subsidiaria (folio 48, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.3.        El 30 de enero siguiente la sede judicial criticada rechaz\u00f3 las referidas demandas, por no haber sido subsanadas en la oportunidad legal.  <\/span><\/p>\n

2.4.        El tutelante afirm\u00f3 que el despacho convocado \u00ababus\u00f3 de su poder al exigir requisitos inexistentes en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998\u00bb (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto porque no promovi\u00f3 las acciones populares previamente citadas, por lo que la situaci\u00f3n planteada era \u00abajena a [esa] Agencia del Ministerio P\u00fablico\u00bb (folio 45, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia expres\u00f3 que las demandas fueron inadmitidas con el objeto de \u00ab\u2026evitar un conflicto de competencia prematuro\u00bb, buscando que el gestor indicara \u00ab\u2026si el domicilio de la accionada era principal o una sucursal\u2026\u00bb, para lo cual exigi\u00f3 se aportara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la demandada, pero como no fue allegado, rechaz\u00f3 los libelos (folio 49, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Las dem\u00e1s entidades vinculadas guardaron silencio frente a la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda tras estimar que carec\u00eda del requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor  \u00ab\u2026debi\u00f3 hacer uso de los mecanismos legales ordinarios que el ordenamiento jur\u00eddico consagra, para atacar las providencias que considera le vulneran sus garant\u00edas procesales\u2026\u00bb, pero no lo hizo (folio 53, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Inconforme el accionante impugn\u00f3 el referido fallo sin exponer los motivos de su disidencia (folio 56, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte ha manifestado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en CSJ STC4269-2015, 16 abr.).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        Descendiendo al sub examine advierte la Corte que el Juzgado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto no admiti\u00f3 las acciones populares presentadas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga tras exponer que \u00e9l: i)  no alleg\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad objeto de su acci\u00f3n popular, ii) no indic\u00f3 los derechos colectivos vulnerados y iii) no arrim\u00f3 prueba de los supuestos f\u00e1cticos soporte de sus pretensiones; motivaciones todas que generan una vulneraci\u00f3n de lo indicado en l\u00edneas anteriores y que configuran una flagrante \u00abv\u00eda de hecho\u00bb (folio 48, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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4.        Respecto del primer requerimiento efectuado por el Juzgado, donde le reclama al accionante allegar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de su demandada, es evidente que el juzgador err\u00f3, toda vez que revisadas las exigencias de ley establecidas en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998 sobre este punto, solo se insta al querellante para \u00abexponer la persona natural o jur\u00eddica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio\u00bb y \u00ablas direcciones para notificaciones\u00bb, pero en ning\u00fan momento se\u00f1ala que se debe allegar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal para demostrar el domicilio; aunado a que el tutelante en su libelo pide que a su demandada se le exija aportar aquel documento, lo que no luce arbitrario.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, resulta de singular trascendencia para este asunto, observar lo reglado en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que:  <\/span><\/p>\n

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La prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado solo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.  <\/span><\/p>\n

Luego, en casos como el aqu\u00ed cuestionado, donde las acciones populares se dirigen contra una entidad financiera, es patente que la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, de p\u00fablico acceso, permite descargar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de aquella, subsumi\u00e9ndose la situaci\u00f3n aqu\u00ed auscultada en la contemplada en dicho aparte normativo.  <\/span><\/p>\n

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5.        Sobre la petici\u00f3n del estrado para que el quejoso indicara cu\u00e1les son los derechos colectivos conculcados y qui\u00e9nes se ver\u00edan perjudicados, del libelo incoativo se desprende que el tutelante s\u00ed hab\u00eda efectuado tal manifestaci\u00f3n, pues se\u00f1al\u00f3 como normas violadas \u00ab1 inciso m, d, l (\u2026) del art\u00edculo 4 de la ley 472 de 1998\u2026\u00bb, en consecuencia, el promotor de la acci\u00f3n s\u00ed plasm\u00f3 en su escrito los derechos colectivos que consideraba vulnerados.  <\/span><\/p>\n

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6.        En relaci\u00f3n con la tercera exigencia de los autos criticados, el abuso del juzgador es notorio, pues revisados los escritos de las acciones populares, resulta claro que el actor s\u00ed indic\u00f3 los supuestos f\u00e1cticos que generaban la conculcaci\u00f3n, indicando que la entidad financiera \u00abno cuenta en el inmueble donde presta sus servicios con profesional interprete y gu\u00eda interprete, acreditado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, tal como lo ordena [la] Ley 982 de 2005, art. 8\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no prev\u00e9 que con la demanda deba probarse el da\u00f1o alegado, pues para ello la acci\u00f3n popular cuenta con una etapa probatoria.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el punto la Sala ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con la primera exigencia del auto donde se inadmite la demanda (7 dic. 2015), es evidente que el juzgador err\u00f3, pues revisado el escrito de la acci\u00f3n popular, resulta palmario que el actor s\u00ed se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1l es la supuesta vulneraci\u00f3n, indicando que la entidad financiera \u00abno cuenta con int\u00e9rprete gu\u00eda, permanente de planta, para atender ciudadanos sordos, sordo ciegos, que acuden a dicha entidad\u2026 (CSJ STC7714-2016, 10 jun., rad. 2016-00555-01).  <\/span><\/p>\n

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7.        En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, pues no lucen razonables las determinaciones que rechazaron las acciones populares del quejoso.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, en consecuencia: Ordena al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a que sea notificado de este fallo, reexamine las demandas que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra el Banco Davivienda S.A. (acciones populares 2016-00464 y 2016-00445), y les d\u00e9 el curso que corresponda, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed motivado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC3969-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00057-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100240","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100240","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100240"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100240\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100240"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}