{"id":100241,"date":"2026-06-25T20:21:01","date_gmt":"2026-06-25T20:21:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3975-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:21:01","modified_gmt":"2026-06-25T20:21:01","slug":"stc3975-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3975-2017\/","title":{"rendered":"STC3975-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00489-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 1\u00b0 de febrero de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Arcelina Fl\u00f3rez de Pedreros, como agente oficiosa de Vicente Pedreros Parra, contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional – Seccional Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, a la vida e \u00abintegridad personal\u00bb de su representado, que aduce vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a la accionada suministrar al agenciado (i) \u00absilla de ruedas convencional\u00bb, (ii) \u00abcolchoneta antiescaras\u00bb, (iii) \u00absilla de ruedas pato\u00bb, (iv) \u00abcama terap\u00e9utica\u00bb y (v) \u00abenfermer\u00eda domiciliaria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En sustento de sus pretensiones expuso que:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Vicente Pedreros Parra, esposo de la accionante, es agente con asignaci\u00f3n de retiro de la Polic\u00eda Nacional, cuenta con 79 a\u00f1os de edad, sufri\u00f3 \u00abun embolismo probablemente s\u00e9ptico a territorio de la ACM izquierda\u00bb, padece \u00abartritis s\u00e9ptica, endoftalmitis izquierda con alteraci\u00f3n del estado de conciencia\u00bb, est\u00e1 internado en el Hospital Central de la Polic\u00eda y de acuerdo a conceptos m\u00e9dicos \u00abpresenta diagn\u00f3stico de secuelas de evento cerebro vascular asociado a endocarditis y encefalopat\u00eda multifactorial, condici\u00f3n que compromete su capacidad de autonom\u00eda, autodeterminaci\u00f3n y as\u00ed mismo su capacidad para el manejo de dinero y bienes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Aunque al referido paciente le fue autorizada la salida del centro hospitalario, la gestora resolvi\u00f3 mantenerlo all\u00ed por su delicado estado de salud y porque seg\u00fan el diagn\u00f3stico m\u00e9dico aqu\u00e9l \u00ab[r]equiere de cuidado y vigilancia por parte de familiar adulto responsable\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        El 20 de septiembre del a\u00f1o 2016, previendo las dificultades para atender a su agenciado en el momento que fuera trasladado a su hogar, la tutelante solicit\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional el suministro de (i) los elementos relacionados en las \u00f3rdenes m\u00e9dicas Nros. 1609043967 (silla de ruedas convencional) y 1609043972 (colchoneta antiescaras), emitidas el d\u00eda 12 de los mismos mes y a\u00f1o; (ii) una \u00absilla de ruedas pato\u00bb, (iii) una \u00abcama terap\u00e9utica\u00bb y (iv) una \u00abenfermer\u00eda domiciliaria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Mediante oficio S-2016-077334\/gasis-gasis 53.3 del pasado 23 de septiembre, el Jefe del Grupo Asistencial de la Seccional de Sanidad de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que no era \u00ab\u201c\u2026viable la petici\u00f3n presentada\u2026\u201d, en raz\u00f3n a que \u201c…no se puede destinar servicios de enfermer\u00eda para cada paciente, ya que ello es econ\u00f3micamente insostenible\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Ante la anterior negativa, el 31 de octubre siguiente la promotora resolvi\u00f3 reiterar su solicitud, la que le fue contestada a trav\u00e9s de la comunicaci\u00f3n \u00abS-2016- \/gasis-gasis 53.3\u00bb de 4 de noviembre de 2016, en la que el mencionado Jefe del Grupo Asistencial ratific\u00f3 la respuesta inicial, dada la imposibilidad de acceder a lo rogado. (Folios 12 a 17)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Seccional Bogot\u00e1 de la Polic\u00eda Nacional pidi\u00f3 que el resguardo fuera denegado porque acorde con la historia cl\u00ednica del paciente resulta innecesario el suministro de la cama terap\u00e9utica y la provisi\u00f3n del servicio de enfermer\u00eda domiciliaria, lo primero porque el agenciado pod\u00eda ser manipulado en una cama regular, con cambios posturales peri\u00f3dicos, mientras que lo segundo porque la condici\u00f3n del afectado no requer\u00eda manejo de medicamentos intravenosos y\/o equipos medicalizados.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3 que la \u00absilla de ruedas convencional\u00bb ser\u00eda entregada el 30 de diciembre de 2016 y que frente a la \u00absilla de ruedas pato\u00bb no exist\u00eda formulaci\u00f3n m\u00e9dica, por lo que resultaba improcedente su concesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirm\u00f3 que le era legalmente inviable suministrar insumos de aseo personal y proporcionar el servicio de enfermera 24 horas, ya que su funci\u00f3n estaba circunscrita a la atenci\u00f3n en salud de los afiliados pero no a su manutenci\u00f3n, y que de acceder a peticiones como aqu\u00e9llas se  estar\u00edan desviando los recursos del Subsistema, incurriendo en una conducta delictiva por extralimitar sus funciones legales.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo accedi\u00f3 parcialmente al resguardo al considerar que por la especial condici\u00f3n m\u00e9dica del paciente deb\u00eda darse una valoraci\u00f3n de un especialista acerca de la necesidad del suministro de los implementos hospitalarios solicitados, destacando que frente a algunos de ellos no se contaba con orden m\u00e9dica.  <\/span><\/p>\n

Advirti\u00f3, sin embargo, de cara al servicio de enfermer\u00eda exigido, que \u00abno cabe duda que… Vicente Pedreros Parra, cuenta con el apoyo de su grupo familiar primario, a quienes corresponde en principio asumir su cuidado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por otro lado, el Tribunal en sus consideraciones sostuvo que resultaba procedente el recobro ante el FOSYGA por los gastos en que incurriera el ente policial con ocasi\u00f3n del cumplimiento del fallo de tutela.  <\/span><\/p>\n

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En concordancia con lo anterior, orden\u00f3 \u00abal Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional – Seccional Bogot\u00e1 y\/o quien haga sus veces, que a partir de la fecha de notificaci\u00f3n de [esa] providencia\u00bb, procediera a:  <\/span><\/p>\n

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1.- Entregar si a\u00fan no lo ha hecho, …la silla de ruedas convencional formulada en la orden m\u00e9dica No. 1609043967.  <\/span><\/p>\n

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2.- Disponer de manera inmediata, la citaci\u00f3n al \u00e1rea de trabajo social del grupo familiar del se\u00f1or VICENTE PEDREROS PARRA, para que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas a m\u00e1s tardar, sean informados y asesorados sobre el cuidado especial que deben brindar al paciente y, efectuar la valoraci\u00f3n por Programa M\u00e9dico Domiciliario (POMED) posterior al egreso hospitalario, conforme se indic\u00f3 en el informe de visita hospitalaria.  <\/span><\/p>\n

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3.- Ordenar a quien corresponda que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, realice al se\u00f1or VICENTE PEDREROS PARRA, valoraci\u00f3n especializada, para determinar si su condici\u00f3n m\u00e9dica, requiere de cama terap\u00e9utica y silla de ruedas pato, de ser as\u00ed, procedan a ordenar y hacer entrega de los mismos, en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, advirti\u00f3 a la accionada que deb\u00eda proporcionar \u00aboportunamente la atenci\u00f3n integral al paciente, cada vez que su m\u00e9dico tratante as\u00ed lo considere\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La actora impugn\u00f3 la decisi\u00f3n con fundamento en similares argumentos a los presentados en su escrito inicial, destacando que a diferencia de la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el a quo constitucional, el c\u00edrculo familiar primario de Pedreros Parra no ten\u00eda la disponibilidad ni la capacidad f\u00edsica para asumir los cuidados que \u00e9ste demandaba, destacando que la accionante tambi\u00e9n era persona de la tercera edad, de los tres hijos que ten\u00edan uno estaba radicado en Ibagu\u00e9, otro no viv\u00eda con ellos y el \u00faltimo, a pesar de residir en la misma vivienda con ellos, no permanec\u00eda all\u00ed, dado que se desempe\u00f1aba como conductor de un veh\u00edculo de transporte intermunicipal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Resalt\u00f3 que la cama terap\u00e9utica era indispensable para la adecuada atenci\u00f3n del paciente y el n\u00facleo familiar tampoco contaba con la capacidad econ\u00f3mica para asumir el costo de \u00e9sta ni del servicio de enfermer\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que para determinar el verdadero estado de salud del agenciado, dada la parcialidad de los entes policiales, resultaba necesario que se efectuara una valoraci\u00f3n por parte del Instituto de Medicina Legal o el \u00abComit\u00e9 Regional de Medicina Laboral en cuanto a riesgos y enfermedades no profesionales\u00bb.   <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El derecho a la salud ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental aut\u00f3nomo que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026tiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (CC T-1036\/07).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed como tambi\u00e9n ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 en materia de amparo del derecho fundamental a la salud por v\u00eda de tutela, \u2018una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar cu\u00e1les son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las v\u00edas de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepci\u00f3n pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela para lograr la efectiva protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de vulneraci\u00f3n o haya sido conculcado\u2019 (CC T-919\/08).  <\/span><\/p>\n

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3.        Circunscrita la Sala a evaluar los argumentos presentados en el escrito de impugnaci\u00f3n, advierte la Corte que la decisi\u00f3n del a quo ha de ser modificada, pero, exclusivamente, en lo relacionado con que la \u00abvaloraci\u00f3n especializada\u00bb ordenada debe extenderse a determinar si la condici\u00f3n m\u00e9dica del paciente demanda de la prestaci\u00f3n del servicio de enfermer\u00eda solicitado por la accionante.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, Vicente Pedreros Parra cuenta en la actualidad con 79 a\u00f1os de edad, quien seg\u00fan el diagn\u00f3stico de la m\u00e9dico psiquiatra adscrita al Hospital Central de la Polic\u00eda Nacional, presenta un diagn\u00f3stico de \u00absecuelas de evento cerebro vascular asociado a endocarditis y encefalopat\u00eda multifactorial, condici\u00f3n que compromete su capacidad de autonom\u00eda, autodeterminaci\u00f3n\u00bb (folio 5, cuaderno 1), reside con su c\u00f3nyuge, aqu\u00ed accionante, Arcelina Fl\u00f3rez de Pedreros, quien tambi\u00e9n cuenta con 79 a\u00f1os de edad y manifiesta tener problemas de salud (diabetes 2, y cadera por lesi\u00f3n de fractura).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otro lado, se tiene que la entidad convocada indica que el servicio de enfermer\u00eda exigido no es necesario, en tanto no existe concepto m\u00e9dico alguno que as\u00ed lo ordene, sin desconocer que el paciente se encuentra en una situaci\u00f3n de salud especial, por la que debe recibir un acompa\u00f1amiento cercano de su c\u00edrculo familiar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala reconoce que seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la atenci\u00f3n y el cuidado de los pacientes est\u00e1 a cargo, en primer t\u00e9rmino, de su familia o del cuidador designado por \u00e9sta, a m\u00e1s que las diferentes prestaciones m\u00e9dicas demandan, para ser suministradas, que previamente hayan sido prescritas por el m\u00e9dico tratante del paciente; en ese sentido ha dicho la Corte que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026el servicio de enfermer\u00eda con cargo a la EPS tan solo es procedente cuando se acredite que se trata de un evento en que su carencia amenace los derechos a la vida, la dignidad y la integridad f\u00edsica, que haya sido prescrita por el m\u00e9dico tratante, que no pueda ser sustituido por un servicio contemplado en el POS y que los familiares del paciente no puedan sufragar el costo del servicio requerido (CSJ STC, 31 mar. 2016, rad. 2016-00274-01).  <\/span><\/p>\n

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En el sub examine se evidencia una carencia infranqueable de los requisitos que han sido reconocidos y decantados por esta Corporaci\u00f3n para la concesi\u00f3n de los suministros pedidos, espec\u00edficamente respecto a la cama terap\u00e9utica y el servicio de enfermer\u00eda, al no existir una receta del galeno tratante que los disponga, por lo que no podr\u00eda esta sede constitucional ordenar que los mismos fueran proporcionados, de no olvidar que \u00ab\u2026no le es dable al juez constitucional entrar a usurpar la posici\u00f3n del profesional de la medicina que tiene a su cargo al paciente, quien\u2026 es el autorizado para disponer el tratamiento a seguir y las prestaciones que deben brindarse\u2026\u00bb (CSJ STC, 9 may. 2014, rad. 2014-00027-01).  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, en el precedente referido a espacio, dej\u00f3 dicho esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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Frente a un caso de similares contornos al que ahora ocupa a la Corporaci\u00f3n, la Sala se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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en relaci\u00f3n a los dem\u00e1s requerimientos realizados, esto es, una silla de ruedas el\u00e9ctrica, el suministro del medicamento Pamidronato, el plan de atenci\u00f3n domiciliaria y el servicio de enfermera o cuidador, de lo obrante en el expediente no se vislumbra que fueran ordenados por un profesional adscrito a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Instituci\u00f3n accionada, ni tampoco que se hayan solicitado a esa entidad y, por ende, que \u00e9stos hayan sido negados, todo lo cual impide impartir orden alguna en este escenario excepcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se debe precisar que si bien la Corte ha se\u00f1alado que la inexistencia de la prescripci\u00f3n m\u00e9dica no puede convertirse en un obst\u00e1culo para autorizar un servicio cuando resulta manifiesta su necesidad y urgencia (sentencia 19 de diciembre de 2011, exp., 01603-01), en el caso sub lite no se cuenta con elementos de convicci\u00f3n suficientes que permitan vislumbrar que los mencionados supuestos se cumplen, toda vez que para ordenar el suministro de un medicamento en especial, una silla de ruedas con unas caracter\u00edsticas particulares o el acompa\u00f1amiento de enfermer\u00eda, como lo solicita la peticionaria, se debe contar con una base cient\u00edfica pues al juez constitucional no le es dable sustituir al m\u00e9dico tratante\u00bb (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 25 abr. 2013, rad. 2013-00090-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Sin embargo, no es dable pasar por alto la particular condici\u00f3n en la que se encuentra Vicente Pedreros, a quien, por la valoraci\u00f3n referida de manera previa le resulta necesaria la compa\u00f1\u00eda y el socorro de al menos una persona para suplir sus necesidades b\u00e1sicas, pero como se dej\u00f3 dicho, no es el juez constitucional el llamado a disponer el suministro de prestaciones m\u00e9dicas, sumado a lo anterior, la entidad accionada no ha acreditado la existencia de una valoraci\u00f3n integral del estado del paciente que lleve a concluir de manera inequ\u00edvoca la ausencia de necesidad de las prestaciones aqu\u00ed solicitadas, efectuando un detenido an\u00e1lisis del entorno familiar de aqu\u00e9l, destacando que la visita domiciliaria efectuada por el ente policial no se ocup\u00f3 de sopesar qu\u00e9 personas pod\u00edan encargarse de cuidar al agenciado,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, se considera que lo adecuado es que se practique un diagn\u00f3stico integral al paciente, que de luces respecto a s\u00ed lo que es pedido en la presente acci\u00f3n constitucional, especialmente lo referente a la cama ortop\u00e9dica, la silla pato y el servicio de enfermer\u00eda, resulta indispensable para su atenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a la necesidad del examen diagn\u00f3stico se ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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Vale la pena rese\u00f1ar que la jurisprudencia constitucional al referirse a la valoraci\u00f3n m\u00e9dica y sus alcances ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(…) \u2018el derecho al examen diagn\u00f3stico est\u00e1 orientado a garantizar los siguientes objetivos: (i) Establecer con precisi\u00f3n la patolog\u00eda que padece el paciente. (ii) Determinar con el m\u00e1ximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnolog\u00eda el tratamiento m\u00e9dico que asegure de forma m\u00e1s eficiente el derecho al \u2018m\u00e1s alto nivel posible de salud\u2019. (iii) Poder iniciar dicho tratamiento con la prontitud requerida, seg\u00fan la enfermedad sufrida. As\u00ed, la dilaci\u00f3n en realizar el diagn\u00f3stico y aplicar oportunamente el tratamiento id\u00f3neo, lesiona gravemente el derecho a la salud, que se encuentra inescindiblemente unido con la dignidad y la vida humana. El derecho al diagn\u00f3stico se encuentra contenido dentro de los \u2018niveles esenciales\u2019, que de manera forzosa ha de garantizar la organizaci\u00f3n estatal, frente a la preservaci\u00f3n de la salud. Su importancia adquiere una particular dimensi\u00f3n, dado que su eventual vulneraci\u00f3n obstaculiza en la pr\u00e1ctica el acceso a los servicios y prestaciones establecidas para los reg\u00edmenes generales de salud, tanto contributivo como subsidiado (T-395 de 2010)  (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 21 oct. 2011, rad. 2011-00581-01, reiterada, entre muchas otras, en CSJ STC, 13 mar. 2013, rad. 2012-00379-01; CSJ STC, 22 oct. 2013, rad. 2013-01613-01; y CSJ STC, 5 feb. 2014, rad. 2013-00239-01). (CSJ STC, 9 may. 2014, rad. 2014-00027-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Por otro lado, respecto a la necesidad de una valoraci\u00f3n m\u00e9dica que novedosamente, en la impugnaci\u00f3n, se demand\u00f3 fuera realizada a trav\u00e9s del Instituto de Medicina Legal o el \u00abComit\u00e9 Regional de Medicina Laboral en cuanto a riesgos y enfermedades no profesionales\u00bb, adem\u00e1s de resultar una exigencia ajena a las obligaciones derivadas para la accionada del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, lo cierto es que constituye un \u00abhecho nuevo\u00bb no formulado en el libelo introductor, del cual no puede ocuparse esta Sala, so pena de conculcar el derecho de contradicci\u00f3n que le asiste a la convocada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En punto a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada, entre otras, en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Finalmente, de oficio, teniendo en cuenta que el a quo en la parte considerativa de su sentencia se\u00f1al\u00f3 que el ente policial estaba facultado para acudir al FOSYGA para obtener el reembolso de los gastos derivados del cumplimiento de la orden constitucional, esta Corte encuentra necesario recoger tal afirmaci\u00f3n, recordando que, como de vieja data se tiene dicho, en casos como el de ahora, no es posible autorizar el recobro ante dicho fondo porque el subsistema de salud de la fuerza p\u00fablica no se rige por lo establecido en la Ley 100 de 1993. As\u00ed se ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u2026en trat\u00e1ndose de los Subsistemas de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, al no regirse por la Ley 100 de 1993, la Corte ha se\u00f1alado que no es procedente ordenar el recobro de lo otorgado por v\u00eda de tutela ante el Fosyga, pues \u00e9stos tienen \u2018los denominados \u2018fondos-cuenta\u2019 que funcionan de manera similar al primeramente nombrado y les permite obtener la financiaci\u00f3n de los diversos costos en que incurran en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud al personal adscrito y a los distintos beneficiario (sentencia de 17 de enero de 2007, exp. 2006-01842-01, criterio reiterado en sentencia de 17 de mayo de 2011, exp. 2011-00376-01, entre otras) (CSJ STC, 6 jun. 2012, rad. 2012-00164-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        As\u00ed las cosas, de conformidad con lo apreciado, se adicionar\u00e1 la sentencia del a quo constitucional, en el sentido que la valoraci\u00f3n integral que se efect\u00fae al paciente deber\u00e1 estar encaminada para determinar no solo la viabilidad y necesidad de proporcionarle la cama terap\u00e9utica y la silla de ruedas pato, sino tambi\u00e9n del servicio de enfermer\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, adiciona el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, en el sentido de que la valoraci\u00f3n especializada ordenada en su numeral 3 debe extenderse a determinar si la condici\u00f3n m\u00e9dica del paciente hace necesario el suministro del servicio de enfermer\u00eda domiciliaria, acorde con las consideraciones vertidas en la presente decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo dem\u00e1s aspectos, se confirma la sentencia de primer grado.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00489-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100241","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100241"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100241\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}