{"id":100242,"date":"2026-06-25T20:21:07","date_gmt":"2026-06-25T20:21:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3978-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:21:07","modified_gmt":"2026-06-25T20:21:07","slug":"stc3978-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3978-2017\/","title":{"rendered":"STC3978-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

STC3978-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-002-2017-00004-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 27 de enero de 2017 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Patricia Puentes Su\u00e1rez, como Defensora del Pueblo Regional Casanare y agente oficiosa de Luis Fernando Rojas Osorio, contra la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculada la Escuela de Polic\u00eda Gabriel Gonz\u00e1lez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del agenciado a la salud y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por la acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a la Polic\u00eda Nacional (i) \u00abefectuar el reintegro de Luis Fernando Rojas Osorio, al servicio militar obligatorio como auxiliar de Polic\u00eda, asign\u00e1ndo[le] actividades administrativas o las que recomiende sanidad, de acuerdo con las lesiones que presenta\u00bb; y (ii) brindar a aqu\u00e9l \u00abatenci\u00f3n m\u00e9dica de inmediato a fin de que reciba el tratamiento integral, adecuado y oportuno conforme a las indicaciones de los galenos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Fund\u00f3 sus pretensiones en los siguientes hechos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        El 9 de octubre de 2016, el joven Luis Carlos Rojas Osorio ingres\u00f3 a prestar el servicio militar obligatorio a la Polic\u00eda Nacional, para lo cual le fueron practicados los ex\u00e1menes de rigor dirigidos a establecer la aptitud para el ingreso, saliendo \u00e9stos satisfactorios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Tras mes y medio de su incorporaci\u00f3n, luego de que fuera trasladado a la Escuela de Polic\u00eda Gabriel Gonz\u00e1lez (Espinal, Tolima), \u00abpresent\u00f3 dolor inguinal pasando a los test\u00edculos\u00bb, tras haber bajado y subido -el d\u00eda anterior-, por orden de su superior, \u00abunas colchonetas y unas tablas que se encontraban en el tercer piso del alojamiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Valorado por sanidad, le fueron recetados algunos analg\u00e9sicos, le dieran 5 d\u00edas de incapacidad -sin que tuviera mejor\u00eda- y el 25 de noviembre de 2016 se le realiz\u00f3 una radiograf\u00eda, de la que se concluy\u00f3 que se trataba de \u00abORQUIALGIA DE 25 D\u00cdAS DE EVOLUCI\u00d3N, [d\u00e1ndosele tratamiento] CON CIPRROFLOXACINO PRESENTANDO MEJORIA PARCIAL\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Posteriormente al diagn\u00f3stico, sin que se le realizara tratamiento alguno, a pesar de que persist\u00eda la dolencia y \u00abhaber sufrido lesiones durante la prestaci\u00f3n del servicio militar\u00bb, el 8 de diciembre del a\u00f1o pasado le fue notificada la resoluci\u00f3n No. 0024, por medio de la cual lo desvincularon, \u00abhecho que afecta su salud e integridad f\u00edsica, toda vez que se encuentra sin seguridad social para recibir el tratamiento adecuado y oportuno\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Escuela Militar de Polic\u00eda Gabriel Gonz\u00e1lez pidi\u00f3 que se le exonerara de cualquier decisi\u00f3n judicial, toda vez que, en su sentir, \u00abno tiene competencia para decidir sobre la solicitud del accionante y en ning\u00fan momento ha puesto en peligro ni vulnerado [sus]\u2026 derecho[s] de salud y seguridad social\u2026\u00bb, siendo su funci\u00f3n la de capacitar el personal que previamente ha sido seleccionado y enviado a las escuelas de formaci\u00f3n por la Direcci\u00f3n de Incorporaci\u00f3n. As\u00ed pues, afirm\u00f3 que remiti\u00f3 la solicitud constitucional a la jefatura del \u00e1rea de sanidad del Departamento de Polic\u00eda de Tolima.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Direcci\u00f3n de Sanidad del Tolima rog\u00f3 negar el amparo por cuanto el exconscripto aparec\u00eda retirado del sistema de salud de la Polic\u00eda Nacional, al haber sido desvinculado del servicio mediante resoluci\u00f3n No. 0024 del 8 de diciembre de 2016, luego de encontrar su no aptitud, por lo que no ten\u00eda la obligaci\u00f3n de prestarle ning\u00fan servicio m\u00e9dico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que en sus archivos no reposaba ning\u00fan registro o informe administrativo, allegado ya fuera por el comandante encargado o por el actor, que diera cuenta de la lesi\u00f3n esgrimida y que permitiera dar inicio a un proceso m\u00e9dico laboral a la luz de lo dispuesto por los art\u00edculos 24 y 25 del Decreto 1796 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional puso de presente \u00abque la tutela del asunto es de competencia del \u00c1rea de Sanidad Casanare\u2026\u00bb, a la luz de las normas relativas a la organizaci\u00f3n del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda (Ley 352 de 1997, Decreto 1795 de 2000 y los Acuerdos del Consejo Superior de Salud).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a-quo constitucional concedi\u00f3 parcialmente el amparo al encontrar que aunque el accionante ya hab\u00eda sido retirado del servicio militar obligatorio, el padecimiento que lo afectaba se present\u00f3 cuando estuvo incorporado a la instituci\u00f3n acusada, sin que se le brindara el tratamiento m\u00e9dico respectivo; por lo que orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

…dentro de las… (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de [esa] providencia, realizara una valoraci\u00f3n completa del estado de salud [del tutelante] \u2026con el fin de determinar si la afecci\u00f3n que presenta se enmarca dentro de alguna de las situaciones definidas por la jurisprudencia rese\u00f1ada [CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 2012-00186-01] y que lo hacen responsable de atenci\u00f3n en salud por parte de la Instituci\u00f3n, y en tal evento lo vincule al sistema de Salud de las Fuerzas Militares hasta tanto supere la afecci\u00f3n, momento en el que cesar\u00e1 la vinculaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otro lado, deneg\u00f3 la salvaguarda en cuanto al reintegro reclamado, al considerar que la desvinculaci\u00f3n del agenciado \u00abse produjo con ocasi\u00f3n de un acto administrativo debidamente motivado que no ha sido controvertido por el actor por los mecanismos legales previstos para el efecto ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y goza de presunci\u00f3n de legalidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Direcci\u00f3n de Sanidad del Tolima solicit\u00f3 revocar el fallo referenciado y, en caso de no darse ello, pidi\u00f3 \u00abmantener la orden de autorizar[la] ….[para] recobrar al FOSYGA el costo correspondiente al mismo\u00bb. Lo anterior, considerando que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1.        El a-quo no era el llamado a resolver la petici\u00f3n de amparo, a la luz del art\u00edculo 1 del Decreto 1382 de 2000, toda vez que \u00abpor ser la Direcci\u00f3n de Sanidad una Dependencia de la Polic\u00eda Nacional, Instituci\u00f3n de Orden Nacional, [aqu\u00e9l]\u2026 no es competente para conocer la… tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.2.        No se notific\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad como posible afectada con las resultas del tr\u00e1mite constitucional, siendo esa entidad la encargada de dirigir la operaci\u00f3n y el funcionamiento del subsistema de Salud de la Polic\u00eda Nacional, con sujeci\u00f3n a las directrices trazadas por el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, desconoci\u00e9ndose sus derechos de defensa y debido proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3.        La Direcci\u00f3n de Sanidad y el Subsistema de Salud deben enmarcar sus actuaciones al principio de legalidad, estando imposibilitados de suministrar servicios m\u00e9dicos asistenciales a personas diferentes a quienes comprende la Ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.4.        Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que era menester verificar si los padres del sujeto a proteger, pod\u00edan \u00abafiliar a su menor hijo (sic) al Sistema General de Seguridad Social como su beneficiario, como parte de su grupo familiar en atenci\u00f3n a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 art\u00edculos 160 y 164\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Si bien la Direcci\u00f3n de la Escuela de Polic\u00eda Gabriel Gonz\u00e1lez alleg\u00f3 impugnaci\u00f3n, la misma fue rechazada por el juzgador a-quo, quien encontr\u00f3 extempor\u00e1nea su formulaci\u00f3n, por lo que la Corte no se ocupar\u00e1 de la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Sobre la naturaleza del derecho a la salud, aqu\u00ed invocado, se ha decantado que es:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026un derecho fundamental aut\u00f3nomo que tiene una doble connotaci\u00f3n -derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad\u00bb (CC T-1036\/07; citada en CSJ STC, 11 ag. 2016, rad. 2016-00112-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto al principio de continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, para ex miembros de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, esta sala ha recalcado lo dicho por la jurisprudencia constitucional en el sentido de establecer determinados casos en los que a pesar de mediar la desvinculaci\u00f3n, las entidades castrenses y policiales contin\u00faan con la carga de prestar los servicios asistenciales a aqu\u00e9llos. En ese sentido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La regla general en la materia consiste en que las fuerzas militares y de polic\u00eda deben vincular a su sistema de seguridad social a quienes se encuentran a su servicio, y que esta obligaci\u00f3n cesa en el momento en el cual la persona es desincorporada de la instituci\u00f3n, sin importar cu\u00e1l sea el motivo\u2026 Pero la Corte ha estudiado hasta el momento tres tipos de situaciones que exigen la inaplicaci\u00f3n de la anterior regla. El primero de ellos se configura cuando la persona adquiri\u00f3 una lesi\u00f3n o enfermedad desde antes de incorporarse a las fuerzas militares, la cual representa una amenaza cierta y actual del derecho a la vida en condiciones dignas, y del derecho a la integridad f\u00edsica. En este caso, la dependencia correspondiente de sanidad militar debe continuar brindando atenci\u00f3n m\u00e9dica integral (i) si la enfermedad o lesi\u00f3n preexistente no fue detectada en los ex\u00e1menes psicof\u00edsicos de ingreso, debiendo hacerlo, y (ii) se agrav\u00f3 como consecuencia del servicio militar. El segundo tipo de excepciones se genera en los eventos en que la lesi\u00f3n o enfermedad es producida durante la prestaci\u00f3n del servicio. Cuando ello ocurre, las fuerzas militares o de polic\u00eda deben continuar haci\u00e9ndose cargo de la atenci\u00f3n m\u00e9dica si la lesi\u00f3n o enfermedad (i) es producto directo del servicio; (ii) se gener\u00f3 en raz\u00f3n o con ocasi\u00f3n del mismo; o (iii) es la causa directa de la desincorporaci\u00f3n de las fuerzas militares o de polic\u00eda. Por su parte, el tercer tipo de excepciones lo constituyen los casos en los cuales la lesi\u00f3n o enfermedad tiene unas caracter\u00edsticas que ameritan la pr\u00e1ctica de ex\u00e1menes especializados para determinar el nivel de incapacidad laboral de la persona o el momento en que esta fue adquirida\u00bb (CC T-516\/09; mencionada en CSJ STC, 10 abr. 2015, rad. 2015-00480-01).  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Tales prerrogativas deben entenderse, valga la aclaraci\u00f3n, no solo respecto de todas aquellas personas que tienen una relaci\u00f3n laboral o profesional con las instituciones, sino tambi\u00e9n frente a los j\u00f3venes que prestan el servicio militar obligatorio. En cuanto a ello, la Corte ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

2.        En lo tocante con el retiro de los miembros de las fuerzas militares y de polic\u00eda, esta sala ha enfatizado especialmente en la obligaci\u00f3n del \u00e1rea de sanidad respectiva de realizar una valoraci\u00f3n m\u00e9dica al personal desvinculado, al momento del egreso, en otras palabras, practicar un examen de retiro, para efectos de determinar si se presentan afecciones relacionadas con el servicio y, en tal escenario, poder garantizarle al usuario el acceso al servicio de salud para su estabilizaci\u00f3n f\u00edsica y mental de cara a tales dolencias. Al respecto se ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que el derecho a la salud, no s\u00f3lo supone la prestaci\u00f3n de un servicio, sino que incluye la realizaci\u00f3n de todos aquellos actos que son necesarios para establecer las condiciones f\u00edsicas y s\u00edquicas de una persona, como sucede precisamente con el examen de retiro. Sobre el punto, la Corte manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En conclusi\u00f3n, a los soldados\u2026 que salen del servicio se les debe hacer un examen de retiro, y si del mismo se concluye que presentan afecciones provenientes del servicio, se les debe garantizar el acceso a la salud y determinar si tienen derecho a la pensi\u00f3n de invalidez  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo expuesto se ve reforzado frente a personas que sufrieron alg\u00fan accidente o disminuci\u00f3n de la capacidad laboral durante su permanencia en las filas, ya que deben ser tratados como sujetos de protecci\u00f3n especial, por sus condiciones f\u00edsicas o sicol\u00f3gicas, como ha sido reconocido por la jurisprudencia:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) como los demandados se negaron a examinar a una persona que debe ser especialmente protegida, es viable conceder la tutela para que Sanidad Militar reeval\u00fae al querellante y determine si su deterioro\u2026 obedece a una enfermedad desarrollada con ocasi\u00f3n de la actividad que despleg\u00f3, o, de lo contrario, la misma es de car\u00e1cter com\u00fan y no debe ser atendida por esa entidad, pues, dada la situaci\u00f3n de vulnerabilidad que limita al quejoso, no evaluarlo lo pone en peligro (CSJ STC, 14 oct. 2016, rad. 2016-00551-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Ahora, descendiendo a los aspectos planteados en la impugnaci\u00f3n, de entrada se advierte que el vicio de falta de competencia alegado no est\u00e1 llamado a prosperar, por cuanto tal como el mismo censor lo puso de presente, al ser la Polic\u00eda Nacional una entidad del orden nacional, efectivamente era el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el llamado a conocer en primera instancia, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, acorde con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1 del Decreto 1382 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Por otra parte, frente a la aducida falta de vinculaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Sanidad, hay que decir que tal omisi\u00f3n no acaeci\u00f3, pues la notificaci\u00f3n s\u00ed se produjo, en la oportunidad debida, a tal punto que los memoriales adosados a folios 18 a 27 del cuaderno 1 evidencian que tanto la Direcci\u00f3n de Sanidad como la Seccional del Tolima se pronunciaron frente a la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, se pone de presente que en el caso hipot\u00e9tico en el que tal vinculaci\u00f3n no se hubiere producido, con el solo enteramiento de cualquiera de los entes de sanidad de la instituci\u00f3n policial bastar\u00eda, quedando aquella Direcci\u00f3n obligada en virtud de los principios de integraci\u00f3n funcional y colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica. En cuanto a ese tema la Sala tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto a la vinculaci\u00f3n extra\u00f1ada en el escrito impugnatorio, la misma se estima innecesaria, teniendo en cuenta que lo aqu\u00ed dispuesto obliga a la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar y a todas sus seccionales, en aplicaci\u00f3n de los principios de \u201c(\u2026) integraci\u00f3n funcional (\u2026)\u201d y colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica, estatuidos en el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 1795 de 2000, en virtud de los cuales:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas, los Establecimientos de Sanidad Militar y Policial, y el Hospital Militar Central, concurrir\u00e1n arm\u00f3nicamente a la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, mediante la integraci\u00f3n en sus funciones, acciones y recursos, de acuerdo con la regulaci\u00f3n que para el efecto adopte el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional (\u2026)\u201d. (CSJ STC, 24 de jun. de 2016, rad. 2016-000074-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Zanjados los anteriores aspectos, ya de cara al punto central del presente reclamo constitucional, esto es, la habilitaci\u00f3n del subsistema de salud para que se brinden al accionante las prestaciones m\u00e9dicas que requiere para la estabilizaci\u00f3n de su estado de salud, del an\u00e1lisis de la demanda y sus anexos se puede establecer que: i) al amparado se le diagnostic\u00f3 Hidrocele Bilateral mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, tal como se desprende de la radiograf\u00eda que se le realiz\u00f31; ii) se emiti\u00f3 una orden de remisi\u00f3n al especialista (urolog\u00eda), la cual no se lleg\u00f3 a verificar; iii) mediante resoluci\u00f3n 0024 del 6 de diciembre de 2016, fue retirado del servicio al ser encontrado no apto por tercer examen m\u00e9dico, como consecuencia de la patolog\u00eda arriba anotada2; y iv) a pesar de la atenci\u00f3n que en principio recibi\u00f3 por los m\u00e9dicos de sanidad, las dolencias continuaron, incluso despu\u00e9s de ser desvinculado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, advierte la Corte que la decisi\u00f3n del a-quo no puede m\u00e1s que confirmarse, por cuanto emerge latente que la entidad accionada omiti\u00f3 la realizaci\u00f3n del examen de retiro para efectos de establecer si el sujeto aqu\u00ed protegido ten\u00eda derecho a alguna prestaci\u00f3n, atendiendo al car\u00e1cter de la afecci\u00f3n que present\u00f3 en desarrollo de las actividades inherentes al servicio militar obligatorio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Es de advertir que aunque la separaci\u00f3n del servicio se dio con ocasi\u00f3n del tercer examen m\u00e9dico (previsto por el art\u00edculo 18 de la Ley 28 de 1993) y que si bien pudiera oponerse que el recluta a\u00fan no hab\u00eda terminado de cumplir con los requisitos exigidos por la ley para ser elegido como apto; lo cierto es que la vinculaci\u00f3n a la Polic\u00eda Nacional se produjo desde el mismo momento en aqu\u00e9l comenz\u00f3 a prestarle sus servicios, esto es, el 9 de octubre de 2016, no pudi\u00e9ndose desconocer -por privilegiar una lectura en exceso formalista-, el tiempo intermedio en que sirvi\u00f3 a la entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo ese entendimiento, este \u00f3rgano judicial admiti\u00f3 en un caso similar al presente que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026es deber del Estado prestar asistencia m\u00e9dica al uniformado desde el momento mismo en que es reclutado y puesto a disposici\u00f3n y \u00f3rdenes de sus inmediatos superiores, por cuanto el juramento de bandera \u2018es tan solo un acto simb\u00f3lico\u2019. (CSJ STC, 14 oct. 2016, rad. 2016-00551-001; reitera los fallos CC T-534\/92 y CC T-824\/02)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        Finalmente, frente a la solicitud de mantener la autorizaci\u00f3n para repetir ante el FOSYGA por los costos que generen las prestaciones m\u00e9dicas derivadas de la orden constitucional, petici\u00f3n que se entiende en el sentido de disponer el recobro, por cuanto el juez de primera instancia no se manifest\u00f3 al respecto, se tiene que ello es abiertamente improcedente, por lo que no ser\u00e1 concedido, pues como lo ha indicado reiteradamente la Sala:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8.        Lo aqu\u00ed consignado impone ratificar la decisi\u00f3n objeto de reproche.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Ver folio 7, cuaderno 1    <\/span><\/p>\n

2 Ver folio 6, cuaderno 1.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente             STC3978-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-002-2017-00004-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100242","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100242"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100242\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}