{"id":100244,"date":"2026-06-25T20:21:28","date_gmt":"2026-06-25T20:21:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3980-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:21:28","modified_gmt":"2026-06-25T20:21:28","slug":"stc3980-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3980-2017\/","title":{"rendered":"STC3980-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2017-00026-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de febrero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cargo Group S.A.S. contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes del proceso objeto de queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar al convocado que \u00abprofiera sentencia ajustada a derecho en la cual se garanticen [sus] derechos\u00bb (folios 33 a 52, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        AIG Seguros Colombia S.A. (antes Chartris de Colombia S.A.), promovi\u00f3 demanda ordinaria de responsabilidad civil contractual contra Cargo Group S.A.S., correspondi\u00e9ndole su conocimiento al Juzgado Civil del Circuito de Funza \u2013 Cundinamarca.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Lo anterior por hechos ocurridos el 19 de abril de 2008, en los cuales fueron hurtados unos tel\u00e9fonos m\u00f3viles y unas tarjetas sim card de propiedad de Tel\u00e9fonos Celulares de Colombia Ltda. – Fastel, de unos veh\u00edculos que seg\u00fan la demandante se encontraban bajo custodia de su demandada; elementos por los que AIG Seguros indemniz\u00f3 a Fastel y se subrog\u00f3 para exigir el pag\u00f3 a la accionante.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, por medidas de descongesti\u00f3n judicial el asunto fue remitido al Juzgado Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, quien profiri\u00f3 decisi\u00f3n de fondo el 30 de octubre de 2015, condenando a Cargo Group S.A.S., quedando ejecutoriada la sentencia el 25 de noviembre de 2015, sin que frente a la misma se interpusiera el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Se\u00f1al\u00f3 el quejoso que dentro del tr\u00e1mite surtido por la autoridad accionada, no se valoraron las excepciones propuestas de i). \u00abtacha de [falsedad] de la declaraci\u00f3n realizada por el contador de Fastel Ltda., en la que se estim\u00f3 el monto de las mercanc\u00edas hurtadas\u00bb, y ii.) \u00abde prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n conforme al art\u00edculo 1081 del [C\u00f3digo de Comercio]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Adujo que se evalu\u00f3 \u00abel contrato [que] siempre fue nulo de pleno derecho a causa de la carencia de facultades del se\u00f1or Carlos Alberto Giraldo, quien lo suscribi\u00f3 sin contar con facultades de representaci\u00f3n que le permitieran obligar y adquirir derechos a Fast Tel\u00e9fonos Celulares de Colombia Ltda.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Inform\u00f3 el promotor que frente a la aludida sentencia interpuso recurso extraordinario de revisi\u00f3n, ante la Sala Civil del Tribunal Superior del distrito judicial de Cundinamarca, el cual fue inadmitido y posteriormente rechazado el 10 de noviembre de 2016, con lo que agot\u00f3 los mecanismos de defensa con los que contaba frente a aquella providencia.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Civil del Circuito de Funza \u2013 Cundinamarca limit\u00f3 su respuesta a remitir copia de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario criticado.  <\/span><\/p>\n

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2.        AIG Seguros Colombia S.A., se\u00f1al\u00f3 que exist\u00eda confusi\u00f3n frente a la autoridad encausada, toda vez que el gestor objeta una decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Zipaquir\u00e1 el 30 de octubre de 2015, pero accion\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza; advirti\u00f3 que no se interpuso apelaci\u00f3n contra la sentencia atacada y que si bien el gestor promovi\u00f3 frente a la misma el recurso de revisi\u00f3n, dicha acci\u00f3n no subsano aquella incuria a efectos de demandar alg\u00fan tipo de protecci\u00f3n judicial; se\u00f1al\u00f3 la inexistencia de inmediatez en la instauraci\u00f3n de la tutela, atendiendo a la fecha en que se dict\u00f3 la providencia objeto de la queja; motivos todos por los que solicit\u00f3 el despacho adverso del resguardo (folios 100 a 104, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abno responde al principio de inmediatez\u00bb, toda vez que la decisi\u00f3n reprochada databa del 30 de octubre de 2015, por lo que trascurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o desde que se produjo la sentencia objeto de queja \u00abcontra la cual, en su momento, [adicion\u00f3,] ninguna protesta elev\u00f3 la accionante, no obstante que ten\u00eda frente a ella mecanismos ordinarios procurando que el asunto fuera estudiado por el superior\u00bb (folios. 106 a 109, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 el anterior fallo al considerar que a la fecha de la sentencia \u00abno se hab\u00edan agotado en totalidad los recursos ordinarios y extraordinarios[,]\u2026 se hizo uso del t\u00e9rmino del recurso de revisi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 356 del C\u00f3digo Gernal del Proceso, que se extiende por dos a\u00f1os para interponerlo trat\u00e1ndose de las causales expuestas en los numerales 1\u00ba y 6\u00ba del articulo 355 ib\u00eddem\u00bb; adujo que este mecanismo de defensa s\u00f3lo se extingui\u00f3 con ocasi\u00f3n de su inadmisibilidad el 10 de noviembre de 2016, por lo esa fecha era la que deb\u00eda tenerse en cuenta para establecer si acudi\u00f3 a la tutela oportunamente, destacando que \u00abde haberse presentado la solicitud de amparo dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia atacada o cuando menos de manera simult\u00e1nea con el recurso de revisi\u00f3n esta ser\u00eda a todas luces improcedente\u00bb (folios 127 a 131, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de demanda extracta la Corte que lo cuestionado por la gestora es la sentencia dictada el 30 de octubre de 2015 en el ordinario de responsabilidad civil contractual promovido en su contra, a que en ella ataca porque, en su sentir, entre otros aspectos no se valor\u00f3 la nulidad del contrato soporte de ese juicio, a causa \u00abde la carencia de facultades del se\u00f1or Carlos Alberto Giraldo\u00bb, quien lo suscribi\u00f3 sin contar con la potestad de representaci\u00f3n de la empresa de Tel\u00e9fonos Celulares de Colombia Ltda. \u2013 FAST.  <\/span><\/p>\n

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Con base en tal premisa y descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, en la medida en que, desde la emisi\u00f3n de dicha providencia, hasta el 26 de enero de 2017, fecha de interposici\u00f3n del amparo que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, transcurri\u00f3 m\u00e1s de 1 a\u00f1o, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso de seis meses que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01).  <\/span><\/p>\n

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Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017).  <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora bien, en punto al argumento expuesto por la promotora en su impugnaci\u00f3n, referente a que no puede predicarse ausencia del presupuesto de inmediatez, dado que s\u00f3lo hasta el 10 de noviembre de 2016 agot\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que inco\u00f3 frente a la sentencia aqu\u00ed criticada, al inadmitirse la demanda formulada para tal efecto; lo cierto es que ello no var\u00eda en nada lo atr\u00e1s considerado, pues esa acci\u00f3n no hace parte del proceso ordinario fustigado, de donde no revive t\u00e9rminos frente al mismo, a menos que hubiera salido airosa, lo que no ocurri\u00f3, pues, como lo reconoce la censora, fue inadmitida; sumado a que para enrostrar los yerros de fondo que endilga a la sentencia emitida en el juicio declarativo, la v\u00eda id\u00f3nea era la apelaci\u00f3n, que no el recurso extraordinario de revisi\u00f3n y, por dem\u00e1s, ac\u00e1 no se plante\u00f3 ninguna queja frente al tr\u00e1mite del \u00faltimo.  <\/span><\/p>\n

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4.        En adici\u00f3n, aunado a que la actora, infructuosamente, procur\u00f3 restar valor a la sentencia proferida el 30 de octubre de 2015 por el Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Zipaquir\u00e1, a trav\u00e9s del memorado recurso de revisi\u00f3n, lo cierto es que, se itera, no hizo uso del mecanismo id\u00f3neo para reprochar aquella providencia, esto es, el de alzada, el que resultaba procedente para exponer ante el fallador natural los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, sin que su incuria tenga justificaci\u00f3n alguna, lo que torna improcedente su ruego constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular, la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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No basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015 y STC612-2016).  <\/span><\/p>\n

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De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Se impone, entonces, ratificar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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