{"id":100245,"date":"2026-06-25T20:21:37","date_gmt":"2026-06-25T20:21:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3981-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:21:37","modified_gmt":"2026-06-25T20:21:37","slug":"stc3981-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3981-2017\/","title":{"rendered":"STC3981-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3981-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00631-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Luis Pab\u00f3n Apicella contra la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron citados los Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador y Alicia M. Rada Ariza.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El interesado actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por la fiscal\u00eda accionada, en la indagaci\u00f3n preliminar adelantada contra algunos Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y donde act\u00faa como v\u00edctima.  <\/span><\/p>\n

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Pide en consecuencia, que \u00absea REVOCADA totalmente la providencia de Archivo de Diligencias, proferida el 20 diciembre 2016 por el fiscal 10\u00b0 delegado ante la CSJ y en las diligencias de la Noticia Criminal 110016000102201300190-10, iniciada por la denuncia penal instaurada por Jorge Luis Pab\u00f3n Apicella contra los magistrados de la Sala Laboral del tribunal superior de Barranquilla -sala laboral-OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR, y ALICIA M RADA ARIZA\u00bb y en subsidio \u00abque se ordene al Fiscal 10\u00b0 Delegado tramitar y resolver sobre la petici\u00f3n de REVOCATORIA DIRECTA formulada por m\u00ed y con motivaci\u00f3n adecuada, clara, razonable y completa\u00bb (f. 8, may\u00fascula fija, negrilla y subraya en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.  En sustento de lo anterior, asevera que con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2013 en el proceso ordinario laboral que instaur\u00f3 Martha Acu\u00f1a Hern\u00e1ndez, formul\u00f3 denuncia penal en contra de los Magistrados de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador y Alicia Mercedes Rada Ariza, de la que correspondi\u00f3 conocer a la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, quien mediante auto de 20 de diciembre de 2016 archiv\u00f3 las diligencias fundamentando la decisi\u00f3n en que \u00ablos funcionarios denunciados realizaron una apreciaci\u00f3n EN CONJUNTO de las pruebas tal como lo manifestaron en el considerando de su decisi\u00f3n, por lo que no podr\u00eda concluirse que el ad-quem no valor\u00f3 o no tuvo en cuenta las pruebas allegadas por el demandado, sino que \u00e9stas no fueron suficientes para que el juez considerara probada la existencia del contrato civil se\u00f1alado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que solicit\u00f3 el 18 de enero de 2017 la revocatoria directa de la providencia, por encontrarse establecida como un medio de defensa y considerarla \u00abINEFICAZ e INEXISTENTE; debido a su MANIFIESTA ILEGALIDAD\u00bb, petici\u00f3n que el accionado se abstuvo de resolver en prove\u00eddo del 24 de ese mismo mes y a\u00f1o, raz\u00f3n por la cual, y \u00abante la elusi\u00f3n abusiva del fiscal delegado de evadir entrar a conocer y a absolver sobre el pedido de Revocatoria Directa\u00bb, lo recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, y los recursos fueron rechazados por improcedentes (ff. 1 a 9, may\u00fascula fija, negrilla y subraya en texto).  <\/span><\/p>\n

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3.  La Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante auto de 6 de marzo de 2017 remiti\u00f3 por competencia las diligencias a esta Sala Especializada en virtud de lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo 006 de diciembre 12 de 2002), en concordancia con el art\u00edculo 1o, numeral 2o, inciso 2\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, \u00abcomo quiera que la Fiscal\u00eda accionada ejerce sus funciones ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb (f. 155).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Fiscal D\u00e9cimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia se opuso al amparo y manifest\u00f3 que ese Despacho tuvo a su cargo la investigaci\u00f3n instaurada por el actor frente a los Magistrados Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador y Alicia Mercedes Rada Ariza, del Tribunal Superior de Barranquilla, como presuntos autores responsables del delito de prevaricato por acci\u00f3n, y al no encontrar soporte alguno para continuarla, con fundamento en el art\u00edculo 79 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, orden\u00f3 el archivo de las diligencias.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que frente a la decisi\u00f3n, Jorge Luis Pab\u00f3n Apicella peticion\u00f3 en primer lugar, que se le informar\u00e1 cual era el juez de garant\u00edas con competencia para estudiar las demandas de desarchivo y mediante oficio de 10 de enero de 2017 No. 20174600001071 se le indic\u00f3 que era el Tribunal Superior de Bogot\u00e1; posteriormente \u00abrequiri\u00f3 en repetidas ocasiones que se decretar\u00e1 la \u00abineficacia, inexistencia y no producci\u00f3n de efectos\u00bb de la decisi\u00f3n de archivo\u00bb, y frente a las mismas, se le comunic\u00f3 el 30 de enero y el 15 de febrero de 2017, que el C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00abno contempla la posibilidad de decretar la ineficacia, inexistencia y no producci\u00f3n de efectos de las ordenes de archivo, y que el \u00fanico mecanismo para reanudar la investigaci\u00f3n es ordenando el desarchivo de la investigaci\u00f3n, lo cual solo proceder\u00eda si se cumpliere con lo estipulado en el art\u00edculo 79 de dicha normatividad; esto es si \u00absurgieren nuevos elementos probatorios la indagaci\u00f3n se reanudar\u00e1 mientras no se haya extinguido la acci\u00f3n penal\u00bb, situaci\u00f3n que no se ha presentado en este caso, ya que en los escritos del se\u00f1or Pab\u00f3n Apicella no ha presentado ning\u00fan argumento diferente al que ya este Despacho estudi\u00f3 en la investigaci\u00f3n, como que tampoco aport\u00f3 elementos materiales adicionales con su solicitud\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Indic\u00f3 que de otra parte, el 22 de febrero de 2017 le inform\u00f3 que como ese Despacho no encontraba ajustada la petici\u00f3n a los par\u00e1metros del art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004, \u00abpod\u00eda dirigirse al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para radicar audiencia de desarchivo como juez de garant\u00edas competente para estos casos, de conformidad con lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia C-1154\/05, requerimiento que al parecer no ha radicado el denunciante toda vez que a la fecha no hemos sido notificados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente solicit\u00f3 no acceder a las pretensiones del accionante teniendo en cuenta que, \u00aben primer lugar, existe un mecanismo ordinario ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para estudiar la solicitud de desarchivo que alega el denunciante y en segundo lugar, que este Despacho no ha incurrido en ninguna violaci\u00f3n de derechos fundamentales sino que, por el contrario, se han garantizados los mismos a trav\u00e9s de la respuesta oportuna a los requerimientos del denunciante\u00bb (f. 169). Adjunt\u00f3 a su escrito copia de los oficios que le ha remitido al actor, los que se agregaron a folios 170 a 179.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, citada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.  En el asunto en estudio el amparo formulado contra el Fiscal D\u00e9cimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por ausencia del presupuesto de subsidiariedad, lo anterior por cuanto lo pretendido por Jorge Luis Pab\u00f3n Apicella es que \u00absea REVOCADA totalmente la providencia de Archivo de Diligencias, proferida el 20 diciembre 2016 por el fiscal 10\u00b0 delegado ante la CSJ\u00bb (f. 8),  y se prosiga con el tr\u00e1mite de la investigaci\u00f3n penal contra los Magistrados Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador y Alicia Mercedes Rada Ariza, del Tribunal Superior de Barranquilla, y para lograr tal cometido puede elevar solicitud en ese sentido ante el juez de control de garant\u00edas, quien ser\u00e1 el encargado de establecer si le asiste o no raz\u00f3n en su requerimiento.  <\/span><\/p>\n

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Como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a la presente v\u00eda extraordinaria solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la inobservancia del principio de subsidiariedad la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abmientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 10 feb. 2012, Rad. 2011-00174-01, reiterado entre otros en STC5006-2014, STC4702-2015 y STC1861-2017, 15 feb, rad. 00351-01).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios regulares de control judicial, torna improcedente la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela.  <\/span><\/p>\n

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3. En STC14558-2016, de 12 de octubre de 2016, se reiter\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEsta Sala neg\u00f3 un auxilio fundado en supuestos similares a los aqu\u00ed narrados por inobservar  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el requisito de la subsidiariedad que caracteriza el resguardo, puesto que si (XXX) estima que no debi\u00f3 archivarse la investigaci\u00f3n que promovi\u00f3, bien puede pedir al juez penal municipal de control de garant\u00edas que en audiencia defina la legalidad de esa orden de la Fiscal\u00eda, tal y como se lo indic\u00f3 la autoridad encartada al momento de adoptar las determinaciones reprochadas, camino que autoriza el literal g) del art\u00edculo 11 de la Ley 906 de 2004, que fija los derechos de las v\u00edctimas \u2018a ser informadas sobre la decisi\u00f3n definitiva relativa a la persecuci\u00f3n penal; a acudir en lo pertinente, ante el juez de control de garant\u00edas\u2019 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAl respecto, esta Corte ha se\u00f1alado que es \u201cindubitable que en relaci\u00f3n con el archivo ordenado por la Fiscal\u00eda en este caso, puede v\u00e1lidamente el quejoso (\u2026), solicitar control de garant\u00edas (\u2026)\u201d (CSJ AP, 13 jul. 2009, exp. 32.078)\u201d CSJ. STC de 17 de julio de 2014, exp. 01146-03.  <\/span><\/p>\n

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En un pronunciamiento reciente, esta Corporaci\u00f3n razon\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) en el evento de que la Fiscal\u00eda se muestre renuente a retomar la instrucci\u00f3n y se mantenga en su postura inicial [archivo de las diligencias], el interesado puede acudir ante el juez de control de garant\u00edas para que dirima tal controversia, sobre lo cual la sentencia mencionada [C-1154 de 2005] dijo:   <\/span><\/p>\n

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\u2018(\u2026) [S]e debe resaltar que las v\u00edctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigaci\u00f3n. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posici\u00f3n de la Fiscal\u00eda y la de las v\u00edctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de las v\u00edctimas, cabe la intervenci\u00f3n del juez de garant\u00edas. Se debe aclarar que la Corte no est\u00e1 ordenando el control del juez de garant\u00edas para el archivo de las diligencias sino se\u00f1alando que cuando exista una controversia sobre la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, no se excluye que las v\u00edctimas puedan acudir al juez de control de garant\u00edas. De acuerdo a las anteriores consideraciones, para que dicho art\u00edculo sea ajustado a la Constituci\u00f3n se debe condicionar el sentido de la expresi\u00f3n \u2018motivos o circunstancias f\u00e1cticas que permitan su caracterizaci\u00f3n como delito\u2019 en el entendido de que dicha caracterizaci\u00f3n corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisi\u00f3n del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio P\u00fablico para el ejercicio de sus derechos y funciones. Por lo tanto, la Corte Constitucional declarar\u00e1 la exequibilidad del art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004 condicion\u00e1ndolo en dichos t\u00e9rminos (\u2026)\u201d. \u201cEllo reafirma la improcedencia del auxilio al contar el libelista con otro medio de defensa judicial\u201d (CSJ. STC de 1 de agosto de 2016, exp.: 01101-01)\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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4. Por lo anterior, el amparo suplicado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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