{"id":100248,"date":"2026-06-25T20:22:12","date_gmt":"2026-06-25T20:22:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3984-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:22:12","modified_gmt":"2026-06-25T20:22:12","slug":"stc3984-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3984-2017\/","title":{"rendered":"STC3984-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3984-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00653-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El interesado actuando en su propio nombre, acude al amparo \u00abpor la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 29, 30, 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y pol\u00edticos, por la transgresi\u00f3n, de la Ley 906 de 2004, art\u00edculos 2o, 3 (Prelaci\u00f3n de los Tratados Internacionales), 6o (Principio de Legalidad), 8o (Derecho de Defensa), 15\u00b0 (Contradicci\u00f3n), 20\u00b0 (Doble Instancia), 26\u00b0 (Prevalencia), art 381 (Prueba de Referencia), 448 (Principio de Congruencia)\u00bb, presuntamente transgredidos por el Tribunal accionado con el proferimiento de la sentencia de 23 de mayo de 2013, adicionada el 29 de julio del mismo a\u00f1o, el proceso penal adelantado en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Pide, que con fundamento \u00abel art\u00edculo 457 de la Ley 906 (\u2026) se decrete la nulidad del fallo de segunda instancia, proferido el d\u00eda 23 de mayo de 2013 y complementado el d\u00eda 29 de julio del mismo a\u00f1o, por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Penal, por ser este violatorio a mis garant\u00edas fundamentales, para que se emita un fallo de acuerdo a los art\u00edculos 381 y 448 de la Ley 906 de 2004 y de conformidad con el art\u00edculo 29 y 30 de la Constituci\u00f3n se me permita impugnarlo\u00bb (f. 20).  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene en s\u00edntesis, que cuando se encontraba de servicio como agente de polic\u00eda adscrito a la Sijin – Villavicencio y trabajando en el Grupo Estructura de Apoyo Interinstitucional (SIJIN – CTI), adelantando labores investigativas, por el procedimiento de verificaci\u00f3n llevado a cabo el 23 de enero de 2009, fue injustamente acusado de los delitos de secuestro extorsivo y secuestro simple agravado junto con otros miembros de esa instituci\u00f3n, cargos de los que lo absolvi\u00f3 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio en  sentencia de 17 de mayo de 2011.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que apelada la decisi\u00f3n por la Fiscal\u00eda, la revoc\u00f3 el Tribunal Superior de esa ciudad el 23 de mayo de 2013 para declararlos responsables del punible de privaci\u00f3n ilegal de la libertad, decisi\u00f3n que complement\u00f3 el 29 de julio siguiente en cumplimiento de la sentencia constitucional de 11 de julio de ese a\u00f1o y los conden\u00f3 a 80 meses de prisi\u00f3n, \u00abviolando la ley procesal penal, flagrantemente, el art\u00edculo 381 (el cual se\u00f1ala taxativamente que no se podr\u00e1 condenar \u00fanicamente con prueba de referencia), y el art\u00edculo 448 sobre la congruencia entre la Acusaci\u00f3n y la sentencia), siendo condenados por el Tribunal, por un delito por el cual NUNCA FUIMOS FORMALMENTE ACUSADOS, incluso ni si quiera la denuncia versaba sobre ese delito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Explica que ha agotado todos los recursos a su disposici\u00f3n, porque interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y acci\u00f3n de revisi\u00f3n, afirmando, \u00abuna vez fuimos notificados de que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia del 25 de noviembre de 2015, \u00abNO CAS\u00d3\u00bb la sentencia recurrida, emitida por el tribunal superior de Villavicencio, sala penal, de fecha 23 de mayo de 2013 y la complementaria del 29 de julio del mismo a\u00f1o; se radic\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial el d\u00eda 14 de diciembre de 2015, ante el Tribunal Superior de Villavicencio-Sala Penal, el RECURSO DE APELACI\u00d3N con base en la sentencia C- 792 de 2014 y la SOLICITUD DE DECLARATORIA DE PRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N PENAL como lo contempla el art\u00edculo 292 de la ley 906 de 2004; recib\u00ed respuesta y notificaci\u00f3n de dicha solicitud por parte del Tribunal Superior de Villavicencio-sala penal el d\u00eda 26 de enero de 2016, en la cual SE ABSTIENE de resolver el recurso y de pronunciarse sobre la solicitud de decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, sugiriendo en la misma respuesta interponer la acci\u00f3n de revisi\u00f3n; el d\u00eda 12 de febrero de 2016 se radic\u00f3 ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal la ACCI\u00d3N DE REVISI\u00d3N, y el d\u00eda 09 de agosto de 2016, esta corte resolvi\u00f3 inadmitir la misma, surti\u00e9ndose dicha notificaci\u00f3n; con la anterior acci\u00f3n de revisi\u00f3n se debe entender agotados todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, lo cual configura los requisitos generales para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente asevera que la Procuradur\u00eda Delegada para la Vigilancia Judicial y la Polic\u00eda Nacional, en la investigaci\u00f3n administrativa que les adelant\u00f3 resolvi\u00f3 decretar el archivo de la misma (ff. 1 a 21, may\u00fascula fija, negrilla y subraya en texto).  <\/span><\/p>\n

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3.  La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, orden\u00f3 mediante auto de 17 de febrero de 2017, la remisi\u00f3n del asunto por competencia a la Corte Suprema de Justicia (f.f.  149 a 151).    <\/span><\/p>\n

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4.  La Sala de Casaci\u00f3n Penal, al encontrar que la tutela la involucraba, dispuso en providencia de 6 de marzo de 2017, remitir las diligencias a esta Sala Especializada, \u00aben virtud de lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo 006 de diciembre 12 de 2002), en concordancia con el art\u00edculo 1o, numeral 2o, inciso 2o del Decreto 1382 de 2000\u00bb (f. 158).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1.  El Magistrado Ponente de la sentencia cuestionada, se opuso al amparo por no haber vulnerado las prerrogativas que reclama el actor y manifest\u00f3 que frente a la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada, fue ejercido el recurso extraordinario de casaci\u00f3n resuelto 25 de noviembre de 2015, \u00abdonde la Corte Suprema de Justicia no casa la sentencia de segunda instancia\u00bb, y adem\u00e1s se interpuso una acci\u00f3n de revisi\u00f3n que fue inadmitida por esta Corporaci\u00f3n (f. 181).  <\/span><\/p>\n

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2. El Fiscal 14 Especializado de Villavicencio, comunic\u00f3 que conforme el sistema de informaci\u00f3n de la FGN- SPOA, se encontr\u00f3 que  la denuncia presentada correspondiente al caso No. 2500016000564200900234, fue conocida por la Fiscal\u00eda Doce Especializada, Despacho que fue suprimido y no existe actualmente (f. 199).  <\/span><\/p>\n

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3. El Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, luego de referir la actuaci\u00f3n surtida en el proceso penal, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n y manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n constitucional no debe prosperar en virtud que al accionante no se le vulner\u00f3 derecho fundamental alguno, y porque igualmente, coincidimos en la acertada providencia de nuestro superior cuando revoc\u00f3 la sentencia absolutoria y conden\u00f3 por un delito por el que no se hab\u00eda acusado, pero hac\u00eda parte del mismo nomen iuris\u00bb (f. 206).  <\/span><\/p>\n

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4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal inform\u00f3 que en el proceso penal seguido en contra de Manuel Herminzul Santos Londo\u00f1o, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la defensa, decidi\u00f3 el 25 de noviembre de 2015 no casar el fallo impugnado (ff. 208 y 209).  <\/span><\/p>\n

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Igualmente manifest\u00f3 que el accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, interpuso demanda de revisi\u00f3n del fallo en su contra, con sustento en la causal segunda del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la sentencia se profiri\u00f3 luego de vencido el t\u00e9rmino de<\/span><\/p>\n

prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, la que fue inadmitida por esa Sala en auto AP5098-2016 de 9 de agosto de 2016 (Rad 47565), tras considerar que \u00abla pretensi\u00f3n del accionante se fundament\u00f3 en supuestos err\u00f3neos, pues un cabal entendimiento del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal evidencia que este no se consolid\u00f3 en el caso concreto\u00bb, decisi\u00f3n que contempla con suficiencia las razones de hecho y de derecho en las cuales se sustent\u00f3, por lo que no incurre en ninguno de los defectos que, a la luz de la jurisprudencia constitucional, torna viable la tutela contra providencias judiciales, adem\u00e1s que frente a la misma que no se interpuso ning\u00fan recurso (ff. 232 a 234).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

2.  En el presente asunto, no se cumple el requisito de la oportunidad, puesto que si bien el accionante solicita decretar la nulidad de la sentencia de 23 de mayo de 2013, complementada el 29 de julio del mismo a\u00f1o, por la que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio lo conden\u00f3 a 80 meses de prisi\u00f3n por el delito de privaci\u00f3n ilegal de la libertad (ff. 30 a 56 y 57 a 65), y frente a la misma su defensora present\u00f3 demanda de casaci\u00f3n, que no cas\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia de 25 de noviembre de 2015 (ff. 66 a 88), y s\u00f3lo hasta el 16 de diciembre de 2016 ejerci\u00f3 esta acci\u00f3n (f. 20); esto es, transcurrido m\u00e1s del semestre establecido como razonable jurisprudencialmente.  <\/span><\/p>\n

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Entonces la aludida tardanza, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad del amparo promovido, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u00bb (art\u00edculo 86, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica).  <\/span><\/p>\n

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\u00absi bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 27 nov. 2013, exp. 02680-00, reiterada, entre otras, en STC13801-2015 y, STC17132-2016, 25 nov. rad. 00600-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Adem\u00e1s, como el accionante afirma igualmente que como \u00abse radic\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial el d\u00eda 14 de diciembre de 2015, ante el Tribunal Superior de Villavicencio-Sala Penal, el RECURSO DE APELACI\u00d3N con base en la sentencia C- 792 de 2014 y la SOLICITUD DE DECLARATORIA DE PRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N PENAL como lo contempla el art\u00edculo 292 de la ley 906 de 2004; recib\u00ed respuesta y notificaci\u00f3n de dicha solicitud por parte del Tribunal Superior de Villavicencio-sala penal el d\u00eda 26 de enero de 2016, en la cual SE ABSTIENE de resolver el recurso y de pronunciarse sobre la solicitud de decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb (f. 19), su apoderado interpuso el 12 de febrero de 2016 acci\u00f3n de revisi\u00f3n que fue inadmitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia de 9 de agosto de 2016, revisada esta decisi\u00f3n se observa que la raz\u00f3n de la misma se ciment\u00f3 en que la pretensi\u00f3n se fundament\u00f3 en supuestos err\u00f3neos \u00abpues un cabal entendimiento del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal evidencia que este no se consolid\u00f3 en el caso concreto\u00bb, defecto que le impidi\u00f3 obtener al aqu\u00ed accionante, el pronunciamiento respecto del motivo de su inconformidad en el escenario propicio para ello, oportunidad que no puede pretender recuperar por v\u00eda de tutela, dada su naturaleza residual.  <\/span><\/p>\n

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En la determinaci\u00f3n aludida, resalt\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00abLa Corte la inadmitir\u00e1, dado que la pretensi\u00f3n se fundamenta en supuestos err\u00f3neos. Seg\u00fan el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 83, la acci\u00f3n penal prescribe en un tiempo igual a la pena m\u00e1xima del delito por el que se procede, sin que sea inferior a cinco a\u00f1os. Como en el presente asunto la condena se profiri\u00f3 por el punible de privaci\u00f3n ilegal de la libertad, cuya sanci\u00f3n oscila entre 48 y 90 meses de prisi\u00f3n (Art. 174 del C\u00f3digo Penal, modificado por el 14 de la Ley 890 de 2004), el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n era 90 meses (7 a\u00f1os y 6 meses).  <\/span><\/p>\n

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En su redacci\u00f3n original, el inciso 6\u00b0 del art\u00edculo 83 del estatuto sustantivo establec\u00eda un aumento de la tercera parte del lapso en el que se operaba, el fen\u00f3meno cuando el il\u00edcito lo comet\u00eda un servidor p\u00fablico en ejercicio de sus funciones o de su cargo, o con ocasi\u00f3n de \u00e9stos. El texto fue modificado por el art\u00edculo 14 de la Ley 1474 de 2011, en virtud del cual, en dichas condiciones, el incremento corresponde a la mitad.  <\/span><\/p>\n

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Es cierto, como asegur\u00f3 el defensor, que en este caso no pod\u00eda aumentarse en la mitad el lapso prescriptivo conforme a la Ley 1474 de 2011, por haber sido expedida luego de los hechos investigados. Sin embargo, para aquel momento estaba, vigente la versi\u00f3n primigenia del inciso 6\u00b0 citado, que dispon\u00eda un incremento equivalente a la tercera parte, este s\u00ed aplicable al caso concreto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, al t\u00e9rmino de 90 meses deb\u00edan sumarse 30 meses, con lo que se obten\u00eda un total de 120 meses o 10 a\u00f1os. En consecuencia, como los acontecimientos objeto de juzgamiento tuvieron lugar el 23 de enero de 2009, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal habr\u00eda de cumplirse el 23 de enero de 2019.  Ahora bien, en los procesos gobernados por la Ley 906 de 2004 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal se interrumpe con la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, desde cuando empieza a contarse un t\u00e9rmino equivalente a la mitad del inicial, sin que sea interior a tres a\u00f1os (Art. 292).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el caso examinado, entonces, el t\u00e9rmino prescriptivo posterior a la imputaci\u00f3n era de 5 a\u00f1os. Y si se tiene en cuenta que \u00e9sta se formul\u00f3 en audiencia del 16 de febrero de 2009 y que el mencionado lapso se cumpl\u00eda el 16 de febrero de 2011, claramente la sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2013 y su complementaci\u00f3n del 29 de julio siguiente, se dictaron antes de que se operara el fen\u00f3meno prescriptivo. No hay lugar, en consecuencia, a la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb (ff. 91 a 100).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Siendo as\u00ed las cosas, el amparo formulado  desemboca igualmente en la hip\u00f3tesis de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto que el accionante tuvo a su alcance el medio id\u00f3neo para salvaguardar los derechos que demanda, situaci\u00f3n que elimina la viabilidad de la protecci\u00f3n propuesta, puesto que este mecanismo extraordinario solo procede ante la carencia de los ordinarios de soluci\u00f3n al problema planteado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Por lo consignado, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC3984-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00653-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).            ANTECEDENTES      1.  El interesado actuando […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100248","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100248","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100248"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100248\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}