{"id":100249,"date":"2026-06-25T20:22:30","date_gmt":"2026-06-25T20:22:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3985-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:22:30","modified_gmt":"2026-06-25T20:22:30","slug":"stc3985-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3985-2017\/","title":{"rendered":"STC3985-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3985-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-001-2016-00554-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de febrero de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ra\u00fal Villarraga Cruz contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional y el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gait\u00e1n (Meta).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por el despacho criticado con ocasi\u00f3n del despacho comisorio dispuesto para que se efectuara la entrega del predio \u00abLa Antillana\u00bb a Edgar Antonio Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3: (i) declarar la nulidad de la comisi\u00f3n, en orden a que \u00abel demandante Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez h[iciera] efectivo el cumplimiento de la sentencia\u00bb del despacho accionado en lo relativo a la restituci\u00f3n al quejoso de la suma de 500 millones de pesos debidamente indexada desde la fecha en que la recibi\u00f3; (ii) ordenar al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio dictar un nuevo comisorio en el que disponga el cumplimiento de los fallos de instancia dictados en el proceso de nulidad de contrato surtido entre las partes; y (iii) abstenerse de restituir el predio referido a espacio dado que el actor adquiri\u00f3 la propiedad del mismo por adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n de H\u00e9ctor Julio Calder\u00f3n y Mar\u00eda Esperanza Vargas de Calder\u00f3n, mediante escritura p\u00fablica 1971 de 28 de julio de 2010.  <\/span><\/p>\n

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2.        La petici\u00f3n de amparo se soport\u00f3 en los supuestos f\u00e1cticos que a continuaci\u00f3n se sintetizan:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El 16 de diciembre de 2009 Edgar Antonio Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez y Ra\u00fal Villarraga Cruz celebraron una promesa de compraventa sobre el predio \u00abLa Antillana\u00bb, ubicado en Puerto Gait\u00e1n (Meta), el primero como promitente vendedor y el segundo como promitente comprador; acordaron como precio 950 millones de pesos, los cuales ser\u00edan pagados as\u00ed: 500 millones de pesos en dos cheques del Banco de Occidente por 250 millones de pesos cada uno, y el saldo de 450 millones de pesos ser\u00eda cubierto el 16 de abril de 2010; el bien fue entregado real y materialmente el mismo d\u00eda de la suscripci\u00f3n del contrato preparatorio.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Dicha convenci\u00f3n estuvo viciada de nulidad absoluta porque no fueron estipulados datos como la identificaci\u00f3n y alinderaci\u00f3n del bien ra\u00edz, la fecha, el lugar y la hora en que ser\u00eda otorgada la escritura p\u00fablica de compraventa.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Ante el incumplimiento del promitente vendedor, quien no era el titular de dominio del inmueble, el reclamante adquiri\u00f3 la propiedad del mismo en la sucesi\u00f3n de H\u00e9ctor Julio Calder\u00f3n y Mar\u00eda Esperanza Vargas de Calder\u00f3n mediante instrumento p\u00fablico n\u00ba 1971 de 28 de julio de 2010.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Edgar Antonio Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez demand\u00f3 la nulidad de la promesa de compraventa ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio, despacho que el 12 de agosto de 2014 orden\u00f3 restituir al demandado la parte del precio recibida debidamente indexada, negando en lo dem\u00e1s los pedimentos del libelo; decisi\u00f3n que fue apelada pero s\u00f3lo para que se condenara a Villarraga Cruz a restituir la posesi\u00f3n del predio, pues \u00e9sta era una consecuencia de anular el contrato y volver las cosas al estado anterior, a lo que accedi\u00f3 el superior.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        El estrado acusado en cumplimiento de la determinaci\u00f3n de segundo grado, por autos de 9 de agosto y 23 de septiembre de 2016 orden\u00f3 librar el despacho comisorio a efectos de que fuera entregado el inmueble \u00abLa Antillana\u00bb a Edgar Antonio Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez, inobservando que tambi\u00e9n se hab\u00eda dispuesto en forma simult\u00e1nea que \u00e9ste devolviera a Villarraga Cruz la parte del precio pagado por adelantado; por lo que, en sentir del interesado, el juzgado desconoci\u00f3 su propia decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        El quejoso elev\u00f3 petici\u00f3n al funcionario accionado atinente a que se abstuviera de librar la comisi\u00f3n hasta que no fuera acreditada la devoluci\u00f3n de la parte del importe dada anticipadamente; sin embargo, tal solicitud no fue de recibo y la entrega del lote se materializ\u00f3 el 6 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio inform\u00f3 que no desconoci\u00f3 las garant\u00edas superiores del gestor del amparo, dado que la expedici\u00f3n del despacho comisorio se debi\u00f3 al cumplimiento de la sentencia del Tribunal (folios 73 y 74, cuaderno 1).   <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo tras estimar que el actuar de la funcionaria criticada se ajust\u00f3 a lo se\u00f1alado en la sentencia de segunda instancia, dictada por el superior funcional, decisi\u00f3n en la que se autoriz\u00f3 a las partes a realizar las compensaciones a que hubiere lugar, advirtiendo que en la misma se dispusieron obligaciones rec\u00edprocas, las que tienen mecanismos judiciales para obtener su cumplimiento (folios 91 a 96, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el actor reiterando que la sede judicial acusada al ordenar la entrega del predio gener\u00f3 un desequilibrio entre las partes, por cuanto a\u00fan no se hab\u00eda devuelto la porci\u00f3n del precio entregado por el promitente comprador, lo cual hab\u00eda sido dispuesto en el fallo de primer grado; agregando que no utiliz\u00f3 el medio procesal establecido al interior del proceso por la demora que \u00e9ste supone (folios 104 a 108, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, Ra\u00fal Villarraga Cruz cuestiona que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio hubiese ordenado librar el despacho comisorio tendiente a que \u00e9l entregara a Edgar Antonio Guti\u00e9rrez Jim\u00e9nez el predio \u00abLa Antillana\u00bb, sin que este \u00faltimo le hubiese restituido la parte del precio dado anticipadamente, debidamente indexada.  <\/span><\/p>\n

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3.        Al respecto, en primer lugar, habr\u00e1 de decirse que la protecci\u00f3n rogada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en la medida en que el gestor tuvo a su alcance el recurso de reposici\u00f3n para cuestionar las providencias de 9 de agosto y 23 de septiembre de 2016, mediante las cuales fue dispuesta la comisi\u00f3n censurada, remedio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso1 y que el interesado dej\u00f3 de utilizar, situaci\u00f3n que pone en evidencia el descuido del reclamante en el uso de los instrumentos legales dispuestos al interior del juicio para la defensa de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo del medio de protecci\u00f3n que existe hacia el interior de la actuaci\u00f3n judicial impide al juez de tutela interferir en el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, en orden a plantear censuras que bien pudieron ser propuestas dentro del proceso y por medio de los cauces procesales pertinentes, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado adverso a sus intereses ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil- ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, en lo relativo a la ineficacia del recurso horizontal alegado por el actor en su impugnaci\u00f3n, recu\u00e9rdese lo dicho por la Sala sobre el punto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada STC12585-2016, 7 sep., rad. 2016-02476-00).  <\/span><\/p>\n

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4.        De otra parte, en lo concerniente a la inconformidad del actor relativa al desequilibrio generado por la falta de devoluci\u00f3n del promitente vendedor de la parte del precio recibido, obs\u00e9rvese que tal censura tambi\u00e9n deviene improcedente, comoquiera que el interesado a\u00fan tiene a su alcance la ejecuci\u00f3n para el pago de dicha suma de dinero, en la que, no est\u00e1 por dem\u00e1s recordar, puede pedir las cautelas necesarias para asegurar el cumplimiento de tal prestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En tal virtud, como el interesado ha soslayado interponer al interior de la causa el medio judicial de defensa pertinente, no es viable acudir a la acci\u00f3n de tutela pretendiendo convertirla en una herramienta alternativa, pues conforme a los dictados de la doctrina constitucional,  <\/span><\/p>\n

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\u2026en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales… Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (STC4694-2015 y STC 10331-2015).  <\/span><\/p>\n

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5.        As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela. Por lo tanto, se impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Art\u00edculo 318, C\u00f3digo General del Proceso. \u00abSalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez\u2026\u00bb.      <\/span><\/p>\n

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