{"id":100254,"date":"2026-06-25T20:23:42","date_gmt":"2026-06-25T20:23:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3991-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:23:42","modified_gmt":"2026-06-25T20:23:42","slug":"stc3991-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3991-2017\/","title":{"rendered":"STC3991-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3991-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2017-00045-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de febrero de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Mary Luz Gonz\u00e1lez Abril, Mariana Jes\u00fas Saiz Molina y Jos\u00e9 Arturo Camargo Rocha contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha y la Compa\u00f1\u00eda de Ingenieros Civiles S.A.S., a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio objeto de reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Los promotores reclaman la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y a la vivienda, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicitan se ordene al despacho convocado \u00abque revoque en su totalidad el auto mediante el cual decret\u00f3 el remate del inmueble referido en los hechos\u2026\u00bb; que los \u00abvincule como tercero[s] interviniente[s] \u2013poseedor[es] de buena fe\u2026- en el proceso ejecutivo 1997-2791 en el que se pretende el remate del inmueble\u2026\u00bb; que el actual ejecutante suministre \u00abla totalidad de la informaci\u00f3n, es decir[,] informarle que los inmuebles que se pretenden rematar se encuentran bajo la posesi\u00f3n de terceros de buena fe, que han estado [ah\u00ed]\u2026 desde hace m\u00e1s de 18 a\u00f1os\u00bb y se \u00ababsten[ga] de adelantar y solicitar m\u00e1s diligencias de remates pues con los bienes adjudicados a su favor y a cargo del cr\u00e9dito demandado se encuentra m\u00e1s que satisfecha su acreencia conforme lo pagado por los derechos de cr\u00e9dito de su cedente\u00bb (folios 63, 64, 117 y 118).  <\/span><\/p>\n

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2.1. La Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda CONCASA promovi\u00f3 un juicio en contra de la Inmobiliaria La Esperanza Ltda., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, despacho que libr\u00f3 mandamiento de pago el 31 de enero de 1997.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Tras surtirse el tr\u00e1mite correspondiente, fue dictada sentencia el 17 de septiembre de 2009, en la que se declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n formulada de \u00abfuerza mayor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Despu\u00e9s de realizarse diferentes cesiones, con auto de 30 de junio de 2011 se reconoci\u00f3 como cesionaria del cr\u00e9dito a la Compa\u00f1\u00eda de Ingenieros Civiles Ltda. COINCI.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Los accionantes indicaron que celebraron dos contratos de promesa de compraventa con la Inmobiliaria La Esperanza Ltda.: a) Mariana Jes\u00fas Saiz Molina, junto con su hijo, el 6 de marzo de 1996, respecto del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-40228263; y b) Mary Luz Gonz\u00e1lez Abril y Jos\u00e9 Arturo Camargo Rocha, el 8 de noviembre de 1995 sobre el predio No. 50S-40228272. Los anteriores convenios fueron protocolizados el 23 de agosto y 25 de septiembre de 1996, en escrituras Nos. 4295 y 5014 de la Notar\u00eda 31 de Bogot\u00e1, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Se\u00f1alaron que las aludidas escrituras no se pudieron inscribir en los respectivos folios de matr\u00edcula, puesto que \u00abfalt\u00f3 la firma del representante de la entidad bancaria acreedora hipotecaria y del se\u00f1or notario\u00bb, raz\u00f3n por la que tampoco se expidi\u00f3 la copia de las mismas (folios 47 y 104, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.6. Refirieron que desde el 4 de enero de 1998 entraron en posesi\u00f3n de los referidos bienes, es decir, hace m\u00e1s de 18 a\u00f1os han pose\u00eddo los predios de forma ininterrumpida, pac\u00edfica, p\u00fablica, de buena fe, con \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os, ejerciendo actos de disposici\u00f3n, pues los inmuebles fueron recibidos en obra negra y sin servicios p\u00fablicos, pero ellos han realizado construcciones y mejoras, invirtiendo el producto del trabajo de su vida, mejoras que exceden el precio inicial. Adem\u00e1s sus lotes son estrato 2 y viviendas de inter\u00e9s social, pues su valor no excede los 135 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Aseveraron que en el a\u00f1o 2014 promovieron unos juicios de pertenencia, los que le correspondieron a los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Soacha y se encuentran en curso.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Adujeron que en el proceso ejecutivo criticado la cesionaria Compa\u00f1\u00eda de Ingenieros Civiles Ltda. COINCI \u00abse hizo adjudicar con cargo al cr\u00e9dito noventa y siete (97) inmuebles por el valor de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000); es decir m\u00e1s de siete (7) veces el valor que esta compa\u00f1\u00eda pagara por el cr\u00e9dito cedido; de manera tal que aument\u00f3 su capital en m\u00e1s del\u2026 700%\u00bb, bienes que en su mayor\u00eda se encontraban desocupados, por lo que pudo tomar posesi\u00f3n de los mismos, recuper\u00f3 lo pagado y obtuvo ganancias (folios 49 y 106, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.9. Sostuvieron que mediante prove\u00eddo de 9 de diciembre de 2016 el estrado acusado decret\u00f3 el remate de los 31 inmuebles ocupados por terceros de buena fe que ostentan la posesi\u00f3n hace m\u00e1s de 18 a\u00f1os, por lo que ellos deben ser vinculados al proceso; se fij\u00f3 como fecha de remate el 24 de febrero de 2017, el que de llevarse a cabo les causar\u00eda un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Relataron que seg\u00fan la informaci\u00f3n brindada por un socio de la inmobiliaria, el secuestro fue adelantado de forma ilegal; no tienen nada que ver con las obligaciones de la ejecutada.  <\/span><\/p>\n

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2.11. Afirmaron que se deben respetar los derechos adquiridos, por lo que \u00abno es justo, l\u00f3gico ni legal el decretar el remate de [sus] inmuebles dej\u00e1ndo[los] en la calle junto con [sus] familias y sin el m\u00e1s m\u00ednimo respeto y consideraci\u00f3n por\u2026 [su] grave estado de salud\u00bb; se encuentran en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, pues a la actual ejecutante le fueron adjudicados inmuebles por $4.000.000.000, pese a que compr\u00f3 el cr\u00e9dito en $550.000.000, mientras que ellos solo tienen sus viviendas de inter\u00e9s social (folios 54 y 110, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.12. Agregaron que las actuaciones no han sido adelantadas de buena fe, pues \u00abel \u00fanico prop\u00f3sito de la empresa ejecutante es aumentar a toda costa su patrimonio sin importarle\u2026 pasar por encima de los habitantes de la Urbanizaci\u00f3n\u00bb (folios 61 y 116, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha indic\u00f3 que no le consta el aumento de capital de la ejecutante; que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada el 31 de agosto de 2015 arroj\u00f3 la suma de $32.946.759.130,85; que el remate de los inmuebles enunciados en los hechos se encuentra programado para el 24 de febrero de 2017; que la ocupaci\u00f3n de dichos predios por terceros poseedores de buena fe y el tiempo de la misma, no le consta; que los accionantes no han solicitado su vinculaci\u00f3n al proceso, solo formularon una petici\u00f3n deprecando copia de la totalidad del expediente y de los secuestros efectuados; que esas diligencias se adelantaron con observancia de las normas procesales; que el hecho de que los peticionarios hayan promovido unos juicios de pertenencia con posterioridad al embargo o al secuestro de los inmuebles y a que se hubiere dictado sentencia, no es \u00f3bice para la pr\u00e1ctica del remate, pues el gravamen que pesa sobre los predios sigue en cabeza de quien lo posea conforme con el art\u00edculo 2452 del C\u00f3digo Civil; que no se configuran los requisitos de procedencia del amparo, ya que no hay relevancia constitucional y no existe perjuicio irremediable alguno; y los t\u00edtulos ejecutivos presentados por la ejecutante cumplieron los requisitos legales.  <\/span><\/p>\n

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2. Oscar Iv\u00e1n Castro Ni\u00f1o, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de la Compa\u00f1\u00eda de Ingenieros Civiles S.A.S., alleg\u00f3 escrito, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dicha sociedad en este tr\u00e1mite (fls. 208 a 2013, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que los accionantes no han planteado ante el juzgador accionado su aspiraci\u00f3n de ser vinculados en el proceso, escenario en el que podr\u00e1n ventilar su situaci\u00f3n de cara a la ejecuci\u00f3n; que la actuaci\u00f3n del juzgador acusado no tiene visos de capricho o arbitrariedad, pues se trata de un proceso de cobro que inici\u00f3 en 1997, data para la cual los quejosos no aparec\u00edan como titulares inscritos de los bienes, por lo que no se puede reprochar el hecho de no haberlos vinculado; y sobre la queja atinente a que existe un desequilibrio entre lo pagado por el cesionario ejecutante y lo adeudado por la inmobiliaria, debe ser zanjada ante el despacho de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Marina de Jes\u00fas Saiz Molina impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n aduciendo que el Tribunal Constitucional no tiene raz\u00f3n al afirmar que no se le transgrede derecho fundamental alguno, pues tienen la posesi\u00f3n hace m\u00e1s de 19 a\u00f1os; que no fue pedido el expediente para examinarlo y constatar todas las anomal\u00edas que se presentaron, entre ellas, el secuestro del inmueble, actuaci\u00f3n viciada de nulidad porque el secuestre no se encontraba en la lista de auxiliares de la justicia; y se dict\u00f3 \u00abun fallo escueto sin averiguar e investigar las irregularidades denunciadas\u00bb (folio 271, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.   Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n, la que solo fue formulada por uno de los accionantes en las tutelas aqu\u00ed acumuladas, a saber, Mariana Jes\u00fas Saiz  Molina, se anticipa la improcedencia de la salvaguarda incoada por aqu\u00e9lla, comoquiera que cuenta con otros mecanismos de defensa para exponer sus reclamos.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la peticionaria puede presentar oposici\u00f3n a la diligencia de entrega conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, escenario en el que podr\u00e1 exponer sus reclamos e inconformidades, pues la acci\u00f3n de tutela \u2013 se reitera- est\u00e1 destinada a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo juicio no logran protegerse los derechos fundamentales invocados.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, en un asunto de similares contornos, se concluy\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026la improcedencia del resguardo, como quiera que la accionante, tal y como lo indic\u00f3 el a quo, tiene a su alcance otro mecanismo de defensa, como lo es la oposici\u00f3n a la entrega del bien rematado (art\u00edculo 309 C\u00f3digo General del Proceso), una vez \u00e9sta se disponga, a fin de ventilar las circunstancias que alega a trav\u00e9s de la acci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, relacionadas con los derechos que dice tener sobre el predio cautelado en el proceso ejecutivo al que se contrae su inconformidad.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb (CSJ STC1393-2017, 8 feb. 2017, rad. 2016-00671-01).  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la promotora, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01).  <\/span><\/p>\n

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3. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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