{"id":100255,"date":"2026-06-25T20:23:50","date_gmt":"2026-06-25T20:23:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3992-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:23:50","modified_gmt":"2026-06-25T20:23:50","slug":"stc3992-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3992-2017\/","title":{"rendered":"STC3992-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3992-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00681-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Freddy Alexander Villa Carmona contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, integrada por los Magistrados Jos\u00e9 Hoover Cardona Montoya y Roberto Chaves Echeverry, as\u00ed como frente al Municipio de Manizales – Alcald\u00eda de Manizales, y las Secretar\u00edas de Planeaci\u00f3n y Obras P\u00fablicas de la nombrada capital, tr\u00e1mite a que fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de cumplimiento No. 2016-00314.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El solicitante obrando en su propio nombre, alega la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, dignidad humana, igualdad, debido proceso, vivienda digna, derecho a la familia, salud y vida en condiciones dignas, presuntamente quebrantados por las autoridades judiciales y administrativas accionadas.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, pide que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales el 26 de enero de 2017 en la acci\u00f3n de cumplimiento No. 2016-00314, y se ordene \u00aba la ALCALD\u00cdA DE MANIZALES -SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, la revocatoria directa de las Resoluciones 16 y 31 de 2014, y la Resoluci\u00f3n No. 317 de 2017\u00bb (f. 99, may\u00fascula fija en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de lo anterior, aduce en s\u00edntesis, que hace cinco a\u00f1os adquiri\u00f3 el inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 100-192715 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Manizales, que corresponde a la casa No. 15 ubicada en la Avenida Alberto Mendoza, carrera 30 N\u00b0 89-12, Conjunto Cerrado Santa Mar\u00eda del Camino, mediante contrato de Promesa de Compraventa suscrito con Gustavo Casta\u00f1o Loaiza el 6 de abril de 2011.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que con su familia constituida por su esposa, quien sufre de artritis reumatoide cr\u00f3nica que le impide laborar y sus dos hijos gemelos de 4 a\u00f1os de edad, disfrutaron de la vivienda en forma tranquila hasta el mes de abril de 2014, en el que se le notific\u00f3 la existencia del proceso administrativo sancionatorio en contra de Casta\u00f1o Loaiza por infracci\u00f3n a la norma urban\u00edstica iniciado en 2011, por lo que asisti\u00f3 a la reuni\u00f3n citada por la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal de Manizales, el 23 de mayo de 2014 fue llamado para notificarle la Resoluci\u00f3n No. 16 de ese a\u00f1o y el 17 de octubre de la Resoluci\u00f3n No. 31 de 2014, situaci\u00f3n por la cual, los propietarios del Conjunto Cerrado Santa Mar\u00eda del Camino le exigieron al constructor de la obra Gustavo Casta\u00f1o Loaiza una oportuna soluci\u00f3n, obteniendo en respuesta que \u00abiba a hacer lo necesario para cumplir con lo que le ordenaron\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que posteriormente, en agosto de 2016 fue vinculado como tercero afectado en la acci\u00f3n de cumplimiento promovida por la administradora del Conjunto Cerrado Arboletes, quien solicitaba la observancia a la sanci\u00f3n administrativa impuesta por la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n a Casta\u00f1o Loaiza por la infracci\u00f3n a la norma urban\u00edstica, y con otros de los propietarios afectados contrataron los servicios de un abogado para que los representara.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a quien le correspondi\u00f3 conocer en sentencia de 6 de octubre de 2016 orden\u00f3 dar cumplimiento a la orden emitida en la Resoluci\u00f3n No, 16-2014, fallo que confirm\u00f3 parcialmente el Tribunal Superior de Manizales el 26 de enero de 2017, incurriendo en defecto f\u00e1ctico porque \u00abtrat\u00e1ndose de un asunto, que implica necesariamente las demoliciones internas de diferentes casas por infracci\u00f3n a la norma urban\u00edstica, el juez debi\u00f3 verificar el estado de las viviendas, a fin de comprobar las caracter\u00edsticas de la infracci\u00f3n de forma individualizada, e inclusive apoyarse en un dictamen pericial t\u00e9cnico que lo ilustrase sobre el alcance material de la Resoluci\u00f3n No 16 de 2014, evento que no sucedi\u00f3 pese a haberse solicitado\u00bb, adem\u00e1s que no analizaron \u00abLA INOPERANCIA DE LA ADMINISTRACI\u00d3N MUNICIPAL DE MANIZALES COMO SUPUESTO PARA VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEG\u00cdTIMA EN RELACI\u00d3N CON LA FUNCI\u00d3N ADMINISTRATIVA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente se\u00f1ala que con la demolici\u00f3n de su inmueble tendr\u00e1 que buscar otra vivienda en arrendamiento \u00abacorde a nuestro estilo de vida costar\u00eda alrededor de $1.500.000 mensuales\u00bb, lo que implicar\u00eda que \u00abtendr\u00eda que buscar un trabajo extra los fines de semana, porque mi jornada diaria de trabajo entre los d\u00edas lunes y viernes es en promedio de 12 horas. Lo que me obligar\u00eda a extender mi jornada laboral a otros d\u00edas que destino para compartir con mis hijos y con mi familia\u00bb (ff. 83 a 102, may\u00fascula fija y subraya en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. Los Magistrados del Tribunal Superior de Manizales, que profirieron la sentencia acusada, se opusieron al amparo y para ello informaron que la propiedad horizontal Conjunto Cerrado Arboletes present\u00f3 demanda de acci\u00f3n de cumplimiento en contra de las Secretar\u00edas de Obras P\u00fablicas y de Planeaci\u00f3n de esa ciudad, reclamando se les ordenara el cumplimiento inmediato a lo dispuesto en el ordinal cuarto de la Resoluci\u00f3n No 16 de 7 de mayo de 2014, consistente en la demolici\u00f3n de las obras ilegales construidas en el Conjunto Santa Mar\u00eda del Camino de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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Agregaron que el sustento f\u00e1ctico de la acci\u00f3n se apoy\u00f3 en que la Secretaria de Planeaci\u00f3n Municipal, a trav\u00e9s de la Inspecci\u00f3n de Control Urbano, inici\u00f3 un proceso por incumplimiento a las normas urban\u00edsticas en contra de Gustavo Casta\u00f1o Loaiza quien es el constructor del Conjunto Cerrado Santa Mar\u00eda del Camino, y el 11 de mayo de 2011 la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n report\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Control Urbano una obra nueva de construcci\u00f3n de vivienda familiar con dos niveles, en la cual se encontraron  dos inmuebles que no cumpl\u00edan \u00abcon el voladizo de 0.60 metros por fachada y en la parte superior se sac\u00f3 voladizo de 0.80 metros que no figura en planos. Incumpliendo igualmente con el retiro de 3.00 metros\u00bb, y adelantado el tr\u00e1mite en el que se program\u00f3 un peritaje t\u00e9cnico, por Resoluci\u00f3n No. 16 de 7 de mayo de 2014 se le impuso a Casta\u00f1o Loaiza la orden de pagar una multa y demoler las obras ilegales, decisi\u00f3n que se confirm\u00f3 mediante Resoluci\u00f3n No. 31 de 2014.    <\/span><\/p>\n

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Explicaron que adelantado el tr\u00e1mite por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, al que se vincul\u00f3 entre otras personas a Freddy Alexander Villa Carmona, quien por apoderado propuso excepciones, se dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 no probadas las defensas y orden\u00f3 a las accionadas dar cumplimiento a la determinaci\u00f3n referida, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 parcialmente esa Corporaci\u00f3n el 26 de enero de 2017, providencia en la que se respetaron las garant\u00edas legales y constitucionales de las partes (ff. 143 a 147).     <\/span><\/p>\n

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2. El apoderado de la Alcald\u00eda de Manizales, luego de pronunciarse acerca de los hechos expuestos en el escrito de tutela, solicit\u00f3 desvincular al municipio por no haber vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a la accionante (ff. 154 a 157).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, de manera excepcional y solo en aquellos precisos casos en los cuales el funcionario incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, pero siempre y cuando el afectado no cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.  En el asunto en estudio, atendidos los argumentos que edifican la solicitud de protecci\u00f3n y lo expresado en las respuestas recibidas en este tr\u00e1mite, encuentra la Corte que en reciente fallo proferido en un evento que guarda total correspondencia con el aqu\u00ed abordado, promovido por otra de las personas citadas al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de cumplimiento, sostuvo la Sala en sentencia CSJ STC3137-2017, de 8 de marzo, rad. 00429-00, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

\u00ab2. En el caso que se examina, es claro que la petici\u00f3n de tutela no atiende el postulado que se comenta, [inmediatez] toda vez que los hechos sobre los cuales edifica su alegaci\u00f3n de quebranto de garant\u00eda fundamental, tuvieron lugar aproximadamente dos a\u00f1os y siete meses antes de que formulara la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el actor se considera lesionado por cuanto la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal – Inspecci\u00f3n de Control Urbano de Manizales, mediante Resoluci\u00f3n No. 16-2014 y confirmada por acto administrativo 31-2014 en el numeral 4\u00ba orden\u00f3 la demolici\u00f3n de las obras ejecutadas en el Conjunto Santa Mar\u00eda del Camino de esa ciudad, entre ellas la casa No. 20 de propiedad del accionante por infracci\u00f3n a la norma urban\u00edstica, actos administrativos que se expidieron el 7 de mayo y 7 de julio de 2014.  <\/span><\/p>\n

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Respecto de tales determinaciones ahora cuestionadas por esta v\u00eda, el amparo se instaur\u00f3 luego de superado ampliamente el t\u00e9rmino que la jurisprudencia, seg\u00fan lo que se explic\u00f3, ha indicado que es razonable a efectos de la formulaci\u00f3n de la tutela (6 meses).  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que las decisiones que emitan las entidades del Estado, se sujetan al cumplimiento de una serie de presupuestos que determinan su validez.  Ausente cualquiera de ellos, el legislador ha instituido medios de control que quedan al alcance de los particulares, los cuales pueden ejercer, bien mediante el agotamiento de los recursos de la v\u00eda gubernativa, o a trav\u00e9s de las acciones previstas en los art\u00edculos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la queja constitucional, se reitera, no se puede utilizar como un instrumento para lograr la anulaci\u00f3n de esos actos, en sustituci\u00f3n de los procedimientos existentes para tal prop\u00f3sito, m\u00e1s si se trata de revivir oportunidades de contradicci\u00f3n judicial ya precluidas, ante lo cual no se podr\u00eda pensar en un perjuicio irremediable que autorice el amparo transitorio, porque ese concepto supone la existencia actual de medios de defensa judicial y lo que se advierte es que el presuntamente agraviado no los ejerci\u00f3 en tiempo.  <\/span><\/p>\n

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4. Por otra parte, y aun cuando de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ante una violaci\u00f3n patente de los derechos fundamentales invocados, en el presente asunto, no se colige la existencia de dicho presupuesto, puesto que la raz\u00f3n de la orden de demolici\u00f3n de varias casas que hacen parte del Conjunto Residencial Mar\u00eda del Camino entre ellas la del tutelante, no est\u00e1 fundada en una actuaci\u00f3n que se evidencie a simple vista, como caprichosa o arbitraria.  <\/span><\/p>\n

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Como se observa en la decisi\u00f3n  adoptada el 26 de enero de 2017 por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Manizales que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad al interior de la acci\u00f3n de cumplimiento instaurada por la Propiedad Horizontal Conjunto Cerrado Arboletes contra el Municipio, Secretar\u00edas de Obras P\u00fablicas y de Planeaci\u00f3n de esa ciudad y del cual solicita el accionante sea revocada, el Ad Quem se\u00f1al\u00f3 que en el sub examine era de acogerse las pretensiones del conjunto accionante al constatarse el incumplimiento del numeral 4\u00ba de la Resoluci\u00f3n No. 16-2014, que fuere confirmada en su integridad con acto administrativo 31-2014, por cuanto no se han demolido las obras ilegales construidas en el Conjunto Santa Mar\u00eda del Camino y se contin\u00faa construyendo en el mismo, incumpliendo las normas urban\u00edsticas del sector.  <\/span><\/p>\n

De igual forma al resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por el actor y otros como terceros vinculados, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

\u00abAcerca de si se debieron especificar las obras que fueron ilegalmente construidas, con indicaci\u00f3n de las que se pueden adecuar a la ley urban\u00edstica; resulta pertinente acotar que este tema ha debido ventilarse por la v\u00eda gubernativa en el tr\u00e1mite del proceso sancionatorio, o demandarse ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, solicit\u00e1ndose por ende, de ser el caso, la suspensi\u00f3n de las resoluciones atacadas. Y ello en virtud de que la finalidad de la presente acci\u00f3n constitucional no es otra que dar cumplimiento o materializar lo contenido en el acto administrativo; no siendo dable en estos momentos discutir o revivir etapas precluidas, pues se atentar\u00eda contra el principio de la preclusi\u00f3n o eventualidad de los actos procesales, fuera de que las resoluciones se encuentran debidamente ejecutoriadas y en firme desde el 17 de octubre de 2014, tal como lo afirm\u00f3 la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n. De manera que no son de recibo los argumentos expuestos como sustento de este reclamo.  <\/span><\/p>\n

Los argumentos expuestos con precedencia tambi\u00e9n sirven para controvertir la tesis de que la adquisici\u00f3n de las viviendas se realiz\u00f3 con desconocimiento de la actuaci\u00f3n administrativa que se adelantaba en contra del constructor del conjunto\u00bb.    <\/span><\/p>\n

5. Finalmente, no se puede desconocer la problem\u00e1tica expuesta por el actor al verse despojado de su bien, sin embargo dicha circunstancia no es raz\u00f3n suficiente para impedir el cumplimiento del mandato imperativo contenido en una norma administrativa como se pretende por esta v\u00eda, ello en atenci\u00f3n que el afectado puede acudir  si a bien lo tiene a las acciones civiles de saneamiento pertinentes contra el ingeniero constructor que le vendi\u00f3 el inmueble\u00bb (ff. 164 a 172).  <\/span><\/p>\n

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3.  Por lo anterior, la Sala se abstendr\u00e1 de realizar un nuevo pronunciamiento sobre los hechos expuestos por el aqu\u00ed accionante ya que se impone id\u00e9ntica soluci\u00f3n, y en consecuencia, se estar\u00e1 a lo resuelto en la sentencia de tutela referida de 8 de marzo de 2017, STC3137-2017.  <\/span><\/p>\n

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4.  En conclusi\u00f3n, el amparo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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