{"id":100258,"date":"2026-06-25T20:24:15","date_gmt":"2026-06-25T20:24:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3996-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:24:15","modified_gmt":"2026-06-25T20:24:15","slug":"stc3996-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3996-2017\/","title":{"rendered":"STC3996-2017"},"content":{"rendered":"

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3996-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00464-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, concretamente frente a la Magistrada \u00c1ngela Giovanna Carre\u00f1o Navas, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular 2015-00025-01.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El actor quien act\u00faa en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pide que se ordene: (i) \u00abal tutelado DE MANERA INMEDIATA DAR AGENCIAS EN DERECHO A MI BIEN EN 2 INSTANCIA POR VALOR DE $ 1 200 000 A FIN DE GARANTIZAR ART 13 CN, TAL COMO LO HA HECHO EN MI CONTRA\u00bb; (ii) \u00abAL TUTELADO CONSIGNE EN DERECHO (\u2026) Y CONSIGNARA POR QUE CUANDO GANO COSTAS ME DA $ 50,000 A MI BIEN, EMPERO PIERDO Y ME CONDENA EN $ 3 957 816 COMO OCURRE EN LA ACCION POPULAR 17001 31 03 003 2015 0132 01, ACASO ME VULNERA APARENTEMENTE ART 83 CN\u00bb; (iii) que se escanee copia de la tutela y del fallo y se le remitan a su correo electr\u00f3nico, y (iv) \u00abSe tramite mi  PRETENSION contra la defensora del pueblo en Caldas, para determinar si posiblemente viola ley 734 de 2002Y OTRAS NORMAS Y LEYES MAS, al negarse a impetrar tutelas Y, NEGANDOSE A ASISTIRME EN ELLAS, ACCIONES POPULARES a mi nombre y se le ordene que cumpla su funci\u00f3n deber e impetre tutelas Y ACCIONES POPULARES a mi nombre TAL COMO LO HE SOLICITADO DE MANERA VERBAL EN MULTIPLES OCASIONES DE MANERA INFRUCTUOSA\u00bb (sic) (f. 1, may\u00fascula fija en texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.   En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que present\u00f3 la acci\u00f3n popular No. 2015 00025-01 contra Bancolombia y el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que apelada por el apoderado de la entidad confirm\u00f3 el Tribunal, pero \u00abliquida costas en 2 instancia y me da a mi bien como agencias en derecho $ 50000. Pido se den costas a mi bien en valor de $ 1 200 000, como lo ha hecho este mismo tribunal\u00bb (ff. 1 y 14).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Jueza Civil del Circuito de Riosucio (Caldas), se opuso al amparo al considerar que no se demuestra la infracci\u00f3n, violaci\u00f3n o amenaza de ning\u00fan derecho constitucional fundamental del accionante, ni que con tal fijaci\u00f3n de agencias en derecho, se le est\u00e1 causando un perjuicio inminente e irremediable que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional (f. 40).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Hasta el momento de radicar la sentencia no se hab\u00eda recibido ninguna otra manifestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, citada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Ante el supuesto que se analiza, el amparo se advierte improcedente, toda vez que el accionante cont\u00f3 con la oportunidad de censurar a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n la determinaci\u00f3n que aqu\u00ed reprocha, procedente seg\u00fan lo consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, y en el 318 del C\u00f3digo General del Proceso, herramienta id\u00f3nea conforme lo ha establecido esta Sala en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00050-01; reiterada 15 may. y 17 oct. 2012, rads. 00017-01 y 02127-00; STC12585-2016, STC18241-2016, y STC120-2017, 18 ene. rad. 03605-00).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

De ese modo el reclamo resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, en cuanto a la impertinencia del amparo por tal omisi\u00f3n en el uso de los mecanismos ordinarios de impugnaci\u00f3n, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abcuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, STC11348-2015, STC11856-2015, STC4687-2016, STC7571-2016, y STC3827-2017, 17 mar. rad. 00182-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Se suma a lo precedente que la tutela implorada tiene por fin exclusivo la defensa del patrimonio del quejoso, pues lo pretendido con ella es que se ordene el reconocimiento de unos gastos pecuniarios, en la cuant\u00eda que considera merece su labor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, resulta evidente que el auxilio constitucional examinado no apunta a la defensa de una garant\u00eda fundamental, sino de los intereses meramente econ\u00f3micos del se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, lo cual desvirt\u00faa la procedencia del mecanismo estudiado, por cuanto seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica fue instituido solamente para \u00abla protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquiera autoridad p\u00fablica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha insistido,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, por eso hizo bien el Tribunal al desde\u00f1ar el amparo pedido\u201d (CSJ. STC, 24 may. 2011, Rad. 00111-01, ratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, Rad. 00067-01, el 15 de agosto de 2013, Rad. 01074-01 y el 18 de noviembre de 2013, Rad. 00068-02, citada en STC2686-2017. 1 mar. rad. 00466-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.  De otra parte, el reproche contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Manizales tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y ser\u00e1 negada conforme al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 por incurrir el promotor en temeridad, pues ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n, planteando el mismo asunto respecto de la citada entidad, como as\u00ed lo dijo la Sala en recientes oportunidades CSJ STC3120-2017, 8 de marzo, radicado 00478-00 y STC3286-2017, 9 de marzo, radicado 00467-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Finalmente y en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pretensiones, se  ordena que por secretar\u00eda se remita esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado. En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

   LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC3996-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00464-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100258","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100258","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100258"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100258\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100258"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100258"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100258"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}