{"id":100260,"date":"2026-06-25T20:24:32","date_gmt":"2026-06-25T20:24:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3999-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:24:32","modified_gmt":"2026-06-25T20:24:32","slug":"stc3999-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3999-2017\/","title":{"rendered":"STC3999-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00450-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, concretamente contra la Magistrada \u00c1ngela Giovanna Carre\u00f1o Navas, as\u00ed como frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular 2015-00148-02.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor quien act\u00faa en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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Pide que se ordene: (i) \u00abal tutelado DE MANERA INMEDIATA DAR APLICASION (sic) A LA NULIDAD DE PLENO DERECHO, YA QUE EL SENTENCIADOR NUNCA VINCULO AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE PRESTA EL SERVICIO AL PUBLICO LA ENTIDAD ACCIONADA EN MI ACCION POPULAR, PESE A QUE LO SOLICITE, DESCONOCIENDO SUS GARANTIAS PROCESALES, E INAPLICANDO ART 133, NUMERAL 8 CGP\u00bb (ii) que se escanee copia de la tutela y del fallo y se le remitan a su correo electr\u00f3nico, y (iii) \u00abTRAMITAR TUTELA CONTRA LA DEFENSORA DEL PUEBLO EN MANIZALES A FIN DE DETERMINAR SI VIOLA LEY 734 DE 2002, RESOLUCION 638 DEL 6 DE JUNIO DE 2008, NUMERAL 5.NUMERAL 3 DEL ART 282 en, ART 5 NUMERAL 10 DEL DECRETO 025 DE 2014, ARTICULOS 10,13,31, 46 DEL DECRETO 2591 DE 1991, ART 12, DELEGACION DE FUNCIONES EN LAS DEFENSORIAS REGIONALES, LEY 24 DE 1992, SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL T 119 DE 2012 AL NEGARSE A IMPETRAR TUTELAS Y ACCIONES POPULARES A MI NOMBRE E INCUMPLIR SU FUNCION DEBER, PESE A SOLICITARLO A SACIEDAD QUE PRESENTE TUTELAS A FIN DE GARANTIZARME EL DEBIDO PROCESO, YA QUE NO SOY ABOGADO\u00bb (sic) (f. 1, may\u00fascula fija en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que present\u00f3 la acci\u00f3n popular No. 2015 00148-02 contra el Banco Sudameris, en la que solicit\u00f3 la construcci\u00f3n de una unidad sanitaria para ciudadanos en condici\u00f3n de discapacidad, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales en sentencia de 16 de septiembre de 2016 neg\u00f3 su pretensi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual apel\u00f3 y la Magistrada accionada \u00abNO DECRETO LA NULIDAD QUE PEDI AL NO VINCULAR AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE PRESTA EL SERVICIO AL PUBLICO LA ENTIDAD DEMANDADA EN MI ACCION POPULAR, CONFIGURANDOSE UNA NULIDAD PROCESAL INTEGRAL, NUMERAL 8 DEL ART 133 CGP. SOLICITO SE ORDENE A LA TUTELADA DECRETE LA NULIDAD AL NEGARSE A VINCULAR AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE PRESTA EL SERVICIO AL PUBLICO LA ENTIDAD ACCIONADA EN MI ACCION POPULAR, GENERANDO UNA NULIDAD\u00bb (sic) (ff. 1 y 13, may\u00fascula fija, negrilla y subraya en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Tribunal Superior de Manizales inform\u00f3 que recibido el expediente de la acci\u00f3n popular de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Banco GNB Sudameris Colombia, para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el accionante frente a la sentencia del 16 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, se admiti\u00f3 mediante auto de 31 de octubre de 2016, providencia que fue notificada en estado del 1\u00ba de noviembre.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que el 4 de noviembre el actor popular present\u00f3 memorial en el que se excusaba de asistir a la audiencia que se fijara de sustentaci\u00f3n y fallo, y pidi\u00f3 realizar la \u00abAUDIENCIA POR Skype\u00bb, solicitando igualmente oficiar al comando de Polic\u00eda Nacional Eje Cafetero para que informara las medidas y acciones que hab\u00eda realizado a fin de garantizarle su integridad y vida, y finalmente suplic\u00f3 declarar nulidad del tr\u00e1mite de primera instancia porque consideraba que era necesario la vinculaci\u00f3n del propietario del inmueble donde funcionaba la entidad demanda.  <\/span><\/p>\n

Manifest\u00f3 que por auto de 18 de noviembre de 2016, se fij\u00f3 el 28 de ese mes como fecha para celebrar audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de conformidad con el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso y se resolvieron las solicitudes realizadas por el actor popular, y llegado el d\u00eda y la hora de la audiencia, como ninguna de las partes compareci\u00f3, se declar\u00f3 desierto el recurso impetrado de conformidad con el inciso final del art\u00edculo 322 ib\u00eddem (f. 45), a su escrito se anex\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n en esa instancia que se agreg\u00f3 a folios 46 a 63.  <\/span><\/p>\n

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2.  La Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n frente a esa Entidad por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, en tanto que no es la causante del da\u00f1o o perjuicio a los derechos fundamentales que el actor asevera le han sido vulnerados y por ende la llamada a responder por presuntos perjuicios que haya podido sufrir el accionante (ff. 66 y 67).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, citada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Ante el supuesto que se analiza, el amparo se advierte improcedente, toda vez que el accionante cont\u00f3 con la oportunidad de censurar a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, la providencia proferida el 18 de noviembre de 2016 por la que el Tribunal en Sala Unitaria al se\u00f1alar la fecha para la audiencia de alegaci\u00f3n y fallo, resolvi\u00f3 las solicitudes realizadas por el actor popular, entre ellas la \u00ab IV)  que se declare la nulidad bajo la consideraci\u00f3n de que era necesaria la vinculaci\u00f3n del propietario del inmueble donde funciona la entidad demandada, a lo que ha de indicarse que en modo alguno se colige ello imperioso; ni siquiera es indispensable indagar quien es el titular del derecho de dominio sobre dicho bien, puesto que es suficiente con la asistencia como parte de la entidad financiera demandada, toda vez que en caso de trasgresi\u00f3n a derecho colectivo alguno y de emitirse alg\u00fan ordenamiento, ser\u00eda solo \u00e9sta la obligada a cumplir y no el due\u00f1o del bien\u00bb (ff. 53 y 54), sin embargo, el reclamante dej\u00f3 de utilizar un mecanismo defensivo que pod\u00eda ejercer al interior del juicio y a esa incuria no se le puede dar soluci\u00f3n por esta v\u00eda, puesto que la acci\u00f3n de tutela no sirve al prop\u00f3sito de recuperar t\u00e9rminos u oportunidades que se perdieron en el curso del proceso por el desd\u00e9n o el descuido de los interesados, en raz\u00f3n a que  <\/span><\/p>\n

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3. Adem\u00e1s, valga se\u00f1alar, que esta Corporaci\u00f3n al abordar un caso semejante al de estudio, puso de presente, en CSJ STC13506-2016, 21 sep. 2016, rad. 2016-02598-00, que \u00abfinalmente, la petici\u00f3n atinente a que se decrete la nulidad de la sentencia, por cuanto no fue vinculado a ese tr\u00e1mite el propietario del inmueble donde funciona EPS Servicio Occidental de Salud S. O. S., ser\u00e1 despachada adversamente porque el actor carece de inter\u00e9s para reclamar ese supuesto vicio, dado que no es afectado por esa supuesta omisi\u00f3n\u00bb (citada en CSJ, STC3286-2017, 9 mar. rad. 00467-00).   <\/span><\/p>\n

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4. Ahora, el reproche contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Manizales tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y ser\u00e1 negada conforme al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 por incurrir el promotor en temeridad, pues ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n, planteando el mismo asunto respecto de la citada entidad, como as\u00ed lo dijo la Sala en recientes oportunidades CSJ STC3120-2017, 8 de marzo, radicado 00478-00 y STC3286-2017, 9 de marzo, radicado 00467-00.  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente y en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pretensiones, se  ordena que por secretar\u00eda se remita esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado. En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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