{"id":100263,"date":"2026-06-25T20:24:49","date_gmt":"2026-06-25T20:24:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4011-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:24:49","modified_gmt":"2026-06-25T20:24:49","slug":"stc4011-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4011-2017\/","title":{"rendered":"STC4011-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4011-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00102-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de febrero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Eduardo Yusti Molina contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por el despacho acusado.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se declare \u00abla ilegalidad del auto\u2026 del 13 de mayo de 2015[,] dictado\u2026 dentro del proceso ejecutivo\u2026 1998-00457[,] mediante el cual se dio por terminado dicho proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb; para que, en su lugar, se ordene la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite y la \u00abcancelaci\u00f3n de los oficios Nos. 839 y 840 de\u2026 20 de mayo de 2015 dirigidos\u2026 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali[,] cancelando el embargo del inmueble[,] y a\u2026 Guillermo Ramos Mosquera, secuestre del [mismo] ordenando [su] entrega\u00bb (folios 1 a 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Eduardo Yustin Molina promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Jos\u00e9 Antonio Olano Hoyos, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, con radicado 1998-00457; juicio que \u00abse encuentra con sentencia en firme desde muchos a\u00f1os atr\u00e1s\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Indic\u00f3 que en cumplimiento de lo anterior solicit\u00f3 nuevamente el comisorio a fin de secuestrar \u00ablos derechos que le correspond\u00edan [al ejecutado] dentro del predio\u00bb, recibiendo el mismo para su diligenciamiento el 4 de diciembre de 2014.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Anot\u00f3 que el 20 de enero de 2015 el asunto pas\u00f3 al despacho del juez informando que \u00abel proceso se enc[ontraba] con auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n en firme y sin recursos o solicitudes pendientes para proveer\u00bb; desconoci\u00e9ndose con ello el retiro del despacho comisorio referido a espacio.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Adujo que el asunto fue remitido al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Cali, quien el 13 de mayo de 2015 termin\u00f3 el proceso por desistimiento t\u00e1cito, de conformidad con el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso; determinaci\u00f3n notificada, en su sentir, de forma irregular, como un auto de tr\u00e1mite, siendo la misma un prove\u00eddo interlocutorio.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Relat\u00f3 que su mandatario \u00abs\u00f3lo se enter\u00f3 de lo anterior pasados unos meses en los cuales por motivos ajenos a su voluntad hubo la necesidad de solicitar nuevamente el despacho comisorio y al ser buscado el proceso en los Juzgados\u2026 lo encontr\u00f3 en el de\u2026 origen\u2026 en donde se le comunic\u00f3 que \u00e9ste se encontraba archivado por haberse dado por terminado un a\u00f1o antes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali pidi\u00f3 denegar la salvaguarda porque no acaeci\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la prerrogativa invocada, pues el despacho respet\u00f3 las oportunidades procesales de las partes sin que las mismas hicieran uso de los mecanismos id\u00f3neos de defensa, espec\u00edficamente contra el prove\u00eddo atacado, destacando que el actor \u00abdej\u00f3 transcurrir m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 9 meses para presentar su disconformidad\u00bb (folio 28, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo al considerar que revisado el sistema de gesti\u00f3n judicial encontr\u00f3 que el proceso criticado fue remitido a su hom\u00f3logo 6\u00b0 del Circuito desde julio de 2015; por otra parte, advirti\u00f3 que la solicitud de amparo deven\u00eda improcedente por carencia del requisito de la inmediatez.    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al advertir que frente al auto de 13 de mayo de 2015, que termin\u00f3 el proceso por desistimiento t\u00e1cito, se hallaban ausentes los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues desde que aqu\u00e9l fue dictado hab\u00eda pasado m\u00e1s de un a\u00f1o y el mismo no fue censurado a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n (folios 32 a 35, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuestos en la demanda de amparo, destacando que el requisito de inmediatez deb\u00eda estudiarse de acuerdo a la particularidad de cada caso y que se hab\u00eda omitido vincular al tr\u00e1mite al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Cali, quien tambi\u00e9n era responsable de la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales (folios 41 a 43, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        La queja del promotor de la salvaguarda se dirige contra el prove\u00eddo de 13 de mayo de 2015, que termin\u00f3 el proceso ejecutivo 1998-00457 por desistimiento t\u00e1cito, promovido por el actor contra Jos\u00e9 Antonio Olano Hoyos.  <\/span><\/p>\n

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3.        Delimitado lo anterior, la Sala observa que acertada resulta la conclusi\u00f3n del a-quo constitucional en punto a que el amparo deprecado no cumple el requisito de la inmediatez, comoquiera que entre el momento en que el Juzgado accionado termin\u00f3 el juicio por desistimiento t\u00e1cito, esto es, 13 de mayo de 2015, y la fecha en que fue presentada la demanda de tutela -9 de febrero de 2017-, se super\u00f3 el plazo de seis meses, fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional.   <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sostenido reiteradamente que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01)  <\/span><\/p>\n

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4. Por otra parte, tambi\u00e9n surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que el gestor ten\u00eda a su alcance los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que critica, dictado el 13 de mayo de 2015 por el fallador acusado, medios ordinarios de defensa que eran procedentes de conformidad con el art\u00edculo 3181  <\/span><\/p>\n

del C\u00f3digo General de Proceso y el inciso 7\u00ba del art\u00edculo 3212 \u00eddem, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01).  <\/span><\/p>\n

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5. As\u00ed las cosas, y comoquiera que el promotor no justific\u00f3 tal demora, como tampoco se evidencia en la acci\u00f3n tuitiva una justa causa frente al particular, se impone, respaldar el fallo de primera instancia, destacando que la vinculaci\u00f3n exigida del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Cali, adem\u00e1s de mostrarse inviable, porque esa sede judicial fue suprimida, era innecesaria puesto que la decisi\u00f3n judicial, que en \u00faltimas es cuestionada, fue proferida por el estrado judicial que de manera regular se convoc\u00f3 a este asunto.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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       Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez…    <\/span><\/p>\n

2 Apelaci\u00f3n. Procedencia\u2026 Tambi\u00e9n son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: \u20267. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. (Subraya y negrilla fuera de texto).      <\/span><\/p>\n

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