{"id":100264,"date":"2026-06-25T20:24:56","date_gmt":"2026-06-25T20:24:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4015-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:24:56","modified_gmt":"2026-06-25T20:24:56","slug":"stc4015-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4015-2017\/","title":{"rendered":"STC4015-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4015-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00099-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de febrero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Eider Narv\u00e1ez Castillo contra la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca \u2013CVC-.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El actor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la \u00abpensi\u00f3n de sobreviviente\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se conceda a su favor \u00abla sustituci\u00f3n de pensi\u00f3n de sobreviviente que ven\u00eda gozando su se\u00f1ora madre Teresa Castillo de Narv\u00e1ez por la muerte de su esposo Fernando Narv\u00e1ez Cort\u00e9s funcionario en la CVC (octubre 24 del 2005) hasta el 7 de abril de 2015\u00bb; a m\u00e1s, que se ordene su pago inmediato con todos los retroactivos (folios 1 a 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Teresa Castillo Narv\u00e1ez (q.e.p.d.)1, en calidad de c\u00f3nyuge sobreviviente, percib\u00eda, por sustituci\u00f3n, la asignaci\u00f3n pensional de su esposo Fernando Narv\u00e1ez Cort\u00e9s (q.e.p.d.)2, reconocida por parte de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Anot\u00f3 el quejoso que tras el fallecimiento de su madre, el que ocurri\u00f3 el 7 de abril de 2015, sus prerrogativas de primer grado comenzaron a afectarse, pues \u00absiempre dependi\u00f3 econ\u00f3micamente\u2026 de su se\u00f1or padre y a la muerte de \u00e9ste, de su se\u00f1ora madre\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Sostuvo que padece de convulsiones epil\u00e9pticas complejas, situaci\u00f3n por la que no pudo tener empleos fijos, por la que fue calificado con p\u00e9rdida de capacidad laboral del 66% y, en consecuencia, pensionado por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES con una asignaci\u00f3n equivalente a un salario m\u00ednimo legal mensual vigente.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Se\u00f1al\u00f3 que la determinaci\u00f3n referida a espacio desconoce los precedentes jurisprudenciales, habida cuenta que la pensi\u00f3n de sobreviviente es compatible con la de invalidez, por lo que, en su sentir, deb\u00eda accederse a su petici\u00f3n de sustituci\u00f3n pensional, m\u00e1xime cuando requiere de dicha ayuda porque tiene 2 hijos, los cuales depend\u00edan econ\u00f3micamente de Teresa Castillo Narv\u00e1ez.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca pidi\u00f3 negar el amparo suplicado, argumentando que el actor actualmente cuenta con pensi\u00f3n de invalidez, reconocida con la Resoluci\u00f3n n\u00ba 411919 de 18 diciembre de 2015 por Colpensiones.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3 que la p\u00e9rdida de capacidad laboral del gestor data de 22 de julio de 2008, por lo que el mismo \u00abno tiene derecho a reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes que ahora pretende\u2026 porque en vida de su padre no ten\u00eda su condici\u00f3n de invalidez\u00bb; agreg\u00f3 que frente a la dependencia econ\u00f3mica de sus 2 hijos, la madre de estos \u00abtiene el deber de aportar alimentos, m\u00e1xime cuando [el] padre est\u00e1 pensionado por invalidez\u2026 [y ella es] docente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el promotor del resguardo no acredit\u00f3 un perjuicio irremediable, as\u00ed como tampoco la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital, pues de lo relatado se desprend\u00eda que aqu\u00e9l percib\u00eda pensi\u00f3n por invalidez y estaba afiliado al sistema de salud en calidad de cotizante (folios 89 y 90, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el gestor no demostr\u00f3 dependencia econ\u00f3mica respecto de quien pretend\u00eda derivar el derecho prestacional, as\u00ed como tampoco el desequilibrio econ\u00f3mico que sufri\u00f3 por la muerte de sus padres, \u00absituaci\u00f3n que claramente impide acceder al reconocimiento pensional\u00bb, de conformidad con el art\u00edculo 47 de Ley 100 de 1993.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que la decisi\u00f3n de la autoridad accionada de no acceder a la sustituci\u00f3n pensional no resultaba errada, pues el censor no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de invalidez \u00abpara cuando falleci\u00f3 [su] padre, frente a quien,\u2026 es posible predicar el derecho pensional a sustituir\u2026 [toda vez que tal incapacidad] aparece estructurada en el a\u00f1o 2008, al paso que el fallecimiento de su progenitor se produjo en el a\u00f1o 2005\u00bb (folios 94 a 100, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante indicando, tras reiterar lo expuesto en el libelo inicial, que \u00abs\u00ed existe probanza contundente para establecer [su] dependencia econ\u00f3mica frente a su padre, que es de quien\u2026 se deriv[a] el derecho prestacional\u00bb, pues su estilo de vida cambi\u00f3 con ocasi\u00f3n de la muerte de aqu\u00e9l.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que si bien, su incapacidad laboral fue diagnosticada en el a\u00f1o 2008, lo cierto es que tales padecimientos los adquiri\u00f3 con anterioridad, al punto que su primera crisis psiqui\u00e1trica se produjo en el a\u00f1o 1991, cuando laboraba con la entidad convocada (folios105 a 109, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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       1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el promotor cuenta con otros mecanismos de defensa para cuestionar el contenido del oficio n\u00ba 0320-357292016, a trav\u00e9s del cual la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca no accedi\u00f3 a su solicitud de sustituci\u00f3n pensional de sobreviviente, de la cual era beneficiaria \u00absu se\u00f1ora madre Teresa Castillo de Narv\u00e1ez (q.e.p.d), por la muerte de su esposo, el se\u00f1or Fernando Narv\u00e1ez Cort\u00e9s (octubre 24 de 2005)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, esta acci\u00f3n excepcional no es la v\u00eda adecuada para censurar la referida determinaci\u00f3n, pues el gestor cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para deprecar la nulidad de tal acto administrativo, que aqu\u00ed critica, conforme a los art\u00edculos 1373 y 1384  <\/span><\/p>\n

del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, escenario que, por dem\u00e1s, se muestra id\u00f3neo para plantear las supuestas afectaciones sufridas ante la negaci\u00f3n de la referida sustituci\u00f3n pensional, destacando que ante dicha jurisdicci\u00f3n puede controvertir lo referente a la notificaci\u00f3n del acto desfavorable a su solicitud pensional, a fin de determinar los t\u00e9rminos de caducidad.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular, la Corte ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar:  <\/span><\/p>\n

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En efecto, los peticionarios para discutir la legalidad del acto administrativo referido a espacio, que consideran lesivo de sus garant\u00edas constitucionales, cuentan con un mecanismo id\u00f3neo y eficaz, como lo es la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, escenario en el que podr\u00e1n plantear la aducida falta de notificaci\u00f3n respecto a tal acto, con el fin de que el juzgador natural del asunto establezca si oper\u00f3 el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la caducidad, y all\u00ed tambi\u00e9n podr\u00e1n solicitar la suspensi\u00f3n provisional de aquella decisi\u00f3n, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo Administrativo y de lo C\u00f3digo Contencioso Administrativo\u201d (CSJ STC, 28 en. 2016, rad. 2016-00054-00).  <\/span><\/p>\n

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3.        De ese modo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo del referido medio ordinario de protecci\u00f3n impide al juez de tutela interferir en el asunto sometido a su conocimiento, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las personas quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, ha se\u00f1alado la Jurisprudencia de esta Sala:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[se] advierte\u2026el fracaso de la impugnaci\u00f3n formulada, en la medida que la actora desperdici\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa con los cuales puede o pudo controvertir las resoluciones que hoy censura por v\u00eda de tutela, habida cuenta de que inobserv\u00f3 que contra \u00e9stas proced\u00eda el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instrumento que tuvo a su alcance y despreci\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Por manera que, a la peticionaria no le era dado pretender reemplazar el instrumento establecido en el ordenamiento positivo, para, a trav\u00e9s de la presente tutela, reclamar la revocatoria de las resoluciones\u2026, pues como ya se anot\u00f3 tal pretensi\u00f3n pudo elevarla ante la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, aspecto que torna improcedente la acci\u00f3n tuitiva, ya que \u00e9sta fue instituida con un car\u00e1cter residual o subsidiario y, por contera, no puede convertirse en una v\u00eda paralela, complementaria ni alternativa en orden a resolver cuestiones propias de procedimientos comunes.  <\/span><\/p>\n

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Conviene reiterar que el resguardo superior \u201cno est\u00e1 previst[o] para remediar fallas de gesti\u00f3n administrativa, ni suple los mecanismos judiciales establecidos por el legislador para obtener la protecci\u00f3n judicial de los derechos de los destinatarios de las decisiones proferidas por la administraci\u00f3n p\u00fablica, lo contrario equivaldr\u00eda a volcar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias del sistema jur\u00eddico, a trav\u00e9s del ejercicio del mecanismo de amparo constitucional de car\u00e1cter eminentemente subsidiario y residual\u201d (sentencia 31 de agosto de 2009, exp. 20001-22-14-000-2009-00070-01)\u2026(CSJ STC, 28 ag. 2013, rad. 2013-00160-01; y STC5986-2015, 15 may., rad. 2015-00680-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, a m\u00e1s de la existencia de otros medios de defensa judicial, no se evidencia la presencia de un perjuicio irremediable ni de la vulneraci\u00f3n al m\u00ednimo vital del accionante, que den lugar al resguardo como mecanismo transitorio; presupuestos que para tal fin deb\u00edan ser demostrados por el gestor, como la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n, lo que se echa de menos en el presente caso; resaltando que lo acreditado es que el actor actualmente percibe una pensi\u00f3n de invalidez, producto de su p\u00e9rdida de capacidad laboral, y actualmente est\u00e1 vinculado como cotizante en r\u00e9gimen contributivo de salud, ante la ASOCIACI\u00d3N MUTUAL LA ESPERANZA – ASMET SALUD \u2013CM.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, resulta procedente recordar lo se\u00f1alado por esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 no se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional (STC, 14 abr. 2016, rad. 2016-00824-00; reitera las sentencias STC, 11 may. 2010, rad. 2010-00249-01; y 9 feb. 2012, rad. 2012-00179-01).  <\/span><\/p>\n

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5.        Conforme a lo consignado, se impone respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Madre del accionante.    <\/span><\/p>\n

2 Falleci\u00f3 el 24 de octubre de 2005.    <\/span><\/p>\n

3 Art\u00edculo 137, Ley 1437 de 2011: Nulidad. Toda persona podr\u00e1 solicitar por s\u00ed, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de car\u00e1cter general. (\u2026) Tambi\u00e9n puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificaci\u00f3n y registro. (\u2026)    <\/span><\/p>\n

4 Art\u00edculo 138, Ley 1437 de 2011: Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior.  <\/span><\/p>\n

Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel.      <\/span><\/p>\n

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