{"id":100266,"date":"2026-06-25T20:25:14","date_gmt":"2026-06-25T20:25:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4018-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:25:14","modified_gmt":"2026-06-25T20:25:14","slug":"stc4018-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4018-2017\/","title":{"rendered":"STC4018-2017"},"content":{"rendered":"

      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4018-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00654-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene \u00abdar aplicaci\u00f3n\u2026 [al] numeral 3\u00ba del art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que tiene que ver con prescindir de la prueba cient\u00edfica decretada, en consideraci\u00f3n a la imposibilidad de practicar[la]\u2026 y a la ausencia de oposici\u00f3n a las\u2026 pretensiones por parte de\u2026 Ferney Puentes Rojas\u2026 demandado dentro del proceso de impugnaci\u00f3n del reconocimiento de hijo extramatrimonial e investigaci\u00f3n de paternidad extramatrimonial\u2026 73001-31-10-004-2015-00203-00, [como] el leg\u00edtimo padre del menor\u00bb (folios 2 a 21 y 152 a 154, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Gloriceth Rubiano Vargas, en representaci\u00f3n del menor J.E.P.R.1, inco\u00f3 demanda de impugnaci\u00f3n de reconocimiento de hijo extramatrimonial contra Ferney Puentes Rojas, al tiempo que solicit\u00f3 investigaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial contra Jorge Andr\u00e9s Trujillo Osso; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Afirm\u00f3 el quejoso que se notific\u00f3 personalmente del juicio adelantado en su contra, proponiendo las excepciones de fondo pertinentes el 16 de octubre de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Relat\u00f3 que el Juzgado accionando ha ordenado la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN en 5 oportunidades, sin que haya sido posible efectuarla, pues \u00absolamente libra las citaciones\u2026 a [\u00e9l] y a la demandante Gloriceth Rubiano, omitiendo hacerlo a\u2026 Ferney Puentes, pese a contar con las direcciones de notificaci\u00f3n y ordenar su conducci\u00f3n a la Polic\u00eda Nacional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Anot\u00f3 que el 17 de agosto de 2016 solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de que se excluyera la pr\u00e1ctica de la referida prueba, pues el demandado Puentes Rojas no present\u00f3 oposici\u00f3n a las pretensiones de impugnaci\u00f3n a la paternidad; que, en su sentir, ante la \u00abinactividad\u00bb de aqu\u00e9l en el juicio, la sede judicial accionada deb\u00eda determinar la paternidad leg\u00edtima.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Indic\u00f3 que el Juzgado encartado, el 22 de agosto de 2016, fij\u00f3 el 7 de septiembre siguiente como fecha para la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, omitiendo dar respuesta de fondo a la petici\u00f3n referida a espacio; por lo que present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.         Con prove\u00eddo de 10 de octubre de 2016 el estrado judicial accionado mantuvo la decisi\u00f3n y deneg\u00f3 la apelaci\u00f3n, se\u00f1alando el 2 de noviembre siguiente para la pr\u00e1ctica del examen de marcadores gen\u00e9ticos, citando para ello al grupo familiar del menor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Adujo, en s\u00edntesis, que Ferney Puentes Rojas \u00abha renunciado a cualquier tipo de defensa a su favor, sin establecer ning\u00fan tipo de acci\u00f3n que determine su inter\u00e9s en desvirtuar la paternidad leg\u00edtima que ostenta sobre el menor\u00bb, configur\u00e1ndose de esta manera los presupuestos del numeral 4\u00ba del canon 386 del Estatuto General del Proceso, advirtiendo que \u00absi bien es cierto que dicho art\u00edculo menciona el acogimiento de las pretensiones, no hay que dejar de lado que\u2026 Puentes Rojas\u2026 no ha mostrado ninguna oposici\u00f3n\u2026 o manifestaci\u00f3n\u2026 respecto a la paternidad legitima que ostenta\u2026 ni frente a la respectiva impugnaci\u00f3n\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. A\u00f1adi\u00f3 que la Ley 75 de 1968 estableci\u00f3 la presunci\u00f3n como postulado para determinar la paternidad de los menores, situaci\u00f3n que se adecua al caso concreto, pues dichas sospechas \u00abno han sido, ni ser\u00e1n desvirtuadas de manera eficaz por parte de la demandante, ante la imposibilidad de pr\u00e1ctica de prueba cient\u00edfica que ratifique circunstancia distinta a la que Ferney Puentes Rojas es el padre leg\u00edtimo [del ni\u00f1o]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9. Finaliz\u00f3 sosteniendo que por auto de 13 de diciembre de 2016 la sede judicial accionada dispuso que la prueba gen\u00e9tica se practicar\u00eda el 27 de enero de 2017, respecto del menor J.E.P.R., Gloriceth Rubiano Vargas y Ferney Puentes Rojas, pero, err\u00f3neamente el Juzgado le exigi\u00f3 comparecer a \u00e9l, procedi\u00e9ndose en contra de lo realmente ordenado.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 relat\u00f3 que ten\u00eda la obligaci\u00f3n legal de practicar de la prueba de ADN a fin de velar por la protecci\u00f3n del menor, inform\u00f3 que en 5 oportunidades hab\u00eda fijado fecha para llevarla a cabo ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sin poderla realizar \u00aba pesar de haber ordenado la conducci\u00f3n de los se\u00f1ores JORGE ANDR\u00c9S TRUJILLO OSSO Y FERNEY PUENTES ROJAS\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostuvo que conforme al art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ablas partes est\u00e1n obligadas a prestar toda la colaboraci\u00f3n para la toma de las pruebas de ADN, situaci\u00f3n que ha brillado por su ausencia por\u2026 [el accionante], denot\u00e1ndose desinter\u00e9s y dilaci\u00f3n injustificada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que conforme al canon 78 \u00eddem, en concordancia con el precepto 33 de la Ley 1123 de 2007, \u00abla ley le impone el deber y la obligaci\u00f3n al apoderado de la parte demandada\u2026, [de] prestar toda la colaboraci\u00f3n a efectos que su prohijado comparezca a la toma de las muestras gen\u00e9ticas de ADN, a fin de continuar con la siguiente etapa procesal y no por el contrario, presentar recursos que retrasen el normal desarrollo de la actuaci\u00f3n\u00bb (folios 79 a 84, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda 14 Judicial II de Familia de Ibagu\u00e9 puso de presente los principios  constitucionales en aras de garantizar el car\u00e1cter prevalente de los derechos de los ni\u00f1os, sostuvo que en el caso concreto el actuar del Juzgado accionado estaba encaminado \u00abprecisamente [a] garantizar el derecho a una plena identidad del menor de edad, lo que se lograr\u00eda con un alto grado de certeza mediante la pr\u00e1ctica de la prueba cient\u00edfica de ADN o prueba gen\u00e9tica\u00bb, por lo que el resguardo se tornaba improcedente (folios 100 a 108, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013ICBF- solicit\u00f3 negar la salvaguarda por improcedente, argument\u00f3 que el actuar del despacho criticado garantiz\u00f3 el debido proceso del actor \u00aben estricta aplicaci\u00f3n a la establecido en [la] Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Art. 44, C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia y la Convenci\u00f3n de los Derechos del ni\u00f1o, sobre el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y\/o adolescentes\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicion\u00f3 que la sede judicial encartada aplic\u00f3 \u00abal pie de la letra\u00bb el tr\u00e1mite consagrado en el art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso, solicitando la prueba gen\u00e9tica \u00abnot\u00e1ndose desinter\u00e9s de los demandados en concurrir a MEDICINA LEGAL a practicarse dicho examen, situaci\u00f3n que perjudicaba los intereses del\u2026 ni\u00f1o\u00bb (folios 116 y 117, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo neg\u00f3 el amparo al advertir que la actuaci\u00f3n del despacho accionado no luc\u00eda arbitraria ni caprichosa, por lo que no implicaba la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas alegadas por el actor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el criterio adoptado por la autoridad convocada \u00abest\u00e1 justificado en la medida que considera de manera necesaria llevar a cabo [la] prueba cient\u00edfica decretada, y si bien es cierto \u00e9sta no se ha logrado realizar\u2026 resalt[\u00f3] que ello ha obedecido a la falta de colaboraci\u00f3n en inter\u00e9s para ello de la parte demandada, incluso del mismo tutelante\u2026 quien ha sido renuente no solo a asistir en las fechas se\u00f1aladas para la prueba, sino que adem\u00e1s, estando en el lugar designado para ello, se neg\u00f3 a su pr\u00e1ctica, pretendiendo en esta oportunidad\u2026 desligarse de sus deberes y responsabilidades como parte dentro del proceso y en especial en lo relativo a la establecida en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso frente a la colaboraci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de pruebas y diligencias\u00bb (folios 178 a 187, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el apoderado de la parte accionante reiterando los argumentos esbozados en la demanda constitucional; a los que a\u00f1adi\u00f3 que conforme a los diferentes precedentes jurisprudenciales, cuya aplicaci\u00f3n pidi\u00f3, la imposibilidad de la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN no le impide al juez natural fallar con otros medios de convicci\u00f3n para desvirtuar la presunci\u00f3n de paternidad (folios 195 a 206, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2. Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona la falta de aplicaci\u00f3n de los numerales 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de que el Juez Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 falle el juicio de impugnaci\u00f3n de reconocimiento del hijo extramatrimonial promovido contra Ferney Puentes Rojas y la investigaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial frente al gestor, ambas respecto del menor J.E.P.R., sin la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN; lo que debe ocurrir en sentir del actor, porque el primero de los demandados no se opuso a las pretensiones del libelo, por lo que se debe considerar que es el padre leg\u00edtimo.  <\/span><\/p>\n

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1. Delimitado lo anterior, de entrada se advierte que el amparo rogado carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues tal y como lo afirm\u00f3 el a quo constitucional, el actuar del despacho accionado no luce arbitrario, caprichoso ni contrario a la normatividad aplicable al caso concreto, tras la insistencia en la pr\u00e1ctica de la prueba cient\u00edfica a fin de determinar la filiaci\u00f3n del menor; destacando as\u00ed, que los menores gozan de una serie de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en favor de su inter\u00e9s superior.    <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, la jurisprudencia2 ha referido algunas pautas (CC T-261\/13), entre las cuales se destaca que:  <\/span><\/p>\n

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Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026   <\/span><\/p>\n

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[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…)  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor.  <\/span><\/p>\n

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Resulta importante resaltar la necesidad de definir el derecho, verdadera filiaci\u00f3n e identidad de ni\u00f1os y ni\u00f1as, en concordancia con el art\u00edculo 25 de la Ley 1098 de 2006, que al respecto prescribe: \u00ablos ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiaci\u00f3n conformes a la ley. Para estos efectos deber\u00e1n ser inscritos inmediatamente despu\u00e9s de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que la acci\u00f3n judicial dirigida a establecer la filiaci\u00f3n de una persona y especialmente de un menor, conlleva a definir su estado civil, ante la familia y la sociedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que \u00abla filiaci\u00f3n es uno de los atributos de la personalidad jur\u00eddica, puesto que ella est\u00e1 indisolublemente ligada al estado civil de la persona\u00bb, y record\u00f3 que la filiaci\u00f3n de una persona \u00abse encuentra vinculada al estado civil, y por ende constituye un atributo de la personalidad\u00bb. (CC C-109\/95).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Ahora, en casos como el ahora auscultado, y con el fin de definir el estado civil y especialmente el derecho a la identidad de los ni\u00f1os, es evidente el car\u00e1cter obligatorio que para el Juez natural tiene la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, a pesar de la renuencia de las partes, cuando se encuentran en discusi\u00f3n los derechos de los menores, especialmente la certeza de su filiaci\u00f3n. Aspecto respecto al que la jurisprudencia insistentemente ha ratificado esa postura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la Sala ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abtrat\u00e1ndose de un compromiso con el hallazgo de la verdad, puesto que el proceso judicial no se justifica sino en tanto sea un instrumento para su verificaci\u00f3n, porque \u00e9sta en s\u00ed constituye un argumento de justicia, los argumentos de desidia de las partes no pueden dar al traste con lo que en definitiva es un poder-deber del juez, quien, como bien se sabe, dej\u00f3 de ser un espectador del proceso para convertirse en su gran director, y a su vez, promotor de decisiones justas\u00bb (Sent. de 7 de marzo de 1997. Cfme: cas. civ. de 25 de febrero de 2002; exp.: 6623). Al fin y al cabo, con s\u00f3lida raz\u00f3n, \u00abla justicia no puede volverle la espalda al establecimiento de la verdad material enfrente de los intereses en pugna, asumiendo una posici\u00f3n eminentemente pasiva\u00bb (G.J. t. CXCII, p\u00e1g. 233. Cfme: cas. civ. de 24 de noviembre de 1999; exp. : 5339), m\u00e1s propia de un proceder desidioso, muy otro del que debe observar todo servidor p\u00fablico, incluido el administrador de justicia, claro est\u00e1, quien tiene un elevado compromiso con la colectividad toda. (CSJ SC, 28 jun. 2005, rad. 7901).  <\/span><\/p>\n

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Es el caso de los ex\u00e1menes m\u00e9dicos destinados a establecer las caracter\u00edsticas gen\u00e9ticas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre, los cuales \u2013es la regla- deben ser ordenados por el juez en aquellos procesos en los que se discuta la filiaci\u00f3n paterna o materna, seg\u00fan lo establec\u00eda el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 75 de 1968, hoy modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 721 de 2001, eventos en los cuales el decreto y la pr\u00e1ctica de dicha prueba, no fueron abandonados a los intereses que pudiera tener alguna de las partes, y ni siquiera al mero arbitrio judicial, de suerte que los jueces pudieran disponer de ella seg\u00fan su leal saber y entender, sino que una y otra \u2013ordenamiento y realizaci\u00f3n- obedecen a un imperativo legal que, por ende, determina el comportamiento probatorio de los distintos sujetos que intervienen en el respectivo proceso de filiaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En suma, la Constituci\u00f3n y la ley conciben un proceso judicial que hunde sus ra\u00edces en los principios de colaboraci\u00f3n de las partes y direcci\u00f3n \u2013material y gerencial- por el juez, por manera que trat\u00e1ndose de asuntos en que el legislador ha previsto la necesidad de practicar, con car\u00e1cter obligatorio, un determinado medio de prueba, como es el caso de los ex\u00e1menes gen\u00e9ticos para establecer la verdadera filiaci\u00f3n de una persona, el recaudo de esa probanza no puede abandonarse a la voluntad caprichosa y antojadiza de uno de los litigantes, o al mayor o menor grado de cooperaci\u00f3n que quiera prestar con esa finalidad, pues si se permitiera que la recolecci\u00f3n de dicho medio probatorio dependiera de \u00e9l, se impedir\u00eda el cabal ejercicio del derecho a probar de su contraria y quedar\u00eda librada la suerte del pleito al manejo que dicho litigante quiera darle a la prueba. Por eso, entonces, no pueden los jueces tolerar tan grave comportamiento, frente al cual se impone el cumplimiento activo de los deberes que la ley establece y el ejercicio din\u00e1mico de los poderes que ella misma les reconoce para hacer efectiva la garant\u00eda constitucional al debido proceso, con el fin de impedir que, a partir de aquella conducta impeditiva de la parte, se materialice una irregularidad procesal que vicie la actuaci\u00f3n\u2026.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es el caso, por v\u00eda de ejemplo, de la hip\u00f3tesis en que el presunto padre se niega a concurrir al laboratorio respectivo, para prestar su colaboraci\u00f3n en la pr\u00e1ctica del examen m\u00e9dico pertinente. Desde luego que siendo necesaria su intervenci\u00f3n, principalmente en las pruebas que requieren el an\u00e1lisis del ADN, su simple negativa, por reiterada que ella sea, lo mismo que sus evasivas y, en general, los comportamientos que develen la intenci\u00f3n de impedir que se recaude la prueba, no pueden traducirse en que el Juez deba \u2013sin m\u00e1s- clausurar la oportunidad para practicar esa probanza, pues aunque es indiscutible que tan reprochable comportamiento constituye un indicio que no es de poca relevancia \u2013como suele verse en m\u00faltiples providencias judiciales-, tambi\u00e9n lo es que para salvaguardar el referido derecho a probar, esto es, para no mancillarlo, en estrictez, debe el Juez adoptar las medidas racionales que considere necesarias para remediar y sancionar un acto que, como el se\u00f1alado, es abiertamente contrario a la Constituci\u00f3n, en cuanto que toda persona tiene el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (num. 7\u00ba, inc. 3, art. 95 C.Pol.), \u201cm\u00e1xime cuando de su concurso depende en buena medida el esclarecimiento de los hechos materia del debate y los caros intereses que est\u00e1n comprometidos en los procesos de filiaci\u00f3n\u201d (cas. civ. de 30 de noviembre de 2004; exp.: 0087-01)\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s a\u00fan, esa renuencia atenta contra la lealtad, correcci\u00f3n, probidad y, en fin, la buena fe que las partes inexorablemente deben observar en el proceso, a riesgo de conculcar su pr\u00edstina teleolog\u00eda, con mayor raz\u00f3n en este tipo de procesos en los que suelen estar inmersos los derechos de los menores y, en general, nada menos que el estado civil de las personas, como se anticip\u00f3, lo que justifica que se abra paso la sanci\u00f3n procesal de la nulidad, sobre todo a partir de la consideraci\u00f3n del evidente \u00e1nimo obstructivo en cabeza del litigante o, en su defecto, de su actitud simplemente renuente, detonante del supraindicado  vicio,  ratio  dominante  de  la nueva  doctrina  jurisprudencial  que  en este fallo adopta la Corte. (Subrayas y negrillas fuera de texto) (CSJ SC, 28 jun. 2005, rad. 7901).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed auscultado, de cara al reconocimiento de \u00abla personalidad jur\u00eddica\u00bb, la Corte Constitucional expuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con lo estatuido en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Nacional, y tal como qued\u00f3 expuesto en los numerales anteriores de esta sentencia, prevalece el derecho sustancial sobre las simples formalidades. La finalidad de las reglas procesales es otorgar garant\u00eda de certeza a la demostraci\u00f3n de los hechos que fundamentan el reconocimiento de los derechos sustanciales y este prop\u00f3sito claramente obtiene respaldo constitucional. Entonces, en el caso concreto, el proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial, en general, y la obligatoria pr\u00e1ctica y consideraci\u00f3n de la prueba antropo-heredo-biol\u00f3gica, en particular, deben garantizar la certeza de la demostraci\u00f3n de unos hechos – la existencia o la inexistencia de la filiaci\u00f3n- que fundamentan los derechos a la personalidad jur\u00eddica y al estado civil del demandante en aquel. (CC T-071\/12).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En el presente asunto, por lo dicho en precedencia se tiene que el Juez con el fin de garantizar el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o tiene la obligaci\u00f3n de practicar la prueba gen\u00e9tica de ADN, la que se torna ineludible dado que lo que est\u00e1 en discusi\u00f3n es la filiaci\u00f3n de un menor de edad, pues trat\u00e1ndose de procesos de investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de paternidad o maternidad, como el ac\u00e1 cuestionado, lo ideal es que el fallador para efectuar pronunciamiento de fondo cuente con aquella probanza, que le permita desatar con certeza la problem\u00e1tica sometida a su conocimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Ahora, respecto a la solicitud de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, decidir el juicio criticado sin la pr\u00e1ctica de la prueba referida a espacio, al considerar el actor que, ante la falta de oposici\u00f3n de Ferney Puentes Rojas a las pretensiones de impugnaci\u00f3n de la paternidad, se debe dar como padre leg\u00edtimo a \u00e9ste; se tiene que el despacho accionado en prove\u00eddo de 10 de octubre de 2016 dijo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 El Legislador en aras de garantizar los derechos de la persona a determinar su personalidad jur\u00eddica y con ello, la verdadera filiaci\u00f3n, consagr\u00f3 la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de paternidad y filiaci\u00f3n natural, la cual tuvo desarrollo en la Ley 75 de 1968, e impuso al Juez el deber de efectuar a trav\u00e9s de los laboratorios de gen\u00e9tica la prueba en otrora la prueba (sic) cient\u00edfica ANTROPOHEREDOBIOLOGICA; no obstante en raz\u00f3n de los avances cient\u00edficos dispuso a trav\u00e9s de la Ley 721 de 2011 el examen cient\u00edfico de ADN, que finalmente acogi\u00f3 el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 386, donde fue expl\u00edcito en se\u00f1alar:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn todos los procesos de investigaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n se aplicar\u00e1n las siguientes reglas especiales: \u2026(\u2026)\u20262. Cualquiera que sea la causal alegada, en el auto admisorio de la demanda el juez ordenar\u00e1 a\u00fan de oficio, la pr\u00e1ctica de una prueba con marcadores gen\u00e9ticos de ADN o la que corresponda con los desarrollos cient\u00edficos y advertir\u00e1 a la parte demandada que su renuencia a la pr\u00e1ctica de la prueba har\u00e1 presumir cierta la paternidad, maternidad o impugnaci\u00f3n alegada. La prueba deber\u00e1 practicarse antes de la audiencia inicial\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 Descendiendo al caso concreto se verifica que el Juez atendiendo las directrices se\u00f1aladas en la norma en menci\u00f3n dispuso la pr\u00e1ctica cient\u00edfica de ADN, tanto a quien fue demandado en impugnaci\u00f3n de la paternidad se\u00f1or FERNEY PUENTES ROJAS y al demandado como padre biol\u00f3gico se\u00f1or JORGE ANDR\u00c9S TRUJILLO OSSO, quienes se han mostrado renuentes acudir a la toma de las muestras en el LABORATORIO asignado para tal fin, tal como se encuentra acreditado en el expediente, al extremo que fue necesario ordenar la conducci\u00f3n de los mencionados demandados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 Ahora bien, el despacho debe llamar la atenci\u00f3n al apoderado judicial de la parte recurrente en el sentido que si bien es cierto el accionado FERNEY PUENTES ROJAS, no contest\u00f3 la demanda, quien ha sido renuente a la toma de las muestras en el laboratorio que fue dispuesta en este proceso, no puede el despacho proferir sentencia en la forma que pretende el profesional en derecho, amen que lo que se discute es la impugnaci\u00f3n de la paternidad que se encuentra radicada en cabeza del mencionado demandado, de suerte, que es una obligaci\u00f3n en aras de salvaguardar los derechos fundamentales del menor, establecer si el verdadero padre biol\u00f3gico es el demandado JORGE ANDR\u00c9S TRUJILLO OSSO, quien debe soportar con la carga probatoria de desvirtuar la paternidad que le endilga la parte demandante.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

De suerte, que en este proceso debe darse aplicaci\u00f3n a lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, se ordenar\u00e1 a los demandados FERNEY PUENTES ROJAS y JORGE ANDR\u00c9S TRUJILLO OSSO, para que se presenten\u2026 al INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES\u2026 para la toma de muestras cuando el despacho los cite, con el objeto de desvirtuar la paternidad que se le imputa, amen que de acuerdo con el art\u00edculo 386 de la mencionada obra, la renuencia a la pr\u00e1ctica de la prueba har\u00e1 presumir cierta la impugnaci\u00f3n de la paternidad o filiaci\u00f3n alegada (folios 7 y 8, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo ese contexto es evidente la improcedencia del amparo en el caso concreto, comoquiera que las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n referida a espacio no resultan arbitrarios o caprichosos, pues \u00e9sta obedeci\u00f3 a la interpretaci\u00f3n de la jurisprudencia y el ordenamiento legal vigente para los juicios de impugnaci\u00f3n de paternidad y filiaci\u00f3n, lo cual da cuenta, contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, que en el proceso censurado se han garantizado los derechos de ambas partes, prevaleciendo, en todo sentido, los del menor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aquel como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurdas las referidas determinaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al particular la Corte reiteradamente ha expuesto que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (Fallo de 28 de marzo de 2012, Exp. T. No. 54001-22-13-000-2012-00022-01) (CSJ STC, 21 oct. 2013, rad. 2013-00204-01; reiterado en STC3956-2015, 9 abr. 2015, rad. 2015-00037-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De otro lado, se hace un llamado a las partes del proceso fustigado a fin de que comparezcan sin m\u00e1s dilaciones a la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN, destacando que de contarse \u00fanicamente con la del accionante como presunto padre, ella ser\u00e1 suficiente, pues los resultados pueden ser excluyentes o incluyentes, lo que contribuir\u00eda a agilizar la definici\u00f3n del juicio, de cara a los derechos del menor y de todas las partes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8.        Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con la salvedad hecha a espacio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se exhorta a Gloriceth Rubiano Vargas, en representaci\u00f3n del menor J.E.P.R., a Ferney Puentes Rojas y Jorge Andr\u00e9s Trujillo Osso, para que sin m\u00e1s dilaciones asistan a la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN, programada para el 29 de marzo 2017, con miras a determinar la paternidad del infante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 De aqu\u00ed en adelante para resguardar el derecho a la intimidad del ni\u00f1o conforme al art\u00edculo 33 de la Ley 1098 de 2006.    <\/span><\/p>\n

2 Citada en STC5016-2016, 21 abr. 2016, rad. 2016-00922-00      <\/span><\/p>\n

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      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente            STC4018-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00654-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017).               ANTECEDENTES      1.   […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100266","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100266"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100266\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}