{"id":100270,"date":"2026-06-25T20:26:25","date_gmt":"2026-06-25T20:26:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4046-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:26:25","modified_gmt":"2026-06-25T20:26:25","slug":"stc4046-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4046-2017\/","title":{"rendered":"STC4046-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4046-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00650-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Equigen Ltda. contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial encausada al emitir sentencia de segunda instancia dentro de la acci\u00f3n de esta misma naturaleza promovida por Ada Luz \u00c1vila Vanegas en su contra, y adicionalmente al no resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n de esa providencia y tramitar el incidente de desacato correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se revise el fallo dictado en segundo grado por el despacho colegiado.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Ada Luz \u00c1vila Vanegas fue desvinculada el 31 de julio de 2016 de Equigen Ltda., en la cual prestaba funciones como supervisora para el servicio de aseo y mantenimiento en el Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., pese a que se encontraba en incapacidad m\u00e9dica.  <\/span><\/p>\n

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2. En efecto, la se\u00f1ora \u00c1vila Vanegas present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra las personas jur\u00eddicas referidas atr\u00e1s, con el objetivo de obtener la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores al trabajo y m\u00ednimo vital, y el reintegro a su puesto de trabajo.  <\/span><\/p>\n

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3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, dict\u00f3 sentencia de 19 de septiembre de 2016, en la que declar\u00f3 improcedente la salvaguarda rogada.  <\/span><\/p>\n

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5. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, en fallo adiado el 28 de noviembre siguiente, revoc\u00f3 la providencia cuestionada y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a Equigen Ltda. que renovara el contrato de prestaci\u00f3n de servicios con la accionante, tras considerar que la falta de continuidad del v\u00ednculo contractual obedeci\u00f3 a la incapacidad m\u00e9dica de aquella persona.  <\/span><\/p>\n

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6. El aqu\u00ed quejoso solicit\u00f3, en diciembre del a\u00f1o en cita, que se aclara esta decisi\u00f3n, a fin de que la orden de tutela fuera cumplida por el Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.  <\/span><\/p>\n

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7. De otro lado, la actora pidi\u00f3 al ad quem que se diera tr\u00e1mite al incidente de desacato y, en efecto, se requiri\u00f3 a la entidad accionada que diera cumplimiento a la sentencia precedente el 8 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Mediante autos del 6 de marzo del a\u00f1o cursante, el despacho colegiado decret\u00f3 la nulidad del prove\u00eddo anterior y orden\u00f3 remitirla al a quo, y adicionalmente rechaz\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n aludida.  <\/span><\/p>\n

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9. Al momento de la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, la Corte Constitucional todav\u00eda no hab\u00eda decidido si seleccionaba o no para revisi\u00f3n la providencia mencionada.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que la sede judicial acusada aplic\u00f3 un precedente jurisprudencial relativo a la protecci\u00f3n de la estabilidad laboral reforzada para las personas en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, pese a que no cumpl\u00eda los requisitos correspondientes, pues la incapacidad no fue expedida por la entidad promotora de salud a la que est\u00e1 afiliada la quejosa, ni tampoco se conoc\u00eda la condici\u00f3n m\u00e9dica de ella, y por otra parte, no se resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n de ese fallo de tutela, ni tampoco es procedente que el superior tramite el incidente de desacato. [Folios 41-48]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 51]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo inform\u00f3 que la solicitud de aclaraci\u00f3n del actor fue resuelta y que se declar\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite incidental, y adem\u00e1s manifest\u00f3 que improcedente cuestionar un fallo de tutela a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de la misma naturaleza. [Folios 60-61]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso. (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00)  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto que es objeto de estudio, Equigen Ltda. pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, de fecha 28 de noviembre de 2016, por medio del cual se revoc\u00f3 la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y, en su lugar, se concedi\u00f3 el amparo y se orden\u00f3 a esa persona jur\u00eddica que renovara el contrato de prestaci\u00f3n de servicios con la se\u00f1ora Ada Luz \u00c1vila Vanegas; situaci\u00f3n de la cual se deduce la improcedencia de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, aunque como se mencion\u00f3, se ha admitido la procedencia de esta v\u00eda excepcional para garantizar el derecho de defensa de las personas que no habiendo sido citadas a la acci\u00f3n constitucional resultan afectadas por la decisi\u00f3n adoptada, esta circunstancia no es la que aqu\u00ed se plantea, pues lo cuestionado es el criterio jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica del estrado judicial acusado, se\u00f1alamientos que debieron ser ventilados en el respectivo procedimiento de tutela y que no se erigen en causal para la concesi\u00f3n de un nuevo amparo.  <\/span><\/p>\n

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En esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2026 Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

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La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 2003-00561-01; 10 nov. 2003, rad. 2003-00747-01; 23 ag. 2004, rad. 2004-00840-00; 14 oct. 2004, rad. 2004-01120; 8 mar. 2006, rad. 2006-00263-00; reiterada el 7 mar. 2013, rad. 2013-00122-01)  <\/span><\/p>\n

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3. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que, incluso, puede el actor intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia proferida en segunda instancia por la colegiatura accionada, mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02041-01).  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior cobra mayor \u00e9nfasis en el presente caso, dado que la Corte Constitucional todav\u00eda no ha determinada si selecciono o no para revisi\u00f3n aquel fallo de tutela, lo que sin duda constituye un medio de protecci\u00f3n dentro de esa actuaci\u00f3n y que, por ende, desplaza cualquier otro medio de defensa judicial en el mismo sentido.  <\/span><\/p>\n

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De la misma manera, los argumentos que el querellante esgrime en la presente solicitud de salvaguarda, bien pueden ser discutidos en el procedimiento de revisi\u00f3n de la providencia cuestionada, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema la Sala ha explicado:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. (CSJ STC, 30 ag. 2012, rad. 00258-01, reiterada el 23 may. 2013, rad. 00145-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Sumado a lo anterior, se observa que la tutela tampoco es procedente frente a las quejas del accionante relativas a la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de aclaraci\u00f3n de la sentencia dictada en segundo grado y la nulidad en el tr\u00e1mite del incidente de desacato por parte del ad quem, no obstante se advierte que esa colegiatura, a trav\u00e9s de providencias fechadas el 6 de marzo del a\u00f1o cursante, resolvi\u00f3 aquellas peticiones, de lo cual se colige que no hubo vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales de esa persona jur\u00eddica.  <\/span><\/p>\n

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5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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