{"id":100271,"date":"2026-06-25T20:26:32","date_gmt":"2026-06-25T20:26:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4047-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:26:32","modified_gmt":"2026-06-25T20:26:32","slug":"stc4047-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4047-2017\/","title":{"rendered":"STC4047-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4047-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00684-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Capitolino Legro Oliveros, en calidad de Presidente de la Empresa Comunitaria Guacharacas, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito Judicial; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Superintendencia de Sociedades; as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial en el que se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo que diera origen a la presente acci\u00f3n, el reclamante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de las determinaciones mediante las cuales fue rechazada de plano la nulidad que invoc\u00f3 contra el tr\u00e1mite de la recusaci\u00f3n planteada frente al Superintendente Delegado para procesos de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, Nicol\u00e1s Polan\u00eda Tello y denegada la reconsideraci\u00f3n de aquella determinaci\u00f3n, a pesar de los vicios existentes por el pronunciamiento parcial del funcionario recusado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 30 de septiembre de 2014, la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S., con Nit. 900.214.385, solicit\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades la admisi\u00f3n para el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006.  <\/span><\/p>\n

2. Por auto de 4 de diciembre de 2014, el organismo de control dio v\u00eda libre a la actuaci\u00f3n solicitada, por hallarse en causal de disoluci\u00f3n por patrimonio negativo, seg\u00fan los estados financieros presentados, con corte a 31 de agosto de 2014 y design\u00f3 promotora para el efecto, otorgando como plazo para presentar el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, 2 meses a partir de la entrega de la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n correspondiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 14 de diciembre de 2015, se convoc\u00f3 a la audiencia de que trata el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006, para el 25 de enero de 2016 posterior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 22 de enero de 2016, la Empresa Comunitaria Guacharacas, formul\u00f3 recusaci\u00f3n contra el Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, Nicol\u00e1s Polan\u00eda Tello, con fundamento en las causales 7\u00aa y 9\u00aa del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, por existir proceso disciplinario en su contra promovido por esa firma y considerar contrario a derecho el actuar procesal del funcionario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 28 del mismo mes y a\u00f1o, entre otras determinaciones, no se acogi\u00f3 la recusaci\u00f3n, se negaron las solicitudes de nulidad presentadas contra diversas actuaciones de esa Delegatura y se resolvieron las objeciones propuestas por diferentes acreedores contra el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, desestimando las formuladas por la Empresa Comunitaria Guacharacas, por no hallarla legitimada para ser reconocida como acreedora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Inconforme, la \u00faltima interpuso recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. La decisi\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 29 de enero de 2016, la Empresa Comunitaria Guacharacas, solicit\u00f3 invalidar las decisiones adoptadas en precedencia, con fundamento en las causales previstas en los numerales 3, 5, 6, 7 y 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, entre otras cosas, porque no se dio tr\u00e1mite a la recusaci\u00f3n formulada contra el Delegado cognoscente y la promotora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 2 de marzo siguiente, la Superintendencia, neg\u00f3 la pretendida invalidez, por considerar, frente a la separaci\u00f3n del conocimiento del asunto, que de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab\u2026cuando se hubiere se\u00f1alado fecha para una audiencia o diligencia, esta solo se suspender\u00e1 si la recusaci\u00f3n se presenta por lo menos cinco (5) d\u00edas antes de su celebraci\u00f3n\u00bb, por lo que no hab\u00eda lugar a suspender aquel acto procesal. Por otra parte, destac\u00f3 que como no consider\u00f3 estar incurso en la causal de impedimento alegada, lo propio era remitir las diligencias al superior, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 143 ib\u00eddem, como en efecto se hizo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El 3 de marzo de 2016, se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite para solicitar la intervenci\u00f3n de algunas autoridades estatales en el mismo, por no estar prevista tal convocatoria como causal para ello, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 161 del C.G.P.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. El 8 posterior, la interesada present\u00f3 solicitud de nulidad de la \u00faltima decisi\u00f3n y as\u00ed mismo, la recurri\u00f3 en reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. El 5 de abril de 2016, se accedi\u00f3 a la invalidez, por encontrar acreditada la causal 3\u00aa del art\u00edculo 133 procedimental, en tanto las actuaciones surtidas con posterioridad a la fecha de la recusaci\u00f3n, excepto la audiencia del 25 de enero, se enmarcan dentro de aquella hip\u00f3tesis. As\u00ed mismo, decret\u00f3 la suspensi\u00f3n de las diligencias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. El 15 del mismo mes y a\u00f1o, se rechaz\u00f3 una nueva solicitud de nulidad elevada por la Empresa Comunitaria Guacharacas, que interpuso recurso de reposici\u00f3n contra los nuevos puntos de la decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

15. El 17 del mismo mes, se requiri\u00f3 a la concordada para que presentara f\u00edsicamente los estados financieros con corte a 31 de marzo de 2016.  <\/span><\/p>\n

16. El 18 de mayo de 2016, se despacharon adversamente las nuevas solicitudes de nulidad y los recursos de reposici\u00f3n que formul\u00f3 la aqu\u00ed tutelante contra los autos de 15 de abril y 3 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

17. El 25 de mayo y el 27 de junio de 2016, el reclamante y Ricardo Legro Oliveros formularon recusaci\u00f3n contra el Delegado de la Superintendencia, basados en que sus actuaciones son parcializadas, pues favorecen a la concordada, en tanto se han negado las solicitudes probatorias, recursos y nulidades que ellos, en calidad de acreedores, a trav\u00e9s de la Empresa Comunitaria Guacharacas, han elevado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

18. El 14 de julio posterior, se orden\u00f3 remitir las diligencias al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 a efectos de que se pronunciara sobre las recusaciones formuladas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

19. Devuelto el expediente para que el funcionario recusado emitiera pronunciamiento frente a si aceptaba o no estar incurso en alguna de las causales para ser separado del conocimiento del asunto, \u00e9ste, mediante auto de 16 de septiembre de 2016, consider\u00f3 que los hechos en que se soportan, no configuran ninguna de las causales taxativamente establecidas por el legislador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

20. El 10 de octubre de 2016, el tutelante present\u00f3 memorial al Tribunal accionado, donde puso en conocimiento las irregularidades que, en su sentir, se han cometido en desarrollo del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

21. El 2 de diciembre de 2016, la autoridad cuestionada declar\u00f3 infundadas las alegaciones en que se soportaron las recusaciones formuladas por la Empresa Comunitaria Guacharacas y los se\u00f1ores Ricardo y Capitolino Legro Oliveros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

22. El 7 posterior la persona jur\u00eddica mencionada, solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n del anterior prove\u00eddo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

23. La sede tutelada neg\u00f3 lo pedido por improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

24. El 15 de diciembre, la inconforme solicit\u00f3 invalidar la decisi\u00f3n de las recusaciones, por no existir pronunciamiento del Superintendente Delegado sobre una de ellas, esto es, la promovida por el aqu\u00ed tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

25. El 11 de enero de 2017, se rechaz\u00f3 de plano dicha pretensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

26. El 16 siguiente, se recurri\u00f3 en s\u00faplica la \u00faltima determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

27. El 27 de enero, el Tribunal declar\u00f3 infundada la censura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

28. El 2 de febrero, se solicit\u00f3 aclarar la anterior providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

29. El 8 posterior, se neg\u00f3 el pedimento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

30. El peticionario del amparo, en su condici\u00f3n de presidente de la Empresa Comunitaria Guacharacas, acude a este mecanismo excepcional porque considera que las determinaciones adoptadas por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desconocen la evidente procedencia de las causales de recusaci\u00f3n que se plantearon contra el Superintendente Delegado, as\u00ed como las irregularidades en que \u00e9ste incurri\u00f3 al ocultar y dejar de pronunciarse sobre una de las recusaciones formuladas, adem\u00e1s de mostrar con sus decisiones parcializadas, dice, favorecimiento a la concordada en perjuicio de la comunidad campesina que agrupa esa firma. [Folios 135-150, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 14 de marzo de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 153, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad procesal concedida, el Tribunal inform\u00f3 que mediante providencia de 3 de marzo de 2017 rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea la impugnaci\u00f3n del reclamante, sin exponer su postura frente a las quejas de la demanda. [Folio 53, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A solicitud de este Despacho, la referida autoridad remiti\u00f3 copia escaneada de la actuaci\u00f3n objeto de reproche. [Folio 53, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Superintendencia de Sociedades, por su parte, intervino para rese\u00f1ar brevemente la actuaci\u00f3n surtida al interior del proceso donde se origina la queja, precisando que ha ce\u00f1ido sus decisiones a la normatividad que regula la materia y a las diversas solicitudes, recursos y censuras que se han formulado en desarrollo de aquel juicio, respecto del cual solicita claridad, en torno a la interpretaci\u00f3n que debe hacerse de las disposiciones, aparentemente contradictorias, de los art\u00edculos 143 y 145 del C\u00f3digo General del Proceso, concretamente, en lo que respecta a la decisi\u00f3n de las recusaciones fundadas en causales no previstas en ese ordenamiento. [Folios 169-208, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso sub judice, la inconformidad del accionante surge a partir de dos situaciones, la primera, el rechazo de plano de la nulidad que plante\u00f3 ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y, la segunda, en la decisi\u00f3n de desestimar las recusaciones planteadas contra el Superintendente Delegado para adelantar el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial de la Empresa Agraria Guacharacas S.A.S., en especial, porque el funcionario dej\u00f3 de pronunciarse frente a una de ellas, como lo establece el ordenamiento procesal vigente. As\u00ed mismo, cuestiona que se hubiesen continuado adoptando determinaciones por parte del recusado, cuando a\u00fan no se hab\u00eda resuelto la solicitud de separarlo del conocimiento del asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en cuanto a la solicitud de nulidad, ha de advertirse que los motivos que expuso el juzgador para rechazarla de plano, no se evidencian irracionales o caprichosos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y lo anterior de atender, que el funcionario judicial accionado consider\u00f3 que \u00ab\u2026en lo que estrictamente corresponde al tr\u00e1mite de la recusaci\u00f3n \u2013 al que est\u00e1 limitada la competencia del Tribunal -, dicho recusante actu\u00f3 al pedir aclaraci\u00f3n de la respectiva decisi\u00f3n sin proponer la supuesta nulidad (art. 135 cgp).\u00bb  <\/span><\/p>\n

Tal argumentaci\u00f3n fue detallada en el prove\u00eddo de enero 27 de 2017, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 el recurso de s\u00faplica propuesto por el libelista:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026los hechos en que se apoya el memorialista, difieren por entero de los previstos en la causal alegada y, por el contrario, tienen como prop\u00f3sito controvertir el auto en que se declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n interpuesta contra el funcionario de conocimiento del proceso de reorganizaci\u00f3n, pues el inconforme hace un recuento del decurso probatorio que, igualmente, le sirvi\u00f3 de fundamento para recusar al superintendente delegado, quedando en evidencia que su intenci\u00f3n no es cuestionar y demostrar la incursi\u00f3n en el escenario de una nulidad sino insistir en su discrepancia frente a la valoraci\u00f3n probatoria plasmada en la decisi\u00f3n de 2 de diciembre de 2016, conducta que proscribe el delimitado esquema normativo aplicable, pues no es pertinente canalizar a trav\u00e9s de las nulidades, las r\u00e9plicas frente a las decisiones del juzgador, tem\u00e1tica que no se estableci\u00f3 para discutir la valoraci\u00f3n que de los practicados haga el juzgador o sus apreciaciones sobre los que se dejaron de obtener.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

De otra parte, en lo que dice relaci\u00f3n con la causal prevista en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cumple puntualizar que en materia civil, solo puede plantearse la nulidad constitucional prevista en la norma citada respecto de la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso, la cual se califica como nula de pleno derecho, consagraci\u00f3n superior que adem\u00e1s se justifica porque ella no est\u00e1 prevista en las causales de orden legal, advirti\u00e9ndose que los dem\u00e1s aspectos constitutivos del debido proceso, est\u00e1n regulados en la ley, discordia que no plantea el inconforme, pues a pesar de afirmar que \u201clos hechos que sirvieron de prueba para dicha providencia constituyen prueba il\u00edcita desde el imperativo constitucional\u201d, lo que se persigue, verdaderamente, es insistir en su desacuerdo con el auto del 2 de diciembre de 2016, replanteando la discusi\u00f3n del estudio de la recusaci\u00f3n\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De tal manera, que los motivos que llevaron al peticionario del amparo a reclamar la invalidez del tr\u00e1mite de las recusaciones contra el Superintendente Delegado ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, fueron suficientemente analizados y resueltos, si bien adversamente al memorialista, con fundamento en consideraciones razonables que no evidencian capricho ni arbitrariedad alguna de la sede judicial cuestionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el mismo sentido, en atenci\u00f3n a las quejas frente a lo decidido por dicha autoridad respecto de las recusaciones tantas veces mencionadas, la Sala encuentra que ninguna raz\u00f3n existe para considerar lesiva de las garant\u00edas fundamentales del accionante, la providencia emanada el 2 de diciembre de 2016, pues en ella, se hizo un juicioso an\u00e1lisis frente a los argumentos en que la Empresa Comunitaria Guacharacas y los se\u00f1ores Ricardo y Capitolino Legro Oliveros se soportaron para considerar que el Superintendente Delegado estaba impedido para continuar con el conocimiento del proceso de reorganizaci\u00f3n y se concluy\u00f3 que deb\u00edan ser desestimados, por no ajustarse a ninguna de las causales taxativamente consagradas por el legislador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed lo explic\u00f3 el Tribunal:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026En s\u00edntesis, la petici\u00f3n se fund\u00f3 en que tal funcionario \u201cfue denunciado en queja disciplinaria\u201d ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; y que constantes actuaciones tales como: negarse a decretar pruebas sobre la contabilidad de la concursada, no cotejar falsedades, omitir investigaciones y pasar por alto irregularidades, negar y omitir peticiones de nulidades, entre otros, demuestran una parcialidad a favor de la entidad en reorganizaci\u00f3n, y un \u00e1nimo de favorecimiento hacia ella, lo que permite inferir \u201cque existe una amistad \u00edntima\u201d entre el recusado y tal sociedad, y adem\u00e1s, una enemistad contra la comunidad campesina agrupada en la Empresa Comunitaria Guacharacas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En memorial presentado el 27 de junio de 2016, Ricardo Legro Oliveros formul\u00f3 recusaci\u00f3n contra el mismo funcionario, apoyado en las referidas causales, adicionando la 1\u00ba de la citada norma. Reprodujo e hizo referencia al escrito radicado por Capitolino Legro Oliveros el 25 de mayo de 2016, mediante el que \u00e9ste \u00faltimo present\u00f3 su recusaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la primera causal, se\u00f1al\u00f3 que ciertas actitudes y decisiones del superintendente, v. gr no decretar pruebas en torno a la contabilidad, y estados financieros de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas, evitar el cobro de obligaciones a favor de Finagro e Incoder, y haber actuado habi\u00e9ndose presentado otra recusaci\u00f3n, demuestran un inter\u00e9s directo y parcial del funcionario en relaci\u00f3n con las resultas del proceso. En punto a la causal 7\u00aa, refiri\u00f3 id\u00e9ntica raz\u00f3n que la expuesta en punto anterior. Finalmente, en lo que toca a la causal 9\u00aa, se adujeron argumentos similares a los arg\u00fcidos por el representante legal en la otra recusaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026como los argumentos, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y las causales invocadas en las tres recusaciones son iguales, estas se resolver\u00e1n, abordando cada causal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ricardo Legro Oliveros y Capitolino Legro Oliveros afirman que de las actuaciones y decisiones del funcionario recusado puede inferirse un inter\u00e9s directo de \u00e9l sobre las resultas del proceso de reorganizaci\u00f3n de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, cabe advertir que tal afirmaci\u00f3n no tiene sustento f\u00e1ctico y menos jur\u00eddico, pues el hecho de que las decisiones proferidas por aqu\u00e9l funcionario no sean compartidas por los peticionarios, y que las solicitudes presentadas por ellos no hayan sido resueltas de manera favorable a lo pretendido, no implica ni permite deducir que el Superintendente tiene un inter\u00e9s directo o indirecto en la actuaci\u00f3n. De aceptar manifestaciones de esa naturaleza, sin que obre otro medio probatorio en el tr\u00e1mite, se abrir\u00eda paso cualquier tipo de aseveraci\u00f3n y conjetura, al punto que deber\u00eda llegarse a la forzosa conclusi\u00f3n de que todos los juzgadores tendr\u00edan un inter\u00e9s en el proceso, independientemente de la decisi\u00f3n emitida, pues por regla de l\u00f3gica y obviedad, siempre va a existir una determinaci\u00f3n desfavorable a alguna parte o interviniente, y favorable a la contraria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que aparte de las inferencias hechas en los escritos de recusaci\u00f3n, no se aport\u00f3 ninguna prueba del posible beneficio o detrimento que a t\u00edtulo personal le pudiera ocasionar al Superintendente un determinado resultado del proceso, y tampoco se hizo menci\u00f3n siquiera somera a ello, punto de suma importancia para poder valorar al supuesto inter\u00e9s del funcionario recusado, como lo refiere un sector importante de la doctrina, que sobre la materia trae a colaci\u00f3n la postura de la Corte Suprema.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026muchos de los argumentos aducidos en las recusaciones se dirigen a cuestionar y atacar las determinaciones emitidas por el funcionario referido y a mostrar las inconformidades surgidas respecto a ellas, sin que se exponga con claridad cu\u00e1l es el provecho o menoscabo que le ocasionar\u00eda al recusado el resultado del proceso de marras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026la causal primera tiene lugar cuando el inter\u00e9s a que esta se refiere corresponde a una circunstancia al margen del proceso, y no con ocasi\u00f3n o en el desarrollo o devenir del mismo. En lo que ata\u00f1e a este evento, no se acredit\u00f3 la existencia de un compromiso patrimonial, moral o de cualquier otra \u00edndole, que comprometa las decisiones del superintendente recusado, y como se anunci\u00f3, que hayan ocurrido con independencia de las respectivas actuaciones.  <\/span><\/p>\n

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El apoderado de la Empresa Comunitaria, Ricardo Legro Oliveros y Capitolino Legro Oliveros, afirmaron que se configura la causal 7\u00aa, puesto que se formul\u00f3 queja disciplinaria y penal contra el Superintendente.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, y sin que sea necesario entrar en mayores discernimientos, al rompe se observa que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y las razones aducidas no se enmarcan dentro de[l] supuesto de hecho consagrado en la referida causal, pues la misma se presenta \u00fanicamente en el evento en que la denuncia penal o disciplinaria se \u201crefiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u201d, y en este caso, seg\u00fan lo refieren los recusantes y de acuerdo con la documental adosada, tales quejas se fundan en actuaciones y decisiones emitidas en el proceso de reorganizaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, los tres recusantes invocan la causal 9\u00aa, apoy\u00e1ndose en que de las actuaciones de Nicol\u00e1s Polan\u00eda se puede inferir una amistad con la empresa en reorganizaci\u00f3n o enemistad con la Empresa Comunitaria Guacharacas y los socios.  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal advierte que no hay lugar a admitir tal afirmaci\u00f3n, comoquiera que, al igual que con la causal de inter\u00e9s directo, una mera inferencia o deducci\u00f3n no es suficiente para determinar que existe enemistad con los recusantes, a m\u00e1s de que no se dijo espec\u00edficamente con cu\u00e1l persona natural mantiene relaci\u00f3n de amistad el Superintendente recusado, o con cu\u00e1l una enemistad\u2026.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Visto de ese modo, m\u00e1s all\u00e1 de la falta de pronunciamiento expl\u00edcito del Superintendente, frente al memorial por medio del cual el aqu\u00ed tutelante lo recus\u00f3, lo cierto es que, de un lado, los fundamentos de aquella censura eran id\u00e9nticos a los planteados por su hermano, el se\u00f1or Ricardo Legro Oliveros y muy similares a los de la empresa Comunitaria Guacharacas, de la que \u00e9l es el presidente; y, de otro, que, en todo caso, su escrito si fue analizado y tenido en cuenta por el Tribunal para el momento de resolver sobre las recusaciones, circunstancias que desvirt\u00faan por completo la trascendencia de las alegaciones del reclamante en esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque en nada variar\u00eda la resoluci\u00f3n favorable de esta Sala a la pretensi\u00f3n del tutelante, tendiente a que se ordene al Tribunal accionado devolver el expediente al Superintendente Delegado para la reorganizaci\u00f3n, para que se pronuncie sobre la recusaci\u00f3n planteada por el actor y hecho esto, se emita el pronunciamiento de rigor por parte del Superior, pues, como vimos, se trata de los mismos argumentos que el recusado desestim\u00f3 mediante auto de 16 de septiembre de 2016 y que el Juez plural declar\u00f3 infundados mediante providencia de 2 de diciembre del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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4. Queda claro, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el Tribunal de Bogot\u00e1 adopt\u00f3 las decisiones cuestionadas, pues los motivos que adujo en sus providencias constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n al debido proceso del tutelante.  <\/span><\/p>\n

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5. Ahora, si lo que pretende el actor es que se invalide la actuaci\u00f3n adelantada por la Superintendencia de Sociedades durante el tr\u00e1mite de las recusaciones en comento, lo debido es elevar la correspondiente solicitud ante esa autoridad, una vez retornen las diligencias al despacho del funcionario cognoscente, para que se adopten las decisiones a que haya lugar, pues no puede el quejoso elevar por esta v\u00eda planteamientos que no ha expuesto en el escenario procesal natural para ello, con la correspondiente fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria pertinente.  <\/span><\/p>\n

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6. Para finalizar, en vista de la solicitud que eleva la Superintendencia de Sociedades en su escrito de contestaci\u00f3n de la demanda, la Sala estima necesario se\u00f1alar que ninguna ambivalencia o contradicci\u00f3n se presenta entre el contenido del inciso final del art\u00edculo 142 del C\u00f3digo General del Proceso y la suspensi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 145 ejusdem, pues el legislador es absolutamente claro al se\u00f1alar que \u00ab\u2026[c]uando la recusaci\u00f3n se base en causal diferente a las previstas en este cap\u00edtulo, el juez debe rechazarla de plano mediante auto que no admite recurso.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, significa que si el recusado encuentra que se satisfacen los presupuestos de aquella norma, est\u00e1 en la facultad de hacer uso de esa disposici\u00f3n y, en ese sentido, la suspensi\u00f3n del proceso prevista en el canon 145 citado, tendr\u00e1 lugar entre la presentaci\u00f3n del respectivo memorial y el auto que rechace de plano el impedimento.  <\/span><\/p>\n

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Por el contrario, si la recusaci\u00f3n se funda en causal prevista en el ordenamiento procesal, pero el funcionario no considera estar inmerso en ninguna de ellas, lo debido es manifestar las razones que soportan su postura y remitir las diligencias al superior, para que \u00e9ste emita la decisi\u00f3n correspondiente, caso en el cual, el proceso, no el procedimiento de la recusaci\u00f3n, se suspender\u00e1 desde la presentaci\u00f3n del escrito hasta que el competente dirima la situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Como se observa, se trata de dos hip\u00f3tesis distintas que no se contradicen entre s\u00ed y por ende, no hay lugar a interpretaciones distintas a la que dimana con claridad de su propio texto.  <\/span><\/p>\n

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7. Las anteriores razones se estiman suficientes para denegar la protecci\u00f3n constitucional peticionada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4047-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00684-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Capitolino Legro […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100271","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100271\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}