{"id":100272,"date":"2026-06-25T20:26:43","date_gmt":"2026-06-25T20:26:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4048-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:26:43","modified_gmt":"2026-06-25T20:26:43","slug":"stc4048-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4048-2017\/","title":{"rendered":"STC4048-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4048-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00037-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el tres de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Lilia Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, como agente oficiosa de su hijo Jimmy Aric Ca\u00f1\u00f3n Hern\u00e1ndez, contra la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional – \u00c1reas de Medicina Laboral del Tolima y Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y la seguridad social, los cuales considera vulnerados por las entidades accionadas, quienes no han emitido pronunciamiento frente a la solicitud de traslado del expediente de su hijo a la ciudad de Ibagu\u00e9, a fin de que en ese lugar se le realicen los ex\u00e1menes m\u00e9dicos necesarios para la culminaci\u00f3n del tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n de disminuci\u00f3n de su capacidad laboral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se fije fecha para la realizaci\u00f3n de la junta m\u00e9dica laboral de Jimmy Ca\u00f1\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

\u00ad  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Jimmy Aric Ca\u00f1\u00f3n Hern\u00e1ndez se vincul\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional como patrullero de la ciudad de Neiva.  <\/span><\/p>\n

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2. Teniendo en cuenta que aquel de forma repentina empez\u00f3 a padecer de varias dolencias, entre las que se encuentran \u00abartroesis del quinto metacarpiano, condromalacia palear grado dos, fractura de peron\u00e9 del pie izquierdo, esguince grado dos\u00bb\u00b8 entre otras, se inici\u00f3 proceso m\u00e9dico laboral a fin de establecer el origen de su dolencia y el grado de disminuci\u00f3n de su capacidad f\u00edsica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Dicho tr\u00e1mite se inici\u00f3 en marzo de 2014, por lo que las autoridades de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional convocaron al patrullero para que el 12 de diciembre siguiente se hiciera presente en la ciudad de Neiva, a efecto de practicar Junta M\u00e9dico Laboral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.  Ante la inasistencia del paciente y luego de reprogramarse en dos ocasiones la cita, el 16 de febrero de 2015 fue posible realizar su valoraci\u00f3n, ocasi\u00f3n en la cual los galenos establecieron que previo a finalizar el tr\u00e1mite laboral, era necesario conocer los conceptos de \u00abgastroenterolog\u00eda, ortopedia de rodillas, hombro derecho y lumbalgia, electromiograf\u00eda, velocidad neuroconducci\u00f3n miembros inferiores, neurolog\u00eda, reumatolog\u00eda, psiquiatr\u00eda, otorrino\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ante la solicitud elevada por el accionante, quien hab\u00eda cambiado de domicilio, el 19 de septiembre de 2015 el expediente del tr\u00e1mite laboral fue remitido a la ciudad de Bogot\u00e1 a efectos de que el Grupo M\u00e9dico Laboral Regional 1, continuara con el procedimiento pertinente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Dicha seccional cit\u00f3 al patrullero para que el d\u00eda 5 de octubre de 2015 se realizara los ex\u00e1menes ordenados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Ante la inasistencia del paciente, se reprogram\u00f3 la valoraci\u00f3n para el 19 de abril de 2016, ocasi\u00f3n en la que aquel tampoco se hizo presente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. La autoridad de sanidad castrense cit\u00f3 nuevamente al se\u00f1or Ca\u00f1\u00f3n el d\u00eda 15 de noviembre de 2016, sin obtener su asistencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. El 29 de noviembre siguiente, el patrullero solicit\u00f3 al Grupo M\u00e9dico Laboral Regional 1 el traslado de su expediente a la ciudad de Ibagu\u00e9 a efectos de que all\u00ed se le realizaran las valoraciones m\u00e9dicas ordenadas, toda vez que ese era su nuevo lugar de domicilio. [Folio 111, c. 1]   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. La madre del Polic\u00eda acude al amparo constitucional por considerar que el proceder de la autoridad castrense vulnera sus derechos fundamentales, pues es necesario que se finalice el procedimiento m\u00e9dico laboral de su hijo, y que esto ocurra en la ciudad de Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 26 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 67, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Jefe de Seccional de Sanidad de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos del accionante, pues atendiendo el requerimiento efectuado por el Tribunal M\u00e9dico Laboral, program\u00f3 un sin n\u00famero de citas a efectos de que se realizaran las valoraciones del paciente, no obstante, ante la inasistencia del mismo, el procedo no ha podido finalizarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su lado, El Jefe de Sanidad del Tolima inform\u00f3 que el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n de disminuci\u00f3n de capacidad laboral del accionante se adelanta en la seccional de Bogot\u00e1 y advirti\u00f3 que verificado el Sistema de Informaci\u00f3n de Sanidad, el paciente en reiteradas ocasiones ha dejado de cumplir con las citas que le han sido programadas, lo que imposibilita la valoraci\u00f3n final.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en fallo de 3 de febrero de 2017 deneg\u00f3 el amparo solicitado, de atender que la entidad accionada ha cumplido con las cargas que le impone el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n laboral del accionante, el cual no ha sido posible culminar ante la inasistencia de \u00e9ste a los controles m\u00e9dicos.  <\/span><\/p>\n

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4. La accionante impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, manifestando que la inasistencia de su hijo se debe a que las citas m\u00e9dicas son programadas en Bogot\u00e1 y, en la actualidad, se encuentra domiciliado en Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2. Esta Sala ha reiterado que, acorde con la jurisprudencia constitucional, la salud es:  <\/span><\/p>\n

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\u2026un derecho fundamental aut\u00f3nomo que \u2018tiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad\u2019. (Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007).  <\/span><\/p>\n

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3. En el presente caso, la tutelante aduce que la parte accionada est\u00e1 quebrantando los derechos fundamentales de su hijo porque no ha dispuesto la realizaci\u00f3n de la Junta M\u00e9dica Laboral, pese al tiempo que ha transcurrido.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, de la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, observa la Sala que la garant\u00eda fundamental en comento \u2013salud\u2013  no ha sido vulnerada por la autoridad castrense, pues aquella ha adelantado todas las diligencias que le competen a fin de culminar el tr\u00e1mite pertinente para establecer el origen de las patolog\u00edas del accionante. No obstante, ante la inobservancia de la petici\u00f3n que la madre del menor formul\u00f3 el pasado 29 de noviembre, procedente resulta la protecci\u00f3n constitucional del derecho de petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Frente a lo primero la Corte advierte, de cara a la anterior argumentaci\u00f3n, que las Fuerzas Armadas tienen el deber de velar por la salud de sus integrantes y, seg\u00fan el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 1796 de 2000, deben practicar a los militares que finalizan su servicio un examen m\u00e9dico, a fin de determinar las patolog\u00edas que padezcan as\u00ed como el tratamiento necesario para el efecto, ello sin importar la causa que origina dicho retiro.   <\/span><\/p>\n

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Sobre tal punto, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026el derecho al examen diagn\u00f3stico est\u00e1 orientado a garantizar los siguientes objetivos: (i) Establecer con precisi\u00f3n la patolog\u00eda que padece el paciente. (ii) Determinar con el m\u00e1ximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnolog\u00eda el tratamiento m\u00e9dico que asegure de forma m\u00e1s eficiente el derecho al \u201cm\u00e1s alto nivel posible de salud\u201d. (iii) Poder iniciar dicho tratamiento con la prontitud requerida, seg\u00fan la enfermedad sufrida. As\u00ed, la dilaci\u00f3n en realizar el diagn\u00f3stico y aplicar oportunamente el tratamiento id\u00f3neo, lesiona gravemente el derecho a la salud, que se encuentra inescindiblemente unido con la dignidad y la vida humana. El derecho al diagn\u00f3stico se encuentra contenido dentro de los \u2018niveles esenciales\u2019, que de manera forzosa ha de garantizar la organizaci\u00f3n estatal, frente a la preservaci\u00f3n de la salud (\u2026). (CSJ, STC 23 feb. 2012 rad. 00404-01).  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado  en relaci\u00f3n con la importancia de la evaluaci\u00f3n que adelanta la Junta M\u00e9dico Laboral a fin de establecer la condici\u00f3n del polic\u00eda y de garantizar su atenci\u00f3n en salud y, de ser el caso, determinar su derecho a la pensi\u00f3n de invalidez:     <\/span><\/p>\n

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\u2026 la evaluaci\u00f3n que haga la Junta M\u00e9dico Laboral adquiere significativa relevancia al permitir conocer la condici\u00f3n del militar al ser desvinculado del servicio y, en caso de demostrarse una p\u00e9rdida de capacidad, garantizarle la atenci\u00f3n y una pensi\u00f3n de invalidez, de ser el caso, que es en \u00faltimas lo pretendido en la tutela.  <\/span><\/p>\n

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Sobre ello, la Corte Constitucional en fallo CC T-585\/11, citado por la Sala en CSJ STC, 19 abr. 2013, rad. 00076-01, expuso que el Decreto 1796 de 2000:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) consagr\u00f3 la obligaci\u00f3n por parte de las Fuerzas Militares, de realizar un examen m\u00e9dico laboral a los integrantes que van a ser dados de baja sin importar las causas que motivan el retiro. As\u00ed lo dispone el art\u00edculo 8\u00b0 que establece\u2026 ‘El examen para retiro tiene car\u00e1cter definitivo para todos los efectos legales; (\u2026) siendo de car\u00e1cter obligatorio en todos los casos. (\u2026) Los ex\u00e1menes m\u00e9dico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad psicof\u00edsica para retiro, as\u00ed como la correspondiente Junta M\u00e9dico-Laboral Militar o de Polic\u00eda, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminaci\u00f3n’\u2026 Adicional a lo anterior, se debe dejar en claro que en el caso de los soldados profesionales, por la naturaleza de su cargo, estos deben ostentar una plena capacidad psicof\u00edsica como requisito para el cumplimiento de la misi\u00f3n constitucional encomendada. Sin embargo, cuando estos hayan sufrido un menoscabo en su capacidad psicof\u00edsica en cumplimiento de su actividad, el Estado o las Fuerzas Militares deben garantizar su protecci\u00f3n a fin de salvaguardar su vida, salud e integridad, y no optar simplemente por su desvinculaci\u00f3n\u2026 En conclusi\u00f3n, a los soldados\u2026 que salen del servicio se les debe hacer un examen de retiro, y si del mismo se concluye que presentan afecciones provenientes del servicio, se les debe garantizar el acceso a la salud y determinar si tienen derecho a la pensi\u00f3n de invalidez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el inciso 2\u00b0 de la regla octava de la normativa citada en precedencia dispone que los \u00abex\u00e1menes m\u00e9dico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicof\u00edsica para retiro, as\u00ed como la correspondiente Junta M\u00e9dico-Laboral Militar o de Polic\u00eda, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminaci\u00f3n\u00bb; entre las tareas que cumple la Junta M\u00e9dico-Laboral Militar o de Polic\u00eda est\u00e1 la de \u00ab1. [v]alorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas; 3. [d]eterminar la disminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica y 6. [f]ijar los correspondientes \u00edndices de lesi\u00f3n si hubiere lugar a ello\u00bb (art\u00edculo 15 ib\u00eddem); el postulado 18 ejusdem igualmente ense\u00f1a expresamente que la autorizaci\u00f3n para la reuni\u00f3n de la Junta ser\u00e1 conferida por el Director de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Polic\u00eda Nacional a petici\u00f3n de medicina laboral o por orden judicial, y, por \u00faltimo, el art\u00edculo 19 prev\u00e9 que puede practicarse Junta M\u00e9dico-Laboral por solicitud del afectado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La hermen\u00e9utica de estas disposiciones conduce a inferir que los miembros del ej\u00e9rcito nacional cuando adquieran patolog\u00edas o lesiones psicof\u00edsicas con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio gozan de la prerrogativa de solicitar la pr\u00e1ctica de una valoraci\u00f3n m\u00e9dica por la Junta M\u00e9dico-Laboral. (CSJ STC, 22 ago. 2014, rad. 2014-00340-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En el presente asunto, aparece acreditado que el hijo de la accionante prest\u00f3 sus servicios como patrullero en la Polic\u00eda Nacional, y que debido a un sinn\u00famero de dolencias, se inici\u00f3 procedimiento m\u00e9dico laboral en marzo de 2014 en la ciudad de Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En dicha ocasi\u00f3n, los galenos establecieron que previo a emitir un concepto definitivo respecto del origen de las dolencias del accionante, era necesario que se realizaran valoraciones por gastroenterolog\u00eda, ortopedia, neurolog\u00eda, reumatolog\u00eda, otorrinolaringolog\u00eda y audiometr\u00eda.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, con el fin de realizar las inspecciones m\u00e9dicas pertinentes, y ante la solicitud que el paciente realiz\u00f3 para que dichos procedimientos fueran realizados en Bogot\u00e1, el Grupo M\u00e9dico de la Regional 1 lo cit\u00f3 en m\u00e1s de tres oportunidades, sin embargo, teniendo en cuenta que ninguna de ellas se hizo presente, las valoraciones no pudieron realizarse.  <\/span><\/p>\n

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Visto de ese modo, no hay raz\u00f3n alguna para considerar que la entidad castrense vulner\u00f3 el derecho a la salud del hijo de la accionante, pues como se advirti\u00f3 la misma ha cumplido con los deberes que dicho tr\u00e1mite le impone, y es producto de la inasistencia del militar que no ha sido posible la culminaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n de su incapacidad laboral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin que pueda considerarse que el cambio de domicilio del polic\u00eda den lugar a la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n respecto de la garant\u00eda fundamental a la que hasta ahora se ha hecho referencia, pues dicha situaci\u00f3n s\u00f3lo fue puesta en conocimiento de la autoridad de Sanidad hasta el pasado 29 de noviembre, raz\u00f3n por la que no era posible que las citas m\u00e9dicas se realizaran en Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. No obstante lo anterior, como se advirti\u00f3 al iniciar las consideraciones de la presente decisi\u00f3n, la entidad  de Sanidad de la ciudad de Bogot\u00e1 \u2013 Grupo M\u00e9dico Laboral de la Regional 1, pese haber trascurrido el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas que establece el art\u00edculo 14 de la ley 1755 de 2015, no acredit\u00f3 haber resuelto la petici\u00f3n que le formul\u00f3 el polic\u00eda el pasado 29 de noviembre a efectos de que el expediente contentivo de su valoraci\u00f3n laboral fuera remitido a la ciudad de Ibagu\u00e9, por lo que ser\u00e1 necesario adoptar medidas pertinentes a efectos de lograr la efectividad de esa garant\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para revocar el fallo de primera instancia, y en su lugar conceder el amparo \u00fanicamente respecto del derecho de petici\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha y procedencia se\u00f1aladas y, en su lugar dispone:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petici\u00f3n de Jimmy Aric Ca\u00f1on Hern\u00e1ndez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: ORDENAR al Jefe de la Seccional de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional de Bogot\u00e1 \u2013 Grupo M\u00e9dico Regional 1, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, responda la petici\u00f3n que el accionante le formul\u00f3 el pasado 29 de noviembre de 2016 y, en caso de acceder a lo all\u00ed solicitado, disponga lo necesario para la remisi\u00f3n inmediata del expediente M\u00e9dico Laboral del accionante a la ciudad de Ibagu\u00e9.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados, enviando, en oportunidad, el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4048-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00037-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100272","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100272"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100272\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}