{"id":100273,"date":"2026-06-25T20:26:56","date_gmt":"2026-06-25T20:26:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4049-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:26:56","modified_gmt":"2026-06-25T20:26:56","slug":"stc4049-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4049-2017\/","title":{"rendered":"STC4049-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4049-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2017-00013-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s  de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngel Enrique Estrada \u00c1lvarez contra la Polic\u00eda Nacional, la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Inspecci\u00f3n Regional Siete del Departamento del Meta; tramite al que se orden\u00f3 vincular a Lisandro Liberato Bautista.  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante mediante apoderado solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que estima vulnerados por las autoridades castrenses accionadas al sancionarlo con una multa equivalente a la suma de $418.480, determinaci\u00f3n que fue confirmada por el superior, lo que a su juicio constituye una arbitrariedad por cuanto en una situaci\u00f3n similar en la que se vio involucrado un compa\u00f1ero de trabajo se impuso una sanci\u00f3n diferente, consistente en la presentaci\u00f3n de un trabajo escrito ante la Oficina de Atenci\u00f3n al Ciudadano de la Polic\u00eda Metropolitana de Villavicencio.    <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se \u00abordene a la Oficina de Control Disciplinario Interno MEVIL, anular y dejar sin ning\u00fan efecto, los Fallos de Primera y Segunda Instancia, dentro del Radicado No. MEVIL-2016-31, mediante el cual se le impuso la dr\u00e1stica sanci\u00f3n a mi representado.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Que se ordene a la Oficina de Control Disciplinario interno MEVIL, rehacer el Procedimiento disciplinario interno mediante el cual fue sancionado el se\u00f1or Patrullero ANGEL ENRIQUE ESTRADA ALVAREZ, y en virtud del debido proceso y los principios de igual y gradualidad de la Sanci\u00f3n se le imponga un mecanismo para encausar la disciplina, en todo caso, que se le d\u00e9 el mismo trato dado al se\u00f1or Patrullero LISANDRO LIBERATO BAUTISTA.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Que se le reintegren las cuotas canceladas por concepto de la Sanci\u00f3n impuesta en el Fallo dentro del Radicado No. MEVIL 2016-31, objeto de la presente Acci\u00f3n Constitucional.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Que se ordene el retiro de la anotaci\u00f3n, hecha en el folio de Hoja de Vida, del se\u00f1or Patrullero ANGEL ENRIQUE ESTRADA ALVAREZ, en virtud del fallo tantas veces aludido (No. MEVIL 2016-31)  <\/span><\/p>\n

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\u2026Que se le prevenga a la Oficina de Control interno disciplinario de la Polic\u00eda Nacional MEVIL, para que a futuro, no incurra en este tipo de tratamiento discriminatorio, en contra de los Patrulleros ni ning\u00fan otro miembro de la instituci\u00f3n.\u00bb [Folio 5, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El Jefe de Vigilancia Secci\u00f3n B, inform\u00f3 que el 20 de octubre de 2015 en las instalaciones de la biblioteca p\u00fablica Germ\u00e1n Arciniegas no se present\u00f3 el accionante en su condici\u00f3n de patrullero junto con otros compa\u00f1eros  a la capacitaci\u00f3n del plan democracia a partir de las 06:30 horas se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

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2. Con ocasi\u00f3n a esos hechos se orden\u00f3 dar inicio a la indagaci\u00f3n preliminar el 15 de diciembre de ese a\u00f1o, bajo el radicado No. P-MEVIL-2015-182 en contra del actor y otros, disponiendo de oficio la pr\u00e1ctica de pruebas documentales y testimoniales tendientes al pleno esclarecimiento de los hechos objeto de investigaci\u00f3n, bajo las formalidades descritas en el art\u00edculo 150 de la Ley 734 de 2002.  <\/span><\/p>\n

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3. El tutelante fue debidamente notificado de la anterior decisi\u00f3n y se le dio a conocer los derechos consagrados en el art\u00edculo 92 de la Ley 734 de 2002.  <\/span><\/p>\n

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4. El 19 de abril de 2016, se orden\u00f3 dar inicio a la investigaci\u00f3n disciplinaria  en contra del actor, bajo el radicado MEVIL-2016-31 cuyo tr\u00e1mite se sigui\u00f3 bajo las formalidades del procedimiento verbal, determinaci\u00f3n que se le notific\u00f3 personalmente.  <\/span><\/p>\n

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5. El 29 de abril se dio inicio a la audiencia disciplinaria, diligencia en la que se le dio la oportunidad al tutelante de presentar su versi\u00f3n de los hechos, descargos y  solicitar pruebas en su defensa.  <\/span><\/p>\n

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6. Una vez decretadas las pruebas ordenadas, el 6 de mayo de 2016 se escuch\u00f3 a los investigados en alegatos de conclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. El 13 de mayo de ese a\u00f1o, se profiri\u00f3 fallo de primera instancia donde se responsabiliz\u00f3 disciplinariamente al actor  y se le impuso como correctivo la multa de diez d\u00edas equivalente a $418.480,00 de sueldo b\u00e1sico mensual devengado para la fecha de los hechos, decisi\u00f3n que fue notificada en estrados a los investigados. [Folios 54-83]  <\/span><\/p>\n

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8. Inconforme con la decisi\u00f3n el tutelante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, tras se\u00f1alar que no se tuvo en cuenta sus argumentos \u00ablos cuales son ver\u00eddicos\u00bb ni tampoco los de su esposa y, que no se le dio la oportunidad de subsanar la falta a trav\u00e9s de un llamado de atenci\u00f3n o en su defecto una anotaci\u00f3n en la hoja de vida o trabajo escrito por lo que solicita se reconsidere la sanci\u00f3n  y se le aplique un correctivo menor, impugnaci\u00f3n  que fue otorgada por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Metropolitana de Villavicencio.  <\/span><\/p>\n

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9. Una vez recepcionado el proceso en el despacho de la Inspecci\u00f3n Delegada Siete, mediante auto fechado 29 de julio de ese a\u00f1o, se corri\u00f3 traslado al actor para que presentara alegatos de conclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. El 6 de agosto siguiente se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n disciplinaria impuesta en contra del accionante. [Folios 8-26, c.1]  <\/span><\/p>\n

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11. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron  los derechos fundamentales invocados, debido a que las explicaciones que dio de forma \u00abhonesta, clara, contundente y concreta\u00bb no merecieron la menor atenci\u00f3n al operador disciplinario ni la s\u00faplica efectuada en la apelaci\u00f3n para que se aplicara un correctivo menor y por el contrario no entiende c\u00f3mo a otro patrullero por la misma conducta en otra oportunidad se le aplic\u00f3 un mecanismo diferente como fue la elaboraci\u00f3n de un trabajo. [Folios 1-7, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto de 2 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a los accionados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de los interesados, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 33, c.1].  <\/span><\/p>\n

       2. El Inspector Delegado Regional Siete de la Polic\u00eda Nacional de Villavicencio, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto realiz\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite disciplinario adelantado en contra del actor y se\u00f1al\u00f3 que dentro de la misma no se evidenci\u00f3 capricho o decisi\u00f3n contraria a la Ley como lo pretende hacer ver el accionante, sino que estuvo soportada en las pruebas que legal y oportunamente se allegaron al expediente sin que el quejoso haya evidenciado causales que permitieran justificar el comportamiento asumido y que conllev\u00f3 a la sanci\u00f3n disciplinaria.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que pese a que no existe ninguna vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno, el tutelante puede acudir a la jurisdicci\u00f3n administrativa y formular la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho para que se estudie la legalidad del acto administrativo que se cuestiona por esta v\u00eda aunado a que no se acredit\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, manifest\u00f3 que con relaci\u00f3n al reparo efectuado por el actor en torno a que a otro compa\u00f1ero que tuvo una conducta similar en otra ocasi\u00f3n  se le impuso un correctivo menor, respecto a ese particular caso el Juez Disciplinario no tuvo conocimiento, pues de haber sido as\u00ed, su deber no era otro que evaluar el informe y tomar la decisi\u00f3n correspondiente, bien ordenando un auto inhibitorio o en su defecto ordenar el inicio de indagaci\u00f3n preliminar o auto de citaci\u00f3n a audiencia verbal, con fundamento en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 150 de la Ley 734 de 2002. [Folios 36-48, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Jefe de la Oficina, Control, Disciplinario Interno MEVIL Encargado solicit\u00f3 negar las pretensiones del accionante por cuanto la acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando existe otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, que en el presente caso no se vislumbra. [Folios 49-51, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 15 de febrero de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio deneg\u00f3 el amparo al considerar que el requisito de la subsidiariedad no se cumpli\u00f3 puesto que el inconforme est\u00e1 en posibilidad de promover el mecanismo de control pertinente a fin de controvertir la decisi\u00f3n que estima lesiva de sus derechos, de manera que el juez de tutela no puede invadir la \u00f3rbita de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. [Folios 111-116, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, con los mismos argumentos de su escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que si  bien existen otros mecanismos judiciales que se pudieron haber utilizado para proteger los derechos invocados, estas acciones no son resueltas en estricto rigor en los t\u00e9rminos establecidos en la Ley debido a la carga laboral que afrontan, mientras que un  compa\u00f1ero que cometi\u00f3 la misma conducta en otra oportunidad se le dio un tratamiento distinto. [Folio 5-7, c.Corte]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica creara la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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Acorde con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 como causal de improcedencia, la de disponer el interesado de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara de forma provisional para evitar un da\u00f1o que no pudiera corregirse, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos instrumentos ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de esta instancia, los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que la misma no re\u00fane los requisitos para su excepcional viabilidad, en la medida en que si lo pretendido por el actor es cuestionar la decisi\u00f3n que lo responsabiliz\u00f3 disciplinariamente y le impuso la multa de diez d\u00edas de sueldo b\u00e1sico devengado para la fecha de los hechos, que asciende a la suma de $418.480 al haberse demostrado que infringi\u00f3 el \u00abR\u00e9gimen Disciplinario para la Polic\u00eda Nacional. La Ley 1015 de 2006, Art\u00edculo 35. Faltas Graves, Numeral 10.\u00bb, el inconforme cuenta con la posibilidad de promover el medio de control de la nulidad y restablecimiento del derecho, ante los respectivos jueces administrativos  <\/span><\/p>\n

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Como en m\u00faltiples oportunidades lo ha destacado esta Corporaci\u00f3n, no es posible cuestionar a trav\u00e9s de la herramienta constitucional actos administrativos, pues, como se sabe, estos se sujetan a una serie de presupuestos que determinan su validez. Ausente cualquiera de ellos, el Estado ha instituido como medios de control id\u00f3neos, las acciones judiciales previstas en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  <\/span><\/p>\n

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Sobre lo anterior, la Sala ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPor tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la accionada y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar. (\u2026) Recu\u00e9rdase que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u2018corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC 10 de mayo de 2000, Rad. 1030, 6 nov. 2009, Rad. 00335-01, entre otros).  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, teniendo el gestor de la queja a su alcance dichos mecanismos, puede solicitar ante el Juez Administrativo correspondiente, la suspensi\u00f3n provisional de los actos que cuestiona; luego, es evidente la impertinencia del ejercicio de la presente acci\u00f3n constitucional, la cual, ni siquiera resulta viable como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues la finalidad de dicha medida cautelar prevista en el tr\u00e1mite ordinario, es precisamente evitar la configuraci\u00f3n de los da\u00f1os que se puedan causar como consecuencia de las decisiones administrativas abiertamente ilegales.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026)[e]s, entonces, en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponde, am\u00e9n de que en esta instancia tambi\u00e9n pueda solicitarse la suspensi\u00f3n provisional, medida cautelar prevista en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo contra los actos administrativos de contenido general o particular, siempre que se cumplan ciertos requisitos (arts. 152 y ss.) y que de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb(CSJ STC, 14 oct. 2011, Rad. 00201-01).  <\/span><\/p>\n

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       4. Finalmente, no se demostr\u00f3 la transgresi\u00f3n del derecho a la igualdad, pues no se aport\u00f3 elementos probatorios tales como documentos o decisiones para verificar que en una investigaci\u00f3n disciplinaria similar, los encausados hubiesen dispensado un trato diferente al actor  en relaci\u00f3n con otras personas puestas en la misma situaci\u00f3n o en igualdad de condiciones a las de \u00e9l, ni tampoco se acredit\u00f3 de manera alguna que las autoridades accionadas hubiese procedido de manera arbitraria o caprichosa, de lo que se concluye la improcedencia de este mecanismo.  <\/span><\/p>\n

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5. Con sustento en las anteriores razones se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4049-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2017-00013-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s  de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100273","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100273"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100273\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}