{"id":100274,"date":"2026-06-25T20:27:03","date_gmt":"2026-06-25T20:27:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4050-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:27:03","modified_gmt":"2026-06-25T20:27:03","slug":"stc4050-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4050-2017\/","title":{"rendered":"STC4050-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       STC4050-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2017-00019-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que Tomas Alfonso Guerrero Carrillo promovi\u00f3 contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 la protecci\u00f3n sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, legalidad y juicio justo, que considera vulnerados por el referido despacho judicial, quien en sentencia de 14 de diciembre de 2015 modific\u00f3 la emitida en primera instancia e hizo extensiva la extinci\u00f3n del dominio declarada por el a quo al porcentaje del inmueble respecto del cual es propietario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se revoque la referida decisi\u00f3n y se mantenga la que profiri\u00f3 el juzgado del circuito vinculado al presente tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Ante la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada entre el accionante y Gloria Mercedes Rodr\u00edguez Moreno, el 4 de junio de 2012, a cada uno de ellos le fue asignado el 50% inmueble identificado con matricula inmobiliaria 230-73074 de la ciudad de Villavicencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.   El 31 de julio de 2003 se realiz\u00f3 diligencia de registro y allanamiento en el referido bien, y por encontrarse sustancias estupefacientes se dispuso la captura de Gloria Rodr\u00edguez, quien acept\u00f3 \u00abser la responsable de la venta de las sustancias estupefacientes, usando una tienda como fachada\u00bb [Folio 31, c. 2]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Mediante resoluci\u00f3n de 30 de junio de 2005 expedida por la Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio se inici\u00f3 el proceso de extinci\u00f3n de dominio del referido bien.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Dispuesto el enteramiento del tr\u00e1mite al accionante, y una vez agotadas las etapas pertinentes, el 27 de junio de 2014 se emiti\u00f3 sentencia en la que se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio \u00fanicamente respecto del porcentaje del inmueble que era de propiedad de la autora del delito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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6. El 14 de diciembre de 2015 se emiti\u00f3 sentencia en la que se revoc\u00f3 parcialmente la emitida en primera instancia, para hacer extensiva la extinci\u00f3n de dominio al porcentaje de propiedad del accionante.  Lo anterior, porque en consideraci\u00f3n del juez colegiado, el actor falt\u00f3 al deber de vigilancia  que le impon\u00eda la propiedad que ejerc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El accionante acude al amparo constitucional por considerar que la referida decisi\u00f3n vulnera sus derechos, pues adem\u00e1s de que no fue quien cometi\u00f3 el delito que dio lugar a la extinci\u00f3n del predio, teniendo en cuenta que una vez realizada la partici\u00f3n dentro del proceso de divorcio, su esposa lo desaloj\u00f3 del inmueble y no le fue posible ejercer control respecto de las actividades que en el mismo se ejerc\u00edan.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 16 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 82]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones que estuvieron a su cargo y sintetiz\u00f3 los argumentos que expuso en la sentencia que profiri\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Procurador Delegado ante el despacho anteriormente mencionado solicit\u00f3 que se denieguen las s\u00faplicas constitucionales, pues de un lado, el juez accionado cumpli\u00f3 con la carga argumentativa que le impone la ley, y de otro, el paso del tiempo impide la revocatoria de la decisi\u00f3n por esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 26 de enero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo, por considerar que adem\u00e1s de que no se acudi\u00f3 a \u00e9l de manera pronta y oportuna, la argumentaci\u00f3n empleada por el juzgador colegiado no es irracional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3. Adujo que la interpretaci\u00f3n realizada por la Sala accionada no atendi\u00f3 el principio de la sana critica, adem\u00e1s de dejar de lado que el 50% respecto del cual se declar\u00f3 la extinci\u00f3n, era el \u00fanico patrimonio con el que contaban sus dos menores hijas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola con los principios de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dicho presupuesto, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite tutelar, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u201c…en efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del  Decreto 2591 de 1991  hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (Sentencia T-797\/02 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

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\u201cTal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n,  de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u201d.1  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no le es dable al eventual afectado acudir tard\u00edamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada.  <\/span><\/p>\n

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2. En el supuesto que analiza la Corte, de inmediato se advierte la improsperidad de la impugnaci\u00f3n estudiada, pues adem\u00e1s de la ausencia del comentado principio, la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda se cuestiona, no se muestra caprichosa o irrazonable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, si la sentencia cuestionada se emiti\u00f3 el 14 de diciembre de 2015, para el 12 de enero de 2017, cuando se interpuso la queja constitucional, hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde que se profiri\u00f3 aquella, sin que en el escrito de tutela se encuentre manifestaci\u00f3n alguna que logre justificar la referida situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Pese a lo anterior, si se hiciera abstracciones de los anteriores planteamientos, no logra advertirse que la motivaci\u00f3n expuesta por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio, se traduzca en la vulneraci\u00f3n a los derechos invocados, toda vez que esa decisi\u00f3n fue el resultado de una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso, con base en los supuestos f\u00e1cticos que se sometieron a an\u00e1lisis y las pruebas recaudadas en la tramitaci\u00f3n, adoptando una decisi\u00f3n coherente, razonable y motivada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, para declarar la extinci\u00f3n del porcentaje de propiedad del accionante y desvirtuar los argumentos expuestos por el juez de primera instancia, estim\u00f3 el juzgador colegiado que \u00abdesde el momento en que le fueron reconocidos sus derechos sobre el predio2, al d\u00eda de los hechos g\u00e9nesis de este tr\u00e1mite, hab\u00eda trascurrido 1 a\u00f1o, tiempo en el que perfectamente pod\u00eda estar atento de su propiedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Manifestando la imposibilidad de aceptar lo resuelto por el a quo, al indicar que \u00abel lapso entre la inscripci\u00f3n de lo resuelto en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y el allanamiento, no resulta suficiente para que el afectado desplegara las acciones pertinentes a fin de verificar el uso dado a la morrada.  Ello, por cuanto entre tales sucesos trascurrieron aproximadamente 3 meses, en los que aun si se admitiera en gracia de discusi\u00f3n que no hubiera podido iniciarse alguna acci\u00f3n civil, tambi\u00e9n lo es que si era viable que el afectado realizara al menos una averiguaci\u00f3n respecto de las condiciones y circunstancias en las que se encontraba el bien y de all\u00ed advertir la situaci\u00f3n irregular y acudir siquiera a la polic\u00eda, pero la evidencia revela que ello no se hizo, pues TOMAS ALFONSO no implement\u00f3 ning\u00fan tipo de medidas suficientes y eficaces, que exteriorizaran su diligencia y cuidado, y que adem\u00e1s estuvieran dirigidas a conjurar las anomal\u00edas ocurridas en el inmueble de su propiedad\u00bb.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirmaci\u00f3n que respaldo adem\u00e1s en el hecho de haber sido \u00ablos propios hijos de los afectados, quienes manifestaran su disconformidad con l actuar de su progenitora, raz\u00f3n por de m\u00e1s que reafirma que GUERRERO CARRILLO si se encontraba en la posibilidad de saberlo que ocurrir\u00eda y toma las medidas del caso\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que la \u00abnegligencia de TOMAS ALFONSO no puede catalogarse m\u00e1s que como una clara manifestaci\u00f3n de su desinter\u00e9s e inobservancia de los deberes que como propietario la ley le imponen, en el marco del ius vigilandi en procura del cumplimiento de la funci\u00f3n ecol\u00f3gica y social contemplada en la carta pol\u00edtica\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se precis\u00f3, no se evidencia infundada ni irrazonable, pues se sustent\u00f3 en las pruebas obrantes en el juicio. Por tanto, es incontestable que no transgrede los derechos fundamentales del accionante, y en ese orden, es palmario que la pretensi\u00f3n de esta se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo desacuerdo frente a la valoraci\u00f3n de las pruebas, lo cual, naturalmente excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, dada la naturaleza residual de este mecanismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En ese orden, el amparo invocado es improcedente, desde que no se autoriza por esa v\u00eda, derribar decisiones proferidas v\u00e1lidamente con respeto de las garant\u00edas procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, se pretende hacer valer el criterio del tutelante sobre el consignado en su decisi\u00f3n por el juez natural, am\u00e9n de proponer una evaluaci\u00f3n probatoria distinta de aquella realizada sin llegar al l\u00edmite de la arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la autonom\u00eda que en tal tarea se le reconoce al juzgador.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb.3  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Como ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, que configurar\u00edan v\u00eda de hecho por error en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios de prueba se advierten en la apreciaci\u00f3n del accionado, no puede la Corte interferir en la labor que acometi\u00f3 con respaldo en la independencia reconocida por la Carta Pol\u00edtica.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ning\u00fan momento la tutela puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les asigna competencia para resolver las controversias judiciales, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar el texto constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. T. No. 00188 -01    <\/span><\/p>\n

2 El 13 de marzo de 2003 se inscribi\u00f3 la sentencia que aprob\u00f3 la partici\u00f3n realizada en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal.    <\/span><\/p>\n

3 Sentencias de tutela de 24 de junio de 2004, exp. 00142-01; 27 de junio de 2007, exp. 00911-00; 3 de noviembre de 2009, exp. 01371-01; 16 de junio de 2011, exp. 01192-00; 25 de enero de 2012, exp. 00001-00, entre otras.      <\/span><\/p>\n

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