{"id":100275,"date":"2026-06-25T20:27:18","date_gmt":"2026-06-25T20:27:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4052-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:27:18","modified_gmt":"2026-06-25T20:27:18","slug":"stc4052-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4052-2017\/","title":{"rendered":"STC4052-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4052-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-21-000-2017-00151-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Evelio Rafael P\u00e9rez Cohen, a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al ciudadano Jaime Alberto Trujillo Hoyos, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se ordene al despacho accionado que admita la demanda presentada y que se abstenga de exigir formalidades innecesarias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial Bol\u00edvar, mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 RDE 0032 de diciembre 1\u00b0 de 2014, inscribi\u00f3 en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente el predio denominado \u00abSegregado de Verdum\u00bb, ubicado en el camino a Borrachera de El Carmen de Bol\u00edvar, a nombre de Evelio Rafael P\u00e9rez Cohen y su n\u00facleo familiar al momento de los hechos victimizantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el 2016, el se\u00f1or P\u00e9rez Cohen, por intermedio de la entidad p\u00fablica referida atr\u00e1s, promovi\u00f3 solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras sobre el inmueble mencionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de esos asuntos, requiri\u00f3 al extremo activo, previo a admitir la demanda, para que allegara copia de la resoluci\u00f3n en la que se orden\u00f3 la inclusi\u00f3n del predio en el registro aludido y de las resoluciones en las que se resolvieron las actuaciones administrativas de Jaime Alberto Trujillo Hoyos, a trav\u00e9s de auto emitido el 29 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En providencia del 13 de diciembre siguiente, el juez de la causa rechaz\u00f3 la solicitud de la parte actora por falta de subsanaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el demandante interpuso el recurso de reposici\u00f3n, puesto que, en su sentir, deb\u00eda admitirse el libelo formulado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El juzgador, en prove\u00eddo del 18 de enero de 2017, no repuso la decisi\u00f3n cuestionada, ya que la informaci\u00f3n requerida no fue aportada dentro del t\u00e9rmino concedido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el estrado judicial encausado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al emitir una providencia donde no se indic\u00f3 que se trataba de un auto inadmisorio, por lo que no era procedente rechazar la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras con base en aquella determinaci\u00f3n, m\u00e1xime que en la Ley 1448 de 2011 no se previ\u00f3 el rechazo bajo las causales esgrimidas por el despacho accionado, motivo por el cual debe concederse la protecci\u00f3n constitucional y abstenerse de exigir formalidades innecesarias. [Folios 1-14, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 2 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al estrado judicial querellado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 34-35, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar indic\u00f3 que no se conculcaron las garant\u00edas superiores del actor porque la inadmisi\u00f3n de una demanda por deficiencias formales es un ejercicio jurisdiccional aut\u00f3nomo y razonable,  la cual, en el caso concreto, no desbord\u00f3 las competencias legales contenidas en el art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011, acerca de la certeza del acto administrativo que orden\u00f3 la inclusi\u00f3n del predio en el Registro de Tierras. [Folios 46-47, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Posteriormente, el a quo constitucional dispuso la vinculaci\u00f3n del ciudadano Jaime Alberto Trujillo Hoyos, para que interviniera en este asunto. [Folios 49-50, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el vinculado se opuso a la prosperidad del resguardo porque el quejoso no propuso el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que orden\u00f3 el cumplimiento de ciertos requisitos previo a admitir la demanda, y adem\u00e1s la acci\u00f3n de tutela no es el medio para imponer una hermen\u00e9utica al juez. [Folios 59-61, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 15 de febrero de 2017, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al despacho accionado que dejara sin efectos los autos proferidos a partir del 29 de noviembre de 2016 y, en su lugar, admitiera la demanda de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras presentada por el accionante, debido a que se incurri\u00f3 en defecto sustantivo al interpretar err\u00f3neamente el art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011 y exigir unos requisitos adicionales para la admisi\u00f3n de aquel tipo de solicitud, a ra\u00edz de que no era necesario aportar copia de la resoluci\u00f3n de inclusi\u00f3n, sino que bastaba la constancia de inclusi\u00f3n del predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, a trav\u00e9s del folio de matr\u00edcula inmobiliaria allegado y otros documentos que daban certeza de la inscripci\u00f3n del bien, y adem\u00e1s las copias de las resoluciones que decidieron las actuaciones administrativas del se\u00f1or Trujillo Hoyos no constitu\u00edan presupuesto para la inadmisi\u00f3n o rechazo de esa demanda.  [Folios 68-83, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, Jaime Alberto Trujillo Hoyos la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito de intervenci\u00f3n. [Folios 92-93, c. 1]  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que estos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que vienen de comentarse, pues el querellante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se encuentra que la queja de Evelio Rafael P\u00e9rez Cohen recae en las providencias por las cuales se requiri\u00f3 al extremo activo, previo a admitir la demanda, para que allegara ciertos documentos, y se rechaz\u00f3 la demanda por falta de subsanaci\u00f3n, proferidas el 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2016, respectivamente, dentro del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, promovido por aquel, a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de El Carmen de Bol\u00edvar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, se observa que esa persona omiti\u00f3 utilizar los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance en aquel asunto, debido a que no manifest\u00f3 oportunamente las inconformidades que ac\u00e1 expone mediante las herramientas que el ordenamiento adjetivo le confiere, en raz\u00f3n a que no interpuso el recurso de reposici\u00f3n contra el auto fechado el 29 de noviembre del a\u00f1o anterior, a pesar de que dicha oportunidad y escenario era el id\u00f3neo para que ejerciera sus derechos fundamentales y se solventaran las irregularidades que, a su juicio, se presentaron al efectuarse un requerimiento sobre aporte de documentaci\u00f3n previo a la admisi\u00f3n de la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed quejoso no hizo uso oportuno de los mecanismos que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el interesado ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte, en supuestos similares, ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Sumado a lo anterior, esta Corporaci\u00f3n advierte que el promotor de la queja todav\u00eda cuenta con instrumentos para acudir a la justicia transicional establecida en la Ley 1448 de 2011, sin que sea procedente que utilizar la v\u00eda constitucional como un mecanismo alternativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior se debe a que, si bien la sede judicial acusada no admiti\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras incoada por el actor y, en cambio, decidi\u00f3 rechazarla, a trav\u00e9s de la providencia emitida el 13 de diciembre de 2016, lo cierto es que esa persona tiene la oportunidad de promover nuevamente tal solicitud, con el objetivo de que el funcionario se pronuncie sobre la admisibilidad de la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que no sea procedente el resguardo deprecado, puesto que el impulsor de la salvaguarda no puede pretender que por medio de la presente acci\u00f3n constitucional, el juez de tutela se anticipe a la decisi\u00f3n del juez natural.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

4. De las anteriores premisas surge evidente la improcedencia de la protecci\u00f3n suplicada por falta de cumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad y, por consiguiente, contrario a lo se\u00f1alado por el a quo constitucional en la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. En efecto, se revocar\u00e1 aquel fallo para, en su lugar, denegar la salvaguarda solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la providencia impugnada y, en su lugar, DENIEGA la protecci\u00f3n constitucional rogada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4052-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-21-000-2017-00151-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100275","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100275","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100275"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100275\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100275"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100275"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100275"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}