{"id":100277,"date":"2026-06-25T20:27:38","date_gmt":"2026-06-25T20:27:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4054-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:27:38","modified_gmt":"2026-06-25T20:27:38","slug":"stc4054-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4054-2017\/","title":{"rendered":"STC4054-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       STC4054-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00039-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el veintis\u00e9is de enero de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Wildy Erney Su\u00e1rez Atencia contra el extinto Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Descongesti\u00f3n, hoy Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes del proceso seguido contra el accionante.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por las autoridades accionadas por cuanto en la sentencia proferida en su contra como en la decisi\u00f3n emitida por el juzgado ejecutor no se tuvo en cuenta la redosificaci\u00f3n por favorabilidad a la que tiene derecho.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene \u00abredosifiquen mi condena ampar\u00e1ndome en la sentencia C-521 de 2009 y la sentencia 37671 del  (4) de marzo de 2015\u2026\u00bb  [Folio 7, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, mediante sentencia de 29 de marzo de 2012, declar\u00f3 responsable al accionante como autor de los punibles de Acceso Carnal Violento e Incesto y lo conden\u00f3  a la pena de 240 meses de prisi\u00f3n y, le neg\u00f3 el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y los sustitutos penales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Decisi\u00f3n que fue modificada por el Tribunal Superior de esa ciudad el 22 de mayo de ese a\u00f1o en el sentido de imponerle 198 meses de prisi\u00f3n. Determinaci\u00f3n contra la que no se interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La vigilancia de la pena le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Descongesti\u00f3n de Cali.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 22 de octubre de 2015 el actor solicit\u00f3 la readecuaci\u00f3n de pena en virtud del principio de favorabilidad, tras considerar que de conformidad con las sentencias 37671 de 2015 y C-521 de 2009 que establecieron que a los delitos incluidos en el art\u00edculo 199, numeral 5 de la Ley 1098 se le debe excluir el aumento de pena establecido en el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 18 de diciembre de ese a\u00f1o, no se accedi\u00f3 a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad reclamado por el tutelante tras considerarse que el despacho carec\u00eda de competencia para modificar la sentencia y por no presentarse tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n que favorezca al actor. [Folios 9-12, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Inconforme con la decisi\u00f3n el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 13 de julio de 2016, el Tribunal confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada por el A Quo. [Folios 14-29, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En criterio del gestor del amparo, las decisiones adoptadas quebrantan sus derechos fundamentales por cuanto en el delito por el que se encuentra condenado no se le aplic\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la pena que le correspond\u00eda. [Folios 1-8, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 18 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a las autoridades judiciales accionadas y vincular a los intervinientes en el asunto objeto del reclamo constitucional. [Folios 31-32, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.  El Juzgado S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali inform\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada por su hom\u00f3logo el extinto primero de descongesti\u00f3n no luce arbitraria y lo que pretende el accionante es una tercera instancia para cuestionar la decisi\u00f3n judicial que neg\u00f3  su pretensi\u00f3n de redosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. [Folio 39, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, manifest\u00f3 que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n proferida el 18 de diciembre de 2015 por el extinto Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Descongesti\u00f3n de esa ciudad, tras considerar que de cara a la pretensi\u00f3n del actor, no es el juez de ejecuci\u00f3n de penas el llamado a pronunciarse respecto a la redosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, pues ello debe ser debatido en sede de revisi\u00f3n, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 7 del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004. [Folio 58, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 26 de enero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al considerar que si el accionante no estaba de acuerdo con la sentencia condenatoria impuesta en su contra debi\u00f3 formular el recurso extraordinario de casaci\u00f3n aunado a que los motivos expuestos por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y el Tribunal para negar la modificaci\u00f3n pretendida, fundamentados en las disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia no se ofrecen caprichosos sino ajustados a derecho. [Folios 102-108, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con el fallo, el tutelante lo impugn\u00f3, sin expresar las razones de su desacuerdo. [Folio 114, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La jurisprudencia de la Corte ha sido invariable al se\u00f1alar que son dos los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: la inmediatez y la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

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En virtud del otro principio se\u00f1alado, debe recordarse que el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende ninguno de los postulados que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso las decisiones que cuestiona por una parte el accionante son aquellas a trav\u00e9s de las cuales el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar lo declar\u00f3 responsable de los delitos de Acceso Carnal Violento e Incesto y el fallo proferido por el Tribunal Superior de esa ciudad que modific\u00f3 el monto de la pena y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s la decisi\u00f3n adoptada por el A Quo, determinaciones emanadas el 29 de marzo y 22 de mayo de 2012, cuando el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 19 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Esta circunstancia deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir, aproximadamente cuatro a\u00f1os y siete meses desde la emisi\u00f3n de la \u00faltima decisi\u00f3n atacada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera ampliamente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales [6 meses],  sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De otra parte, la solicitud de amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para cuestionar las referidas determinaciones.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior porque si, a juicio del actor, las sentencias adoptadas no se encontraban ajustadas a derecho porque en su sentir se realiz\u00f3 una indebida dosificaci\u00f3n de la pena, pudo interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo proferido por el Tribunal accionado, medio de impugnaci\u00f3n establecido por el legislador para plantear tal debate al interior del proceso, mecanismo del que no hizo uso el interesado, sin que tal incuria fuere excusada v\u00e1lidamente.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, no puede admitirse que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en la instancia que no se adelant\u00f3 porque el aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 los medios de defensa que establece la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de aquellas v\u00edas ordinarias contempladas por la ley.  <\/span><\/p>\n

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4. De otra parte, el reclamo constitucional se dirige tambi\u00e9n  en contra de las decisiones proferidas por el extinto Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Descongesti\u00f3n de Cali y su superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 el juzgador de la segunda instancia, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

       Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al Ad Quem para confirmar el auto mediante el cual el juez que vigila la condena, neg\u00f3 la solicitud de aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el Tribunal, para adoptar su decisi\u00f3n, expuso que no le era aplicable en su caso la Sentencia C-521 de 2009 pues al revisarse el fallo condenatorio a \u00e9l impuesto, su situaci\u00f3n jur\u00eddica no se enmarca en lo debatido en tal providencia por cuanto: \u00abV\u00e9ase que el hoy recurrente fue condenado como autor responsable de los delitos de ACCESO ARBAL VIOLENTO e INCESTO (art\u00edculos 205 y 237 del C\u00f3digo Penal), conductas punibles que de modo alguno se incluyen en la sentencia C-521 de 2001, ya que dicha jurisprudencia hizo alusi\u00f3n \u00fanica y exclusivamente a aquellas personas condenadas por las conductas punibles en los art\u00edculos 208 y 209 del compendio penal a quienes se les haya imputado la circunstancia de agravaci\u00f3n punitiva contenida en el numeral 4 del art\u00edculo 211 ib\u00eddem.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo ese entendido resulta desacertado el pedido del hoy recurrente, pues se reitera, su situaci\u00f3n jur\u00eddica no se adecua a lo dispuesto por el Alto Tribunal en lo Constitucional, por tanto no es dable aplicar el principio de favorabilidad en los t\u00e9rminos pretendidos por el se\u00f1or WILDY ERNEY SUAREZ ATENCIA.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       As\u00ed mismo, consider\u00f3 que respecto a la solicitud de readecuaci\u00f3n de la pena en virtud de la sentencia del 4 de marzo de 2015, radicado 37671 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n tampoco le era aplicable por cuanto en dicha providencia se realiz\u00f3 un estudio minucioso respecto a la inaplicaci\u00f3n de los aumentos de los l\u00edmites punitivos consagrados en la Ley 890 de 2004 respecto a las conductas punibles contenidas en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006, cuando se presenten preacuerdos o allanamientos a cargos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y finalmente concluy\u00f3 que la determinaci\u00f3n adoptada por el A Quo estuvo conforme a derecho por cuanto cualquier pretensi\u00f3n encaminada a modificar la firmeza de una sentencia que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo es susceptible de ser estudiada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n y no por parte del juez de ejecuci\u00f3n de penas siempre y cuando no se trate de un cambio punitivo en virtud de la emisi\u00f3n de una Ley posterior m\u00e1s favorable, lo que de conformidad con el numeral 7 del art\u00edculo 38 de la Ley 906 de 2004 s\u00ed corresponde al juez encargado de la vigilancia de la sanci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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La pretensi\u00f3n del actor, entonces, queda circunscrita, de modo exclusivo, al disenso frente al criterio jur\u00eddico de la Corporaci\u00f3n acusada, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la naturaleza excepcional de dicho mecanismo, que no se erige en una instancia m\u00e1s dentro de los tr\u00e1mites judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.)  <\/span><\/p>\n

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6. De lo anterior se colige que la protecci\u00f3n deb\u00eda negarse y por ello se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento por las razones indicadas.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente             STC4054-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00039-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo  de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100277","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100277","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100277"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100277\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100277"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100277"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100277"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}