{"id":100278,"date":"2026-06-25T20:27:46","date_gmt":"2026-06-25T20:27:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4055-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:27:46","modified_gmt":"2026-06-25T20:27:46","slug":"stc4055-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4055-2017\/","title":{"rendered":"STC4055-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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STC4055-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b005001-22-03-000-2017-00075-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el trece de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el abogado Pablo Antonio Jim\u00e9nez Betancur contra los Juzgados Quinto y Veinte Civiles del Circuito de ese lugar.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El profesional del derecho, solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por las autoridades del circuito accionadas, quienes asumieron conocimiento del proceso divisorio que su representado, Francisco Luis Correa, promovi\u00f3 contra Lina Andrea Correa P\u00e9rez, pese a que, por el valor del inmueble, la demanda era de menor cuant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, que se declare la nulidad de las actuaciones surtidas ante la referida autoridad.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Francisco Luis Correa present\u00f3 demanda en contra de Lina Andrea y Jazm\u00edn Eliana Correa P\u00e9rez, con el fin de lograr la divisi\u00f3n ad valorem del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 001-701384 de la ciudad de Medell\u00edn.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de ese lugar, quien el 14 de agosto de 2008 admiti\u00f3 la demanda y dispuso la inscripci\u00f3n de la misma en el certificado de libertad y tradici\u00f3n correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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3. El 30 de enero de 2009 las convocadas se notificaron personalmente, y dentro de la oportunidad pertinente formularon excepciones de m\u00e9rito.  <\/span><\/p>\n

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4. Agotadas las etapas pertinentes, el 2 de agosto de 2010 se decret\u00f3 la divisi\u00f3n del inmueble, la cual se har\u00eda mediante su venta en p\u00fablica subasta.    <\/span><\/p>\n

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5. Contra la anterior decisi\u00f3n no se formul\u00f3 ning\u00fan medio de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. El 20 de octubre siguiente se comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda a fin de que se realizara el secuestro del bien a subastar.  <\/span><\/p>\n

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7. El 9 de noviembre de 2011  se nombr\u00f3 perito a efectos de que el mismo estableciera el valor del inmueble objeto de la divisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. Presentado el trabajo encomendado, el 4 de octubre de 2011 se dispuso su traslado a las partes.  <\/span><\/p>\n

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9. Al no formularse objeci\u00f3n, mediante auto de 12 de julio de 2012 se program\u00f3 fecha para efectuar la almoneda.  <\/span><\/p>\n

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10. El 3 de septiembre de 2013 se realiz\u00f3 la venta, adjudic\u00e1ndose el inmueble a Lina Andrea Correa P\u00e9rez, quien el d\u00eda 6 siguiente alleg\u00f3 constancias de las consignaciones que establece la ley.  <\/span><\/p>\n

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11. El 1 de noviembre siguiente se aprob\u00f3 la diligencia.  <\/span><\/p>\n

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12. El accionante acude a la acci\u00f3n de tutela, pues considera que en dicho tr\u00e1mite se vulneraron los derechos de su representado, pues teniendo en cuenta el valor catastral del inmueble – 42\u2019249.000 -, no era el juez del circuito el llamado a pronunciarse respecto de sus pretensiones. Adem\u00e1s manifiesta que al no haberse agotado el requisito de conciliaci\u00f3n previa, no era procedente al admisi\u00f3n de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 2 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. Adem\u00e1s, se dispuso requerir al abogado accionante para que aportara el poder especial necesario para representar los intereses del titular de los derechos reclamados en este tr\u00e1mite. [Folios 10, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. Los falladores accionados dieron cuenta de su actuaci\u00f3n y manifestaron que la misma no dio lugar a la vulneraci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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3. El Tribunal, en sentencia del 13 de febrero de esta anualidad, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional deprecada, luego de concluir que el gestor de la queja, no ostenta legitimidad para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos del titular de la orden de amparo, pues no cuenta con poder especial para ello. [Folios 21, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Sin exponer los motivos de su desacuerdo, el actor constitucional impugn\u00f3 la decisi\u00f3n anterior. [Folios 52, c.1]  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible soslayar el respeto a requisitos como el de la legitimaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Para facilitar la defensa de derechos ajenos, tambi\u00e9n estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en la solicitud.   <\/span><\/p>\n

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3. Sobre este tema, la Sala se ha pronunciado de la manera que sigue:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026 ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb.(CSJ SC 9 Feb. 1996, Exp. 2822; 9 Oct. 1998, Exp. 5429; 19 Feb, 2002, Exp. 0159-01; 24 Feb. 2004, Exp. 00219-01; 11 Mar. 2009, Exp. 00001-01)  <\/span><\/p>\n

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Frente a actuaciones cumplidas en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n judicial o de providencias dictadas dentro de \u00e9sta, se ha considerado que \u201ccualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u201d.  <\/span><\/p>\n

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4. En el supuesto que se analiza, la acci\u00f3n de tutela la promueve quien dice actuar en representaci\u00f3n de Francisco Luis Correa, empero, observa la Sala que el promotor del amparo no cuenta con poder especial para representar los intereses del ciudadano en esta acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Luego, es evidente que el reclamante carece de poder especial conferido para impetrar el amparo, de modo que no ostenta legitimidad para acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, \u00fanicamente contando con mandato especial del presunto afectado, el tutelante estaba legitimado para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar el amparo, como quiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado y no a sus apoderados o representantes.  <\/span><\/p>\n

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5. Las razones que se dejan consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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