{"id":100279,"date":"2026-06-25T20:27:55","date_gmt":"2026-06-25T20:27:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4057-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:27:55","modified_gmt":"2026-06-25T20:27:55","slug":"stc4057-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4057-2017\/","title":{"rendered":"STC4057-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4057-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2017-00011-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dos de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmelo Eli\u00e9cer Rengifo Z\u00fa\u00f1iga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que estima vulnerados por la autoridad judicial acusada al rechazar de plano la nulidad formulada contra el auto que aprob\u00f3 la diligencia de remate y adjudicaci\u00f3n de bienes, dentro del proceso ejecutivo promovido en su contra.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene la nulidad de todo lo actuado en ese asunto.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Apoyos Financieros Especializados S.A. Apoyar S.A. present\u00f3 demanda ejecutiva mixta contra Carmelo Eli\u00e9cer Rengifo Z\u00fa\u00f1iga, a fin de obtener el pago de las obligaciones incorporadas en el pagar\u00e9 n.\u00b0 0003583 de 25 de junio de 2008.  <\/span><\/p>\n

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3. El ejecutado fue notificado por aviso y guard\u00f3 silencio durante el t\u00e9rmino correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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4. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, la juez de la causa dict\u00f3 auto el 11 de mayo de 2010, ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. En diligencia de remate llevada a cabo el 26 de abril de 2016, se adjudicaron los bienes con folios de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 060-177371, 060-177370, 060-177369, 060-177368, 060-177367 y 060-177366 ubicados en Cartagena, Bol\u00edvar, a Inversiones Karex S.A.S., cesionaria de la ejecutante.  <\/span><\/p>\n

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6. Mediante auto del 12 de mayo siguiente, el fallador aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n anterior, dispuso el levantamiento de las medidas cautelares, la inscripci\u00f3n en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos y la notar\u00eda correspondientes, y la entrega de los inmuebles a la adjudicataria.  <\/span><\/p>\n

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7. La parte pasiva solicit\u00f3, en diciembre del a\u00f1o pasado, la nulidad de todo lo actuado por violaci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, puesto que no se pactaron intereses en el t\u00edtulo valor adosado y el remate no cumpli\u00f3 los requisitos legales.  <\/span><\/p>\n

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8. En providencia del 13 de diciembre de 2016, el juzgador rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n del demandado por no encontrarse listada en la normatividad adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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9. El a quo, en prove\u00eddos fechados el 11 y 24 de febrero de la anualidad cursante, orden\u00f3 comisionar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda y a la Alcald\u00eda de Cartagena para que efectuaran la diligencia de entrega de los bienes referidos atr\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio del peticionario de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el despacho accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al no resolver de fondo la nulidad impetrada, pese a que el proceso ejecutivo adelantado en su contra es irregular, porque la adjudicaci\u00f3n no cumpli\u00f3 todos los requisitos al no pagarse el impuesto de remate en la proporci\u00f3n exigida, motivo por el cual debe efectuarse un control de legalidad e improbarse la adjudicaci\u00f3n de los inmuebles perseguidos.  [Folios 1-7, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 26 de enero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial acusada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 71-72, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena se opuso a la prosperidad del resguardo, en raz\u00f3n a que el juicio ejecutivo censurado se adelant\u00f3 a todas las etapas procesales correspondientes, las cuales se surtieron sin reparo alguno del quejoso, por lo que no es procedente la acci\u00f3n constitucional interpuesta. [Folios 81-85, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, Inversiones Karex S.A.S. indic\u00f3 que el actor no agot\u00f3 los recursos con los que contaba para controvertir las providencias emitidas en el asunto atacado. [Folios 87-88, c. 1]  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 2 de febrero de 2017, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena deneg\u00f3 el amparo, debido a que el proceso ejecutivo cuestionado fue tramitado de manera id\u00f3nea, sin que se adviertan irregularidades ni violaci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, adicionalmente \u00e9l no utiliz\u00f3 todos los recursos ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la acci\u00f3n de tutela, y en consecuencia, es indiscutible la improcedencia de ese mecanismo. [Folios 90-94, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuesto en su escrito inicial. [Folio 96, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que vienen de comentarse, pues el querellante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se encuentra que la queja del promotor del resguardo recae en la providencia proferida el 13 de diciembre de 2016 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, en la que se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad de la adjudicaci\u00f3n de los bienes perseguidos en el proceso ejecutivo adelantado contra \u00e9l, puesto que, en su sentir, el remate no cumpli\u00f3 los requisitos legales.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un  escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed quejoso no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que la interesada ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse \u00fanicamente cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

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4. Razones que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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