{"id":100280,"date":"2026-06-25T20:27:58","date_gmt":"2026-06-25T20:27:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4060-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:27:58","modified_gmt":"2026-06-25T20:27:58","slug":"stc4060-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4060-2017\/","title":{"rendered":"STC4060-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4060-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2017-00094-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el dos de febrero de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por John Jairo Serna Guisao, contra la Fiscal\u00eda 6\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado 21 Penal del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en la indagaci\u00f3n preliminar donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El ciudadano reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, defensa material y t\u00e9cnica y debido proceso, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, al inadmitir la denuncia que formul\u00f3 por el presunto delito de prevaricato, contra el Juez 21 Penal del Circuito de Cali, pues, en su sentir, ello obedeci\u00f3 a una actitud favorecedora y, por lo tanto, delictiva del funcionario accionado, en abierto desconocimiento a las pruebas en las que soport\u00f3 su acusaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se invalide la decisi\u00f3n censurada. [Folios 1-67, c.1]  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 15 de octubre de 2016, el tutelante formul\u00f3 denuncia penal contra el Juez 21 Penal del Circuito de Cali, por la presunta comisi\u00f3n del delito de prevaricato por acci\u00f3n, al confirmar en segunda instancia el fallo proferido por el Juzgado 15 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cali, que declar\u00f3 la caducidad de la querella formulada en el a\u00f1o 2012 por el tutelante contra Alba Luc\u00eda Navarro Hoyos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 por reparto a la Fiscal\u00eda 6\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, autoridad que dispuso el archivo de las diligencias, en decisi\u00f3n del 16 de noviembre de 2016, por considerar inadmisible la queja del peticionario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En criterio del peticionario del amparo, la Fiscal\u00eda accionada vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales invocadas, porque, en su sentir, su noticia criminal fue desestimada \u00ab\u2026en evidente y notoria actitud, adem\u00e1s de \u201cfavorecimiento\u201d de \u201csolidaridad\u201d institucional judicial en la cual se materializa y demuestra, el actual, demostrado y denunciado nefasto y catastr\u00f3fico \u201cdi\u00e1logo jur\u00eddico\u201d extra proceso de la \u201cpuerta giratoria\u201d en la jurisdicci\u00f3n de Santiago de Cali; de acuerdo con el art\u00edculo 457 CPP en concordancia con el art\u00edculo 29 CN, materializ\u00e1ndose el 16 de noviembre de 2016, proceso No. 2016-37628, al momento mismo de inadmitir el Despacho Fiscal la denuncia penal, una demostrada y denunciada, repetitiva y sistem\u00e1tica violaci\u00f3n de Principios y Derechos Fundamentales\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. En auto de 25 de enero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folios 80-81, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La autoridad accionada, a trav\u00e9s de la Coordinaci\u00f3n de la Unidad, remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n cuestionada para su inspecci\u00f3n. [Folios 85-86 y 135-146, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali, inform\u00f3 que en audiencia de 15 de diciembre de 2015, imparti\u00f3 integral confirmaci\u00f3n a la decisi\u00f3n adoptada el 5 de agosto del mismo a\u00f1o por su inferior, hecho lo cual devolvi\u00f3 las diligencias al centro de servicios judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el promotor del amparo ha interpuesto m\u00faltiples acciones de tutela contra los funcionarios que han adoptado decisiones desfavorables frente a sus pedimentos. [Folios 90-94, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. El 2 de febrero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, neg\u00f3 el amparo constitucional invocado, por encontrar razonable y debidamente motivada la decisi\u00f3n objeto de reproche e insatisfecho el requisito de la subsidiaridad, en tanto que el quejoso tiene a su alcance la posibilidad de solicitar el desarchivo de su denuncia, en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 79 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. [Folios 147-153, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el tutelante impugn\u00f3 la sentencia, con fundamento en similares argumentos a los que sirvieron de base a su escrito inicial y adicion\u00f3 que como ninguno de los accionados ni vinculados contest\u00f3 la demanda \u2013 seg\u00fan lo anot\u00f3 en su providencia el A quo constitucional -, debi\u00f3 darse aplicaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de veracidad consagrada en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991. En ese sentido, solicit\u00f3 revocar el fallo y, en su lugar, acceder al resguardo invocado. [Folios 159-169, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub judice, como resultado del an\u00e1lisis de la decisi\u00f3n emitida el 16 de noviembre de 2016 por la Fiscal\u00eda 6\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, por medio de la cual dispuso el archivo de la denuncia penal formulada por el tutelante contra el Juez 21 Penal del Circuito de esa ciudad, no se advierte viable la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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\u00abCuando la Fiscal\u00eda tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias f\u00e1cticas que permitan su caracterizaci\u00f3n como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondr\u00e1 el archivo de la actuaci\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Frente a lo anterior la autoridad accionada explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026el derecho que tiene todo ciudadano para poner en conocimiento de las autoridades la presunta comisi\u00f3n de hechos punibles, no es un derecho absoluto e ilimitado que haga parecer como normal su uso irracional y desmesurado como en el presente asunto; pues ese derecho fundamental de acceso a la justicia no puede convertirse en una patente incondicional para denunciar como comportamientos delictuales el trasegar normal de un funcionario judicial, s\u00f3lo por el simple hecho de adoptar en el ejercicio de la funci\u00f3n decisiones que no favorecen al usuario o con las que simplemente no est\u00e1 de acuerdo.  <\/span><\/p>\n

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Y es que s\u00f3lo basta con leer detenidamente el escrito allegado por el abogado Serna Guisao, para extractar a simple vista el uso desmedido de su derecho a acceder a la justicia formulando denuncias, pues [e]l propio abogado, realiza detalle pormenorizado de las mimas, todas ellas originadas en su inconformidad con el tr\u00e1mite impartido dentro de la investigaci\u00f3n que el despacho fiscal seccional 70 de Cali, adelantara bajo el radicado 760016000193201122658; mencionando una a una tales denuncias, las cuales alcanzan un n\u00famero de quince en total por los delitos de injuria, calumnia y falso testimonio, formuladas todas entre los d\u00edas 25 de julio al 10 de agosto de 2012, avisando sobre la presunta existencia de un cartel de testigos falsos.  <\/span><\/p>\n

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Dichas investigaciones, una a una de manera paulatina han sido objeto de orden de archivo en los diferentes despachos fiscales, decisiones con las que no se encuentra conforme el denunciante Serna Guisao y que jam\u00e1s aceptar\u00e1 pues no son favorables a su pretensi\u00f3n, acudiendo por ello a entablar m\u00e1s y m\u00e1s denuncias contra quienes deciden en tales radicaciones (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, esta nueva denuncia que hoy ocupa la atenci\u00f3n, tiene su fundamento seg\u00fan el abogado Serna Guisao, en el hecho espec\u00edfico y concreto respecto que el Juez Veintiuno Penal del Circuito de Cali, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Quince Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, en la que se hab\u00eda declarado caducidad de una querella formulada de manera extempor\u00e1nea en el a\u00f1o 2012, fallo este que seg\u00fan palabras del aqu\u00ed denunciante, consider\u00f3 doloso y que lo apart\u00f3 de su rol como juez al inmiscuirse en un conflicto de partes y sorprender a la v\u00edctima con una actuaci\u00f3n procesal \u201cm\u00e1gica\u201d evidentemente prevaricadora al confirmar decisi\u00f3n de primera instancia y que en esa misma decisi\u00f3n el Juez Veintiuno Penal del Circuito en su discurso decisorio opt\u00f3 por llamar la atenci\u00f3n de la fiscal local acerca del desgaste de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, al retardar m\u00e1s de cuatro a\u00f1os pronunciamiento sobre el mismo.  <\/span><\/p>\n

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Suponer que en dicho proceder existe un comportamiento delictual por parte del Juez Guzm\u00e1n Hern\u00e1ndez, es un raciocinio sin fundamento, pues este operario judicial simplemente se encontraba ejerciendo la funci\u00f3n que legal y constitucionalmente le correspond\u00eda, ya que como juez de segunda instancia, deb\u00eda y ten\u00eda el deber funcional de pronunciarse respecto al asunto puesto en su consideraci\u00f3n y que no era otro que el recurso de alzada interpuesto contra la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Quince Penal Municipal de Control de Garant\u00edas, funci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 36 numeral 1 de la ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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\u2026considerar que debe investigarse como conducta infractora a la ley penal, el hecho que el Juez de Circuito en su pronunciamiento hubiese convidado a la funcionaria de la Fiscal\u00eda a no desgastar la administraci\u00f3n de justicia en investigaciones in\u00fatiles y eternas, las cuales desde un principio habr\u00edan podido ser objeto de tr\u00e1mite m\u00e1s expedito pues bastaba con una simple lectura juiciosa de la denuncia puesta a su consideraci\u00f3n y analizar si esta cumpl\u00eda con los m\u00ednimos requisitos objetivos de procesabilidad de la querella, para darse cuenta que no los cumpl\u00eda y que pudo darle soluci\u00f3n al caso mucho tiempo antes y no esperar cuatro a\u00f1os para ello; no es desde ning\u00fan punto razonable, pues se repite, solicitar que se investigue como conducta penal lo expuesto como argumentaci\u00f3n por un operador judicial, es excesivo y desmesurado, ya que a lo sumo dicho comportamiento podr\u00eda tratarse de una falta disciplinaria mas no constitutiva de una conducta delictual.  <\/span><\/p>\n

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Los jueces en su argumentaci\u00f3n son aut\u00f3nomos en la forma que adoptan para tomar sus decisiones mientras estas sean ajustadas y respetuosas de la ley, y utilizando un lenguaje claro y comprensible para con los sujetos procesales, por lo que una invitaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para no desgastar la justicia no puede ser considerara como una conducta delictual. Por el contrario es un reconocimiento a preservar principios rectores del procedimiento penal tales como la econom\u00eda procesal contenido en el art\u00edculo 10 de la ley 906 de 2004, pues es necesario velar por la eficacia en el ejercicio de la justicia.  <\/span><\/p>\n

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Siendo as\u00ed, esta denuncia no re\u00fane los requisitos m\u00ednimos de procedencia de una noticia criminal, pues no median suficientes motivos o circunstancias f\u00e1cticas que indiquen la posible existencia del hecho que revistan las caracter\u00edsticas de delito y que hagan posible la iniciaci\u00f3n de una indagaci\u00f3n de car\u00e1cter penal.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ese modo y sin necesidad de mayores disertaciones sobre el tema, es claro que la determinaci\u00f3n que se cuestiona se soport\u00f3 en la facultad que el legislador otorg\u00f3 al ente investigador para determinar si una denuncia est\u00e1 soportada en hechos delictuosos o no y en un examen ponderado y detallado de la situaci\u00f3n puesta a su consideraci\u00f3n por parte del querellante y no en una conducta caprichosa ni arbitraria de la Fiscal\u00eda Delegada para el asunto.  <\/span><\/p>\n

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4. Resulta evidente entonces que la decisi\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 adecuadamente, y en ella se hizo una razonada interpretaci\u00f3n de las normas y posturas jurisprudenciales que con independencia de que se comparta o no por el tutelante, no se muestra irrazonable y por ende no quebranta las garant\u00edas reclamadas.  <\/span><\/p>\n

       De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se soport\u00f3 para adoptar sus determinaciones, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

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5. Al margen de lo anterior, la Sala le recuerda al reclamante que si a bien lo tiene, est\u00e1 en posibilidad de solicitar ante el Juez de Control de Garant\u00edas el desarchivo de su denuncia, tal como lo permite el inciso segundo del art\u00edculo 79 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal al se\u00f1alar que \u00ab\u2026si surgieren nuevos elementos probatorios la indagaci\u00f3n se reanudar\u00e1 mientras no se haya extinguido la acci\u00f3n penal.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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6. De otra parte, con relaci\u00f3n al argumento expuesto en el escrito de impugnaci\u00f3n, acerca de la necesidad de dar aplicaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de veracidad de que trata el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, ante la falta de contestaci\u00f3n de la demanda de tutela, la Sala aclara que, tal como lo dej\u00f3 rese\u00f1ado el Juez A quo en su providencia, \u00ab\u2026[l]a Fiscal\u00eda Coordinadora de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Cali remiti\u00f3 copia del expediente 2016-37628.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Luego, lo procedente era analizar la decisi\u00f3n cuestionada a efectos de establecer si ella vulneraba o no las garant\u00edas fundamentales del tutelante, como en efecto se hizo y, en esa medida, inviable se torna la tesis defensiva del actor constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4060-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2017-00094-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100280","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100280","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100280"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100280\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100280"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100280"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100280"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}