{"id":100281,"date":"2026-06-25T20:28:04","date_gmt":"2026-06-25T20:28:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4063-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:28:04","modified_gmt":"2026-06-25T20:28:04","slug":"stc4063-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4063-2017\/","title":{"rendered":"STC4063-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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       STC4063-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00171-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el diecis\u00e9is de febrero de dos mil diecisiete por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por         Edison Mej\u00eda Torres contra el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a los Bancos Helm y Corpbanca, as\u00ed como a las partes e intervinientes del proceso penal seguido contra el accionante.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y legalidad que considera vulnerados por las autoridades accionadas por cuanto se apartaron de los t\u00e9rminos de la negociaci\u00f3n y para la dosificaci\u00f3n de la pena se emple\u00f3 el sistema de medios, lo que origin\u00f3 que el fallo condenatorio tomara otra direcci\u00f3n, ocasionando un \u00abdesagravio jur\u00eddico\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, se desconoci\u00f3 su intenci\u00f3n de reparar los perjuicios ocasionados con el delito y no se tuvieron en cuenta los t\u00edtulos judiciales depositados a favor de las v\u00edctimas como factor para disminuir el quantum punitivo aunado a que no le fue posible pagar la totalidad de los da\u00f1os causados por cuanto la entidad bancaria no le ha determinado la cuant\u00eda de los mismos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 redosificar la pena impuesta en la sentencia y que para dicho proceder se valoren adecuadamente los t\u00edtulos judiciales depositados como parte de la indemnizaci\u00f3n a las v\u00edctimas y se efect\u00faen las rebajas de la pena a las que tenga derecho.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En audiencia preliminar adelantada por el Juzgado 24 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, celebrada el 11 de agosto de 2015, tras legalizarse la captura y la incautaci\u00f3n de elementos, la Fiscal\u00eda le formul\u00f3 imputaci\u00f3n al accionante y compa\u00f1ero de causa por los delitos de Da\u00f1o Inform\u00e1tico, Uso de software malicioso y Violaci\u00f3n de datos personales con la ocurrencia de la agravante contemplada en el art\u00edculo 269H-1 del C\u00f3digo Penal, cargos a los que los imputados no se allanaron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. A solicitud del ente acusador el juzgado le impuso al actor medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento de reclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

4. El 13 de abril de 2016 estando las partes convocadas para la continuaci\u00f3n de la audiencia preparatoria entre la Fiscal\u00eda y el actor se present\u00f3 un preacuerdo, en el que aqu\u00e9l asistido por su defensor, acept\u00f3 su responsabilidad a cambio de lo cual se elimin\u00f3 la agravante consagrada en el art\u00edculo 269H-1 del C\u00f3digo Penal.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En la misma fecha, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Conocimiento, luego de verificar que el preacuerdo se suscribi\u00f3 con observancia de todas las garant\u00edas constitucionales y legales, as\u00ed como la consignaci\u00f3n por $13.437.243 a favor del Banco de Bogot\u00e1, le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n. As\u00ed mismo, le dio la palabra a las partes para los efectos de lo prescrito en el art\u00edculo 447 de la Ley 906 de 2004, al t\u00e9rmino de cuyas exposiciones procedi\u00f3 a se\u00f1alar fecha para dictar sentencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 4 de mayo de ese a\u00f1o, se conden\u00f3 al tutelante a la pena principal de 100 meses de prisi\u00f3n y multa equivalente a 531.75 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por los delitos endilgados y se le neg\u00f3 el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y sustitutos penales. [Folios 61-69, c.1]  <\/span><\/p>\n

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7. Inconforme con la decisi\u00f3n, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n por no encontrarse de acuerdo con la dosificaci\u00f3n punitiva por cuanto no se tuvo en cuenta la rebaja de que trata el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal ya que a favor del Banco de Bogot\u00e1 consign\u00f3 la suma de $13.437.423 y las dem\u00e1s entidades bancarias no hicieron pronunciamiento respecto al ofrecimiento econ\u00f3mico que les realiz\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 6 de julio siguiente el Tribunal Superior, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el A Quo. Determinaci\u00f3n contra la cual no se interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. [Folios 44-50, c.1]  <\/span><\/p>\n

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9. En criterio del gestor del amparo, las sentencias emitidas en la causa seguida en su contra vulneran sus derechos fundamentales por cuanto al momento de tasar la pena impuesta no se aplicaron las rebajas a las que ten\u00eda derecho. [Folios 1-6, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 8 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar a las autoridades judiciales accionadas y vincular a los intervinientes en el asunto objeto del reclamo constitucional. [Folios 27-28, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.  La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que la pena impuesta al accionante se le dosific\u00f3 de acuerdo a los par\u00e1metros legales aplicables a su caso y respecto a la rebaja punitiva por reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, se encontr\u00f3 que no existi\u00f3 indemnizaci\u00f3n integral para su procedencia. [Folios 44, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso penal adelantado en contra del actor y se\u00f1al\u00f3 que la tasaci\u00f3n de la pena obedeci\u00f3 al preacuerdo celebrado entre las partes con pleno respeto y acatamiento a los derechos del procesado como a la directrices impartidas por el legislador, en punto de las facultades que le asisten al fallador, sin que le hubiera sido impuesta una pena que desbordara los l\u00edmites permitidos o desconociendo las rebajas correspondientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera expres\u00f3 que en el presente caso no se satisface con el principio de la inmediatez ni subsidiaridad por cuanto no interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. [Folios 51-52, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juzgado 29 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta urbe, indic\u00f3 que los hechos y pretensiones del accionante se refieren a la dosificaci\u00f3n de la pena realizada por los falladores de primera y segunda instancia, de manera que \u00ablas consideraciones de hecho y de derecho que se hayan tenido en cuenta en dichos prove\u00eddos escapan de la \u00f3rbita del juez ejecutor\u00bb, por lo que se atendr\u00e1 a lo que decida el juez constitucional. [Folios 70-71, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la representante legal del Banco Corpbanca Colombia S.A. solicit\u00f3 no acoger las pretensiones del tutelante por cuanto si se encontraba inconforme con la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta debi\u00f3 interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y no promover la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que es excepcional, residual y subsidiario. [Folios 72-74, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 16 de febrero de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al considerar ausente el presupuesto de la subsidiariedad, aunado a que las autoridades judiciales accionadas en el curso del proceso seguido en contra del actor ci\u00f1eron su actuaci\u00f3n conforme al debido proceso y a las ritualidades propias del juicio  sin que pueda predicarse la existencia de v\u00edas de hecho. [Folios 90-107, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con el fallo, el tutelante lo impugn\u00f3, insistiendo en los argumentos consignados en su escrito inicial e indicando que no contaba para cancelar honorarios a un abogado para que interpusiera el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. [Folios 118-122, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de la Corte ha sido invariable al se\u00f1alar que son dos los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: la inmediatez y la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud del otro principio se\u00f1alado, debe recordarse que el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende ninguno de los postulados que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

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Esta circunstancia deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir, aproximadamente siete meses desde la emisi\u00f3n de la \u00faltima decisi\u00f3n atacada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera ampliamente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales [6 meses],  sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De otra parte, la solicitud de amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues el accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para cuestionar las referidas determinaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque si, a juicio del actor, las sentencias adoptadas no se encontraban ajustadas a derecho porque en su sentir no se realiz\u00f3 una debida tasaci\u00f3n de la pena, pudo interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo proferido por el Tribunal accionado, medio de impugnaci\u00f3n establecido por el legislador para plantear tal debate al interior del proceso, mecanismo del que no hizo uso el interesado, sin que tal incuria fuere excusada v\u00e1lidamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en la instancia que no se adelant\u00f3 porque el aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 los medios de defensa que establece la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de aquellas v\u00edas ordinarias contempladas por la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Pese a lo anterior, si se hiciera abstracciones de los anteriores planteamientos, se observa que los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el ad quem al resolver el recurso de apelaci\u00f3n promovido contra la sentencia  que lo declar\u00f3 responsable de los delitos endilgados, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el Tribunal, luego de considerar la dosificaci\u00f3n de la pena aplicada al accionante por parte del fallador de primera instancia, expuso que contrario a lo asegurado por el actor en ning\u00fan momento se pact\u00f3 el monto de la pena en el preacuerdo suscrito con la Fiscal\u00eda, por lo tanto deb\u00eda aplicarse el sistema de cuartos como lo efectu\u00f3 el A Quo y s\u00ed se tuvo en cuenta las circunstancias de menor punibilidad consagradas en los numerales 1\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 55 del C\u00f3digo Penal, pues de lo contrario no se habr\u00eda dosificado dentro del primer cuarto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera se\u00f1al\u00f3 que respecto a la fijaci\u00f3n de la pena base de 55 meses de prisi\u00f3n, la misma fue una tasaci\u00f3n punitiva realizada dentro de los par\u00e1metros legales y tal graduaci\u00f3n no fue inmotivada sino que se invoc\u00f3 la gravedad de la conducta punible por el enorme da\u00f1o potencial y real causados aunado a que el incremento sobre el extremo m\u00ednimo legal, hecho apenas en 7 meses, cuando bien hubiera podido aumentar 12, luce razonable en atenci\u00f3n a la motivaci\u00f3n efectuada por el a quo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, con relaci\u00f3n a la reclamada rebaja de pena por indemnizaci\u00f3n integral del da\u00f1o, el Tribunal  indic\u00f3 que \u00abseg\u00fan el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal, si antes de dictarse sentencia de primera o \u00fanica instancia, en los casos de delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido, el juez disminuir\u00e1 la pena de la mitad a las tres cuartas partes, tomando como criterio el momento en que se efect\u00fae la reparaci\u00f3n y la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, recu\u00e9rdese que el apoderado del Banco de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que en los $13.437.243,oo recibidos no est\u00e1 comprendido lo concerniente al lucro cesante, al paso que el apoderado de CORPBANCA expres\u00f3 que, en consideraci\u00f3n al sinn\u00famero de tarjetas reportadas, a\u00fan no se ha podido establecer con certeza el valor de las transacciones fraudulentas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, entonces, en manera alguna cabe admitir que todas las victimas hayan sido indemnizadas integralmente. Por lo tanto, es innegable que no hay lugar a aplicar la reclamada rebaja punitiva\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.  En ese orden, el prove\u00eddo que es objeto de an\u00e1lisis en esta sede constitucional se aprecia adecuadamente motivado y contiene una valoraci\u00f3n frente a las circunstancias particulares del caso, lo que no puede ser calificado de tener su origen en alg\u00fan criterio puramente subjetivo de la autoridad accionada, o en un ejercicio arbitrario de la funci\u00f3n judicial, razones \u00e9stas que impiden considerar el proceder del Tribunal como trasgresor de garant\u00edas superiores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La pretensi\u00f3n del actor, entonces, queda circunscrita, de modo exclusivo, al disenso frente al criterio jur\u00eddico de la Corporaci\u00f3n acusada, el que por s\u00ed solo no basta para habilitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela, dada la naturaleza excepcional de dicho mecanismo, que no se erige en una instancia m\u00e1s dentro de los tr\u00e1mites judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De lo anterior se colige que la protecci\u00f3n deb\u00eda negarse y por ello se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento por las razones indicadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente             STC4063-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00171-01      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el diecis\u00e9is de febrero de dos mil diecisiete por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100281","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100281"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100281\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}