{"id":100282,"date":"2026-06-25T20:28:18","date_gmt":"2026-06-25T20:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4066-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:28:18","modified_gmt":"2026-06-25T20:28:18","slug":"stc4066-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4066-2017\/","title":{"rendered":"STC4066-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       STC4066-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b076001-22-10-000-2017-00022-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el catorce de febrero de dos mil diecisiete por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Emma Esperanza Barreto \u00c1lvarez contra la direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional \u2013 Seccional Valle.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La promotora solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y la vida en condiciones dignas, los cuales considera vulnerados por la autoridad m\u00e9dica accionada, quien se abstuvo de autorizar el tratamiento odontol\u00f3gico que requiere para tratar el bruxismo severo que padece.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La accionante se encuentra  afiliada como cotizante \u2013 pensionada en el subsistema de salud de la Polic\u00eda Nacional.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el 2012 le fue diagnosticado bruxismo severo nocturno, dolencia que ha generado la p\u00e9rdida de varias de sus piezas dentales y ha imposibilitado la ingesta normal de alimentos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Ante esta situaci\u00f3n, la m\u00e9dica tratante de la tutelante estableci\u00f3 la necesidad de realizarle un tratamiento de rehabilitaci\u00f3n oral  que implicaba la implementaci\u00f3n de prostodoncia en zirconio.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Teniendo en cuenta que la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda no autoriz\u00f3 el procedimiento prescrito, la accionante en el 2013 present\u00f3 acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a la odont\u00f3loga tratante emitir un concepto espec\u00edfico respecto de los procedimientos requeridos por la paciente, para que con base en \u00e9ste, la entidad accionada asumiera los costos respectivos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En cumplimiento de lo anterior, la rehabilitadora oral, quien no se encuentra adscrita a la instituci\u00f3n castrense, emiti\u00f3 el plan de restructuraci\u00f3n dental de la accionante, el cual fue asumido por la entidad accionada y realizado entre octubre de 2013 y noviembre de 2014.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Teniendo en cuenta que la dolencia de la paciente sigui\u00f3 afectando su dentadura, pues pese al procedimiento adelantado se presentaron nuevas fracturas dentales, la odont\u00f3loga solicit\u00f3 autorizaci\u00f3n a la Direcci\u00f3n de Sanidad para \u00abrealizarse coronas de los dientes 34, 35 y 37\u00bb, anunciando que dicho tratamiento no hab\u00eda sido incluido en el plan de manejo inicial, por cuanto en ese momento no se consider\u00f3 necesario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En respuesta a tal requerimiento, la Jefe Seccional de Sanidad del Valle manifest\u00f3 la imposibilidad de emitir la autorizaci\u00f3n peticionada, de atender que ante la culminaci\u00f3n del tratamiento, lo cual ocurri\u00f3 en el 2014, los efectos de la orden constitucional cesaron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. La accionante acude al amparo constitucional, por considerar que la negativa en el nuevo procedimiento vulnera sus derechos, toda vez que la perdida de sus molares le genera inconvenientes en su alimentaci\u00f3n, pues adem\u00e1s de que no le es posible masticar, con la presi\u00f3n que ejercen sus mand\u00edbulas se han partido las placas que debe ponerse en la noche, lo que le ha generado un sin n\u00famero de llagas en su boca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Por auto de 2 de febrero de 2017, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 enterar al accionado y vincular al Director de Sanidad de la Polic\u00eda Metropolitana de Cali y a la Cl\u00ednica Oral Essence Odontolog\u00eda Especializada. [Folio 34, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En sentencia de 14 de febrero de 2017, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a la autoridad accionada autorizar el procedimiento de canoras en los dientes 34, 35 y 37, una nueva placa oclusal y el tratamiento integral que la accionante requiera para superar las consecuencias adversas que le genera el bruxismo severo que padece.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la entidad se sanidad castrense impugn\u00f3 la decisi\u00f3n.  Adujo que previo a ordenar el tratamiento por v\u00eda constitucional, al tratarse de un procedimiento que se encuentra excluido del POS, es necesario que se realice la valoraci\u00f3n de la paciente por parte del Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico, lo que hasta el momento no ha ocurrido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela es una herramienta que busca la protecci\u00f3n inmediata de las garant\u00edas de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o los particulares. Este mecanismo constitucional es, de igual forma, excepcional, pues solamente puede ser ejercido con prontitud y ante la inexistencia de alg\u00fan otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Est\u00e1 fuera de discusi\u00f3n, que el derecho a la salud es susceptible de ser protegido mediante la acci\u00f3n de tutela por tratarse de un derecho fundamental aut\u00f3nomo, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional de manera reiterada en diversos pronunciamientos, entre otros, la sentencia T-644 de 2014, donde al respecto, precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026el derecho a la salud tiene rango de fundamental, a pesar de su faceta prestacional. Ello, en raz\u00f3n de que esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 en la sentencia T-760 de 2008 que eliminar el car\u00e1cter de fundamental de un derecho a partir de su cualidad prestacional es un error de categor\u00eda, puesto que esta caracter\u00edstica se predica de algunas de sus facetas y no del derecho considerado como un todo. Entonces, el concepto de derecho fundamental es una denotaci\u00f3n compleja que cuenta con m\u00faltiples dimensiones adem\u00e1s de facetas que implican acciones positivas y negativas del Estado, las cuales no restan el car\u00e1cter fundamental del mismo.  <\/span><\/p>\n

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La conceptualizaci\u00f3n de la fundamentabilidad del derecho a la salud tambi\u00e9n hace parte del consenso de los instrumentos internacionales, los cuales consideran esta garant\u00eda como elemento esencial e inherente de la persona. Estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, entre las que se encuentran el art\u00edculo 25 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y el art\u00edculo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, \u00f3rgano autorizado para interpretar el pacto citado, se estableci\u00f3 que: \u201c[l]a salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los dem\u00e1s derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo id\u00f3neo para proteger los derechos a la salud, a la integridad personal o a la dignidad humana, por remisi\u00f3n que instituyera el art\u00edculo 46 de la Carta Pol\u00edtica, cuando determin\u00f3 que el Estado, la sociedad y la familia concurrir\u00e1n para su protecci\u00f3n y asistencia, garantizando adem\u00e1s los servicios de la seguridad social integral, entre otros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional tiene dicho que el derecho a la salud no se limita al cubrimiento de los medicamentos y tratamientos contenidos en las cartas m\u00ednimas o \u00abPlanes Obligatorios de Salud\u00bb, sino que en algunos casos, el disfrute pleno de condiciones dignas de bienestar implica la aplicaci\u00f3n de otras medidas que no se han previsto para el tratamiento de algunas patolog\u00edas, raz\u00f3n por la que ha indicado la procedencia de tratamientos o medicamentos no contenidos en el POS bajo el lleno de algunos requisitos:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEste tribunal ha inaplicado la normatividad que excluye los servicios m\u00e9dicos, para impedir de ese modo que un precepto legal o una decisi\u00f3n administrativa dificulten el goce efectivo de garant\u00edas constitucionales como la vida, la integridad y la salud. Al efecto, para que resulte procedente la aplicaci\u00f3n de esta disposici\u00f3n, la Corte ha establecido la obligaci\u00f3n de comprobar los siguientes requisitos: (i) Que el servicio haya sido ordenado por el m\u00e9dico tratante, quien deber\u00e1 presentar la solicitud ante el Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico; (ii) Que la falta del servicio, tratamiento o medicamento, vulnere o amenace los derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal; (iii) Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que s\u00ed se encuentre incluido o que pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo grado de efectividad que el excluido del plan; (iv) Que el actor o su familia no tengan capacidad econ\u00f3mica para costearlo. Se tiene que no todas las prestaciones m\u00e9dicas prescritas por un galeno podr\u00e1n ser objeto de protecci\u00f3n por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que, al menos en principio, la autorizaci\u00f3n de servicios se encuentra restringida al plan obligatorio. Por ello, para que resulte procedente la orden de suministrar un tratamiento, insumo y medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud, ser\u00e1 preciso comprobar si se cumplen los lineamientos jurisprudenciales ya mencionados. (Corte Constitucional, T-769 de 2013).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Sin embargo, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional determin\u00f3 que, excepcionalmente, es posible ordenar a la instituci\u00f3n promotora o prestadora de salud, autorizar el servicio ordenado al paciente por un m\u00e9dico particular, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026Respecto del requisito de que la prescripci\u00f3n provenga del m\u00e9dico tratante adscrito a la EPS a la que est\u00e1 afiliado el paciente, se debe precisar que en la misma sentencia T-760 de 2008 se determin\u00f3 que, en los eventos en que existiere un concepto de un m\u00e9dico no adscrito a la empresa prestadora del servicio, pero se trate de un profesional reconocido, que hace parte del Sistema de Salud, \u201ccorresponde a la entidad someter a evaluaci\u00f3n m\u00e9dica interna al paciente en cuesti\u00f3n y, si no se desvirt\u00faa el concepto del m\u00e9dico externo, atender y cumplir entonces lo que \u00e9ste manda\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, en ese fallo tambi\u00e9n se destac\u00f3 que, ante el incumplimiento de la empresa prestadora del servicio y trat\u00e1ndose de un caso de especial urgencia, el juez de tutela puede ordenar directamente a la entidad encargada que garantice el acceso al servicio de salud dispuesto por el m\u00e9dico, as\u00ed sea externo, sin ser indispensable que el servicio sea avalado por alg\u00fan profesional que s\u00ed est\u00e9 adscrito a la entidad respectiva.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo expuesto anteriormente, es posible colegir que la prescripci\u00f3n del servicio m\u00e9dico cuya prestaci\u00f3n se solicita en sede de tutela, debe entenderse bajo un criterio flexible, que no torne el requisito en un impedimento injustificado para acceder al servicio de salud. En contraste, ser\u00e1 la necesidad del servicio m\u00e9dico la que marque la pauta para su concesi\u00f3n, necesidad que en ocasiones no resulta atendida por la EPS de la afiliaci\u00f3n del accionante, lo cual no obsta para que el juez de tutela, observando las apremiantes circunstancias, le conceda las pretensiones al demandante, a fin de garantizar su derecho a la salud y procurarle una existencia en condiciones dignas.  <\/span><\/p>\n

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5. En el presente caso, la quejosa solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales, porque la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Policia Nacional \u2013 Seccional del Valle se neg\u00f3 a autorizarle las coronas de los dientes 34, 35 y 37, los cuales fueron fracturados con ocasi\u00f3n de la presi\u00f3n inconsciente que en las noches la paciente ejerce con sus mand\u00edbulas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, el Dispensario M\u00e9dico accionado, tanto al contestar el derecho de petici\u00f3n de la demandante, como al emitir pronunciamiento en relaci\u00f3n con la demanda de amparo, asever\u00f3 que no es posible acceder al suministro de tales procedimientos odontol\u00f3gicos, por cuanto se hallan exluidos del plan de beneficios del subsistema de salud y de la orden de amparo proferida en pret\u00e9rita oportunidad por un juez de tutela a favor de la paciente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, de una cuidadosa revisi\u00f3n a la historia cl\u00ednica de la promotora del amparo, esta Sala advierte que se trata de una paciente que viene asistiendo a controles odontol\u00f3gicos desde el mes de agosto de 2013, en desarrollo de los cuales se le practicaron diversos procedimientos con miras a mejorar su deteriorada salud oral, pero para acceder a algunos de ellos la usuaria se vio obligada a instaurar acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza, a fin de obtener su efectiva prestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La especialista conceptu\u00f3 sobre la necesidad de realizarle un nuevo tratamiento, especificando a la Direcci\u00f3n de Sanidad que si bien en el 2013 se le hab\u00edan autorizado algunos procedimientos, lo cierto es que en \u00abese entonces no [vio] la necesidad de realizarle las coronas de los dientes 34, 35 y 37 ya que estaba sanos y [aument\u00f3] la dimensi\u00f3n vertical con resinas\u00bb no obstante lo anterior, desde la \u00e9poca en que se finaliz\u00f3 el tratamiento inicial \u00abla paciente ha fracturado prostodoncia en zirconio superior, placas colosales y las resinas\u00bb por lo que nuevamente acude \u00abpor fractura de mu\u00f1ones de los dientes 44 y 45 y se observa nuevamente fractura de las resinas oclusales, por lo tanto [empez\u00f3] a realizarle \u2026 el tratamiento del 44 al 46, pero [solicita] autorizar coronas de los dientes 34, 35 y 37 y nueva placa oclusal\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ante la referida petici\u00f3n, el Dispensario encargado de la autorizaci\u00f3n neg\u00f3 el acceso a tales procedimientos argumentando que la cobertura de la acci\u00f3n constitucional  emitida con anterioridad ya hab\u00eda culminado, y que los procedimientos no estaban incluidos dentro de su plan de beneficios de salud, por considerarse que tiene fines de embellecimiento1, sin considerar lo que la jurisprudencia constitucional ha definido frente a ese aspecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, al encontrarse probados los supuestos para que por v\u00eda de tutela se ordene la pr\u00e1ctica del procedimiento excluido del plan de salud de la Polic\u00eda Nacional, pues la paciente en su calidad de pensionada de la entidad castrense, es cotizante del sistema de salud que all\u00ed se ofrece; el procedimiento fue ordenado por su m\u00e9dico tratante; en el Subsistema de Salud no hay alguno procedimiento con el que se pueda reemplazar el ordenado y, de acuerdo a la historia cl\u00ednica de la paciente, no es posible considerar que se trata de una intervenci\u00f3n con fines est\u00e9ticos, pues las consecuencias nocivas de su enfermedad han sido tratadas desde el 2013, necesaria se torna la confirmaci\u00f3n del amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Finalmente, la solicitud elevada por la instituci\u00f3n accionada con el fin de que se autorice el recobro al Fosyga, por ordenarse un tratamiento que no se encuentra incluido dentro de su plan obligatorio, ser\u00e1 denegada, pues ha sido enf\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n en establecer que la entidad accionada:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026es un organismo que pertenece al Sistema Especial de Salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda, regulado por la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000, mientras que el Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda fue creado por la Ley 100 de 1993 (arts. 218 y ss.) como una cuenta especial adscrita al Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, cuya funci\u00f3n principal es la de administrar y distribuir entre los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud (art. 155) los recursos destinados, entre otras, a la subcuenta de solidaridad del r\u00e9gimen de subsidios en salud, de manera que no siendo aplicable esta ley a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, por disposici\u00f3n expresa de su art\u00edculo 279, lo mismo debe acontecer con la normatividad reguladora del FOSYGA, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que su sistema de salud est\u00e1 regido por un r\u00e9gimen especial, dentro del cual no figura precepto alguno que autorice el recobro a esa cuenta del medicamento entregado por la entidad accionada\u201d.2  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que resulta jur\u00eddicamente inviable acceder al pedimento subsidiario de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Con fundamento en lo anterior se concluye, que la protecci\u00f3n invocada deb\u00eda concederse y por ello, necesario se torna la confirmaci\u00f3n del amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Manifestaci\u00f3n realizada en la respuesta que se emiti\u00f3 en la presente acci\u00f3n de tutela.    <\/span><\/p>\n

2 sentencias de 17 de abril de 2012, exp. 2012-00007-01; 21 de junio de 2012, exp. 2012-00130-01; 6 de junio de 2012, exp. 2012-00877-01; 21 de enero de 2013, exp. 2012-00549-01, 2 de octubre de 2013, exp. 2013-00219-01, entre otras.      <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente             STC4066-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b076001-22-10-000-2017-00022-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100282","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100282"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100282\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}