{"id":100284,"date":"2026-06-25T20:28:36","date_gmt":"2026-06-25T20:28:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4073-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:28:36","modified_gmt":"2026-06-25T20:28:36","slug":"stc4073-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4073-2017\/","title":{"rendered":"STC4073-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC4073-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2017-00013-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el trece de febrero de dos mil diecisiete por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Liliana G\u00f3mez Cantillo contra los Juzgados Tercero y Sexto Civil del Circuito de esa ciudad;  tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de Luz Dary Gaviria Dom\u00ednguez y Jes\u00fas Antonio Rojas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, oposici\u00f3n y propiedad que considera vulnerados por las autoridades accionadas al ordenar su emplazamiento y nombrarle curador al litem para que la representara dentro del proceso ejecutivo que se adelant\u00f3 en su contra cuando la ejecutante conoc\u00eda su direcci\u00f3n para efectos de notificaciones;  sin embargo, se continu\u00f3 el tr\u00e1mite sin que pudiera intervenir en el asunto que ya se encuentra terminado y en el cual se remataron unas acciones de su propiedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, i) se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del aludido proceso;  y, ii) se ordene al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, \u00abcorregir mediante comunicaci\u00f3n lo ordenado a la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos y dem\u00e1s dependencias competentes, lo que versa sobre el n\u00famero de acciones y derecho limitado de pertenencia que le corresponden a la se\u00f1ora Luz Dary Gaviria Dom\u00ednguez\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cont\u00f3 la accionante que con ocasi\u00f3n a los hechos ocurridos el 20 de julio de 2000, en donde se produjo la muerte del se\u00f1or Israel S\u00e1nchez Morcillo, Luz Dary Gaviria Dom\u00ednguez inici\u00f3 proceso por los delitos de homicidio y lesiones personales culposas en donde se le vincul\u00f3 como tercera civilmente responsable y se dict\u00f3 sentencia el 11 de marzo de 2005.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.  El 22 de junio de 2006, Luz Dary Gaviria Dom\u00ednguez promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Jes\u00fas Antonio Rojas, Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros, Seguros la Equidad y la aqu\u00ed accionante con el prop\u00f3sito de cobrar las sumas dinerarias contenidas en la sentencia ya referida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popay\u00e1n quien libr\u00f3 mandamiento de pago por los valores pretendidos el 26 de septiembre de 2005 y orden\u00f3 el enteramiento de la pasiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 25 de julio de 2006, por solicitud de la ejecutante, se orden\u00f3 el emplazamiento de Liliana G\u00f3mez Cantillo y Jes\u00fas Antonio Rojas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El 29 de noviembre de esa misma anualidad, se nombr\u00f3 curador ad litem para que ejerciera la defensa de la tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 20 de junio de 2007 se decretan pruebas y el 29 de septiembre siguiente se da traslado a los alegatos de conclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 18 de mayo de 2012 la autoridad judicial orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, asume seguir conociendo el proceso por tratarse de un asunto al que se le imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite escritural el 3 de junio de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. En criterio de la peticionaria, se vulneraron sus garant\u00edas fundamentales al no hab\u00e9rsele vinculado a la demanda ejecutiva promovida en su contra, cuando la parte actora s\u00ed conoc\u00eda su domicilio pero indujo al juez en error y se acudi\u00f3 a su emplazamiento sin mediar razones de peso para ello lo que tuvo por resultado una sentencia en su contra;  aunado a que la demandante est\u00e1 ejerciendo como se\u00f1ora y due\u00f1a de un bien del cual no tiene la titularidad del 100% pues s\u00f3lo remat\u00f3 3.000.000 de acciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 30 de enero de 2017 se admiti\u00f3  la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 34, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popay\u00e1n pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n constitucional por no cumplirse con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez toda vez que, de un lado, la accionante tuvo la oportunidad de promover dentro del asunto el incidente de nulidad para ventilar la irregularidad que discute por esta v\u00eda;  y de otro, el emplazamiento que reprocha, data desde el a\u00f1o 2006, esto es, m\u00e1s de diez a\u00f1os atr\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, indic\u00f3 que con el intento fallido de  notificaci\u00f3n personal el que se devolvi\u00f3 con la anotaci\u00f3n de \u201cdestinatario desconocido\u201d, se hac\u00eda procedente atender la solicitud de la parte actora tendiente a emplazar a la demandada.  En lo tocante con la petici\u00f3n de correcci\u00f3n del oficio dirigido a la oficina de registro, no puede acceder a lo pretendido pues se comunic\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de las 3.000.000 acciones del bien inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0120-7740 tal y como sucedi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 13 de febrero de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n deneg\u00f3 el amparo deprecado tras advertir que la gestora no ha agotado todos los mecanismos de defensa que tiene a su alcance, como es, hacer uso del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el cual podr\u00e1 interponerlo dentro del t\u00e9rmino establecido en el inciso 2 del art\u00edculo 356 del C.G.P. [Folios 49 a 55, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la reclamante la impugn\u00f3 pues estima que no se tuvo en cuenta la mala fe con la que obr\u00f3 la parte demandante al inducir al operador judicial en error y permitir que se fallara con tal falencia, am\u00e9n que el yerro en la comunicaci\u00f3n dirigida a la oficina de registro, obra como si la ejecutante fuera la due\u00f1a del 100% del bien cuando s\u00f3lo le fueron adjudicadas 3.000.000 acciones;  insisti\u00f3 en las razones esgrimidas en su escrito introductor. [Folios 63- 82, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201cotro medio de defensa judicial\u201d, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con tal postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se estructura as\u00ed una de las caracter\u00edsticas que debe estar presente para la prosperidad del amparo, esto es su car\u00e1cter subsidiario o residual, ya que la tutela s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legalmente creado para ser utilizado mediante las v\u00edas ordinarias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso sub examine, la acci\u00f3n constitucional se torna improcedente, toda vez que la tutelante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos que estima vulnerados y del cual no ha hecho uso;  como es, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que cabe contra la sentencia dictada el 18 de mayo de 2012 dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popay\u00e1n, la cual se encuentra en firme; cuando el inciso segundo del art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso as\u00ed se lo permite.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Den\u00f3tese que la promotora de la acci\u00f3n constitucional persigue por este medio la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 Luz Dary Gaviria Dom\u00ednguez contra ella, tras alegar la falta de notificaci\u00f3n y su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite bajo el pretexto de la demandante de no conocer la direcci\u00f3n de su domicilio y solicitar su emplazamiento;  conducta que calific\u00f3 de mala fe pues le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n al interior del litigio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dentro de ese margen, si la accionante enfila su inconformidad \u2013rep\u00edtase- en la falta de notificaci\u00f3n, es evidente que los fundamentos de su pedimento se enmarcan en la causal s\u00e9ptima enlistada en el art\u00edculo 355 de la codificaci\u00f3n mentada;  por lo que la oportunidad legal para interponer el recurso es de 2 a\u00f1os contados a partir del momento en que la perjudicada tuvo conocimiento de la sentencia que sali\u00f3 adversa a sus intereses, claro est\u00e1 con un l\u00edmite m\u00e1ximo de 5 a\u00f1os;  o, si por el contrario advierte la configuraci\u00f3n de otra de las causales de revisi\u00f3n como bien podr\u00eda ser la sexta a cuyo tenor dispone \u00abhaber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u00bb, podr\u00e1 proponerla dentro del t\u00e9rmino que dispone para ese efecto, el art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que obs\u00e9rvese que la referida codificaci\u00f3n, dentro de la causales de nulidad del proceso enunciadas en el art\u00edculo 133 contiene precisamente en el numeral 8\u00b0 la aqu\u00ed ventilada, esto es, \u201ccuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En suma, prec\u00edsese que en aras de alcanzar su cometido, el art\u00edculo 134 ib\u00eddem habilita a la afectada para que alegue la nulidad de la que se duele, por medio del recurso de revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que resulte ostensible, que si no se han agotado todos los recursos que brinda el ordenamiento procesal, por medio de la queja constitucional, no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir, como ya se dijo, al juez civil del circuito que conoci\u00f3 el asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Ahora, para remediar las presuntas irregularidades que asevera se presentaron al momento en que el despacho accionado procedi\u00f3 a comunicar a la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos, la adjudicaci\u00f3n del bien rematado a favor de la ejecutante, m\u00e1s concretamente sobre el porcentaje que se le asign\u00f3, resta decir que la peticionaria puede reclamar directamente, al juez de la causa que conoce del asunto, para que \u00e9ste examine si fueron conculcadas sus garant\u00edas fundamentales y de ser procedente, adopte las medidas necesarias para conjurar la situaci\u00f3n denunciada por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, atendiendo a lo referido y demostrado en la presente acci\u00f3n, que da cuenta que la actora no ha acudido al juzgado para poner en conocimiento los hechos aqu\u00ed alegados, con el prop\u00f3sito de conseguir mediante el tr\u00e1mite respectivo, los fines que pretende en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En cierre, si la promotora de la acci\u00f3n considera que el proceder de la demandante se reprocha como una conducta sancionable por \u201cinformaci\u00f3n falsa, est\u00e1 en su facultad de hacer uso de las acciones penales y disciplinarias pertinentes y acudir ante las instancias competentes a fin de denunciar su reclamo, toda vez que sus exposiciones son inadecuadas por esta v\u00eda al no haberse observado, como qued\u00f3 anotado, vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales deprecados en el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Razones que por contera, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo proferido por el Tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC4073-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2017-00013-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}