{"id":100285,"date":"2026-06-25T20:28:40","date_gmt":"2026-06-25T20:28:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4074-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:28:40","modified_gmt":"2026-06-25T20:28:40","slug":"stc4074-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4074-2017\/","title":{"rendered":"STC4074-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4074-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2016-00164-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de tutela proferido el veintid\u00f3s de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Uribe Puche y Jos\u00e9 Alejandro Sampedro Arrubla contra los Juzgados de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple y Cuarto Civil del Circuito de aquella ciudad; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a los intervinientes en la acci\u00f3n constitucional donde se origina el reclamo.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que consideran vulnerados por las autoridades acusadas en virtud de la sanci\u00f3n que les impuso como consecuencia del desacato de una orden de tutela, a pesar de no son los funcionarios encargados de obedecerla.  <\/span><\/p>\n

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Pretenden, entonces, que se conceda la protecci\u00f3n constitucional invocada y se ordene revocar las providencias por medio de las cuales se resolvi\u00f3 el incidente de desacato y el grado jurisdiccional de consulta.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Mediante fallo de tutela del 9 de agosto de 2016, el Juzgado de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Sincelejo, concedi\u00f3 la salvaguarda deprecada a favor de Douglas Amilkar Vergara Bedoya, por lo que orden\u00f3 a CAFESALUD EPS, que \u00abdentro de las 48 siguientes a la notificaci\u00f3n\u2026autorice los servicios quir\u00fargicos que el Douglas Vergara Bedoya, requiere en el INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT en la ciudad de Bogot\u00e1 u otra entidad en la que tenga contrato de similar categor\u00eda, a fin de que le asea practicada cirug\u00eda de osteotom\u00eda femoral desrotadora de F\u00e9mur bilateral (\u2026) y el tratamiento integral que con ocasi\u00f3n de la intervenci\u00f3n se torne necesario.  <\/span><\/p>\n

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2. El 29 de agosto siguiente, la madre del beneficiado promovi\u00f3 incidente de desacato contra la entidad tutelada, por considerar que hab\u00eda desobedecido la orden de protecci\u00f3n constitucional emitida.  <\/span><\/p>\n

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3. A trav\u00e9s de prove\u00eddo del 1 de septiembre de 2016, el Juzgado orden\u00f3 requerir a los funcionarios que en Cafesalud EPS se desempe\u00f1an como Gerente de la Zona 2 Sucre – Dr. Gustico Uribe Puche, Gerente General – Dr. Sampedro Arrubla y Gerente Judicial \u2013 Dr Juli\u00e1n Andr\u00e9s Fern\u00e1ndez, a efectos de que el primero de los mencionados informara sobre el cumplimiento de la orden constitucional, y en caso de que esto no hubiese sucedido, los segundos, como superiores jer\u00e1rquicos, adoptaran las medidas pertinentes para lograr la efectividad de la medida constitucional.  <\/span><\/p>\n

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4. Las comunicaciones de rigor, fueron remitidas por correo electr\u00f3nico a la direcci\u00f3n notificacionesjudiciales@cafesalud.com.co, el 9 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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5. Pese a lo anterior, los obligados con la orden constitucional guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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6. El 22 de septiembre de 2016 se dio apertura al tr\u00e1mite incidental contra los funcionarios inicialmente mencionados, otorg\u00e1ndoseles el t\u00e9rmino de tres d\u00edas para que emitieran los pronunciamientos que consideraran pertinentes.  <\/span><\/p>\n

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7. Vencido el plazo anterior, sin que se emitiera pronunciamiento alguno, se abri\u00f3 a pruebas el tr\u00e1mite incidental, por lo que se dispuso el traslado de las aportadas por la peticionaria a los consultados, por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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8. En providencia de octubre 11 de 2016, el fallador sancion\u00f3 por desacato a los prenombrados, por hallar insatisfecha la orden de amparo en comento. En consecuencia, impuso a cada uno de ellos cuarenta y ocho (48) horas de arresto y multa equivalente a tres (3) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes.  <\/span><\/p>\n

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9. El 26 de octubre de 2016, el Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre), desat\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta respecto del anterior prove\u00eddo y resolvi\u00f3 confirmar la sanci\u00f3n impuesta.  <\/span><\/p>\n

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11. En criterio de los peticionarios del amparo, las sanciones impuestas transgreden sus derechos fundamentales, toda vez que no ostentan el cargo de representantes legales de Cafesalud EPS y por ende, no debieron ser vinculados a la actuaci\u00f3n y mucho menos sancionados.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 3 de noviembre de 2016, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de Sincelejo admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. En sentencia del 18 de noviembre de 2016, el a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional invocada tras advertir que la misma no cumple el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que las situaciones que aqu\u00ed alega no han sido puestas en conocimiento de las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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4. Los promotores del resguardo impugnaron la decisi\u00f3n. Jos\u00e9 Alejandro Sampedro Arrubla manifest\u00f3 que el 21 de octubre de 2016 renunci\u00f3 al cargo de Gerente Regional de Cafesalud EPS, proceder que fue seguido por Gustavo Uribe Puche, quien a partir del 21 de noviembre de 2016 dej\u00f3 de ejercer como Gerente de Zona de Sucre la entidad de salud.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo constitucional para reclamar contra decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, toda vez que en esos tr\u00e1mites \u201cno se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional\u2026 Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u201d.1  <\/span><\/p>\n

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Se ha dicho, entonces, que \u201csi hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u201d.2  <\/span><\/p>\n

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2. No obstante, tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo, si se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda constitucional al debido proceso de los intervinientes.  Luego, el amparo procede: \u00ab(\u2026) en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u201d.3  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la posibilidad de incurrir en v\u00eda de hecho en esos tr\u00e1mites, la Corporaci\u00f3n ha aludido a que seg\u00fan la jurisprudencia constitucional: \u201c\u2026 para que la acci\u00f3n de tutela prospere es necesario que se compruebe que con la decisi\u00f3n de desacato el Juez vulner\u00f3 los derechos fundamentales de alguna de las partes. En particular, la Corte ha considerado procedente el amparo cuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho de defensa o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u201d.4  <\/span><\/p>\n

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3. De las anteriores premisas surge evidente la improcedencia de la protecci\u00f3n suplicada, pues los hechos que exponen los actores no se relacionan con los eventos en que aqu\u00e9lla ser\u00eda viable, pues adem\u00e1s de que nada se discute en torno de la imposibilidad de ejercer la defensa en el tr\u00e1mite incidental, o que se hubiera impedido intervenir luego de promovido el mismo, no se advierte extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de las funciones asignadas a los jueces que resolvieron la controversia, como tampoco que hubiere actuado de manera caprichosa.  <\/span><\/p>\n

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Por el contrario, se evidencia que el Juez de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Sincelejo, adelant\u00f3 el tr\u00e1mite incidental con absoluta observancia de las ritualidades propias de ese tipo de asuntos y ante la falta de pronunciamiento de los actores, luego de requerirlos y acto seguido, notificarlos de la apertura del incidente, el juzgado accionado procedi\u00f3 a sancionarlos por incumplimiento al fallo de tutela emitido el 9 de agosto de 2016, decisi\u00f3n que adem\u00e1s fue revisada en grado jurisdiccional de consulta, en la que se dio la confirmaci\u00f3n del prove\u00eddo censurado.  <\/span><\/p>\n

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En lo tocante a la actuaci\u00f3n primigenia, es de ver c\u00f3mo inicialmente el fallador, mediante auto de 1 de septiembre de 2016  realiz\u00f3 un primer requerimiento a efectos de que se informara sobre el cumplimiento de la orden constitucional o se adelantaran las actuaciones necesarias para tal prop\u00f3sito.  En ese sentido, requiri\u00f3 a Gustavo Uribe Puche como Gerente de la Zona 2 Sucre de Cafesalud EPS y al superior jer\u00e1rquico de aquel, Jos\u00e9 Alejandro Sampedro Aruba Gerente Regional de la instituci\u00f3n prestadora de Salud.  <\/span><\/p>\n

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Tal requerimiento, encuentra sustento en lo establecido en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, que consagra el deber del juez constitucional de verificar el cumplimiento de la orden de protecci\u00f3n y en caso de encontrar desobedecimiento, dirigirse \u00ab\u2026al superior del responsable\u2026\u00bb, para que la haga cumplir.  <\/span><\/p>\n

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Norma que tambi\u00e9n prev\u00e9 la facultad del juez de sancionar tanto al implicado directo de materializar el amparo como a su superior conminado si \u00e9ste no lo acata, hasta que le obedezca.  <\/span><\/p>\n

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En este caso, los quejosos no ofrecieron contestaci\u00f3n de ninguna naturaleza a la autoridad judicial requirente, circunstancia que hizo necesaria la apertura del incidente en su contra, sin recibir respuesta de su parte, lo que oblig\u00f3 a dar curso al decreto de pruebas y a proferir el fallo en el que se impuso la sanci\u00f3n correspondiente, pues no se acredit\u00f3 el acatamiento a la tutela, decisi\u00f3n que fue confirmada en sede de consulta por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo y que en suma, son las que pretende por esta v\u00eda cuestionar los tutelantes.  <\/span><\/p>\n

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De lo visto, f\u00e1cil se concluye que el resguardo rogado resulta improcedente en virtud de la ausencia de vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales de los promotores de la queja, quienes fueron debidamente enterados y vinculados al tr\u00e1mite accesorio en comento y muy a pesar del requerimiento, y notificaci\u00f3n de las diversas actuaciones surtidas, no ejercieron actividad alguna en su defensa.  <\/span><\/p>\n

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4. Al margen de lo anterior, la Sala encuentra que de acuerdo con la foliatura del tr\u00e1mite objeto de reproche, una vez se puso en conocimiento del juzgador accionado las diligencias adelantadas por la entidad m\u00e9dica a fin de dar cumplimiento a la orden constitucional a trav\u00e9s de la cual se ampararon los derechos fundamentales de Douglas Vergara, el operador judicial, mediante prove\u00eddo de 14 de febrero de la presente anualidad, declar\u00f3 la inejecuci\u00f3n de las sanciones impuestas a los incidentados, circunstancia que torna innecesario cualquier pronunciamiento adicional.  <\/span><\/p>\n

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Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia emitida en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia de 29 de noviembre 2006, exp. 01927-01, reiterada en fallo de 29 de junio de 2011, exp. 2011-00175-01.    <\/span><\/p>\n

2 Fallo de 21 de febrero de 2003, exp. 00382.    <\/span><\/p>\n

3 Sentencia de 8 de febrero de 2008 exp. 00344-01, reiterado en sentencia de 3 de marzo de 2010, exp. 2010-00082-01.    <\/span><\/p>\n

4 Sentencia de 30 de enero de 2013, exp. 2013-00083-00 que cit\u00f3 la sentencia T-1113 de 2005.      <\/span><\/p>\n

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