{"id":100287,"date":"2026-06-25T20:28:57","date_gmt":"2026-06-25T20:28:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4077-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:28:57","modified_gmt":"2026-06-25T20:28:57","slug":"stc4077-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4077-2017\/","title":{"rendered":"STC4077-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4077-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00317-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s   (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Nancy Stella Mu\u00f1oz Soto, en contra del Juzgado 21 Civil del Circuito de la misma ciudad, vincul\u00e1ndose a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Usaqu\u00e9n y a los intervinientes en el proceso abreviado 2011-00221.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abpropiedad\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. El 20 de septiembre de 2004, celebr\u00f3 \u00abCONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACI\u00d3N Y PAGOS\u00bb con Helm Trust S.A., por un total de cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos ($475\u2019000.000,oo), al que le abon\u00f3 la suma de doscientos treinta y siete millones de pesos ($237.000.000.oo), que luego fue cedido a Banco Davivienda S.A., con quien firm\u00f3 \u00abcontrato de Leasing Habitacional\u00bb por valor de doscientos treinta y ocho millones de pesos ($238\u2019000.000,oo). (ff. 52-53 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.- Por un tiempo aproximado de 4 a\u00f1os pag\u00f3 puntualmente los c\u00e1nones, pero por una crisis econ\u00f3mica present\u00f3 atras\u00f3, la entidad financiera le inici\u00f3 \u00abproceso de restituci\u00f3n TOTAL del inmueble\u00bb, en que solicit\u00f3 \u00abque no sea escuchada la parte demanda y omite comunicar al se\u00f1or Juez que la cuota inicial indicada en el contrato de Leasing corresponde al dinero entregado por [ella], a Helm Trust S.A.\u00bb. (f. 53 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. En dicho tr\u00e1mite que conoci\u00f3 el despacho censurado \u00ab[no] pu[do] ejercer el derecho de defensa que fue conculcado por la entidad accionada\u00bb, quien, no le efectu\u00f3 \u00abdevoluci\u00f3n de la cuota inicial y los c\u00e1nones de arriendo cancelados como lo indica el Decreto 2555 de 2010\u00bb, y que durante el juicio cancel\u00f3 \u00abcuotas atrasadas\u00bb por valor  aproximado de \u00abSETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000.oo)\u00bb. (f. 53 ib.).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.4. El 7de septiembre de 2012 profiri\u00f3 fallo que orden\u00f3 \u00abla entrega del inmueble a la demandante\u00bb, con lo cual, \u00abse desconoce el derecho de copropiedad que tiene [\u2026] sobre el inmueble\u00bb por cuanto \u00abcancel\u00f3 al inicio del contrato la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M\/L ($237.000.000.00)\u00bb y no le dio aplicaci\u00f3n al concepto de \u00abseguridad jur\u00eddica de la tenencia. ST C-936-03\u00bb lo que configura \u00abV\u00cdA DE HECHO\u00bb (ff. 53-54 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Solicit\u00f3 \u00abnulidad [\u2026] por indebida notificaci\u00f3n\u00bb, pero en auto de 6 de octubre de 2016 el a quo consider\u00f3 que \u00abla misma es infundada\u00bb, configur\u00e1ndose nuevamente \u00abla violaci\u00f3n del DEBIDO PROCESO\u00bb. (f. 53 ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Al momento de iniciar el litigio judicial en su contra, Davivienda \u00ababusa de su derecho, y a su vez hace abuso de su posici\u00f3n dominante dentro de este contrato. (f. 54 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, ordenar \u00abla nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo [sic] No. 11001310302120110022100, [\u2026], de manera que se le garantice el ejercicio efectivo de los derechos cuya protecci\u00f3n se invocan en esta acci\u00f3n\u00bb y dejar sin efectos \u00abla sentencia\u00bb dictada por el despacho recriminado (f. 64 ib.).  <\/span><\/p>\n

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4. Mediante prove\u00eddo de 14 de febrero de 2017 (f. 71 ib.) el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n y, el d\u00eda 22 del mismo mes y a\u00f1o (ff. 113-119 ib.) neg\u00f3 el amparo rogado, el que fue impugnado por la gestora.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La jueza querellada inform\u00f3 que conoce el proceso cuestionado \u00aben el cual se surtieron las etapas procesales correspondientes emiti\u00e9ndose la respectiva sentencia el 07 de septiembre de 2012\u00bb y donde \u00abse elev\u00f3 solicitud de nulidad por la parte demandada, la cual fue rechazada de plano por improcedente, mediante auto de 06 de octubre de 2016\u00bb. (f. 86 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Directora jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Gobierno de Bogot\u00e1, actuando en representaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n 1D Distrital de Polic\u00eda de Usaqu\u00e9n, conforme al Decreto 445 de 2015, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, se\u00f1alando, en s\u00edntesis, que con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 dicha autoridad administrativa \u00abperdi\u00f3 competencia\u00bb y orden\u00f3 devolver al despacho de origen el comisorio librado para la entrega del inmueble. (ff. 99-100 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal Constitucional neg\u00f3 el amparo, por considerar que \u00abno se cumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez\u00bb, puesto que la quejosa \u00abpese a haber propiciado incidente de nulidad, frente al auto de 6 de octubre de 2016 que lo rechaz\u00f3 de plano, ning\u00fan recurso present\u00f3; luego, es claro que no agot\u00f3 los medios de defensa que la legislaci\u00f3n procesal civil establece y que deben blandirse ante el juez natural de la causa, es decir, los reproches que en sede constitucional enarbola debieron ser puestos en consideraci\u00f3n del juez de conocimiento, de forma oportuna a trav\u00e9s de los recursos dispuestos en la ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, que \u00abataca toda la actuaci\u00f3n, sin parar mientes que la sentencia dentro del proceso restitutorio se expidi\u00f3 hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os, el 7 de septiembre de 2012, siendo el expediente archivado el 12 de noviembre de 2015; mucho tiempo dej\u00f3 transcurrir sin propiciar el tr\u00e1mite constitucional cuya solicitud fue radicada el 13 de febrero de 2017, sin que exista un hecho que justifique la tardanza en utilizar el instrumento excepcional\u00bb (ff. 113-119).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el apoderado de la actora, aduciendo que \u00absi se atendi\u00f3 el principio de inmediatez\u00bb, porque \u00abla Honorable Corte ha manifestado al respecto que siempre que el da\u00f1o o peligro se encuentre vigente hay inmediatez. Cuando la violaci\u00f3n del derecho persiste en el tiempo existir\u00e1 la inmediatez\u00bb, y en el sub lite ha persistido el agravio, pese a estar \u00abculminado y archivado [el] proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble\u00bb, pues, se dio tr\u00e1mite inadecuado al proceso porque el \u00abLeasing Habitacional [estaba] viciado desde el mismo momento de su creaci\u00f3n y por la sencilla raz\u00f3n de la Copropiedad existente entre demandado y demandante\u00bb; y que frente a la \u00abdesidia o falta de inter\u00e9s\u00bb, el Tribunal, \u00abse aparta del precedente constitucional al no indagar si esa dejadez es atribuible a la accionante o al apoderado de la \u00e9poca que no inform\u00f3 en debida forma o a su debido tiempo la situaci\u00f3n real de su defensa, cabe entonces en este aspecto revisar de manera detenida este aspecto a fin de determinar si existi\u00f3 o no inmediatez\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que \u00abtambi\u00e9n se agotaron los mecanismos de defensa que estuvieron a la mano de la [actora]\u00bb. (ff. 129-132 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que la censora, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila su inconformismo contra la autoridad acusada por considerar que incurri\u00f3 en causales espec\u00edficas de procedibilidad por defectos \u00abprocedimental\u00bb y \u00abf\u00e1ctico\u00bb, y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, pues afirma que le dio un tr\u00e1mite inadecuado al proceso; dict\u00f3 sentencia (7 de septiembre de 2012), y orden\u00f3 la restituci\u00f3n de todo el inmueble objeto del contrato de leasing, con lo cual desconoci\u00f3 su \u00abderecho de copropiedad\u00bb en raz\u00f3n a los valores que hab\u00eda pagado, de los que no se dispuso su devoluci\u00f3n; y rechaz\u00f3 de plano la \u00abnulidad por indebida notificaci\u00f3n\u00bb que plante\u00f3 (6 de octubre de 2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Del examen del expediente del sub judice, allegado en calidad de pr\u00e9stamo, observa la Corte, las siguientes pruebas relacionadas con la queja constitucional:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Contrato de Leasing habitacional n.\u00b0 6000623000797178 celebrado el 12 de octubre de 2005 entre Davivienda y la quejosa respecto del inmueble Casa 17 ubicada en la calle 150 A n.\u00b0 8 \u2013 50\/60 de Bogot\u00e1 (ff. 6-17 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, formulada por la se\u00f1alada entidad financiera contra la locataria (aqu\u00ed accionante), y auto admisorio proferido el 30 de junio de 2011 por el despacho querellado (ff. 29-31 y 40 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Prove\u00eddo de julio 26 de 2012 que tiene a la demandada como notificada conforme a los art\u00edculos 315 y 320 del C. de P. C. \u00abquien dentro del t\u00e9rmino legal no contest[\u00f3] la demanda ni propuso excepciones\u00bb (f. 62 ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Sentencia proferida el 7 de septiembre de 2012 que decreta la terminaci\u00f3n del contrato de arriendo habitacional y ordena la restituci\u00f3n del inmueble (ff. 64-68 cuad. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) Mandato conferido por la actora a un abogado para que la represente en el proceso, y auto de octubre 15 de 2014 que le reconoce personer\u00eda \u00aben la forma, t\u00e9rminos y para los fines del memorial poder a \u00e9l otorgado\u00bb. (ff. 93 y 95 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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f) Incidente de nulidad por \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb, radicado el 2 de agosto de 2016, y providencia de 6 de octubre pasado que la rechaz\u00f3 de plano por improcedente, la que no fue objeto de recursos. (ff. 1-4 cuad. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- La concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que no se atendi\u00f3 el requisito general de procedencia de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la protecci\u00f3n impetrada, teniendo en cuenta que la gestora no interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n (art. 318 y 321 del C. G. del P.), contra el auto de 6 de octubre de 2016 mediante el cual el Juzgado censurado rechaz\u00f3 de plano por improcedente la petici\u00f3n de invalidez por \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb que le plante\u00f3;  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al despacho querellado las razones de su inconformidad aqu\u00ed planteadas y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo, por el contrario, dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisada su descontento por el superior, sin que este camino pueda convertirse en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional, de manera que, si a trav\u00e9s de esos medios de defensa era perfectamente viable lograr la satisfacci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas, la omisi\u00f3n de su interposici\u00f3n impide que pueda acudir a este tr\u00e1mite para suplir su incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al tema de la subsidiariedad la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros,  STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.- De otro lado, la Sala advierte que el amparo no atiende el referido presupuesto de inmediatez dado el amplio t\u00e9rmino verificado desde la ocurrencia de los concretos y puntuales hechos de los que se duele la quejosa, esto es, haberse proferido la sentencia el 7 de septiembre de 2012 que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de leasing habitacional y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble objeto del mismo, sin que pueda pregonarse que \u00abpersiste la vulneraci\u00f3n\u00bb puesto que como la disconformidad se endereza contra una determinada providencia, de la cual debi\u00f3 tener conocimiento desde que fue dictada, o en su defecto desde el momento en que confiri\u00f3 poder a un profesional del derecho para que la representara al interior del referido tr\u00e1mite, a quien se le reconoci\u00f3 personer\u00eda por auto de 15 de octubre de 2014, es la data atr\u00e1s se\u00f1alada y no otra, la que demarca el conteo del plazo jurisprudencial que ha de verificarse para aquilatar lo oportuno del pedimento de resguardo, habida cuenta que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 14 de febrero del a\u00f1o en curso, lo cual, como en este evento no se atendi\u00f3, seg\u00fan ya qued\u00f3 dicho, desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada, m\u00e1xime que no se acredit\u00f3 ning\u00fan motivo justificante y v\u00e1lido de tal demora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es por eso que la actora no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe plazo de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un lapso razonablemente prudencial, de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo periodo antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo no puede abrirse paso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta acci\u00f3n constitucional en que necesariamente ha de repararse, la jurisprudencia de la Sala puntualiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en STC4175-2015 14 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC4077-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00317-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s   (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100287","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100287","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100287"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100287\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100287"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100287"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}