{"id":100293,"date":"2026-06-25T20:30:00","date_gmt":"2026-06-25T20:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4092-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:30:00","modified_gmt":"2026-06-25T20:30:00","slug":"stc4092-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4092-2017\/","title":{"rendered":"STC4092-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4092-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00145-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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  Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1ones Machler en contra de los Juzgados Segundo Civil de Oralidad del Circuito, Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de M\u00ednima Cuant\u00eda, Quince de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple y Quince Civil Municipal de Descongesti\u00f3n, todos  de esta Urbe.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.- El quejoso deprec\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, propiedad y vivienda digna, presuntamente vulnerados por las autoridades recriminadas.   <\/span><\/p>\n

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2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.- Que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Bogot\u00e1 \u00ab[a]l desatar la alzada contra el fallo del Juez Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de M\u00ednima Cuant\u00eda de Bogot\u00e1 D.C., no obstante que al sustentarla, [aleg\u00f3] y demostr\u00f3 el hecho que el se\u00f1or Juez a-quo parti\u00f3 de suposiciones, m\u00e1s no de hechos probados, que en el fallo objeto de alzada se descartaron excepciones so pretexto de no ser el proceso ejecutivo escenario para alegar, la inexistencia, ineficacia y la inoponibilidad de reuniones de asamblea de copropietarios y de decisiones de la misma, as\u00ed como la inexistencia, ineficacia e inoponibilidad de las supuestas obligaciones que se cobran en el referido proceso ejecutivo entre otros puntos, se abstuvo de resolver en el fondo el ataque planteado, so pretexto \u201cque el [art\u00edculo] 497, inciso 2 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil ha dispuesto que los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo solo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, con posterioridad no se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo, sin perjuicio del control oficioso de legalidad\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.- Que \u00ab[e]l se\u00f1or Juez ad-quem pas\u00f3 por alto que el inciso segundo del Art. 497 del C. de P. C., [fue] adicionado por el Art. 29 de la Ley 1395 de 2010, habida cuenta que la norma vigente con anterioridad [a la modificaci\u00f3n anotada], que [se encontraba] vigente no ten\u00eda esa restricci\u00f3n y que la nueva norma exist\u00eda en la \u00e9poca cuando se formularon las excepciones dentro del respectivo proceso no tiene efecto retroactivo y mal puede pretenderse aplicarse al caso que nos ocupa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.- Que \u00ab[l]a aplicaci\u00f3n del inciso segundo del art\u00edculo 497 del C. de P. C., [\u2026] viola flagrantemente el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO consagrado por el Art. 29 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al aplicar normas que no fueron preexistentes a la formulaci\u00f3n de las excepciones dentro del proceso ejecutivo en el cual recayeron las providencias violatorias de [sus] derechos fundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.- Que \u00ab[n]o existe limitaci\u00f3n ni taxatividad legal para excepciones de fondo que pudieran formular en el referido proceso, toda vez que el documento aducido como t\u00edtulo ejecutivo no es un t\u00edtulo valor, sentencia, laudo de condena o cualquier otra providencia que conlleve ejecuci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.- Que \u00ab\u2026debe entenderse que en el caso en concreto era procedente alegar cualquier excepci\u00f3n de fondo cuyo objeto fuera atacar o contradecir el fundamento de la pretensi\u00f3n de cobro y, entre estas, la inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo, por todas las razones que expus[\u00f3] al formular [su] defensa en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.- Que \u00ab\u2026el se\u00f1or Juez ad-quem se abstuvo de efectuar un estudio detallado del documento aducido como t\u00edtulo ejecutivo que para el se\u00f1or Juez a-quo es \u201cla certificaci\u00f3n de deuda visible a folio 2\u201d, no obstante la obligaci\u00f3n que recae en el operador de segunda instancia para revisar si el documento base de recaudo cumple las exigencias del Art. 488 del C. de P. C.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.- Que \u00ab[c]on s\u00f3lo ojear el expediente se observa en forma manifiesta, entre otros aspectos, que \u201cla certificaci\u00f3n de deuda visible a folio 2\u201d, documento en el cual para el se\u00f1or Juez a-quo es el t\u00edtulo ejecutivo, [\u2026], en realidad no cumple las exigencias del Art. 488 del C. de P.C., vigente hasta cuando entr\u00f3 a regir en Bogot\u00e1 el C.G.P., aun cuando concordante con el Art. 422 de \u00e9ste \u00faltimo, toda vez que salta a la vista la falta de triviales requisitos de forma, que dicha norma ha previsto para la existencia de todo t\u00edtulo ejecutivo, puesto que si bien pretende referirse a la supuestas \u201cCUOTAS DE ADMINISTRACI\u00d3N\u201d no las discrimina ni mucho menos relaciona a que per\u00edodos habr\u00edan de corresponder, tampoco fechas de exigibilidad y por ende, de dicho documento no emerge, sin necesidad de elucubraciones o de acudir a otra prueba, [una] obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8.- Que \u00ab[aleg\u00f3] la inexistencia o ineficacia total y absoluta, de pleno derecho, de las reuniones en las cuales se hubieran tomado decisiones que pretendan hacer valer por cuanto quien se auto atribuy\u00f3  [la] calidad de presidente del Consejo de Administraci\u00f3n carec\u00eda de [la] facultad legal y reglamentaria para efectuar la convocatoria de las reuniones ordinarias de la Asamblea de Copropietarios, toda vez que \u00e9sta es funci\u00f3n privativa del administrador de la copropiedad, quien debe efectuarlas en debida forma y con la anticipaci\u00f3n establecida en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Edificio, sin que quien diga ser \u201cpresidente\u201d del Consejo de Administraci\u00f3n pueda abrogarse dicha facultad, pues al reglamento de propiedad horizontal aludido no confiere esa potestad a persona y \u00f3rgano distinto alguno del administrador, ni la Ley 675 de 2001\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.9.- Que \u00ab[e]l se\u00f1or Juez 23 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 de M\u00ednima Cuant\u00eda en su fallo del 9 de julio de 2015, no efectu\u00f3 el control de legalidad frente al documento aducido como base de recaudo ejecutivo\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.10.- Que \u00ab\u2026la presencia y la idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo debe ser verificada por el Juzgador desde el inicio, pues en su ausencia, no puede librar el auto de apremio solicitado, pero librada la orden de cumplimiento de la prestaci\u00f3n supuestamente debida, aun habiendo superado la impugnaci\u00f3n mediante recurso de reposici\u00f3n, no se convierte en obst\u00e1culo insuperable que impida, a\u00fan de oficio, al Juez reexaminar el asunto atinente al t\u00edtulo ejecutivo, por cuanto dicho prove\u00eddo no goza de inmutabilidad, pues de llegar el Juzgador a la conclusi\u00f3n que err\u00f3 al librar la orden de pago no puede ignorar tal circunstancia, toda vez que un yerro no puede conducir al otro\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, que se declare \u00absin valor ni efecto las sentencias proferidas por los Jueces accionados el 9 de julio de 2015 y el 25 de julio de 2016, junto con sus providencias complementarias\u00bb; y, se ordene al Juzgado Civil Municipal censurado que \u00ab\u2026proceda a dictar nueva sentencia teniendo en cuenta y resolviendo la totalidad de las excepciones formuladas por el suscrito demandado frente a la ejecuci\u00f3n inicial\u2026\u00bb (Folios 47 a 72 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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4.- Mediante prove\u00eddo de 26 de enero de 2017, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n. Y el 7 de febrero de la misma anualidad deneg\u00f3 la salvaguarda deprecada (Fls. 133 a 136 \u00eddem), el que fue impugnado por el censor.  <\/span><\/p>\n

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     LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1.- El despacho censurado, sostuvo que \u00ab\u2026ya ha pasado casi dieciocho meses de proferida la sentencia 9 de julio de 2015, confirmada en segunda instancia en prove\u00eddo del 25 de junio de 2016, se hace inviable el amparo invocado, habida cuenta que no se cumple con el requisito de inmediatez\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, refiri\u00f3, que \u00ab\u2026la decisi\u00f3n que desat\u00f3 la Litis basada en la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas, analiz\u00f3 de forma jur\u00eddica y razonable, la discusi\u00f3n planteada por el accionante, derechamente a la inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo, por cuanto las reuniones de la asamblea de copropietarios fueron convocadas por quien no ten\u00eda la facultad para hacerlo; la disonancia entre la certificaci\u00f3n aportada para el cobro y la aportada por el accionante; la prescripci\u00f3n de las obligaciones y la que apunta a sostener que el coeficiente de copropiedad no corresponde la cuota cobrada contrariando lo dispuesto en el reglamento y la Ley, tal y como se puede verificar en el expediente que con esta contestaci\u00f3n se remite para su estudio\u00bb (Folio 99 Vlto Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado 46 Civil Municipal de esta municipalidad, afirm\u00f3 que \u00ab\u2026con base en la demanda de tutela, las presuntas irregularidades y vulneraciones a derechos fundamentales esgrimidas por el accionante, no propiamente se deben a acciones u omisiones atribuidas a este estrado judicial. Concretamente tales irregularidades expresamente se endilgan a los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Oralidad [y] Juzgado Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1. Pues las decisiones atacadas mediante este supralegal mecanismos de defensa judicial, fueron proferidas en primera y en segunda instancia, por el Juzgado Municipal \u00faltimamente citado y por el Superior jer\u00e1rquico\u00bb (Folio 82 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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El funcionario del Circuito encartado guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo por considerar que \u00ab\u2026dichas determinaciones se muestran como una interpretaci\u00f3n razonable de las normas mencionadas, toda vez que con fundamento en ellas se estableci\u00f3 que la certificaci\u00f3n de deuda aportada cumpl\u00eda con las exigencias para ser considerada t\u00edtulo ejecutivo, y que la discusi\u00f3n de la ineficacia de las actuaciones de la asamblea de copropietarios no era de resorte del tr\u00e1mite ejecutivo; por consiguiente, no es posible conceder la s\u00faplica elevada que, se reitera, por definici\u00f3n constitucional no constituye una instancia adicional que le permita al Juez constitucional abordar el an\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n litigiosa que fue debatida y decidida por los jueces naturales del caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, adujo que \u00ab[u]na vez revisada la documental aportada al presente tr\u00e1mite, se evidencia que en el fallo de 9 de julio de 2015 se estudiaron todos los medios exceptivos formulados por el accionante, pues en lo medular estaban orientados a atacar la existencia del t\u00edtulo ejecutivo, con fundamento en la indebida constituci\u00f3n de la asamblea y fueron desestimados en consideraci\u00f3n a que  la certificaci\u00f3n de deuda cumpli\u00f3 con las exigencias de los art\u00edculos 48 de la Ley 675 de 2001 y del entonces art\u00edculo 488 del C.P.C., y adem\u00e1s, porque el escenario para ventilar las irregularidades en que aduce se incurri\u00f3 en la convocatoria de la junta, era la impugnaci\u00f3n de decisiones all\u00ed tomadas, tal como lo prev\u00e9 [el] art\u00edculo 49 de la citada norma y no el tr\u00e1mite ejecutivo, lo cual no acredit\u00f3 haber efectuado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, anot\u00f3 que \u00ab\u2026sin ser el aludido fallo caprichoso, arbitrario o antojadizo, debe la Sala respetar el criterio del Juzgador prevalido como est\u00e1 del postulado de la autonom\u00eda judicial\u2026\u00bb (Folios 133 a 135 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el actor, con apoyo en similares fundamentos a los expuestos en el libelo genitor (Fls.154 a 156 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2.- Observada la inconformidad planteada, surge que el gestor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad, enfilan sus reproches contra las providencias de 9 de julio de 2015, en la que se \u00ab[declara] no probadas las excepciones de inexistencia o ineficacia total y absoluta, de pleno derecho, de las reuniones en las cuales se hubieren tomado decisiones que se pretenden hacer valer; de inexistencia de expensas comunes acordadas por asamblea leg\u00edtima de copropietarios; de ausencia de claridad en la determinaci\u00f3n de las supuestas cuotas; carencia de causa y de derecho en la accionante; inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo e ilegitimidad de reforma de reglamento de propiedad horizontal\u00bb y, ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n; y la de 25 de julio de 2016, que confirma \u00edntegramente aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n, pues considera que incurrieron en defectos \u00absustantivo y procedimental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Del examen de las acreditaciones obrantes en el expediente, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a).- Recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago (Folios 3 a 8 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b).- Contestaci\u00f3n de la demanda ejecutiva donde se formulaba las excepciones de m\u00e9rito \u00abprescripci\u00f3n, de inexistencia o ineficacia total y absoluta, de pleno derecho, de las reuniones en las cuales se hubieren tomado decisiones que se pretenden hacer valer; de inexistencia de expensas comunes acordadas por asamblea leg\u00edtima de copropietarios; de ausencia de claridad en la determinaci\u00f3n de las supuestas cuotas; carencia de causa y de derecho en la accionante; y, de inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo\u00bb (Folios 12 a 16 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c).- Sentencia de 9 de julio de 2015, que declar\u00f3 \u00abno probadas las excepciones [de m\u00e9rito formuladas por el extremo pasivo]\u2026\u00bb y, orden\u00f3 \u00ab\u2026seguir adelante la ejecuci\u00f3n por las cuotas atrasadas desde el mes de abril de 2000 en adelante\u2026\u00bb (Folios 31 a 36 Vlto \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d).- Recurso de apelaci\u00f3n contra aqu\u00e9lla decisi\u00f3n (Fls. 25 a 30 Vlto Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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e).- Prove\u00eddo de 25 de julio pasado, dictado por el funcionario del circuito encartado, en la que dispuso \u00abCONFIRMAR la sentencia de fecha 09 de julio de 2015, proferida por el Juzgado 23 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de M\u00ednima Cuant\u00eda de Bogot\u00e1\u00bb (Fls. 37 a 46 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.- Analizada la providencia cuestionada; es decir, el fallo de segundo grado mediante la cual el Juez ad quem recriminado confirm\u00f3 la de primera instancia y con la que se agot\u00f3 la jurisdicci\u00f3n dentro del litigio descrito anteriormente, advierte la Sala que no se observa proceder constitutivo del \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb que el censor le endilga y que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, toda vez que la argumentaci\u00f3n que la fundamenta, se sustent\u00f3 en las particularidades del caso, en la interpretaci\u00f3n de las normas que regulan la materia (Arts. 48 de la Ley 675 de 2001 y 497 del C. de P. C.) y donde se valoraron de manera razonada los medios de prueba aducidos al proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n la autoridad judicial querellada consider\u00f3 que \u00ab\u2026debe reiter\u00e1rsele al recurrente, tal y como de manera oportuna lo hiciera la primera instancia al resolver el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el auto que libro mandamiento de pago, que el art\u00edculo 497, inciso 2 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil ha dispuesto que los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo solo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, con posterioridad no se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo, sin perjuicio del control oficioso de legalidad\u00bb; luego, asever\u00f3 que, \u00ab\u2026para pretender alegar ineficacia, invalidez y\/o inoponibilidad de las actas levantadas respecto a las asambleas ordinarias y\/o extraordinarias celebradas por el demandante, la Ley ha previsto un tr\u00e1mite especial que se encuentra en el art\u00edculo 421 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y mientras no se haya adelantado dicho procedimiento y puesto en consideraci\u00f3n del aparato judicial la inconformidad frente a la legalidad de dichos actos de asamblea, las mismas gozar\u00e1n de legalidad de dichos actos de asamblea, las mismas gozar\u00e1n de legalidad y ser\u00e1n eficaces sus efectos jur\u00eddicos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[p]oner en discusi\u00f3n del aparato judicial la ineficacia de ciertos actos de asambleas no es procedente en el proceso ejecutivo, toda vez que lo que se persigue en este \u00faltimo es el pago de una suma de dinero que se encuentre clara, expresa y exigible en un documento, y en este caso el aportado con la demanda los cumple con suficiencia; tal es el caso que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo se realiz\u00f3 al momento de la calificaci\u00f3n de la demanda, de resolver el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que libr\u00f3 el mandamiento de pago, en la sentencia propia de la primera instancia y se estudia de igual forma en la presente providencia para llegar a la conclusi\u00f3n de seguir adelante con su ejecuci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A la par manifest\u00f3 que \u00ab\u2026la inobservancia de los requisitos previstos en el art\u00edculo 186 del C\u00f3digo de Comercio producen ineficacia; que las decisiones tomadas en una reuni\u00f3n general sin el n\u00famero de votos previstos o excediendo los l\u00edmites del contrato social son absolutamente nulos y que las decisiones adoptadas en asamblea que no tenga car\u00e1cter general son inoponibles a ausentes y disidentes; pero todas estas inconformidades ser\u00e1n puestas en consideraci\u00f3n ante el aparato jurisdiccional para que resuelva a trav\u00e9s del proceso de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, juntas directivas o de socios la ineficacia, inexistencia y\/o inoponibilidad respectivamente y al no existir dicha declaraci\u00f3n judicial, la certificaci\u00f3n allegada como t\u00edtulo ejecutivo goza de plena validez y vigencia\u00bb (Folios 37 a 41 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.- Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que, vuelva a decirse, no est\u00e1 demostradas las abiertas y evidentes circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la pretensi\u00f3n tutelar, en tanto que, de la transcripci\u00f3n antes vista, independiente que la Corte la proh\u00edje por cuanto este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado, am\u00e9n que la determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 con fundamento en las pruebas obrantes en el plenario, que fueron puntual y arm\u00f3nicamente observadas y apreciadas, seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica, conforme as\u00ed lo imponen los presupuestos probatorios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esto es, que, de un lado, el demandado (aqu\u00ed accionante) no logr\u00f3 demostrar \u00abla inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, comoquiera que tanto el Juzgador a-quo como el ad quem, encontraron que el documento compulsivo aducido como base de recaudo, si contienen obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, am\u00e9n que analizaron en varias oportunidades los requisitos formales de ese t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n, no encontrando irregularidad que generar\u00e1 la p\u00e9rdida de su ejecutividad, por el contrario los operadores judiciales encontraron colmados esos presupuestos en el mismo, no siendo arbitraria esa determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En lo que toca, con las disconformidades frente a los \u00abrequisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, el inciso final del art\u00edculo 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ha estipulado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abArt. 497. [\u2026]. INC. FINAL.- Adicionado. L. 1395\/2010, art. 29\u00b0. Los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo solo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo, sin perjuicio del control oficioso de legalidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, es claro que la normatividad adjetiva transcrita, establece que todas las disputas en torno a esos presupuestos del t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deben promoverse por el sendero de la impugnaci\u00f3n horizontal, de manera que si no se ventilan esas dolencias al momento de recurrir el auto de apremio no se pueden volver a promover en otra etapa procesal, salvo el control oficioso de legalidad sobre el t\u00edtulo a cargo del Juez, de tal suerte que en ese escenario es claro que el operador judicial a quo encartado zanj\u00f3 los reproches elevados por el accionante cu\u00e1ndo decidi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, no siendo menester cuestionar el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb  en otra oportunidad procesal, am\u00e9n que se debe hacer hincapi\u00e9 en que el Juez a quo nuevamente revis\u00f3 ese t\u00f3pico cu\u00e1ndo dict\u00f3 la sentencia de marras, no pudi\u00e9ndose reprocharle ese actuar debido a que se ajust\u00f3 a la normatividad vigente, ya que contrario a lo aseverado por el censor la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 1395 de 2010 al canon 497 del C. de P. C., era aplicable al sub lite, dado que las leyes procedimentales empiezan a regir a partir de su promulgaci\u00f3n, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, es disiente la preceptiva 40 de la Ley 153 de 1887, cuando reglamenta, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[l]a leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los t\u00e9rminos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligentes que ya estuvieren iniciadas, se regir\u00e1n por la ley vigente al tiempo de su iniciaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y de otra parte, en cuanto a que son ineficaces las actas de asamblea de la copropiedad ejecutante, en d\u00f3nde entre otras cosas, se nombraron al administrador de dicha propiedad horizontal y ese hecho desencadena la ausencia de t\u00edtulo ejecutivo, es pertinente anotar que las discusiones en torno a la validez de actos de asamblea de copropietarios, tienen un sendero procesal id\u00f3neo para su estudio, que es el proceso impugnaci\u00f3n de actos asamblea que se encuentra consagrado en la Ley 675 de 2001, no siendo el juicio de ejecuci\u00f3n el instrumento adjetivo destinado para zanjar esas disputas, porque en ese escenario no se discute la validez de esos actos, sino el cobro compulsivo de obligaciones insolutas, por lo cual, no se pueden esas tem\u00e1ticas ventilarse por la v\u00eda de excepciones en ese tipo de litigios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.- Resulta palmario, que lo que pretende el interesado es reabrir el debate que ya fue definido por el despacho encartado, en intento que, por obvias razones, es improcedente, pues no es amparo constitucional el veh\u00edculo por el cual pueda alcanzarse tales cometidos. Ya que quien ejerce a plenitud sus derechos, en desarrollo de un proceso agotado con arreglo a las formas de ley, no pueden ampararse en esta acci\u00f3n a fin de crear instancias nuevas, para ventilar una y otra vez el litigio clausulado.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), entre otras cosas, \u00abpues lo que en \u00faltimas pretende la accionante es que por esta v\u00eda constitucional se reviva una discusi\u00f3n suficientemente ventilada ante la justicia ordinaria, en la que se debatieron las excepciones propuestas en la contestaci\u00f3n de la demanda, adem\u00e1s, quien acudi\u00f3 a esta sede, cont\u00f3 con las posibilidades de contradicci\u00f3n y defensa en las dos instancias autorizadas por la ley\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2011, rad. 00012-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, como lo ha sostenido la Sala, la circunstancia de que la decisi\u00f3n adoptada en la providencia censurada resulte desfavorable a una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en si misma considerada, escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, comoquiera que este:  <\/span><\/p>\n

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\u00abNo puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir no se est\u00e1 demostrado el efecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablica (\u2026) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada, entre otras, en STC 3 sep. 2015, rad. 00493-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se impone ratificar el fallo impugnado, conforme a las razones expuestas en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         Magistrada ponente      STC4092-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00145-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)           Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100293","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100293\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}