{"id":100296,"date":"2026-06-25T20:30:33","date_gmt":"2026-06-25T20:30:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4096-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:30:33","modified_gmt":"2026-06-25T20:30:33","slug":"stc4096-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4096-2017\/","title":{"rendered":"STC4096-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4096-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00279-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 16 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha del Carmen Zambrano Pinto contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 y Cundinamarca y Nubia Consuelo Moreno.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La demandante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, seguridad social, y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las accionadas, en raz\u00f3n a que no ha obtenido respuesta a la solicitud de expedici\u00f3n de sus certificados salariales correspondientes al per\u00edodo comprendido entre los a\u00f1os 1981 a 1983 y de bonos pensionales formato 1, 2, 3 y 3b.  <\/span><\/p>\n

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Como sustento de su alegaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 en s\u00edntesis, que el 24 de octubre de 2016 requiri\u00f3 a la dependencia de Recursos Humanos de la Rama Judicial la entrega de las referidas constancias, desde enero de 1981 a marzo de 2011, y en respuesta \u00abla oficina de la Carrera (sic) 10 No. 14-33 piso 17, [l]e indic[\u00f3] que certificaba tiempo de 1994 a 2011 y le correspond\u00eda a la oficina de la calle 72 con 7 certificar lo correspondiente a los a\u00f1os 1981 a 1983, para lo cual ellos reenviaban a la oficina de la 72 copia de mi petici\u00f3n\u00bb, actuaci\u00f3n que se materializ\u00f3 \u00abmediante oficio radicado en esa entidad con el c\u00f3digo DESAJ16-TH-3580 el 11 de noviembre de 2011 (sic)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Relat\u00f3 que se acerc\u00f3 \u00aba la oficina de la calle 72 a finales del mes de noviembre de 2016\u00bb a reclamar las acreditaciones que necesita para iniciar el tr\u00e1mite de reconocimiento pensional, pero no ha sido posible, pues los encargados de elaborarlas o est\u00e1n \u00aben vacaciones\u00bb o es imposible contactarlos porque \u00absiempre contesta una m\u00e1quina para dejar mensajes, pero no se puede dejar el mensaje porque siempre ya est\u00e1 lleno, no hay especio para dejarlo\u00bb  <\/span><\/p>\n

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2.        Pide en consecuencia, se ordene a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura \u00abY\/oa (sic) la doctora NUBIA CONSUELO MORENO (\u2026) expedir la certificaci\u00f3n solicitada en mi petici\u00f3n por el tiempo que corresponde certificar a dicha oficina\u00bb (fl. 6 a 9, cd 1).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LAS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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La abogada de la divisi\u00f3n de proceso de la Unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial manifest\u00f3 que con \u00abMemorando DEAJRHM17-145, dio cumplimiento a la solicitud de la se\u00f1ora MARTHA DEL CARMEN ZAMBRANO PINTO\u00bb (negrilla original del texto), el cual fue \u00ab[e]nviado por Servicios Postales Nacionales S.A 472 \u2013 correo certificado Gu\u00eda No. YG155358400CO\u00bb.  En estos t\u00e9rminos pide \u00abse despachen de forma desfavorable las s\u00faplicas presentada, por haber presentado el \u201checho superado\u201d, por ausencia o inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales \u00bb (Fls. 21 a 26, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n, tras verificar que si bien durante el tr\u00e1mite de la tutela desaparecieron las razones que la motivaron, toda vez, que con oficio DEAJRHO17-684 el ente accionado atendi\u00f3 los requerimientos elevados por la promotora del resguardo, \u00abdicha misiva refiere estar dirigida a la Calle 26 D No. -22 Apto. 302 Barrio la Macarena (\u2026), direcci\u00f3n que en manera alguna resulta contundente, al menos, con la informada en la demanda de tutela, en la que, consta se indic\u00f3 como direcci\u00f3n de notificaciones la Calle 26 D No. 4-24 apartamento 302 Barrio La Macarena, por lo que no resulta procedente tener por superada tal deficiencia\u00bb (negrilla del texto).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La elev\u00f3 la Divisi\u00f3n de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, con id\u00e9nticas alegaciones a las contenidas en el pronunciamiento inicial la contestaci\u00f3n, acerca de la carencia actual de objeto de la presente acci\u00f3n y anexando adicionalmente certificado en el cual consta que la respuesta emitida frente a la petici\u00f3n que dio lugar al amparo, fue entregada a la interesada el 16 de febrero del a\u00f1o que avanza (fls.39 a 44 y 57, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. En el asunto en estudio la actora considera que sus prerrogativas fundamentales fueron quebrantadas por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, por haber omitido el deber de atender el requerimiento que la oficina seccional de dicha autoridad le remiti\u00f3 16 de noviembre de 2016, para que expidiera los certificados donde consten los salarios que aquella deveng\u00f3 entre los a\u00f1os 1981 a 1983, as\u00ed como los bonos pensionales formato 1, 2, 3 y 3b, para tramitar su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte la accionada en el escrito impugnatorio inform\u00f3 que la vulneraci\u00f3n alegada es inexistente, toda vez que desde antes de la sentencia de primera instancia atendi\u00f3 las exigencias de la peticionaria y la documentaci\u00f3n que reclam\u00f3 la puso a su disposici\u00f3n, envi\u00e1ndola por correo certificado a la direcci\u00f3n que ella inform\u00f3, donde en efecto la recibi\u00f3 desde el 16 de febrero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2. Recu\u00e9rdese que el car\u00e1cter de fundamental del derecho de petici\u00f3n se encuentra reconocido expresamente en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica y se traduce en la posibilidad de acudir a las autoridades, y excepcionalmente a los particulares, para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas, que guarden correspondencia con lo pretendido, y que se den a conocer al afectado en los precisos plazos que para el efecto establece la ley.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso concreto se observa que el fallador de primera instancia no err\u00f3 al conceder el amparo deprecado, pues tuvo en cuenta que si bien la petici\u00f3n de Martha del Carmen Zambrano Pinto fue atendida con oficio DEAJAL017-563 de 15 de febrero de 2015, al momento de proferir su decisi\u00f3n, no obraba prueba de que dicha contestaci\u00f3n hubiese sido remitida a la direcci\u00f3n suministrada por la interesada, toda vez que la constancia de env\u00edo anexada registraba una diferente a la que ella dio para efectos de notificaci\u00f3n, por lo que a\u00fan no dispon\u00eda de los certificados pretendidos. En consecuencia acertadamente orden\u00f3 poner en conocimiento de la solicitante tal documentaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, frente a la anterior determinaci\u00f3n la impugnante alleg\u00f3 al tr\u00e1mite, el 20 de febrero de 2017, la gu\u00eda No. YG155358400CO, de la empresa de servicios postales 472, donde consta que el oficio a informar, fue entregado a la actora el 16 de enero de 2016, como puede verificarse a folio 57 del expediente.  <\/span><\/p>\n

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4. As\u00ed las cosas, no existe duda de que se resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de la accionante y el tr\u00e1mite que solicit\u00f3 por v\u00eda de tutela fue adelantado en su integridad, con lo cual, inane ser\u00eda cualquier orden que actualmente se emita dentro del presente asunto.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, se presenta en este caso el fen\u00f3meno denominado por la jurisprudencia como carencia actual de objeto, que \u00ab\u2026tiene como caracter\u00edstica esencial que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtir\u00eda ning\u00fan efecto, esto es, caer\u00eda en el vac\u00edo\u2026\u00bb (CC. T-200\/13), cuesti\u00f3n que se evita en este asunto pues la totalidad de la pretensi\u00f3n de la actora fue acatada en debida forma.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha indicado que la tutela pierde su eficacia o raz\u00f3n de ser,  <\/span><\/p>\n

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\u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional\u00bb (CSJ STC, 21 jun. 2012, rad. 00121-01, reiterada entre otras, en STC3996-2015 y STC3849-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.  Sin embargo, el expediente da cuenta que no err\u00f3 el Tribunal Constitucional al proteger la citada garant\u00eda superior, pues como qued\u00f3 visto, la entidad accionada demostr\u00f3 la efectiva notificaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n a la petici\u00f3n que la demandante elev\u00f3, despu\u00e9s de emitida la decisi\u00f3n de instancia, por lo que el a quo, desconocedor de tal hecho, no ten\u00eda otro remedio que conceder la protecci\u00f3n suplicada con el fin de garantizar que la respuesta otorgada fuera efectivamente conocida por la interesada, raz\u00f3n por la cual dicho fallo deber\u00e1 mantenerse.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, se aclarar\u00e1 la providencia de primer grado en el entendido de que en el momento actual, frente a la pretensi\u00f3n de la accionante se presenta carencia actual de objeto.  <\/span><\/p>\n

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6. Con fundamento en lo expuesto, se ratificar\u00e1 la providencia del Tribunal.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada aclarando que frente a la pretensi\u00f3n elevada por Martha del Carmen Zambrano Pinto se presenta la carencia actual de objeto.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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