{"id":100297,"date":"2026-06-25T20:30:40","date_gmt":"2026-06-25T20:30:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4097-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:30:40","modified_gmt":"2026-06-25T20:30:40","slug":"stc4097-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4097-2017\/","title":{"rendered":"STC4097-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4097-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-00025-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 26 de enero de 2017, que neg\u00f3 la tutela de Hernando L\u00f3pez Ortiz frente a la Sala de igual especialidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Segundo Penal Municipal de Calarc\u00e1 y las partes e intervinientes en el proceso cuestionado.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderada, el solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, familia y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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       Se\u00f1al\u00f3 que se desempe\u00f1a como conductor de tracto cami\u00f3n, no tiene estudios, es cabeza de hogar y la \u00fanica actividad que sabe hacer es manejar veh\u00edculos, por lo que la sanci\u00f3n impuesta, que le proh\u00edbe realizar dicha labor, afecta sustancialmente sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.        Pide en consecuencia, \u00abOrdenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, (\u2026) reconocer el derecho que tiene mi poderdante al trabajo en condiciones dignas y justas permitiendo que ejerza sus labores como conductor o en su defecto disminuyendo la sanci\u00f3n de la privaci\u00f3n al derecho a conducir automotores y motocicletas\u00bb (ff. 1 a 12, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juez Segundo Penal Municipal de Calarc\u00e1, indic\u00f3 que en sentencia de 19 de enero de 2016 conden\u00f3 por el delito de lesiones personales culposas a Hernando L\u00f3pez Ortiz y Guillermo Montoya Estupi\u00f1\u00e1n, a 9 meses y 18 d\u00edas de prisi\u00f3n, multa  de 7.2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y 16 meses de privaci\u00f3n del derecho a conducir veh\u00edculos automotores y motocicletas, por hechos acaecidos el 22 de septiembre de 2012, donde result\u00f3 lesionada Paula Andrea Valderrama Toro.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo que la sanci\u00f3n discutida fue determinada seg\u00fan el art\u00edculo 120 inciso 2 del C\u00f3digo Penal, y que \u00ab(\u2026) la solicitud que hace la apoderada del accionante carece de fundamento, pues (\u2026) la maniobra ejecutada por el se\u00f1or L\u00f3pez Ortiz, produjo como consecuencia un accionante de tr\u00e1nsito que dej\u00f3 herida a la v\u00edctima, y frente a la existencia de prueba que soporta el conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda acerca de la responsabilidad penal del acusado (\u2026) frente a los hechos objeto de la investigaci\u00f3n, deriv\u00f3 en sanci\u00f3n penal (\u2026)\u00bb (ff. 73 a 76, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.         El Secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, inform\u00f3 que el fallo cuestionado proferido el 10 de agosto de 2016, cobr\u00f3 firmeza el 18 de agosto siguiente y aport\u00f3 copia de la decisi\u00f3n (f. 78, ib.).  <\/span><\/p>\n

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3.        El Personero Municipal de Calarc\u00e1, deja a la Corte Suprema de Justicia el estudio sobre la configuraci\u00f3n de alguna de las causales de procedibilidad que evidencien una posible v\u00eda de hecho respecto de la providencia atacada, sin pronunciarse sobre las pretensiones y los hechos de la demanda (ff. 97 y 98, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda al verificar que el accionante omiti\u00f3 recurrir la sentencia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por lo que la solicitud de amparo se torna improcedente (ff. 99 a 103, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la apoderada del accionante, refutando el fallo de primer grado en el sentido que \u00ab(\u2026) no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho en el examen y consideraci\u00f3n de mi petici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que el amparo fue denegado porque no se acudi\u00f3 a la casaci\u00f3n como oportunidad para remediar la situaci\u00f3n planteada en la tutela, pero olvida la Corte que \u00abla tutela procede a\u00fan cuando existan otros medios para la defensa del derecho fundamental, siempre que la finalidad de interponerla sea evitar un perjuicio irremediable (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Dijo adem\u00e1s que el perjuicio irremediable es evidente debido a la precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica en que se encuentra su prohijado, quien devenga su sustento y el de su familia de la actividad que precisamente le fue prohibida con la decisi\u00f3n discutida, y finaliza agregando que, \u00ab(\u2026) un recurso de casaci\u00f3n puede tardar m\u00ednimo 2 a\u00f1os y el tema que hoy se trae a colaci\u00f3n para efectos de revocar parcialmente un fallo no puede tomar tanta espera.  La tutela por tener un procedimiento preferente y sumario evitar\u00eda la consumaci\u00f3n del perjuicio que hoy se alude\u00bb (ff. 117 a 120, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, ha precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 protegida de manera inmediata.  <\/span><\/p>\n

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El auxilio mediante un procedimiento breve y sumario como es el estatuido por la Constituci\u00f3n, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s instrumentos de defensa que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice para evitar un perjuicio irremediable y de manera transitoria.  <\/span><\/p>\n

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2.        Dirigi\u00e9ndose la inconformidad de la parte actora respecto de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Penal, de 10 de agosto de 2016, que confirm\u00f3 en su integridad la del Juzgado Segundo Penal Municipal de Calarc\u00e1, y adem\u00e1s, impuso al accionante la prohibici\u00f3n de conducir veh\u00edculos automotores por 16 meses, como consecuencia de la responsabilidad determinada por el delito de lesiones personales culposas, advierte la Corte que el interesado tuvo frente a la providencia reprochada la opci\u00f3n de interponer, recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero como a ese medio no acudi\u00f3, es claro que desech\u00f3 la oportunidad procesal para obtener el restablecimiento de los derechos presuntamente desconocidos por aquella.  <\/span><\/p>\n

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De manera que, no puede ahora por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela pretender enmendar esa falta de gesti\u00f3n, siendo entonces el propio interesado quien permiti\u00f3 que la sentencia de segundo grado adquiriera firmeza sin agotar el debate que ahora promueve principalmente en torno a las sanciones impuestas en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Y es que al no verificarse el presupuesto de la subsidiariedad en virtud de la incuria evidenciada respecto de la senda extraordinaria omitida, y dados los exigentes postulados que viabilizan la injerencia del juez constitucional los cuales no est\u00e1n edificados la tutela no puede salir avante.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed como, por la circunstancia descrita, analizada a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, quien no podr\u00eda revivir instrumentos desperdiciados por el descuido de los litigantes.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (resaltado del texto, ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014).  <\/span><\/p>\n

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Ahora, recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 destinada a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo proceso no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como una herramienta apta para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la definici\u00f3n de las controversias judiciales.  <\/span><\/p>\n

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       3.        Adicionalmente, se resalta que la Corporaci\u00f3n accionada actu\u00f3 conforme a la ley  y ratific\u00f3 la pena impuesta por el fallador dando estricta aplicaci\u00f3n al inciso segundo del art\u00edculo 120 inciso 2, de la Ley 599 de 2000, en cuanto prev\u00e9 que cuando las lesiones culposas sean cometidas utilizando medios motorizados, se impondr\u00e1 igualmente la privaci\u00f3n del derecho a conducir veh\u00edculos automotores y motocicletas, es decir, se trata de una pena principal inescindible a la conducta t\u00edpica, de suerte que la misma no obedeci\u00f3 a un capricho del Tribunal Superior de Armenia, sino a la consecuencia l\u00f3gica de haber infringido la norma penal que amerit\u00f3 la sanci\u00f3n represiva del Estado.  <\/span><\/p>\n

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4.        Por otro lado, tampoco la tutela podr\u00eda concederse de forma transitoria, ya que la apoderada del actor, aparte de simplemente mencionar en el escrito impugnatorio la precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica de su representado, no demostr\u00f3 los supuestos de hecho necesarios con base en los cuales pueda inferirse razonablemente la existencia de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime cuando se insiste, existen los mecanismos de defensa aptos para salvaguardar sus derechos, ya que adem\u00e1s cuenta con la posibilidad jur\u00eddica de acudir a la instancia del juez de ejecuci\u00f3n de penas donde podr\u00eda presentar la solicitud de levantamiento de la sanci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5.        Con apoyo en las consideraciones esgrimidas en esta instancia, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de origen.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC4097-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-00025-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100297","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100297"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100297\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}