{"id":100299,"date":"2026-06-25T20:30:54","date_gmt":"2026-06-25T20:30:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4101-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:30:54","modified_gmt":"2026-06-25T20:30:54","slug":"stc4101-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4101-2017\/","title":{"rendered":"STC4101-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4101-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00332-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando en su propio nombre, las solicitantes reclaman el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, al ordenar la intervenci\u00f3n administrativa a las sociedades Gestiones Financieras S.A., M\u00f3viles Financieros SAS, Global Datos Nacionales S.A. y Factoring Gestiones Financieras SAS, en las cuales fungen como miembros de las juntas directivas y como accionistas.  <\/span><\/p>\n

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2. Expusieron en ejercicio de las funciones jurisdiccionales previstas en el Decreto 4334 de 2008, el 1\u00ba de febrero de 2017 la convocada dispuso la intervenci\u00f3n administrativa de varias personas jur\u00eddicas y naturales, \u00abbajo el supuesto que se recaudaban dineros a cambio de un rendimiento y que sus operaciones no ten\u00edan respaldo alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indicaron que al motivar la providencia, la Superintendencia \u00abincurre en varios yerros, causados en el recaudo y valoraci\u00f3n de (sic) material probatorio que le dan una simple apariencia de legalidad al auto\u00bb, por cuanto \u00abdesconoce que se llevaba contabilidad de terceros, que refleja la realidad de las operaciones\u00bb, entre ellas la \u00abcompraventa de t\u00edtulos valores, de otras empresas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adujeron que se realizaron visitas a empresas \u00absin relaci\u00f3n alguna con la operaci\u00f3n\u00bb como \u00abValveco\u00bb, cuyas gestiones financieras refiere a \u00abuna persona jur\u00eddica con sede en la Florida y no en Colombia\u00bb, por lo que los t\u00edtulos valores no podr\u00edan registrarse en el pa\u00eds; que no se tuvo en cuenta \u00abla trazabilidad\u00bb respecto de operaciones con t\u00edtulos de otras empresas.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvieron tambi\u00e9n que el auto parte de \u00absupuestos falsos, como la operaci\u00f3n de factoring o que Global Datos Nacionales participara en libranzas, lo que no tiene asidero en el acervo probatorio y en consecuencia es proceden la declaraci\u00f3n de v\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

3. Pretenden que se invalide lo decidido \u00aben el auto calendado del 1 de Febrero de 2017 proferido por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, dentro del expediente con radicaci\u00f3n 76899, declarando que no hay lugar a la intervenci\u00f3n ordenada\u00bb (fls. 4 a 7, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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1. El Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, solicit\u00f3 la improcedencia de la tutela, porque si bien el auto del 1\u00ba de febrero de 2017 fue proferido en ejercicio de funciones jurisdiccionales, \u00abninguno de los ataques de las actores se refiere a dicha providencia, sino a la Resoluci\u00f3n 300-004805 de 15 de diciembre de 2016\u00bb, seg\u00fan la cual \u00abse evidenci\u00f3 que las actividades investigadas constituyen hechos objetivos y notorios que implican la entrega masiva de dineros a personas jur\u00eddicas mediante operaciones de captaci\u00f3n o recaudo no autorizadas\u00bb, \u00e9sta constituye \u00abun acto administrativo dictado por el Superintendente Delegado para la Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control\u00bb, cuya controversia corresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativa.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que las demandantes \u00abtienen la posibilidad de presentarse en el proceso jurisdiccional de intervenci\u00f3n a hace valer sus derechos y presentar las solicitudes que consideren pertinentes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008\u00bb, y que tampoco est\u00e1 probado un perjuicio irremediable. Por lo dem\u00e1s, que \u00abla providencia no adolecen (sic) de un defecto f\u00e1ctico, pues al momento de valorar las pruebas no se evidencian (sic) un estudio ama\u00f1ado, arbitrario, irracional y caprichoso\u00bb, y que la Superintendencia \u00abinterpret\u00f3 y aplic\u00f3 la ley conforme a su autonom\u00eda judicial\u00bb (fls. 10 a 12, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 el resguardo implorado al encontrar que la postura jur\u00eddica de la autoridad accionada al disponer la intervenci\u00f3n y toma de posesi\u00f3n de las sociedades ordenadas, comprenden \u00abuna decisi\u00f3n emitida al abrigo de los presupuestos de autonom\u00eda e independencia que gobiernan la actividad de la autoridad accionada\u00bb, de cuyo sustento \u00abno se advierte una manifiesta arbitrariedad\u00bb, en tanto \u00abse fund\u00f3 en los antecedentes del caso, el material probatorio recaudado y las disposiciones legales\u2026, al margen de que\u2026 la tesis adoptada\u2026 no fuera compartida por las demandantes\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que adem\u00e1s de la posibilidad para que las accionantes asuman su defensa en el proceso de intervenci\u00f3n, cuentan con \u00ablas acciones contenciosas pertinentes\u00bb para atacar la resoluci\u00f3n que dio lugar a dicho procedimiento (fls. 72 a 76, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpusieron las querellantes reiterando que conforme a lo previsto en el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 4334 de 2008, el procedimiento de la intervenci\u00f3n administrativa, las decisiones sobre toma de posesi\u00f3n \u00abtendr\u00e1n efectos de cosa juzgada erga omnes, en \u00fanica instancia, con car\u00e1cter jurisdiccional\u00bb, y que ante ello la Corte Constitucional en sentencia C-145\/09, dijo que de presentarse v\u00edas de hecho, para corregir la actuaci\u00f3n el interesado podr\u00eda acudir a la acci\u00f3n de tutela, y por ello mostraron extra\u00f1eza con la remisi\u00f3n que el Tribunal hace a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, cuando se muestra que hubo \u00abun inadecuado recaudo de la prueba\u2026 al vincular a personas que no participaron en la administraci\u00f3n de la sociedad\u00bb, al asumir \u00abla c\u00f3moda posici\u00f3n adoptada por la Superintendencia\u00bb, al entender que \u00abtodos los hechos que se reprochan son notorios\u00bb, incurriendo as\u00ed en \u00abyerros en la motivaci\u00f3n\u00bb y dem\u00e1s \u00abfalencias\u00bb indicadas en la demanda (fls. 80 a 84, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes al proceso que adelanta la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, prontamente establece la Sala que el fallo de primer grado deber\u00e1 respaldarse, en la medida en que no se configura defecto de procedibilidad alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n cuestionada, y en esas condiciones no es dable la concurrencia del juez excepcional.  <\/span><\/p>\n

3. En efecto, del an\u00e1lisis que la Corte realiza al auto 400-003853, proferido por el Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia el 1\u00ba de febrero de 2017, en el marco del proceso de Intervenci\u00f3n n\u00ba 76899 (fls. 32 a 37, ib\u00edd.), no se vislumbra que pueda lesionar las garant\u00edas superiores de las promotoras de la queja constitucional, en tanto no se muestra como la manifestaci\u00f3n de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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3.1. Ciertamente se logra establecer que la autoridad administrativa, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere la ley, como juzgado de instancia ponder\u00f3 en forma conjunta las pruebas allegadas y analiz\u00f3 las normas aplicables al caso y en particular el Decreto 4333 de 2008, concluyendo que proced\u00eda la intervenci\u00f3n y con ello la toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las empresas y personas naturales all\u00ed relacionadas.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para afectar con esa decisi\u00f3n a las sociedades Gestiones Financieras SA, M\u00f3viles Financieros SAS, Global Datos Nacionales SA y Factoring Gestiones Financieras SAS, y a las accionantes, entre otras personas naturales, quienes fungen como accionistas y miembros de las juntas directivas de esas organizaciones empresariales, la Superintendencia tuvo en cuenta la existencia de \u00abhechos objetivos y notorios\u00bb, considerados determinantes de \u00abla entrega masiva de dineros a personas naturales o jur\u00eddicas, directamente o a trav\u00e9s de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captaci\u00f3n o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pir\u00e1mides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicaci\u00f3n financiera razonable\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adujo la autoridad accionada que la medida \u00abobedeci\u00f3 a las resultas de la toma de informaci\u00f3n a las citadas empresas, interrogatorios bajo la gravedad de juramento y a los requerimiento (sic) realizados a los representantes legales\u00bb, y hace parte del desarrollo de la Resoluci\u00f3n 300-004806 expedida por el Superintendente Delegado para Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control el 15 de diciembre de 2016 (fls. 13 a 31, \u00eddem), cuya legalidad no ha sido objeto de reproche.  <\/span><\/p>\n

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3.2. Cabe destacar que la providencia censurada se vali\u00f3 de las conclusiones a que lleg\u00f3 la anterior Delegatura, tales como que \u00ablos clientes de la sociedad Gestiones Financieras S.A. entregaban  dinero en forma masiva a cambio de un rendimiento fijo, pagadero mensualmente o para reinvertir, sin que a cambio se recibieran t\u00edtulos valores por todo el dinero invertido\u00bb; que \u00ablos contratos suscritos y negocios acordados tanto por Gestiones Financieras S.A., como por M\u00f3viles Financieros S.A.S. con su clientes, no tienen relaci\u00f3n alguna con la operaci\u00f3n efectivamente realizada\u00bb, y tambi\u00e9n, que seg\u00fan los estados de cuenta \u00abla totalidad de los dineros entregados a cambio de un rendimiento mensual fijo, no ten\u00edan correspondencia con el valor de los t\u00edtulos que deber\u00edan servirles de respaldo\u00bb, entre otras.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, el auto del 1\u00b0 de febrero de 2017, da cuenta de que la vinculaci\u00f3n al proceso de intervenci\u00f3n que se hizo respecto de personas jur\u00eddicas y naturales, coincide con los \u00absujetos vinculados en esas negociaciones\u00bb, siendo ello coincidente con lo contemplado en el art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 4334 de 2008.  <\/span><\/p>\n

3.3. Ahora, del reclamo constitucional no se vislumbra claridad acerca de los espec\u00edficos \u00abyerros\u00bb en la valoraci\u00f3n probatoria que se le endilgan a la decisi\u00f3n del ente convocado, pues simplemente se refutan las afirmaciones realizadas para determinar la procedencia de la intervenci\u00f3n, y de la extensi\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos a personas \u00absin que efectivamente hubiesen participado de decisi\u00f3n alguna\u00bb, pero sin indicar concretamente a quienes pretende que se les exima de responsabilidad y menos la prueba de tal aseveraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que si bien la acci\u00f3n de tutela se caracteriza por ser un medio expedito y eficaz, con limitaci\u00f3n temporal en las instancias para su definici\u00f3n, el promotor no se exime de desplegar aunque sea una incipiente actividad probatoria, dirigida a demostrar la afectaci\u00f3n sus prerrogativas fundamentales, en tanto para la buena marcha de este mecanismo judicial:  <\/span><\/p>\n

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\u00abse requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza, carece de sentido hablar de la necesidad de amparo (\u2026)\u00bb ( CSJ STC11120-2014, 22 ago. 2014, rad. 01251-01, citada en STC486-2017, 25 ene. 2017, rad. 2016-00855-01).  <\/span><\/p>\n

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4. En consecuencia, la decisi\u00f3n que se reprocha, lejos est\u00e1 de comprender un defecto f\u00e1ctico, en tanto no se produjo \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), ni el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb. CC T-567\/98, T-239\/96, T-576\/93, T-442\/94 y T-538\/94, reiterada en SU-241\/15. Por el contrario, la valoraci\u00f3n se hizo sin desconocer las reglas de la sana cr\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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La Sala reitera que la acci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la actuaci\u00f3n de la autoridad accionada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, y en esas condiciones esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la salvaguarda, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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5. Adicionalmente, la Corte, como tambi\u00e9n lo observ\u00f3 el Tribunal a-quo, encuentra que en este caso no se cumple el requisito de subsidiariedad, en la medida en que la actuaci\u00f3n jurisdiccional censurada, surge en desarrollo de una de car\u00e1cter administrativo que pudo ser objeto de ataque a trav\u00e9s de otro medio judicial de defensa.  <\/span><\/p>\n

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Para ello basta se\u00f1alar que el auto proferido por el Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia el 1\u00b0 de febrero de 2017, mediante el cual se adoptaron las medidas propias del procedimiento de intervenci\u00f3n administrativa, es consecuencia jur\u00eddica de la Resoluci\u00f3n 300-004806, expedida por la Delegatura para Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control de la misma Superintendencia de Sociedades el 15 de diciembre de 2016, la cual, por corresponder a un verdadero acto administrativo, es susceptible del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed que por no haberse agotado el mecanismo que legalmente se muestra con la aptitud e idoneidad suficiente para procurar la defensa adecuada de los derechos que estima conculcados, tal desaprovechamiento impide que se abra paso la protecci\u00f3n excepcional invocada, pues la Corte reitera que la tutela no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, en la medida en que \u00e9sta no puede considerarse una instancia adicional, y el juez del amparo no puede ser visto como un operador paralelo de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el proceso, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada entre otras en STC17473-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00566-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo que neg\u00f3 el amparo solicitado, por cuanto la actuaci\u00f3n censurada no evidencia defecto alguno de procedibilidad, el reclamo constitucional no cumple con el requisito de la subsidiariedad, y no se logr\u00f3 demostrar la existencia de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC4101-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2017-00332-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         ANTECEDENTES             1.   […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100299","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100299","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100299"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100299\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100299"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100299"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100299"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}