{"id":100300,"date":"2026-06-25T20:31:04","date_gmt":"2026-06-25T20:31:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4104-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:31:04","modified_gmt":"2026-06-25T20:31:04","slug":"stc4104-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4104-2017\/","title":{"rendered":"STC4104-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4104-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2016-01753-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabio Enrique Gracia Montes contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Defensor\u00eda del Pueblo, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Juzgado Quince de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la Rep\u00fablica, tr\u00e1mite el que fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso penal que se adelant\u00f3 en contra del aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El peticionario, actuando en nombre propio, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abvida digna, integridad personal, libertad, defensa y debido proceso\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Relat\u00f3 que fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n a la pena de 128 de prisi\u00f3n, por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado; posteriormente, fue requerido en extradici\u00f3n por el gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica,  de esta forma el 11 de julio de 2012 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia aval\u00f3 el pedido solo por el delito de Conspiraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s de cumplir la sanci\u00f3n en el exterior, al regresar al pa\u00eds solicit\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n la extinci\u00f3n de la pena primigenia, es decir, la impuesta por el Juzgado Especializado de Popay\u00e1n, petici\u00f3n que le fue negada al considerarse que aquellos hechos no se correspond\u00edan con los que motivaron su extradici\u00f3n, por lo que, \u00ab(\u2026) [p]ara efectos de cumplimiento de la condena, se tendr\u00eda entonces que iniciar a descontar la pena desde ceros (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El rese\u00f1ado prove\u00eddo fue confirmado por el Tribunal Superior en segunda instancia y acusa a dicha Colegiatura de haber incurrido en varias imprecisiones, como haber desconocido el tiempo de prisi\u00f3n descontado en la c\u00e1rcel de Popay\u00e1n, 26 meses, y luego en Bogot\u00e1, un a\u00f1o, mientras se tramitaba su entrega a la justicia estadounidense.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En suma aleg\u00f3 que se tratan de los mismos hechos por los que inicialmente fuera condenado, pues todo corresponde al id\u00e9ntico escenario \u00abmismo avi\u00f3n, misma droga, misma fecha, misma hora y lugar de los hechos\u00bb, e insisti\u00f3 que, \u00abtanto los cargos por tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes como los cargos por conspiraci\u00f3n tienen como fuente la captura del suscrito al interior de la avioneta de matr\u00edcula americana en el aeropuerto de Popay\u00e1n el 25 de junio de 2009, luego entonces las consecuencias jur\u00eddicas en mi contra se derivan de un solo hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Inform\u00f3 que promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de los citados autos y que fue resuelta en su favor por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, quien orden\u00f3 a los despachos accionados verificar los fundamentos expuestos por el actor en la solicitud de extinci\u00f3n de la pena, decisi\u00f3n confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil en segundo instancia el 15 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

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En cumplimiento del mandato constitucional, el Juzgado Quince de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, realiz\u00f3 el an\u00e1lisis ordenado en torno al principio del nom bis inidem, concluyendo en todo caso que si bien exist\u00eda identidad de persona no la hab\u00eda respecto al objeto, ratificando su posici\u00f3n inicial, aunque s\u00ed reconociendo en esta oportunidad 28 meses y 3 d\u00edas de cumplimiento material de la sanci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, reiter\u00f3, que el aludido despacho judicial no efectu\u00f3 lo dispuesto por el juez de tutela, es decir, \u00abno realiz[\u00f3] un an\u00e1lisis detallado (\u2026) en el entendido de reconocer todo el tiempo desde la fecha de 26 de junio de 2009 hasta la fecha en la que se materializa mi extradici\u00f3n, toda vez que me encontraba ininterrumpidamente, es decir, hasta el 5 de octubre de 2012, lo que supone un tiempo f\u00edsico real en Colombia de 39 meses y 9 d\u00edas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Nuevamente, recurri\u00f3 la mencionada providencia la cual fue confirmada mediante auto de 11 de agosto de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y frente a estas \u00faltimas determinaciones acude al juez de tutela en reclamo de los derechos fundamentales que estima contin\u00faan siendo vulnerados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En consecuencia pide \u00ab(\u2026) se disponga mi libertad inmediata, de no acogerse esta solicitud, subsidiariamente solicito se tenga en cuenta todo el tiempo que estuve privado de la libertad en Colombia, esto es desde el 25 de junio de 2009 (fecha de la captura) hasta el 27 de octubre de 2014 (fecha de mi deportaci\u00f3n a Colombia) y del 28 de diciembre de 2014, fecha en que fui capturado nuevamente hasta la fecha, teniendo en cuenta que el Juzgado quince de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 solo me reconoce 26 meses y 6 d\u00edas\u00bb (ff. 1 a 19, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Fabio Andr\u00e9s Gracia P\u00e9rez, apoderado del accionante, coadyuv\u00f3 las pretensiones de su prohijado reiterando los argumentos por \u00e9l esbozados en la demanda (ff. 293 y 294, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

2.        La Defensora del Pueblo, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por cuanto \u00abapenas es mencionada en el ac\u00e1pite introductorio del memorial\u00bb y no observa queja alguna en contra de la entidad que representa (f. 303, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Juez Quince de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso penal, precis\u00f3 que cumpli\u00f3 con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de tutela en el sentido de verificar los argumentos del actor, contrastando los hechos por los que fue condenado en Colombia y aquellos por los que fue requerido, juzgado y sentenciado en los Estados Unidos, sin embargo al realizar dicho ejercicio, \u00ab(\u2026) resolvi\u00f3 no decretar a favor de Fabio Enrique Gracia Montes la extinci\u00f3n y liberaci\u00f3n de la pena impuesta en el asunto de la referencia, tras advertir que la exigencia de la condena en Colombia no se tradujo en el desconocimiento del principio del non bis in \u00eddem\u00bb, por lo que arguye que su decisi\u00f3n no constituye v\u00eda de hecho (ff. 305 a 308, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        La Presidenta de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la Rep\u00fablica, explic\u00f3 las funciones que le corresponde a dicho organismo seg\u00fan la Ley 5 de 1992, precisando que se trata de un ente de acompa\u00f1amiento, vigilancia y control cuando se pone en su conocimiento situaciones de aparente lesi\u00f3n a los Derechos Humanos, empero, frente al asunto aqu\u00ed debatido manifest\u00f3 \u00abdentro de las atribuciones legales no tenemos responsabilidad ni soluci\u00f3n a las presuntas vulneraciones denunciadas\u00bb (ff. 309 a 311, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

5.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal, sostuvo que los hechos por los cuales fue juzgado el accionante en Colombia \u00ab(\u2026) son diferentes de aquellos por los cuales result\u00f3 condenado en Estados Unidos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Reiter\u00f3 que \u00ab(\u2026) el accionante quiere hacer creer a la Corte que fue juzgado por los mismos delitos en Colombia y en Estados Unidos.  Esa afirmaci\u00f3n jur\u00eddicamente es insostenible. No es cierta.  Cuando una persona incurre en una o varias conductas puede que su comportamiento se encuadre en uno o varios tipos penales (\u2026) son sencillamente dos tipos penales distintos, luego no puede venir a afirmar contrariando la verdad jur\u00eddica, que fue juzgado por el mismo delito en Colombia y en el pa\u00eds norteamericano\u00bb (f. 414, cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        El Procurador 359 Judicial II Penal, adujo que su entidad no es responsable del presunto quebrantamiento de las prerrogativas reclamadas, y sobre las decisiones cuestionadas, dijo que aquellas fueron correctamente fundamentadas y soportadas en el concepto favorable que emiti\u00f3 la Corte Suprema de Justicia cuando aval\u00f3 la extradici\u00f3n del demandante a los Estados Unidos (ff. 431 a 437, cd.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n al advertir que la tutela resulta inviable cuando con ella se pretende demandar el cumplimiento de un fallo de la misma naturaleza, para lo cual el mecanismo id\u00f3neo y m\u00e1s efectivo en dichos casos es promover un incidente de desacato (ff. 658 a 664, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Inconforme el accionante reprocha el fallo de primer grado porque considera que la orden constitucional proferida el 23 de febrero de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, s\u00ed fue cumplida por el Juzgado Quince de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1, \u00ab(\u2026) raz\u00f3n por la cual no es procedente iniciar el incidente de desacato\u00bb, adem\u00e1s, porque lo que busca con esta tutela es que se analice la afectaci\u00f3n de los derechos invocados con los autos interlocutorios de 26 de abril de 2016, del juzgado ejecutor y el de 11 de agosto del mismo a\u00f1o emitido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. (ff.146 y 147, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha sostenido insistentemente que la acci\u00f3n de tutela no constituye un mecanismo alternativo para atacar o censurar directamente las decisiones proferidas dentro de un proceso judicial; criterio que, debe indicarse desde ya, se reitera en el presente asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha dicho que excepcionalmente \u00e9ste instrumento de protecci\u00f3n puede ejercitarse para solicitar el amparo de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el tr\u00e1mite procesal el funcionario judicial act\u00faa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales aquel desborda su \u00e1mbito funcional o contrar\u00eda al ordenamiento jur\u00eddico, configur\u00e1ndose las denominadas v\u00edas de hecho, bajo la condici\u00f3n que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial id\u00f3neo para abogar por la vigencia de sus prerrogativas, o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el sublite, se pretende la anulaci\u00f3n de las providencias de 26 de abril y de 11 de agosto de 2016, proferidas por el Juzgado Quince Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y por el Tribunal Superior del mismo distrito, respectivamente, a trav\u00e9s de los cuales se neg\u00f3 la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal en disfavor del procesado Fabio Enrique Gracia Montes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de ambas instancias, el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 al proferido el 11 de agosto, por la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00e9sta capital, por cuanto fue el que en \u00faltimas defini\u00f3 el tema planteado.  Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Ahora bien,  los presupuestos referidos para habilitar la excepcional procedencia del auxilio contra actos jurisdiccionales, no se re\u00fanen en el presente caso, puesto que, ciertamente, las resoluciones acusadas, en especial la dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior Bogot\u00e1, se erige en un pronunciamiento ajustado a los preceptos legales y a la valoraci\u00f3n del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico que orden\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal se realizara frente a las sentencias dictadas en Colombia y Estados Unidos.  Al respecto el Tribunal acusado argument\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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Lo primero que debemos tener presente es la adecuaci\u00f3n t\u00edpica que de la conducta del se\u00f1or Gracia Montes se ha hecho tanto en Estados Unidos como en Colombia. Aqu\u00ed se le juzg\u00f3, como claramente lo dijo el Juzgado 2o Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n, por el delito consagrado en el art. 376 de nuestro C\u00f3digo Penal con la agravante del numeral 3o del art. 384. Como sabemos, el art. 376 sanciona, entre otros, el transporte, almacenamiento, conservaci\u00f3n o porte de estupefacientes, como lo es la coca\u00edna.  <\/span><\/p>\n

La siguiente pregunta es: \u00bfc\u00f3mo se tipific\u00f3 ese hecho en los Estados Unidos? Para ello, es necesario mirar la acusaci\u00f3n que all\u00ed dict\u00f3 en contra del ciudadano colombiano un Gran Jurado en la justicia federal. Ciertamente, contra el se\u00f1or Gracia Montes, ante la Corte del Distrito Sur con sede en el Estado de Florida, un jurado de acusaci\u00f3n (Grand Jury) dict\u00f3 una acusaci\u00f3n que se identifica como la No. 10-20798-CR-COOKE de fecha 7 de junio de 2011. Esta acusaci\u00f3n tiene cuatro cargos as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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No. del cargo  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Lugar de los hechos  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Fecha de los hechos  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Descripci\u00f3n de los hechos  <\/span><\/p>\n

1  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Colombia y EE UU  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Desde  <\/span><\/p>\n

alrededor de abril   de 2009 hasta junio de 2011  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Fabio Enrique Gracia Montes se asoci\u00f3 con otros para fabricar en Colombia y distribuir en Estados Unidos 5 kilos de coca\u00edna.  <\/span><\/p>\n

2  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Colombia  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

25 de junio de 2009  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Fabio Enrique Gracia Montes fabric\u00f3 y distribuy\u00f3 5 kilos de coca\u00edna con la intenci\u00f3n de exportar esta coca\u00edna hacia los Estados Unidos  <\/span><\/p>\n

3  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Colombia v EEUU  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Desde  <\/span><\/p>\n

alrededor de abril  de 2009 hasta junio de 2011  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Fabio Enrique Gracia Montes se asoci\u00f3 con otros para tener posesi\u00f3n de 5 kilos de coca\u00edna a bordo de una aeronave con matr\u00edcula estadounidense  <\/span><\/p>\n

4  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Colombia  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

25 de junio de 2009  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

Fabio Enrique Gracia Montes tuvo posesi\u00f3n de 5 kilos de coca\u00edna a bordo de una aeronave con matr\u00edcula estadounidense.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) si observamos con cuidado las piezas procesales que de la justicia estadounidense fueron aportadas, no unas sino todas, veremos que en la certificaci\u00f3n suscrita por la se\u00f1ora juez Marcia G. Cooke solo se le condena por el cargo 1, y ese cargo 1 no le endilga al ciudadano Gracia Montes, por ninguna parte, la fabricaci\u00f3n, posesi\u00f3n, transporte o distribuci\u00f3n de coca\u00edna. Lo acusa del delito de conspiraci\u00f3n, que es un delito distinto y aut\u00f3nomo, y por el cual, valga decirlo una vez m\u00e1s, Fabio Enrique Gracia Montes no fue juzgado en Colombia\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, profundiz\u00f3 en la ponderaci\u00f3n de los sucesos que derivaron en las condenas, as\u00ed contin\u00fao su explicaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abOtro punto que ha sido omitido en la alegaci\u00f3n de la defensa es el relativo a las cantidades de coca\u00edna de que estamos hablando. Lo que juzg\u00f3 la justicia colombiana no fue una operaci\u00f3n internacional que tuviera que ver con transporte a\u00e9reo por Centroam\u00e9rica, sobrevolando el Atl\u00e1ntico para arribar despu\u00e9s a los Estados Unidos con un % de tonelada de coca\u00edna. No. Aqu\u00ed simplemente el se\u00f1or Fabio Enrique Gracia fue juzgado porque fue descubierto piloteando una avioneta que, sin importar su nacionalidad, portaba m\u00e1s de 776 kilos de coca\u00edna en el Aeropuerto que sirve al municipio de Popay\u00e1n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cambio, en Estados Unidos, al se\u00f1or Gracia Montes se le achac\u00f3 la conspiraci\u00f3n para importar a territorio norteamericano 5 kilos \u00abo m\u00e1s\u00bb de coca\u00edna.  Nadie dejar\u00eda de ver la diferencia que existe entre 5 kilos y 776 kilos, cantidad esta a la que se refiere el Juez 2o Especializado de Popay\u00e1n. En otras palabras, la justicia colombiana juzga y juzg\u00f3 al se\u00f1or Gracia Montes por una cantidad que es 155 veces mayor que aquella por la que fue juzgado en Estados Unidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con este panorama es que debemos leer las decisiones de los juzgados de ejecuci\u00f3n y del mismo Tribunal de Popay\u00e1n que han acudido a la lectura del concepto, en parte favorable, en parte desfavorable, de extradici\u00f3n emitido por nuestra Corte Suprema. \u00bfPor qu\u00e9? Porque en ese concepto la misma Corte aclara que una cosa es llevar consigo, poseer o traficar droga, y otra, jur\u00eddicamente distinta, concertarse para cometer ese il\u00edcito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Revisado lo anterior, la Sala no encuentra reparo alguno en la hermen\u00e9utica empleada por la autoridad judicial demandada, pues el principio de non bis in \u00eddem corresponde a una garant\u00eda dentro de la m\u00e1s amplia noci\u00f3n del debido proceso reglado en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, al establecer en la parte final de su inciso cuarto el derecho a \u00abno ser juzgado dos veces por el mismo hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y sobre el tema, la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha decantado, entre otras, las siguientes hip\u00f3tesis en las cuales la referida garant\u00eda adquiere relevancia:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, \u00e9sta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(…) Impuesta a una persona la sanci\u00f3n que le corresponda por la comisi\u00f3n de una conducta delictiva, despu\u00e9s no se le puede someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibici\u00f3n de doble o m\u00faltiple punici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(…) Nadie puede ser perseguido, investigado, juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es \u00fanico. Se le denomina non bis in \u00eddem material. \u2013Resalta la Sala (CSJ SP 26 mar. 2007, rad. 25629)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo esta perspectiva, la queja del solicitante, sobre la vulneraci\u00f3n del principio relacionado resulta indudablemente infundada, puesto que, al tratarse de conductas punibles aut\u00f3nomas, necesariamente el correctivo punitivo se edifica de manera independiente, m\u00e1s all\u00e1 de que provengan del mismo supuesto f\u00e1ctico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

S\u00f3lo excepcionalmente, cuando las providencias se apartan abruptamente del ordenamiento y resuelven con arbitrariedad o capricho, o es producto de negligencia extrema, est\u00e1 habilitada la intervenci\u00f3n del juez constitucional, hip\u00f3tesis que aqu\u00ed no se presenta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que lo que se reprocha en este caso, es que bajo unos mismos hechos se derivaron dos condenas diferentes, sin embargo, de esta sola circunstancia no puede deducirse una irregularidad susceptible de dejar sin efecto las decisiones atacadas, pues no existe ning\u00fan elemento que permita concluir que el ejercicio efectuado por los accionados, y concretamente el del Tribunal, para llegar a la determinaci\u00f3n que no se incurr\u00eda en violaci\u00f3n del principio de no doble incriminaci\u00f3n, se efectu\u00f3 al margen de la normativa vigente, o ignor\u00f3 manifiestamente alg\u00fan elemento de convicci\u00f3n trascendente.   <\/span><\/p>\n

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Esta Sala, al abordar el estudio de demandas de esta naturaleza contra actuaciones o providencias judiciales ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n censurada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas.  <\/span><\/p>\n

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4.        Huelga aclarar que si bien la sentencia de primer grado declar\u00f3 la improcedencia del amparo porque entendi\u00f3 que lo pretendido con este era el acatamiento de una tutela anterior, dicho criterio no se acoge, toda vez que, contrario a lo se\u00f1alado por el a quo, los accionados s\u00ed cumplieron con el mandato tutelar del 23 de febrero de 2016, pues se aprecia evidente que resolvieron los planteamientos del actor con la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica de cada uno de los contextos procesales que involucraron al demandante.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, la aludida orden constitucional no estuvo orientada a fijar el sentido que deb\u00eda eventualmente d\u00e1rsele a la decisi\u00f3n, sino que, simplemente inst\u00f3 a que se \u00abcontrastaran\u00bb los argumentos expuestos por el promotor con las sentencias penales proferidas en Colombia y Estados Unidos, frente al principio por \u00e9l invocado, lo cual ciertamente se cumpli\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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5.        Conforme a lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del resguardo pero por las puntuales razones advertidas en este grado de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente   STC4104-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2016-01753-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017)      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100300","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100300"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100300\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}