{"id":100301,"date":"2026-06-25T20:31:29","date_gmt":"2026-06-25T20:31:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4105-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:31:29","modified_gmt":"2026-06-25T20:31:29","slug":"stc4105-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4105-2017\/","title":{"rendered":"STC4105-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4105-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2016-00099-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 14 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Jara Pascuas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n (Huila), tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto ordinario que suscita este debate constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados la autoridad accionada, en raz\u00f3n a que en el proceso de expropiaci\u00f3n 2012-00099-00 orden\u00f3 la entrega anticipada del bien objeto de litigio sin haber dictado sentencia que dispusiera su venta forzada, y por haber omitido declarar la excepci\u00f3n de pleito pendiente.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de su alegaci\u00f3n se\u00f1ala en s\u00edntesis, que la empresa EMGESA S.A E.SP promovi\u00f3 litigio de expropiaci\u00f3n en su contra y la de los herederos determinados e indeterminados de Libardo Antonio Vargas Mar\u00edn y la Fiduciaria la Previsora S.A, para despojarlos de la propiedad del inmueble el Remolino 2, por haber sido declarado de utilidad p\u00fablica, tr\u00e1mite que correspondi\u00f3 adelantar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Relata que por petici\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda demandante, con fundamento en el art\u00edculo 457 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y previa consignaci\u00f3n que hizo \u00abdel valor del predio a expropiar\u00bb m\u00e1s un 50% del avalo catastral vigente, se le autoriz\u00f3 su entrega anticipada. Diligencia que despu\u00e9s de m\u00faltiples aplazamientos se realiz\u00f3 el 14 de mayo de 2013, \u00absin identificar previa y plenamente el predio, sin verificar la existencia de mejoras (\u2026), plantaciones y el ganado vacuno que all\u00ed se encontraba, y lo peor ordenando la destrucci\u00f3n de 4 viviendas [y] sin contar con la sentencia que declarara la venta forzada del inmueble\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Relata que, durante el desarrollo de dicha actuaci\u00f3n \u00abel abogado Dr. JHON WILLIAM POLANIA BARREIRO formul\u00f3 incidente de nulidad\u00bb bajo el argumento de que si bien \u00abel art\u00edculo 457 del C.P.C contempla la entrega anticipada del bien dicha disposici\u00f3n debe estar precedida de la sentencia que declare la expropiaci\u00f3n posibilitando\u00bb, no obstante, este \u00abno fue tramitado y\/o no tenido en cuenta por el operador de justicia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente relata que el fallador de instancia \u00abprocedi\u00f3 a emitir su sentencia definitiva\u00bb sin declarar \u00abla excepci\u00f3n de pleito pendiente consagrada en el numeral decimo del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb en desconocimiento del \u00abart\u00edculo 306 del CPC para la correcta aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 97 del CPC y el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 100 del CGP\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende en consecuencia, que se ordene \u00abal juzgado accionado (\u2026) que (\u2026) proceda a fallar en el proceso cuyo radicado es 2012-0099\u00bb (fls. 3 a 14, cd 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n Huila, se opuso al amparo \u00abpor falta de subsidiaridad, habida cuenta que el accionante no utiliz\u00f3 los medios ordinarios extraprocesales para atacar las decisiones adoptadas dentro de los t\u00e9rminos legales, a pesar de estar representado por apoderado judicial\u00bb, pues la sentencia no fue recurrida en apelaci\u00f3n, en todo caso defiende su decisi\u00f3n de permitir la entrega del bien antes del avalu\u00f3 y la sentencia expropiatoria \u00abpor cuanto el art\u00edculo 62 de la ley 388 de 1997, (\u2026) la autoriza desde el auto admisorio de la demanda\u00bb, como lo expuso en su momento(fl. 26 a 27, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Fiduciaria la Previsora adujo no tener ning\u00fan inter\u00e9s en este tr\u00e1mite, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (fl. 36 a 37, id).  <\/span><\/p>\n

3. La Empresa EMGESA S.A, pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda por satisfacerse los requisitos de inmediatez y subsidiaridad (fls. 100 a 118, cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 por improcedente la protecci\u00f3n suplicada, con fundamento en que \u00abel actor no agot\u00f3 todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance en el proceso de expropiaci\u00f3n, tampoco cumple con el requisito de inmediatez y subsidiaridad\u00bb, a regl\u00f3n seguido explica que \u00abteniendo la oportunidad el accionante de interponer el recurso de apelaci\u00f3n, no lo hizo, a pesar de que se encontraba debidamente representado por su apoderado judicial, en consecuencia su silencio ha de interpretarse como aquiescencia de lo decidido\u00bb (fls. 206 a 210, cd. 1.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor de la salvaguarda si ahondar en los motivos de inconformidad (fls. 224 a 225, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que en principio la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC8417-2016, 22 jun. 2016, rad. 2016-00139-01).  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada contra los prove\u00eddos proferidos el 17 de septiembre de 2012 y 13 de noviembre de 2015, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n Huila, a trav\u00e9s de los cuales, dentro de la acci\u00f3n de expropiaci\u00f3n 2012-00099-00, dispuso la entrega anticipada de predio denominado el Remolino 2 y finalmente orden\u00f3 la venta forzada de este, respectivamente, pues en sentir del tutelante, la primera autorizaci\u00f3n solo pod\u00eda darse hasta cuando se dictara la sentencia definitiva, la cual si bien ya se profiri\u00f3, estima est\u00e1 viciada de nulidad desde dicha actuaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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3. Conforme a lo anterior surge evidente la improcedencia del reparo por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor ninguna queja elev\u00f3 al interior del asunto denunciado, respecto del cual ya se emiti\u00f3 fallo, que tampoco atac\u00f3 alegando las cuestiones expresadas por esta v\u00eda residual y extraordinaria.  <\/span><\/p>\n

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3.1 En efecto, se observa que aun cuando tuvo conocimiento de la determinaci\u00f3n que aval\u00f3 la entrega del inmueble objeto de litigio antes de la sentencia y concurri\u00f3 a dicha diligencia, no se opuso a tal actuaci\u00f3n ni interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a esa determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En lo concerniente al citado mecanismo de defensa, esta Colegiatura ha sostenido su idoneidad en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ. STC de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00).  <\/span><\/p>\n

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3.2 Igualmente una vez se profiri\u00f3 la sentencia de 13 de noviembre de 2015, que zanj\u00f3 de manera definitiva la controversia, tampoco la apel\u00f3, quedando esta ejecutoriada el 26 siguiente, como se puede verificar a folio 145 del expediente.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no es dable acudir a este tr\u00e1mite excepcional, por cuanto no es v\u00eda paralela o sustitutiva de los medios ordinarios o extraordinarios de refutaci\u00f3n judicial, ni es senda para superar la incuria procesal.  <\/span><\/p>\n

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\u00abcuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ SC 26 de enero de 2011, Rad. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, Rad. 00616-00).  <\/span><\/p>\n

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4. Al margen de lo anterior, auscultado el referenciado sublite, no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales invocados, ni se extrae arbitrariedad o desafuero en la actividad del funcionario acusado.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, seg\u00fan lo consagra el art\u00edculo 457 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y numeral 3 del canon 62 de la Ley 388 de 1997, aplicables para ese momento, era procedente decretar la entrega anticipada en los asuntos de expropiaci\u00f3n desde la presentaci\u00f3n de la demanda, previa consignaci\u00f3n, a \u00f3rdenes del juzgado, del valor del aval\u00fao aportado, tal como aconteci\u00f3 en el asunto que da lugar a este debate constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en otro asunto similar al de ahora, esta Sala indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abdel examen de las pruebas adosadas al expediente se advierte di\u00e1fanamente, que la decisi\u00f3n criticada, a trav\u00e9s de la cual se orden\u00f3 la entrega anticipada del bien inmueble objeto de la misma, se encuentra ajustada a derecho, pues tal y como bien lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, de conformidad a lo preceptuado en las citadas normativas, la misma puede ordenarse desde el mismo momento de admisi\u00f3n de la demanda una vez consignado a \u00f3rdenes del Despacho una suma igual al aval\u00fao catastral vigente m\u00e1s un cincuenta por ciento (50%), requisito \u00e9ste que cumpli\u00f3 a satisfacci\u00f3n el demandante, sin que se advierta que en lo determinado exista una actitud arbitraria o caprichosa, con entidad suficiente para edificar alguna de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, pues contrario a lo alegado por la tutelante, no es la sentencia la providencia en la cual \u00fanicamente pueda disponerse tal prerrogativa, tal y como qued\u00f3 establecido por el propio legislador\u00bb (STC16768-2015, 4 dic 2015, rad. 00165-01).  <\/span><\/p>\n

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5.  Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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