{"id":100306,"date":"2026-06-25T20:31:52","date_gmt":"2026-06-25T20:31:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4115-2017\/"},"modified":"2026-06-25T20:31:52","modified_gmt":"2026-06-25T20:31:52","slug":"stc4115-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc4115-2017\/","title":{"rendered":"STC4115-2017"},"content":{"rendered":"

               <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC4115-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00281-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 22 de febrero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Alfonso Monroy Villa contra el Ministerio de Defensa Nacional y Ej\u00e9rcito Nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1.        El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abm\u00ednimo vital, al trabajo, a la seguridad social en salud, a la igualdad, a la estabilidad laboral reforzada, a la protecci\u00f3n de las personas en estado de debilidad manifiesta y debido proceso\u00bb, presuntamente vulnerados por la instituci\u00f3n castrense, al disponer su retiro por disminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica, sin calificar adecuadamente sus facultades y destrezas para prestar sus servicios en \u00e1reas que se ajusten a su especial situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

2.        Como sustento de su petici\u00f3n relat\u00f3 que estando en el Ej\u00e9rcito Nacional como soldado profesional, en una operaci\u00f3n de desplazamiento t\u00e1ctico al confrontarse con un grupo subversivo cay\u00f3 en un campo minado sufriendo serias lesiones que requirieron varias cirug\u00edas.  La Junta M\u00e9dica laboral el 9 de octubre de 2015, determin\u00f3 una disminuci\u00f3n de la capacidad laboral del 47.11%, y lo calific\u00f3 \u00abno apto \u2013 no se recomienda reubicaci\u00f3n laboral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Refiri\u00f3 que algunos de los diagn\u00f3sticos se\u00f1alados por dicha Junta como enfermedades de origen com\u00fan fueron adquiridas en cumplimiento de sus funciones militares por lo que, contrario a lo indicado, se tratan de afecciones de tipo profesional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Inform\u00f3 que el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda lo convoc\u00f3 el 24 de agosto de 2016 para definir su estado actual de salud conforme lo previsto por la Junta M\u00e9dica, donde dispuso revocar los \u00edndices de valoraci\u00f3n, modific\u00f3 el porcentaje de p\u00e9rdida de la capacidad en un 33.21%, ratific\u00f3 el concepto de que no se hallaba apto para continuar prestando el servicio y neg\u00f3 su reubicaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adujo que los actos administrativos relacionados \u00abse encuentran viciados de legalidad (sic) por tener una falsa motivaci\u00f3n en la decisi\u00f3n otorgada respecto a la no aptitud y no reubicaci\u00f3n del encartado, (\u2026) desconociendo los par\u00e1metros m\u00ednimos que se debe de tener para con las personas que se encuentran en situaci\u00f3n de discapacidad (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aleg\u00f3 que las determinaciones rese\u00f1adas no le dieron la posibilidad de ejercer otras funciones compatibles con su estado, y que lo privaron obtener la pensi\u00f3n de invalidez, pues el porcentaje de incapacidad que se le atribuy\u00f3 no le alcanza para acceder a dicho reconocimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Pretende en consecuencia, que \u00ab(\u2026) se revoque y deje sin efectos provisionalmente la Resoluci\u00f3n n\u00ba 2335 emanada del Comandante del Comando del Ej\u00e9rcito Nacional para el 14 de octubre de 2016, (\u2026) en el entendido de reintegrar al servicio de las Fuerzas Armadas al se\u00f1or Monroy Villa V\u00edctor Alfonso (\u2026) se ordene la reubicaci\u00f3n en labores administrativas, log\u00edsticas o de instrucci\u00f3n por encontrarse (sic) previa capacitaci\u00f3n del actor para ejercer estos cargos (\u2026) se ordene realizar una nueva valoraci\u00f3n m\u00e9dica (\u2026) que se le reconozcan todas las prestaciones sociales a que tiene derecho en salud, pensi\u00f3n y riesgos profesionales durante el tiempo que estuvo desvinculado de la instituci\u00f3n\u00bb (ff. 59 a 93, cd 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Director de personal del Ej\u00e9rcito Nacional precis\u00f3 que la Resoluci\u00f3n 2335 de 14 de octubre de 2016 tiene fuerza ejecutoria y presunci\u00f3n de legalidad, mientras no sea anulada por la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo; sobre los actos cuestionados indic\u00f3, \u00ab(\u2026) Las directrices establecidas por el Tribunal M\u00e9dico Laboral Militar y de Polic\u00eda , atendi\u00f3 las particulares condiciones m\u00e9dicas del se\u00f1or Monroy Villa, a fin de evitarle un perjuicio mayor en su salud, por lo que recomend\u00f3 no ubicarlo laboralmente para el desarrollo de ninguna actividad militar\u00bb (ff. 99 y 100, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que el amparo es improcedente debido a que no se cumple el presupuesto de subsidiariedad que gobierna la acci\u00f3n de tutela, puesto que \u00ab(\u2026) no existe prueba dentro del plenario que demuestre que de cara a la citada orden administrativa 2335 de 14 de octubre de 2016, [se] haya[n] ejercido los recursos ordinarios procedentes frente a las decisiones all\u00ed tomadas (\u2026)\u00bb, y seguidamente resalt\u00f3 que, en todo caso, el accionante cuenta con la posibilidad de plantear los mismos cuestionamientos ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la posibilidad de conceder el resguardo de manera transitoria dijo que \u00ab(\u2026) no se aleg\u00f3, ni se demostr\u00f3 hecho del que se deduzca la inminente causaci\u00f3n de irremediable da\u00f1o\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, como medida de protecci\u00f3n del derecho a la salud, orden\u00f3 a la entidad demandada asegurarle al actor el acceso al servicio de salud \u00ab(\u2026) hasta que se garantice su acceso a otro sistema de salud\u00bb. (ff. 108 a 115, cd.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el defensor del quejoso, quien critica el fallo de primera instancia porque no tuvo en cuenta los precedentes de la Corte Constitucional que ordenan proteger las personas en situaci\u00f3n especial de vulnerabilidad merecedoras de estabilidad laboral reforzada.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Reiter\u00f3 varias sentencias de ese Alto Tribunal en las que se indica que la tutela procede como mecanismo definitivo para el reintegro laboral en casos como el de su prohijado (T-928\/14 y T-677\/09), y otras que ordenan reintegros al servicio de soldados con p\u00e9rdida de capacidad psicof\u00edsica (T-141\/16 y T-076\/16).  Apoy\u00e1ndose igualmente en providencias de la citada Corte sobre el amparo del derecho a la salud dijo que este no se debe supeditar a un t\u00e9rmino, pues el Ej\u00e9rcito \u00ab(\u2026) tiene la obligaci\u00f3n de brindar el tratamiento desde el principio hasta el final y no por un mes (\u2026) y no deleg\u00e1rsela a otros entes de salud que si bien es cierto est\u00e1n capacitados para ejercer los tratamientos correspondientes lo es tambi\u00e9n que la obligaci\u00f3n deviene de la instituci\u00f3n de donde adquiri\u00f3 las lesiones (\u2026)\u00bb (ff. 129 a 144, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Del examen de la demanda se establece que a trav\u00e9s de ella se censura la Orden de Retiro de Personal 2335 de 14 de octubre de 2016 (ff. 18 a 24, ib.), por medio de la cual el Ej\u00e9rcito Nacional dispuso la desvinculaci\u00f3n del promotor del servicio activo por disminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica, sin derecho a reubicaci\u00f3n laboral; decisi\u00f3n fundada en las conclusiones contenidas en el acta No. M16-474 MDNSG-TML 41.1, emanada el 24 de agosto del mismo a\u00f1o, por el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, que fijo tal merma en la posibilidad de trabajo en el 33.21%.  <\/span><\/p>\n

Dicha autoridad motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n en que \u00ablas secuelas ortop\u00e9dicas en rodilla derecha y pu\u00f1o derecho que presenta el calificado le impiden desarrollar la labor para la cual fue incorporado al Instituci\u00f3n, aunado a su falta de preparaci\u00f3n y conocimiento en \u00e1reas de apoyo a la actividad operacional, que le permitan desempe\u00f1arse en otro tipo de labor dentro del \u00e1mbito militar por tanto se despacha en forma negativa la solicitud de reubicaci\u00f3n laboral\u00bb (ff. 11 a 17, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Precisado lo anterior, se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo por la ausencia del principio de subsidiariedad, porque el interesado cuenta con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abToda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De hecho esta posibilidad ya la adelant\u00f3 por lo menos en su fase prejudicial, tal como se evidencia de los elementos aportados a la actuaci\u00f3n, que dan cuenta que el 14 de diciembre de 2016, el accionante acudi\u00f3 a la conciliaci\u00f3n ante la Procuradur\u00eda para asuntos administrativos (ff. 36 y 37, \u00edd.), agotando ese requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n, donde plante\u00f3 la misma controversia que motiv\u00f3 la presente tutela, es decir, no desconoce el medio jur\u00eddico principal que tiene a su alcance para hacer valer las prerrogativas que considera vulneradas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, la pretensi\u00f3n invocada desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, porque frente al acto administrativo objetado se debe acudir al instrumento jurisdiccional rese\u00f1ado, pues esta sede excepcional no es una v\u00eda paralela ni sustitutiva de los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte ha expresado:  <\/span><\/p>\n

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\u00abDe entrada se advierte que las mencionadas actuaciones no son censurables por esta v\u00eda extraordinaria, ya que para cuestionar la legalidad de los actos administrativos atr\u00e1s rese\u00f1ados, el accionante tiene a su alcance la posibilidad de presentar la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, lo que conduce a la improcedencia del reclamo constitucional, por ser aqu\u00e9l el escenario adecuado para alegar, por ejemplo, no solo, que se dejaron de lado las normas que le eran aplicables, sino que, se desconocieron los cursos y estudios que adelant\u00f3, todo ello, con el fin de que se ordenara su reubicaci\u00f3n laboral\u00bb (STC15840-2015, 19 nov 2015, rad 00575-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        Debe a\u00f1adirse, que de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, en el decurso del referido tr\u00e1mite contencioso administrativo, est\u00e1 prevista la posibilidad de obtener como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del supuesto acto ilegal as\u00ed como otra amplia gama de disposiciones cautelares encaminadas a impedir la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, raz\u00f3n por la cual, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, se concluye que \u00abno puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para admitir la presente acci\u00f3n como mecanismo transitorio\u00bb, ya que \u00abdentro de un eventual proceso contencioso- administrativo, (\u2026) [se] tiene la posibilidad de solicitar la suspensi\u00f3n provisional del acto que presuntamente vulnera [los] derechos, con lo cual se desvirt\u00faa tambi\u00e9n la inminencia del perjuicio\u00bb (CSJ STC, 24 ene. 2007, rad. 2006-00227-01; criterio reiterado en STC7077-2014, STC16698-2015; STC4676-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00039-01 y STC 8324 22 de jun. 2016, rad. 2016-00600-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        Valga precisar que si bien esta Sala en otras oportunidades ha ordenado la vinculaci\u00f3n de los tutelantes al interior de la misma entidad en un empleo acorde con sus capacidades psicof\u00edsicas, tambi\u00e9n lo es que recientemente en un caso similar al actual sostuvo que tal alternativa no era viable cuando ya exist\u00eda \u00abun dictamen legal definitivo sobre la capacidad laboral del gestor\u00bb (STC14583-2016, 12 de octubre de 201, rad. 2016-01845-01), como aqu\u00ed ocurre, toda vez que mediante Acta n\u00b0 M16-474 MDNSG-TML 41.1, del 24 de agosto de 2016, a V\u00edctor Alfonso Monroy Villa se le consider\u00f3 \u00abno apto\u00bb para la actividad militar y no se recomend\u00f3 su reubicaci\u00f3n, entre otros motivos porque su estado actual psicof\u00edsico le impide desempe\u00f1ar las funciones para que las fue incorporado y porque no se le consider\u00f3 apto para ocupar otros cargos de tipo operacional debido a su falta de preparaci\u00f3n y conocimiento en otras \u00e1reas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se observa entonces que en dicho dictamen se analiz\u00f3 la situaci\u00f3n particular del actor tanto desde el punto de vista de su salud como de sus habilidades, por lo que de conformidad con la posici\u00f3n sentada en la sentencia aludida, la reubicaci\u00f3n laboral de aquel o la realizaci\u00f3n de una nueva valoraci\u00f3n no es viable por esta senda excepcional, ya que en t\u00e9rminos expresados por esta Corporaci\u00f3n, el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda, \u00abclausur\u00f3 el debate respecto a ese t\u00f3pico\u00bb, sin embargo, se reitera que ello no obsta para que por la v\u00eda contencioso administrativa se expongan las razones que desvirt\u00faen la negativa de situarlo en otra plaza o incluso su calificaci\u00f3n, siendo al juez de la causa al que le corresponda resolver al respecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        En lo atinente a la prestaci\u00f3n de las atenciones m\u00e9dicas al demandante por parte de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, es pertinente recordar que en m\u00faltiples pronunciamientos esta Corporaci\u00f3n ha resaltado la obligaci\u00f3n de garantizar el acceso al servicio de salud a los militares o polic\u00edas aun cuando est\u00e9n retirados, \u00absiempre que las dolencias sean con ocasi\u00f3n de sus funciones o hayan sido contra\u00eddas durante la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb (STC11379-2016, 17 ago 2016, rad 00421-01), hasta tanto est\u00e9 definida la situaci\u00f3n m\u00e9dica laboral del afectado y se le inscriba en el R\u00e9gimen General de Seguridad Social en salud.  Sobre el particular se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos a los miembros de la fuerza p\u00fablica retirados por disminuci\u00f3n de su capacidad psicof\u00edsica, que, en principio, la doctrina constitucional, por v\u00eda de excepci\u00f3n, ven\u00eda autorizando cuando la lesi\u00f3n era adquirida por causa y en raz\u00f3n del servicio o cuando habiendo sido contra\u00edda con anterioridad se agravaba durante su actividad militar y representaba una amenaza cierta para su vida o su salud, (\u2026) fue ampliada a otra situaci\u00f3n, concretamente, cuando la patolog\u00eda es contra\u00edda en el servicio, as\u00ed su origen no sea profesional sino com\u00fan, caso en el que es viable tambi\u00e9n la continuidad de la atenci\u00f3n m\u00e9dica, en cumplimiento del principio de solidaridad social y hasta cuando el afectado sea inscrito en el r\u00e9gimen contributivo o en el subsidiado de salud\u00bb (CSJ STC, 12 abr. 2011, rad. 00045-01, reiterada en STC11379-2016, 17 ago 2016, rad 00421-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De modo que, como las afectaciones o dolencias que actualmente aquejan al accionante fueron en gran parte contra\u00eddas durante el tiempo que ejerci\u00f3 sus funciones como soldado regular, as\u00ed se haya dispuesto su retiro de la fuerza p\u00fablica y tenga resuelta su situaci\u00f3n m\u00e9dico laboral, en aras de no interrumpir la continuidad en el tratamiento que aquel viene recibiendo, dadas las m\u00faltiples patolog\u00edas que padece, se confirmar\u00e1 la orden dada por el juez de tutela en primera instancia, dirigida a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito, en el sentido de continuar suministrando con normalidad los servicios m\u00e9dicos que requiera, hasta que se garantice su acceso a otro sistema de salud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre esta espec\u00edfica orden, debe aclararse que, si bien la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional no fue vinculada al tr\u00e1mite y ahora es objeto del mandato constitucional, ello no es \u00f3bice para evadir el cumplimiento del mismo, dado que, en todo caso el Ej\u00e9rcito Nacional a quien s\u00ed se convoc\u00f3 a litis, es una entidad unitaria con m\u00faltiples dependencias que responden frente al mismo organismo, en un contexto similar esta Sala en precedencia dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00abSobre el particular, la Sala ha precisado que \u201cel Ej\u00e9rcito Nacional es un solo organismo, y aunque posee m\u00faltiples dependencias, no puede escudarse en el tr\u00e1mite interno (\u2026)\u201d (Sentencia 5 de diciembre de 2012, exp. 76001-22-03-000-2012-00526-01), as\u00ed como en otro asunto puntualiz\u00f3 \u201c[e]n cuanto al argumento planteado en la impugnaci\u00f3n por el \u2018Batall\u00f3n de Infanter\u00eda No 21 -Batalla Pantano de Vargas-\u2019, en el sentido de que es otra dependencia la encargada de emitir el documento reclamado, debe precisarse que el Ej\u00e9rcito Nacional es un solo ente, p\u00fablico y del orden nacional, el cual fue debidamente notificado del tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n y de la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia\u201d (Sentencia de 14 de octubre de 2011, exp. 50001-22-13-000-2011-00212-01).  <\/span><\/p>\n

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Conforme al anterior lineamiento, se advierte en el sub examine la Direcci\u00f3n General de Sanidad es quien debe atender la solicitud del examen requerido por la actora, as\u00ed como el tratamiento integral de la patolog\u00eda, debido a que se encuentra afiliada al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, presenta una enfermedad catastr\u00f3fica y no cuenta con los recursos econ\u00f3micos para sufragarlo, situaci\u00f3n que no desvirtu\u00f3 la entidad querellada (CSJ, 1 feb 2013, rad. 2012-00893-01).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

6.        Ahora bien, frente a la aplicaci\u00f3n que pretende el accionante de las providencias de tutela a las que hizo alusi\u00f3n tanto en su escrito inicial como en el impugnatorio, basta recordar que los fallos de ese linaje \u00abson decisiones inter partes que no tienen la virtualidad de extender sus efectos a otras situaciones, como la planteada en este tr\u00e1mite constitucional\u00bb (CSJ. CSJ. 17 oct. 2012, Rad. 2012-00215-01; reiterada en STC4799-2015).  <\/span><\/p>\n

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7.  Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la providencia reprochada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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                LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC4115-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00281-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-100306","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100306","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100306"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100306\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100306"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}